PGN - NULIDAD ELECTORAL - Acto de elección del representante de los docentes ante el conse

NULIDAD ELECTORAL-Acto de elección del representante de los docentes ante el consejo superior universitario de la universidad tecnológica del chocó “diego luis córdoba” CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-Expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse como causales de nulidad/EXPEDICIÓN IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Omisión de formalidades sustanciales La causal de expedición irregular del acto se configura cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo; es decir, requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro, por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo. NULIDAD ELECTORAL-Jurisprudencia/EXPEDICIÓN IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Como vicio de nulidad En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió

para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.” Negrilla fuera de texto. Así, lo que se mira en la causal de expedición irregular, no es si existen inconsistencias en su expedición, sino si las mismas tienen una incidencia tal en el resultado, que de no existir ellas, habría una variación en el resultado. INFRACCIÓN DE NORMAS EN QUE EL ACTO DEBIA FUNDARSEContrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores/INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍA FUNDARSE-Ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 1 implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.” AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites/AUTONOMÍA UNIVERSITARIAFundamento constitucional/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Servicio público de la Educación Superior/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior.

El artículo 69 de la Constitución Política establece que, la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la-- ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión

social y de su función institucional”. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Proceso de elección del Representante de los Docentes ante el CSU de la UTCH Como se explicó, la autonomía universitaria faculta a los entes universitarios a darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Dicho aspecto fue desarrollado por la Ley 30 de 1992, que en sus artículos 28 y 29 reconoce a las universidades, entre otros, el derecho a darse y modificar sus estatutos, y adoptar sus correspondientes regímenes. En este orden de ideas, el artículo 26º numeral 5º del Acuerdo 0001 de 2017 (Estatuto General), contempló que el Consejo Superior Universitario de la UTCH es el máximo órgano de dirección y gobierno, y que estará integrado, entre otros miembros, por un Representante de los Docentes, elegido mediante votación universal, directa y secreta. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022 Concepto No. 2022-03-NE-030 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN No.: 11001-03-28-000-2021-00053-00

ACTOR: EDWIN ETHIEL ARAGÓN LOZANO

DEMANDADO: ARMANDO VALENCIA CASASREPRESENTANTE POR ESTAMENTO DOCENTE ANTE EL

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO - COMITÉ

ELECTORAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “Diego Luis Córdoba”

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esta Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1.1.1. El día 20 de agosto de 2021, conforme a lo reglado en los Acuerdos 0011 y 0013 del 12 y 27 de julio de 2021, respectivamente, expedidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó,1 se llevó a cabo la 1 “Por medio del cual se autoriza, reglamenta, y convoca la elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó y se dictan otras disposiciones”.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 elección del Representante de los Docentes ante dicho órgano directivo y de gobierno. 1.1.2. Según el boletín No. 05 del 20 de agosto de 2021, resultó electo el señor ARMANDO VALENCIA CASAS, como Representante de los Docentes ante el CSU de la UTCH. 1.1.3. El día 1 de septiembre de 2021, el señor ARMANDO VALENCIA CASAS

se posesionó como Representante de los Docentes ante el CSU de la UTCH. 1.1.4. En ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del C.P.A.C.A, el ciudadano EDWIN ETHIEL ARAGÓN LOZANO, demandó la elección del Representante de los Docentes. 1.1.5. En el mismo escrito de la demanda, en capítulo aparte, solicitó como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del Acta de elección de quien resultó electo, producto del proceso de convocatoria contenido en los Acuerdos 0011 y 0013 del 12 y 27 de julio de 2021; esto es, del señor ARMANDO VALENCIA CASAS. 1.1.6. Por medio de Auto del 27 de octubre de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda y decidió negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado. 1.2. Cargos de la demanda El actor indicó como único cargo de nulidad la causal contenida en el artículo 137 del C.P.A.C.A,2 argumentando que, “el acto de definitivo del cual se solicita su nulidad fue expedido contrariando normas en las cuales debía fundarse, de forma irregular y sobre todo con una marcada falsa motivación y desviación de poder.” 2 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin

competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Subrayas para destacar. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4 Expone que la UTCH, en ejercicio de su autonomía universitaria, expidió el Acuerdo 0011 del 12 de julio de 2021 modificado por el Acuerdo 0013 del 27 de julio de la misma anualidad, en virtud de los cuales, se reglamentó y convocó a elecciones para elegir a los nuevos representantes ante el máximo órgano de dirección y gobierno de la UTCH, según la siguiente tabla: Nro. Estamento o sector 1 Docentes 2 Estudiantes 3 Egresados No obstante, en el ejercicio de la actuación administrativa, sus integrantes desconocieron en su criterio, la normatividad interna -Estatutos General y Electoraly decidieron darle un tratamiento diferente al normado, con lo cual alega, se configuró una irregularidad que genera la nulidad de dicha elección, pues inaplicaron el debido proceso en materia eleccionaria. Como concepto de violación sintetizó que el procedimiento llevado a cabo en el Censo Electoral publicado el 19 de agosto de 2021, infringió lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 40, 69 y 183 de la Constitución Política; artículos 28 y 29

de la Ley 30 de 1992; artículo 3, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la Ley 1437 de 2011; artículos 3, 4 y 5, literales a y b, de la Ley 1712 de 2014; artículos 7, 11 numerales 1, 5, 8, 11, 19, 28 y 29; artículos 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017; artículos 1 y 2 del Acuerdo 004 del 4 de noviembre de 2017; artículo 1 numerales 1, 2, 3, 6; artículo 11 literales a y c, y 30 del Acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011; y por último, artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 del Estatuto Profesoral Acuerdo 0050 del 17 de diciembre de 1997. Como sustento de ello, trae a colación que, a través del citado Acuerdo, se informó a la comunidad el cronograma eleccionario para escoger al miembro que debía representar a los docentes ante el CSU. Señala que, en desarrollo del proceso democrático, el comité electoral de la UTCH, el día 17 de agosto de 2021, presentó ante la comunidad universitaria, la publicación del Censo Electoral del estamento Docente, por lo que, como aspirante, inició su trabajo atendiendo el listado referido para lograr la victoria dentro de la contienda electoral. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 5 No obstante lo anterior, señala que de forma inexplicable, sin ningún sustento jurídico y violando sus mismas normas internas, el día 19 de agosto de 2021, el comité electoral decidió publicar un Censo Electoral Definitivo. En criterio del accionante, la publicación de un Censo Electoral Definitivo a falta de un día para la respectiva elección, no se ajusta a lo citado en el artículo 20 del Acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011, puesto que, el mencionado Censo se debió publicar con tres días de anticipación a la realización del certamen electoral. En el mismo sentido, indica que no se puede dejar de lado que, mediante el Acuerdo 0010 del 2 de julio de 2021, se modificó lo dispuesto en el Acuerdo 0021 del 11 de septiembre de 2011, en el sentido de implementar el voto electrónico en el proceso eleccionario para elegir al Representante de los Docentes ante el CSU de la UTCH. Tal decisión, resume el accionante, trajo consigo la violación del artículo 29 y a su vez desconoce el principio de seguridad jurídica. 1.3. Fijación del litigio. A través del Magistrado Sustanciador, el Consejo de Estado en proveído del 27 de octubre de 2021 fijó el litigio, indicando que aquel se circunscribiría a determinar si el acto de elección es nulo conforme a los cargos previstos en la demanda, para lo cual se planteó los siguientes interrogantes a resolver en el fallo:

1. Si con la creación del Acuerdo No. 0010 de 2021, por medio del cual se adoptó un método de voto distinto al presencial, esto es, electrónico o en línea se vulneró el artículo 29 de la Constitución, puesto que su entrada en vigor fue a partir de su expedición, y el proceso eleccionario para la escogencia de los tres miembros del Consejo Superior se había iniciado con anterioridad.

2. Si con la expedición del Acuerdo No. 0010 de 2021 se vulneró lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No. 0004 de 2017, que exige que las reformas a los estatutos, previo a su aprobación, deben ser socializadas ante el resto de la comunidad universitaria, lo cual no ocurrió en este caso, y además deben ser aprobadas en 3 debates en sus respectivas sesiones ordinarias, lo que también fue desconocido.

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Página 6

3. Determinar si el Consejo Superior dio un tratamiento desigual en el proceso eleccionario, porque en los Acuerdos No. 0007 y No. 0009 del 30 de abril y 11 de junio de 2021, por medio de los cuales se convocó para elegir a 3 de los miembros

(exrectores, directivas académicas y sector productivo) se hizo por medio del voto presencial directo y secreto, sin embargo, con la expedición del Acuerdo No. 0011 modificado por el No. 013 de2021, se pasó al voto electrónico para elegir a los 3

miembros restantes (docentes, estudiantes y egresados), cuando las condiciones procedimentales en torno al proceso de elección eran las mismas.

4. Establecer si hubo una conformación y publicación irregular del censo electoral docente, puesto que se publicó el día anterior a la fecha de las elecciones, y en uno se indicaron 451 electores y en otro 435, y no se explicó por qué se aumentó su número, además las personas que se incluyeron en el censo electoral no poseían para ese momento la calidad de docentes y las directivas académicas no hacen parte de la planta de docentes. Así mismo, debe analizarse si era válido que después de iniciarse el proceso electoral, se podía proferir el Acuerdo No. 015 del 9 de agosto de 2021 por medio del cual se modificó el artículo 20 del Acuerdo No. 021 de 2001, específicamente en su parágrafo tercero, para eliminar la limitación frente a la composición de las circunscripciones.

5. Determinar si hubo quebrantamiento de los principios básicos de la Ley 1712 de 2014, en específico al artículo 2 literal h) del Acuerdo No. 0011 de 2021, que establece el principio de transparencia, al no permitirse el acceso a información trascendental para la protección de los derechos fundamentales de los docentes de la UTCH, puesto que (i) previo a las elecciones se pidió el registro de entrada a la página y servidor, donde se encuentra alojado el aplicativo o plataforma IP de ingreso y registro de votantes de la jornada electoral, pero el encargado de la oficina de sistemas se negó a ello sin brindar ninguna explicación, (ii) luego de que se surtió el proceso electoral, se solicitó que se realizara una auditoría externa e

independiente, y el Comité Electoral respondió que no era posible acceder a la misma porque el software era propiedad de la institución universitaria y no podía ser objeto de manipulación ni auditoría por ningún tercero.” 1.4. Traslado para alegar de conclusión. En el anterior proveído además de fijarse el litigio, se decidió sobre las excepciones previas, la Sala se abstuvo de resolver algunas excepciones que serán objeto del fallo, se incorporaron, decretaron y rechazaron pruebas, se ordenó correr traslado de las mismas una vez allegadas, y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión a efectos de dictar sentencia anticipada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 20213, comoquiera que, en el proceso no se ha efectuado la 3 “ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 audiencia inicial de que trata el artículo 283, en concordancia con el artículo 180 ídem de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios de convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección

Quinta del Consejo de Estado son de naturaleza documental. Por lo expuesto, esta Delegada procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADORA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad del acto de elección del señor ARMANDO VALENCIA CASAS, como Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Para resolver dicho problema jurídico, este Ministerio Público considera necesario referirse a (i) las causales de nulidad bajo el argumento de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) la autonomía universitaria; (iii) el proceso de elección del Representante de los Docentes ante el CSU de la UTCH; para finalmente, (iv) analizar el caso concreto. 2.2. Expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse como causales de nulidad. La causal de expedición irregular del acto se configura cuando se omiten formalidades sustanciales en la generación del mismo; es decir, requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro,

1. Antes de la audiencia inicial: (…) b) Cuando no haya que practicar pruebas; (…) d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación

a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.” (…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 por lo que no cualquier requisito que deje de estar presente en el acto tiene la naturaleza de afectar la validez del mismo.

En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la

decisión.”4 Negrilla fuera de texto. Así, lo que se mira en la causal de expedición irregular, no es si existen inconsistencias en su expedición, sino si las mismas tienen una incidencia tal en el resultado, que de no existir ellas, habría una variación en el resultado. Por su parte, la causal de infracción de las normas en que debería fundarse, ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos5, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. En ese sentido lo ha afirmado el Consejo de Estado, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone 4 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 27 de enero de 2011. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00 y del 3 de noviembre de 2016 M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28000-2016-00023-00 5 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. No. 4100123310002003004801 (0601-2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Exp. No. 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición.

Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”6 2.3. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que, la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C-337 de 19967, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 11001-03-26-0002015-00165-00 (55813), , sentencia del 10 de octubre de 2016. 7 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior.

En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar

sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19938, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio9, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la

educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su 8 M.P. Alejandro Martínez Caballero 9 Ver sentencia T-1010 de 2010. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199910).

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201011 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201812, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) autoorganización “darse sus directivas” y la de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía

existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”13, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200814) 10 M.P. Hernando Herrera Vergara 11 M.P. María Victoria Calle Correa 12 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 13 Ver sentencia C-491 de 2016. 14 M.P. Humberto Sierra Porto Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 12 De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía

universitaria, que i) “encuentra su