PGN - NULIDAD - Efectos ex tunc

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto de liquidación oficial de revisión tributaria CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-Base de liquidación a cargo de CODENSA S.A. E.S.P., incluyendo provisiones, depreciaciones y amortizaciones NULIDAD-Efectos ex tunc CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-Corresponde a un porcentaje de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a la regulación Del texto anterior se desprende que la contribución es un porcentaje referido a los gastos de funcionamiento, pero únicamente de aquellos “asociados al servicio sometido a regulación”. Del texto anterior, se colige que para establecer la base gravable de la contribución especial es necesario estudiar cuales de los gastos comprendidos en las cuentas de la Clase 5-Gastos del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliario, hacen parte de los gastos de funcionamiento. Luego, no resulta acertado tomar en consideración solamente el que los gastos pertenezcan a una cuenta correspondiente a alguno de los grupos 51, 53 o 58, pues es necesario analizar si el gasto tiene relación necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de la respectiva superintendencia. Así las cosas, se concluye que algunos de los gastos relacionados en los grupos 51, 53 y 58, señalados por la Resolución SSPD-20091300021905 de 27 de julio de 2009 de la Superintendencia de Servicios Públicos, no deben ser considerados gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia, para efectos

de la liquidación de la Contribución Especial señalada en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, porque el gasto de funcionamiento es aquel que normalmente realiza el ente prestador del servicio, y está asociado a la prestación del servicio objeto de regulación. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-Regulación sobre la base de liquidación respecto al servicio de vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-Montos no constitutivos de gastos de funcionamiento Entonces, para efectos de determinar la base gravable de la contribución que nos ocupa, no constituyen gastos de funcionamiento los montos incluidos en las cuentas del Grupo 53, correspondientes a provisiones deudores, provisión obligaciones fiscales y provisión para contingencias; depreciación de propiedades, planta y equipo, y amortización de intangibles, toda vez que no representan erogaciones efectivas de recursos para lograr el funcionamiento de la entidad. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11931/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 21032 2 Concepto 171 2014 –363801 Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2014 Señores Honorables Magistrados del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Referencia: 25000232700020100011602

Radicado: 21032

Asunto: Contribución Especial Superservicios Actor: CODENSA S.A. E.S.P De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la

Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 de 6 de octubre de 2005, expedida por el Procurador General de la Nación, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión dentro del trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES En la demanda se exponen los siguientes hechos: 1.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Liquidación Oficial N° 20095340012576 del 31 de julio de 2009, en contra de CODENSA, liquidando la contribución sobre la totalidad de los gastos de administración, excluyendo únicamente intereses, comisiones y ajustes por diferencia en cambio. 2.- Contra la anterior liquidación la sociedad interpuso recurso de reconsideración y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante las Resoluciones SSPD 20095300040135 de 11 de septiembre de 2009 y SSPD 20095000057965 del 7 de diciembre de 2009, respectivamente. 3.- La sociedad CODENSA S.A. ESP, por medio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de la Liquidación Oficial N° 20095340012576 del 31 de julio de 2009, proferida por la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la cual se liquidó la Contribución Especial de 2009 a cargo de la sociedad y de las Resoluciones SSPD 20095300040135 de 11 de septiembre de 2009 y SSPD 20095000057965 del 7 de diciembre de 2009, que confirmaron la liquidación oficial. Invocó como normas violadas los artículos 29, 38, 83 y 338 de la Constitución Política; 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo y 85 de la Ley 142 de 1994. Expediente 21032 3 4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 6 de febrero de 2014, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que CODENSA S.A. ESP, debe cancelar por concepto de la contribución especial de 2009, la suma establecida en la liquidación que se practicó en la sentencia referida. La anterior decisión obedeció a las siguientes consideraciones: 4.1.- Base gravable de la contribución especial de vigilancia. La Sala advierte que dentro del marco del artículo 338 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 determina la base gravable y fija el tope máximo de la tarifa. Es así como el artículo 85 se refiere a que la base la constituyen los gastos de funcionamiento del contribuyente asociados al servicio sometido a regulación, excluyendo en el parágrafo 2 aquella parte que corresponde a los operativos. Mediante la Resolución 20095340012576 de 31 de julio de 2009, la

Superintendencia liquidó a la demandante la contribución especial en la suma de $2.077’213.000, de acuerdo con el artículo 1° de la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009 que estableció la tarifa de la contribución para la vigencia 2009, según la cual se entiende por gastos de funcionamiento los descritos en el anexo 1 página 495 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios de la Resolución SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005. La Superintendencia definió lo que se debe entender por gastos de funcionamiento y excluyó los del Grupo 75, los intereses, las comisiones y el ajuste por diferencia en cambio. Es decir que la base para la liquidación de la contribución corresponde al valor reportado en la clase 5, entendiendo como aquéllos los descritos en el anexo 1 página 495 del Plan de Contabilidad de la Resolución SSPD 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005, es decir la sumatoria de los valores de los grupos 51 – Administración, 53 – Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones y 58 – Otros gastos. Del texto de los actos demandados se desprende que la entidad demandada determinó que la base gravable sobre la cual se liquida la contribución está conformada por los gastos de administración, incluidos el valor de impuestos, provisiones, agotamientos, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos. Para la Sala no todos los gastos registrados en la clase 5 – GASTOS corresponden al concepto de funcionamiento, pues existen gastos que no fueron producto de una erogación real, sino derivados de reconocer contingencias de

pérdidas, amortizaciones, depreciaciones o ajustes contables. Dentro de los gastos de funcionamiento existen además de los gastos operacionales, otro tipo de gastos que no corresponden a una actividad ordinaria. La Sala encuentra que cualquier discusión sobre la posibilidad de la Superintendencia de incluir dentro de la base gravable todos los gastos, se Expediente 21032 4 encuentra zanjada a partir del pronunciamiento del Consejo de Estado1 donde se resolvió la nulidad de la Resolución 200551300033635 de 28 de diciembre de 2005 y que constituye el sustrato jurídico empleado por la demandada para expedir la Resolución 20091300021905 del 27de julio de 2009 por la cual fijó la tarifa de la contribución para el año 2008, en la cual se fundamentan los actos censurados. En dicho pronunciamiento la alta corporación establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios excedió su ámbito funcional y vulneró el principio de reserva tributaria al modificar por medio de su reglamento el elemento cualitativo de la base gravable fijado taxativamente por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para la referida tasa. Además, se refiere de manera particular a varios de los conceptos o cuentas no llamados a integrar la base gravable del tributo, coincidentes con los reprochados por la actora en el subjudice. La Sala estima que en el caso de autos resulta determinante el pronunciamiento contenido en la sentencia del 23 de septiembre de 2010, como quiera que en ella se anuló el inciso 6° de la descripción de la Clase 5 – Gastos del Plan de

Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, y los actos que nos ocupan se encontraban, para ese momento, demandados ante esta jurisdicción, objeto de este fallo; por lo cual, indefectiblemente se concluye que constituyen una situación jurídica no consolidada. En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de su expedición. De igual manera, ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa2. 4.2.- En este caso se está ante una situación jurídica no consolidada; entonces, es claro el efecto retroactivo de la sentencia de nulidad del inciso 6° de la descripción de la Clase 5 – Gastos del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptado mediante la mencionada Resolución 20051300033635 de 2005. Por ende, no es viable liquidar la contribución especial del año 2009 con base en dicho reglamento, incluyendo dentro de la base gravable provisiones, depreciaciones, amortizaciones, intereses, comisiones, gastos extraordinarios y ajustes por diferencia en cambio, amén que la liquidación oficial demandada perdió su sustento normativo.

La diferencia entre la administración y la demandante reside en la inclusión en la base gravable de las cuentas 5304 – provisiones de deudores, 5313 – provisión para obligaciones fiscales, 5314 – provisión para contingencias, 5330 – Depreciaciones de propiedad, planta y equipo y 5345 – amortización de intangibles, las cuales no encuadran dentro de la definición de gastos de funcionamiento, ni se adecúan a la descripción típica de la base gravable consagrada por el artículo 85 de la ley 142 de 1994. 1 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño, expediente 16874 2 Sentencias de 5 de mayo de 2003, 22 de septiembre de 2004 y 7 de febrero de 2008, dictadas por la Sección Cuarta en los expedientes 12248, 13645 y 15443, respectivamente. Expediente 21032 5 Por consiguiente, la Sala estima que están viciados de nulidad los actos demandados, por cuanto tuvieron como sustento legal una norma de carácter general inválida. También existe diferencia respecto de la inclusión de la cuenta 5120 – Impuestos, tasas y contribuciones. Al respecto, la Sala considera que no obstante la citada sentencia del Consejo de Estado parece sugerir en uno de sus apartes la exclusión de dicho concepto, dicho monto debe tenerse en cuenta al integrar la base gravable por cuanto éste no se compadece con los requisitos exigidos en el aludido fallo para su exclusión, es decir, corresponden a desembolsos o flujos de caja efectivamente realizados por la sociedad en desarrollo de su actividad y que devienen necesarios para su funcionamiento porque por ministerio de la ley deben

asumirse como gastos de administración, dentro del giro ordinario de las actividades. En este orden de ideas, se anulan parcialmente los actos administrativos impugnados y, a título de restablecimiento del derecho, se declarará que CODENSA S.A., sólo está obligada a pagar la suma de $369’174.999 por concepto de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente al año 2009, conforme a la liquidación que obra en esta providencia. Así mismo, se ordenará a la demandada la devolución de la suma de $2.077’213.000 por pago en exceso de la mencionada contribución especial, realizado el 29 de diciembre de 2009. 5.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sustentado en los siguientes puntos: La sentencia recurrida tuvo como fundamento la sentencia de 23 de septiembre de 2010, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado con el número 16874, dándole a este fallo un alcance que no tiene por cuanto el Consejo no aclaró cuales gastos son de funcionamiento para efectos de liquidar la contribución. En la sentencia citada por el a quo el Consejo de Estado consignó que los gastos de funcionamiento tienen que ver con la salida de recursos que de manera directa o indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de la actividad, que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios; que es evidente que no corresponde a la definición jurisprudencial las erogaciones incluidas en el grupo

53, referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones porque no representan salidas de recursos para lograr el funcionamiento de la entidad y, por último, que para la Sala el Grupo 75 tampoco debe integrar la base de las contribuciones. Si bien es cierto que la sentencia que se viene comentando excluyó de la base gravable de la contribución del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, los denominados gastos para provisiones, depreciaciones y amortizaciones, también es cierto que Expediente 21032 6 sobre tales aspectos no existe criterio unánime al interior del Consejo de Estado, pues sobre el particular el Tribunal omitió estimar pronunciamientos en los que la Sección Cuarta ha sostenido que deberán excluirse aquellas erogaciones que no estén relacionada con la prestación del servicio público domiciliario. También omitió el Tribunal estimar el alcance que dio el mismo Consejo de Estado a la sentencia de 13 de septiembre de 2010, dentro de la sentencia de 17 de abril de 2008 (expediente 15771). No se entiende cómo se puede excluir de la base gravable los conceptos de provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, cuando los mismos son inherentes al giro ordinario del objeto social del sujeto pasivo de la contribución. En ese orden de ideas, los rubros indicados por el Tribunal, tales como provisión deudores, provisión para obligaciones fiscales, provisión para contingencias, depreciación de propiedades, planta y equipo, amortización de intangibles e impuestos, tasas y contribuciones se excluyeron indebidamente. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Procede esta agencia del Ministerio Público a emitir su concepto, atendiendo las

razones de inconformidad expresadas por la entidad demandada, contra lo decidido por el Tribunal de primera instancia. El debate central se refiere a establecer si se debió excluir de la base para liquidar la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente al año 2009, a cargo de CODENSA S.A. E.S.P., las provisiones, depreciaciones y amortizaciones, incluidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al expedir la Liquidación Oficial 20095340012576 del 31 de julio de 2009. 1.- Sostiene la entidad demandada que el Tribunal de primera instancia se fundamentó en la sentencia de 23 de septiembre de 2010 del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Resolución 20051300033635 de 2005, en la cual el Consejo no aclaró cuales gastos son de funcionamiento; que si bien es cierto dicha sentencia excluyó de la base gravable de la contribución del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 los gastos para provisiones, depreciaciones y amortizaciones, también es cierto que sobre tales aspectos no existe criterio unánime al interior del Consejo de Estado. Al respecto, en la parte considerativa de la sentencia que se recurre, expresó el Tribunal que los actos demandados están viciados de nulidad porque su fundamento legal es una norma que fue declarada nula en el momento en que los actos que nos ocupan se encontraban demandados ante la jurisdicción. Es decir, que estamos frente a una situación jurídica no consolidada. Por lo anterior, atendiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, el a quo

precisó que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc” por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de su expedición y la nulidad que recayó sobre el acto de carácter general afectó las situaciones que no se encontraban consolidadas. Expediente 21032 7 En este estado es importante observar que la tarifa de la Contribución Especial para la vigencia 2009, fue establecida mediante la Resolución SSPD20091300021905 de 27 de julio de 2009, según la cual se entiende por gastos de funcionamiento los descritos en la Resolución 20051300033635 del 28 de septiembre de 2005, la cual fue declarada nula mediante sentencia de 23 de septiembre de 2010 (Exp. 16874). Por lo anterior, la decisión del Tribunal está acorde con la posición jurisprudencial del Consejo de Estado, al proceder a declarar la nulidad parcial de los actos cuyo fundamento jurídico fue declarado nulo, teniendo en cuenta el efecto de cosa juzgada “erga Omnes” de la sentencia que, en este caso, declaró la nulidad de la Resolución 2500551300033635 de 2005. 2.- Respecto a las cuentas cuya inclusión en la base gravable, como gastos de funcionamiento, reclama la entidad recurrente, es importante transcribir apartes del Artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que creó las Contribuciones Especiales en los siguientes términos: “Artículo 85. Contribuciones Especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades

sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas: (…) 85.2. (…) La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año inmediatamente anterior a aquel en que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales independientemente y con base en su estudio fijara la tarifa correspondiente”. (Negrillas de la Delegada) Del texto anterior se desprende que la contribución es un porcentaje referido a los gastos de funcionamiento, pero únicamente de aquellos “asociados al servicio sometido a regulación”. En este estado es importante precisar que a través de la Resolución SSPD20091300021905 de 27 de julio de 2009 la Superintendencia de Servicios Públicos, estableció que los gastos de funcionamiento son los descritos en el anexo 1 página 495 del Plan de Contabilidad (Resolución SSPD20051300033635 del 28 de diciembre de 2005). Esta circunstancia fue motivo suficiente para considerar por parte de la Superintendencia que los valores relacionados con las demás cuentas de los grupos de la Clase 5 se deben contabilizar como gastos de funcionamiento y, en consecuencia, forman parte de la base gravable para la liquidación de la contribución especial a que se refiere el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994.

Expediente 21032 8 Lo anterior por cuando la Resolución N° 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005 (Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios), expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, determinó que se entiende por gastos de funcionamiento los contabilizados en las cuentas de la clase 5 – Gastos. Sin embargo, el texto del inciso 6° de la Descripción 5 - Gastos del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, fue declarado nulo mediante la sentencia que sirvió de fundamento al a quo para tomar la decisión, en cuyo texto consignó el Consejo de Estado: “Al analizar el contenido del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, se encuentra que al igual que la Clase 5 – Gastos, el catálogo contiene cuentas que no corresponden a la definición jurisprudencial de gastos de funcionamiento, criterio previsto por el legislador como base gravable de la contribución a cargo de los entes prestadores de servicios públicos y comisiones de regulación, ya que algunos de estos rubros no representan erogaciones efectivas de recursos, que es el parámetro adoptado para determinar la base gravable del tributo previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de

la deuda e inversión. Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la Clase 5 – Gastos o del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados. De la lectura del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes trascrito, es claro que la intención del Legislador fue la de limitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de “gastos” del Plan de Contabilidad, pues, de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el Legislador hiciera esa precisión.”3 Del texto anterior, se colige que para establecer la base gravable de la contribución especial es necesario estudiar cuales de los gastos comprendidos en 3 Sentencia del 23 de septiembre de 2010, expediente 16874, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia Expediente 21032 9 las cuentas de la Clase 5-Gastos del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliario, hacen parte de los gastos de funcionamiento. Luego, no resulta acertado tomar en consideración solamente el que los gastos

pertenezcan a una cuenta correspondiente a alguno de los grupos 51, 53 o 58, pues es necesario analizar si el gasto tiene relación necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de la respectiva superintendencia. Así las cosas, se concluye que algunos de los gastos relacionados en los grupos 51, 53 y 58, señalados por la Resolución SSPD-20091300021905 de 27 de julio de 2009 de la Superintendencia de Servicios Públicos, no deben ser considerados gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia, para efectos de la liquidación de la Contribución Especial señalada en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, porque el gasto de funcionamiento es aquel que normalmente realiza el ente prestador del servicio, y está asociado a la prestación del servicio objeto de regulación. En este estado, es importante tener en cuenta el pronunciamiento jurisprudencial sobre los gastos de funcionamiento asociados al servicio, tema sobre el cual el Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de julio de 20134, reiteró: “Según la posición sentada por esta Corporación en la doctrina judicial aludida, que se refuerza por el hecho de que la providencia del 23 de septiembre de 2010 anuló el inciso 6° de la descripción de la clase 5 – gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, adoptado mediante la Resolución 20051300033636 de 2005 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, y reiterada en fallo del 25 de abril

pasado5, en un asunto similar, se sostiene que los gastos contenidos en las cuentas 5302 Provisión protección de inversiones, 5304 Provisión para deudores, 5313 Provisión para obligaciones fiscales, 5314 Provisión para contingencias, 5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo y 5345 - Amortización de intangibles todas pertenecientes al Grupo 53 – Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, no son gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación conforme lo dispone el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 y, por tanto, no deben ser incluidas en el cálculo de la base gravable de la contribución. Igual consideración merecen las cuentas Cuenta 5120 – Impuestos, contribuciones y tasas6, 5801 Intereses y 5803 Ajuste por diferencia en Cambio7, gastos que no tienen una relación necesaria e inescindible8 con el servicio público que presta la parte demandante, lo que implica que no hagan parte tales gastos de la base gravable de la contribución en mención” 4 C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez, Exp. 19017. 5 C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Trodriguez, Exp. 18931 6 Exp. 18931 7 Sentencia de 13 de diciembre de 2011, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortíz de Tordiguez, Exp. 17709 8 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 16874 Expediente 21032 10 Entonces, para efectos de determinar la base gravable de la contribución que nos ocupa, no constituyen gastos de funcionamiento los montos incluidos en las

cuentas del Grupo 53, correspondientes a provisiones deudores, provisión obligaciones fiscales y provisión para contingencias; depreciación de propiedades, planta y equipo, y amortización de intangibles, toda vez que no representan erogaciones efectivas de recursos para lograr el funcionamiento de la entidad. Por lo expuesto, considera el Ministerio Público que el recurso no está llamado a prosperar y, por ende, procede la confirmación de la sentencia impugnada. De los Señores Consejeros,

ÁLVARO JOSÉ MARTÍNEZ ROA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado