PGN - NULIDAD ELECTORAL - Acto de elección de los senadores de la república para el que co

NULIDAD ELECTORAL-Acto de elección de los senadores de la república para el que conformaron el acuerdo de coalición política “alianza verde y centro esperanza por desconocimiento de lo señalado en el inciso 5 del artículo 262 constitucional. COALICION POLÍTICA-Para obtener mayores ventajas electorales, las cuales, están habilitadas para presentar candidatos En ese sentido, la Sala Electoral ha avalado la posibilidad de que partidos, movimientos y grupos significativos, aúnen esfuerzos mediante coaliciones, adhesiones o alianzas, con dos limitaciones: (i) la finalidad es postular de manera conjunta candidatos a cargos uninominales y (ii) el apoyo debe ir dirigido a un candidato único de los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos coaligados o que, aunque no participen en la coalición, decidan adherir o apoyarlo. Como se ve, la existencia de la coalición está sujeta y determinada por la concertación de unas “reglas de juego” entre quienes la conforman, aplicables en las etapas pre electoral, electoral y post electoral, las cuales deben quedar plasmadas en una hoja de ruta denominada como “Acuerdo”, que es de obligatorio cumplimiento para quienes lo suscriben. EQUILIBRIO DE PODERES-El inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, es el resultado del Acto legislativo 02 de 2015, también conocido como “Reforma de Equilibrio de poderes” Es preciso mencionar que el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, es el resultado del Acto legislativo 02 de 2015, también conocido como “Reforma de Equilibrio

de poderes”, el cual autorizó a partidos y movimientos políticos con personería jurídica que, sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, para que pudieran presentar listas en coalición a corporaciones públicas. Situación novedosa en materia electoral, pues la ley ya permitía las coaliciones o alianzas en cargos uninominales, pero no sucedía para los cargos en cuerpos colegiados. Por su parte, debe precisarse que el primer inciso del artículo 262 constitucional modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, trata acerca de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban “candidatos y listas únicas”, “cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción”. Lo que permite inferir que se trata de elecciones para acceder a las corporaciones públicas. En términos de circunscripción nacional, las listas para el Senado de la República. En consideración de circunscripción territorial, las listas para la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y Distritales y, las Juntas Administradoras Locales. COALICION POLITICA-El legislador el deber de regular asuntos propios de su funcionamiento y, por el otro, de manera autónoma e independiente consagra el derecho a presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo condiciones específicas Que se trate de partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de las elecciones. Que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento

(15%) de los votos válidos. Que esos votos se hayan obtenido en la respectiva Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co circunscripción en la que van a presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. Que las votaciones para tener en cuenta el 15% se hayan presentado para elegir miembros de corporaciones públicas, no así, las provenientes de cargos uninominales.

COALICION POLITICA-La demanda de nulidad en contra del acto de elección de los Senadores de la República debe ser negada, toda vez que del acuerdo de coalición “Alianza Verde y Centro Esperanza” no se advierte una irregularidad que derive en violación constitucional o legal Por consiguiente, la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos que conformaron la coalición “Alianza Verde y Centro Esperanza” y participaron en las elecciones para el Senado de la República, año 2018, no sobrepasa el 15% de los votos válidos de la circunscripción nacional, cumpliendo a cabalidad con el requisito cuantitativo exigido en el inciso 5 del artículo 262 constitucional para hacer coaliciones. En consecuencia, esta Agencia estima que en el caso concreto, no se presentó una irregularidad que derive en la violación de lo dispuesto en el artículo 262 Superior y en consecuencia, produzca la anulación de la elección de los señores xxx, como Senadores de la República para el período 2022-2026. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Página 2 Bogotá D.C., 16 de febrero de 2023 Concepto No. 202302NE-25 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Ponente Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2022-00228-00

DEMANDANTE: CARLOS ARTURO VERGARA

VILLACORTE

DEMANDADO: ACTO ELECTORAL QUE DECLARÓ

ELEGIDOS A GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO Y

OTROS SENADORES DE LA REPÚBLICA. PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022-2026.

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: ACUERDOS DE

COALICIÓN CON AGRUPACIONES SIN PERSONERÍA

JURÍDICA Respetada Magistrada: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esta Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El día 13 de marzo de 2022, se celebraron las elecciones para Congreso de la República, período 2022-2026. 1.1.2. Mediante formulario E-26 SEN, del 19 de julio de 2022, se declaró la elección de los Senadores de la República, para el período 2022-2026. 1.1.3. En ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139

del C.P.A.C.A, el ciudadano CARLOS ARTURO VERGARA VILLACORTE, presentó demanda contra el acto de elección de los señores GUSTAVO ADOLFO MORENO Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 3

HURTADO, SOR BERENICE BEDOYA PÉREZ, IVÁN LEONIDAS NAME

VÁSQUEZ, ANGÉLICA LISBETH LOZANO CORREA, ANA CAROLINA ESPITIA

JEREZ, ANDREA PADILLA VILLARRAGA, JAIRO ALBERTO CASTELLANOS

SERRANO, INTI RAÚL ASPRILLA REYES, HUMBERTO DE LA CALLE

LOMBANA, EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA, JONATHAN FERNEY PULIDO HERNÁNDEZ, ARIEL FERNANDO ÁVILA MARTÍNEZ Y GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA, como Senadores de la República para el período 2022-2026. 1.1.4. Mediante auto del 21 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió el medio de control referenciado. 1.2. Cargos de la demanda En síntesis, el accionante señaló que con la expedición del acto demandado se incurrió en el vicio de infracción de norma superior, por cuanto la inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República por la coalición “Alianza Verde y Centro Esperanza”, no cumplió con los requisitos establecidos en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política de

1991. En primer lugar, indicó que el Acuerdo de Coalición fue suscrito por el representante legal de la agrupación “En Marcha”, colectividad política que no cuenta con personería jurídica, reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Consideró que, del tenor literal de la norma constitucional, así como de su desarrollo jurisprudencial, se desprende que la posibilidad de coaligarse para aspirar a cargos de elección popular en corporaciones públicas, se limita exclusivamente a las organizaciones que cuentan con personería jurídica. Así las cosas, concluyó, que no era posible que la coalición “Alianza Verde y Centro Esperanza” contara dentro de sus integrantes con una colectividad que no cuenta con el mencionado atributo - “En Marcha”-, lo que implica una irregularidad dentro de la inscripción de lista de candidatos presentada. Señaló que, si bien es cierto, al momento de la inscripción de la lista de candidatos, en el formato E-6 solo se registró a las colectividades que acreditaron el requisito de la personería jurídica, ello no es óbice para desconocer el carácter vinculante del acuerdo de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 coalición, del cual, insistió, hizo parte una colectividad que no estaba habilitada para dichos efectos.

De otra parte, refirió que el mencionado acuerdo de coalición incluyó dos agrupaciones políticas; a saber, los partidos políticos “Dignidad” y “Colombia Renaciente”, que si bien

cuentan con personería jurídica, no participaron en las elecciones parlamentarias del año 2018, desconociendo la exigencia de mismo inciso 5 del artículo 262 constitucional, relacionada con que las colectividades que participan en ella, hayan obtenido una votación de hasta el 15% del total de sufragios válidos depositados en el “certamen inmediatamente anterior y en la misma circunscripción”. 1.3. Fijación del litigio y traslado para alegar de conclusión. A través de la Magistrada Sustanciadora, el Consejo de Estado, en proveído del 30 de noviembre de 2022, fijó el litigio, indicando que aquel se circunscribiría a “dar respuesta a los siguientes interrogantes: a) ¿Se encuentra afectado de nulidad el acto demandado, si se considera que el acuerdo de coalición denominado “Alianza Verde - Centro Esperanza” fue suscrito también por una colectividad política que no cuenta con personería jurídica? b) ¿Es nula la elección cuestionada, considerando que el acuerdo de coalición “Alianza Verde - Centro Esperanza” fue firmado por dos partidos políticos con personería jurídica, que no participaron en las elecciones parlamentarias del 2018?” Asimismo, en el mencionado proveído, se determinó que en el respectivo proceso, era posible dictar sentencia anticipada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 20211, como quiera que en el proceso no se 1 “ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial: (…) b) Cuando no haya que practicar pruebas; (…) d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.” (…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 había efectuado la audiencia inicial de que trata el artículo 283, en concordancia con el artículo 180 ídem de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios de convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección Quinta del Consejo de Estado, son de naturaleza documental. Además, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

Por lo expuesto, esta Delegada procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si es procedente la

nulidad del acto de elección de los señores GUSTAVO ADOLFO MORENO

HURTADO, SOR BERENICE BEDOYA PÉREZ, IVÁN LEONIDAS NAME

VÁSQUEZ, ANGÉLICA LISBETH LOZANO CORREA, ANA CAROLINA ESPITIA

JEREZ, ANDREA PADILLA VILLARRAGA, JAIRO ALBERTO CASTELLANOS

SERRANO, INTI RAÚL ASPRILLA REYES, HUMBERTO DE LA CALLE

LOMBANA, EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA, JONATHAN FERNEY PULIDO HERNÁNDEZ, ARIEL FERNANDO ÁVILA MARTÍNEZ Y GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA, como Senadores de la República para el período 2022-2026, por el presunto desconocimiento de norma superior; esto es, lo señalado en el inciso 5 del artículo 262 constitucional. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) las coaliciones y sus acuerdos; ii) el artículo 262 constitucional, y; iii) el caso concreto. 2.2. Sobre las coaliciones y sus acuerdos Ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Quinta que, si bien no existe definición de las coaliciones en nuestro ordenamiento jurídico, debe entenderse, a partir del artículo 9 de la Ley 130 de 1994, que se configuran “asociaciones de todo orden”, cuando varios partidos o Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 6 movimientos políticos o sociales se unen para obtener mayores ventajas electorales, las cuales, están habilitadas para presentar candidatos2. Frente a esas formas en que las organizaciones políticas pueden aunar esfuerzos para participar en la contienda electoral o realizar proyectos políticos, la Sección igualmente ha indicado que3: “La definición que comúnmente se emplea para la coalición es la “Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”, y la expresión con la que de ordinario se le equipara –alianza-, se concibe como “Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas. Pacto o convención”. En uno u otro terreno lo que subyace es la suma de esfuerzos, la repartición de tareas y la existencia de un propósito común, que puede llegar a ser pre-electoral y post-electoral. En la doctrina especializada se suelen distinguir esas actividades, que ubica cada una en un momento distinto de la actividad política, pues concibe la alianza como la unión temporal para asistir a la contienda electoral, en tanto que le otorga vocación de mayor permanencia a la coalición, con origen posterior a las elecciones para fines de gobierno.”4. Recientemente, señaló que5:  Ha entendido el concepto de coalición “como la decisión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo de lo político e indicó que, de conformidad con la Constitución Política, específicamente con las reformas establecidas en los Actos legislativos 01 de 2003 y 2009, estas pueden darse antes o después de las elecciones6”.

 Ha dicho que “(i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento jurídico interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines preelectorales y post-electorales, (iii) el requisito fundamental es el acuerdo de voluntades entre las organizaciones políticas, (iv) se requiere que la inscripción sea avalada si la coalición o alianza se surte únicamente entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica, pero sí de la misma participa un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos es viable que la inscripción se haga por firmas con la garantía de seriedad, y (v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por 2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, radicado 2406, M.P. Reynaldo Chavarro Buriticá, reiterada en sentencia de 12 de noviembre de 2015, radicado 11001-03-28-000-201400088-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2016, radicado: 68001-23-33-000-201600043-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. 4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de agosto de 2011, radicado: 11001-03-28-000-201000033-00, M.P. Susana Buitrago Valencia. 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, expediente: 68001-23-33-0002019-00867-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

6 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de julio de 2016. Expediente 05001-23-33-000-201502451-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 separado, otra lista o candidato para el mismo certamen electoral7”.

En ese sentido, la Sala Electoral ha avalado la posibilidad de que partidos, movimientos y grupos significativos, aúnen esfuerzos mediante coaliciones, adhesiones o alianzas, con dos limitaciones: (i) la finalidad es postular de manera conjunta candidatos a cargos uninominales y (ii) el apoyo debe ir dirigido a un candidato único de los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos coaligados o que, aunque no participen en la coalición, decidan adherir o apoyarlo8. Conviene mencionar, además, que la figura de “adhesión” existe, como posibilidad de respaldar candidatos de otros partidos a cargos uninominales cuando no participan en la coalición, -artículo 29 de la Ley 1475 de 2011-, en donde debe entenderse que, si bien un partido o movimiento no participa en el acuerdo para aunar esfuerzos con el fin de conseguir un resultado electoral, pueden adherir a la fórmula de aquellos con la misma finalidad, es decir, lograr un efecto en la respectiva contienda.

Sin embargo, la jurisprudencia posteriormente admitió la coalición para presentar candidatos a las corporaciones públicas y no solo a cargos uninominales9, en virtud del análisis de la reforma constitucional del Acto Legislativo 02 de 2015, frente al artículo 262 fundamental.10 Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que una coalición es “…el establecimiento de unos acuerdos básicos entre los partidos y movimientos políticos concurrentes, sobre aspectos fundamentales de la asociación estratégica establecida, constituye un desarrollo de la libertad organizativa interna de los partidos y movimientos políticos en el marco de la autonomía que les reconoce la Constitución; constituyen así mismo elementos fundamentales de los procesos democráticos, y un factor que propende por la transparencia, la objetividad y la equidad en la administración de la empresa electoral conjunta”11 7 Consejo de Estado. Sección Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 250002331000201100775-02.

Actor: Manuel Guillermo Suescún Basto. Sent. 12 de septiembre de 2013. 8 Ob. Cit. Sentencia de 27 de octubre de 2016. 9 Entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sección Quinta, de fecha 13 de diciembre de 2018, M.P. Rocío Araujo Oñate, Radicado 11001032800020180001900, y de fecha 2 de mayo de 2019, M.P. Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, Radicado 11001032800020180012900. 10 Este aspecto se analizará a profundidad en el siguiente acápite.

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Página 8 De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, que regula la inscripción de candidaturas en coalición, los partidos y movimientos políticos con o sin personería jurídica, así como los grupos significativos de ciudadanos que pretendan inscribir candidatos en coalición, deben tener en cuenta los siguientes requisitos12: “(…)

1. Que se trate de un cargo uninominal, esto es Presidente, Gobernador o

Alcalde13.

2. Como requisito previo a la inscripción la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; (i) mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, (ii) el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde,

(iii) el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, (iv) los sistemas de publicidad y auditoría interna, (v) deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido.

3. Al momento de la inscripción, en el formulario de inscripción (E-6), se debe dejar claro las agrupaciones políticas que integran la coalición y la filiación política del candidato.

4. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y, por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto

al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.” Con ello, son requisitos básicos de la coalición en cargos uninominales, de conformidad con lo establecido por el legislador en la prenotada disposición: “Legitimación: Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos.

Finalidad: Inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales.

Vinculatoriedad: El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-490-2011. Expediente PE-031. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 23 de junio de 2011. 12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente: 05001-23-33-000-201502579-01, MP. Rocío Araújo Oñate, reiterada en sentencia de 3 de diciembre de 2020, radicado: 68001-2333-000-2019-00867-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 13 En relación con este punto, como consecuencia de la modificación constitucional, esta Corporación cambió

su posición y admitió que sea para cargos de corporaciones públicas. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 9 La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. Su inobservancia será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.

Solemnidad: En el formulario de inscripción se indicarán (a) los partidos y movimientos que integran la coalición y (b) la filiación política de los candidatos.”14

Así mismo, se ha indicado que dichos aspectos básicos llevan insertas algunas “tareas” o cargas que, en el espectro temporal, abarcan desde antes de la inscripción misma del candidato de coalición y hasta con posterioridad de que este haya resultado electo. Así se ha señalado: “Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado: (a) mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato; (b) el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde; (c) el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña; (d) cómo se distribuirá entre los distintos partidos y

movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos; (e) los sistemas de publicidad y auditoría interna y; (f) determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. Después de la inscripción, teniendo en cuenta lo pactado: (a) cumplir con las normas de financiación de la campaña en lo que hace a sus fuentes y montos; (b) el pago de anticipos y su entrega; (c) la promoción del programa de gobierno; y (d) demás aspectos propios. Después de elección (a) en caso de faltas absolutas del elegido el presidente o gobernador, según sea el caso, acudirá al acuerdo de coalición que inscribió al candidato para la composición de la terna y su reemplazo; (b) se previó la entrega de informes y rendición de cuentas al CNE; y (c) el cumplimiento de su programa de gobierno como garantía del voto programático.”15 Como se ve, la existencia de la coalición está sujeta y determinada por la concertación de unas “reglas de juego” entre quienes la conforman, aplicables en las etapas pre electoral, electoral y post electoral, las cuales deben quedar plasmadas en una hoja de ruta denominada como “Acuerdo”, que es de obligatorio cumplimiento para quienes lo suscriben. Conviene mencionar que, en la sentencia C-490 de 2011, que analizó el proyecto que sería la Ley 1475 de 2011, la Corte Constitucional señaló que “[e]l carácter vinculante del 14 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

Sentencia de 14 de octubre de 2021. 15 Ibidem Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 acuerdo realizado entre las diferentes fuerzas políticas y/o ciudadanas coaligadas con propósitos electorales, es un predicado del principio de autonomía de los movimientos y partidos políticos, así como garantía de seriedad de este tipo de consensos estratégicos protegidos por la Constitución”.

Con ello, ha concluido el Consejo de Estado “que la norma estatutaria [Ley 1475 de 2011] reguló el contenido mínimo que debe tener el acuerdo de coalición, eso sí, dejando claro que es vinculante para quienes lo suscriben, no sólo en el momento de signarlo, por el contrario, las cargas en él contempladas deben honrarse aún después de elegido el candidato, dado que allí es donde se materializa el voto programático, principio que como puede verse es trasversal al mencionado acuerdo o pacto de voluntades políticas, razón por la que al contar con un mayor respaldo popular por la unión de las fuerzas debe ser claro y ajeno a cualquier vicio que pueda alterar el cometido constitucional de pureza del sufragio”16. 2.3. De lo dispuesto en el artículo 262 constitucional Es preciso mencionar que el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, es el resultado del Acto legislativo 02 de 2015, también conocido como “Reforma de Equilibrio de poderes”, el cual autorizó a partidos y movimientos políticos con personería jurídica

que, sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, para que pudieran presentar listas en coalición a corporaciones públicas. Situación novedosa en materia electoral, pues la ley ya permitía las coaliciones o alianzas en cargos uninominales17, pero no sucedía para los cargos en cuerpos colegiados. Por su parte, debe precisarse que el primer inciso del artículo 262 constitucional modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, trata acerca de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban “candidatos y listas únicas”, “cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción”. Lo que permite inferir que se trata de elecciones para acceder 16 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 14 de octubre de 2021 17 Sobre el particular se debe revisar el último inciso del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, el inciso 4 del artículo 107 constitucional y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 a las corporaciones públicas. En términos de circunscripción nacional, las listas para el

Senado de la República. En consideración de circunscripción territorial, las listas para la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y Distritales y, las Juntas Administradoras Locales. En el segundo inciso se refiere a la forma de elegir a los candidatos, con el propósito de cumplir con una serie de principios en la “conformación de las listas”. Reafirmando que se trata de corporaciones públicas. El tercer y cuarto inciso recuerdan que “La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes” o “dependiendo de la cifra repartidora”. Lo anterior como confirmación que se trata de las corporaciones públicas y la fórmula para proveer las curules, dependiendo de las listas con voto preferente o cifra repartidora. Por último, el inciso quinto tiene dos componentes: el primero señala que la Ley debe regular las campañas y partidos políticos, las condiciones para presentar coaliciones a cargos uninominales y plurinominales. El segundo, determina las condiciones específicas de rango constitucional para que un partido o movimiento político pueda presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, teniendo como parámetro de fijación los resultados electorales de los colectivos políticos en las elecciones anteriores ante las corporaciones respectivas. Sobre el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución, la Sala Electoral del Consejo de Estado18, al responder el problema jurídico: ¿Cuál es la interpretación que debe darse al inciso 5º artículo 262 de la Constitución Política?, hizo una ponderación entre lo exegético

y lo histórico finalista. Sobre la primera parte, quedó claro que se le ordenó al Legislador la regulación sobre algunos aspectos de las coaliciones, sin que sea la génesis de esa instituci