PGN - NULIDAD ELECTORAL - Contra acto de llamamiento de posesión de representante a la cám

NULIDAD ELECTORAL-Contra acto de llamamiento de posesión de Representante a la Cámara de Representantes por Bolívar tras incursión de inhabilidad INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Concepto de autoridad/INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Concepto de autoridad política/INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Concepto de autoridad civil/INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Concepto de autoridad administrativa o militar/INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Por haber ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar doce meses antes de la elección AUTORIDAD CIVIL-Ejercicio como causal de inhabilidad/AUTORIDAD CIVILEjercicio de actos de poder y mando desarrollados como servidor público o particular que cumple función pública INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Análisis de la configuración de la causal de inhabilidad del Num. 2 del Art. 179 de la Constitución Política INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Deben ser interpretadas de forma restrictiva al ser una limitación al ejercicio de derechos políticos/INHABILIDAD DE ASPIRANTE AL CONGRESO-Exige que haya certeza de su configuración FALLO-Debe negar pretensión de nulidad electoral Bogotá D.C., 30 de abril de 2019 Concepto No. 00040 Doctor

ALBERTO YEPES BARREIRO

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2018-00628-00

ACTOR: ELVER YOBANYS VILLAZÓN RAMIREZ

DEMANDADO: JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELLO COMO

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOLIVAR - PERÍODO 20182022

ASUNTO: NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN DEL SEÑOR JORGE

ENRIQUE BENEDETTI MARTELLO REPRESENTANTE A LA CÁMARA

POR BOLIVAR - PERÍODO 2018-2022

Respetado señor Magistrado: Dentro del término de traslado en el proceso de la referencia, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento el concepto correspondiente de conformidad con la competencia asignada a la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES ELVER YOBANYS VILLAZÓN RAMÍREZ, en nombre propio presentó el medio de control de nulidad electoral contra el acto de llamamiento de JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO como representante a la cámara por la circunscripción de Bolívar.

1.1. Hechos Página 2 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 1.1.1. HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ fue elegido como Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar para el período 2018-2022. Cargo del cual tomó posesión el 20 de julio de 2018. 1.1.2. HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ presentó renuncia a su investidura

de congresista, dimisión que fue aceptada por la mesa directiva de la Cámara de Representantes mediante la Resolución MD 2654 del 24 de octubre de 2018. 1.1.3. Mediante la Resolución MD 2708 del 31 de octubre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, se llamó a JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, para suplir la falta absoluta en razón de la renuncia de PADAUI ÁLVAREZ, en tanto era el tercer lugar en la votación de la lista con voto preferente inscrita a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar, por el partido Cambio Radical, para lo que resta del periodo 2018-2022. 1.1.4. El señor JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELLO suscribió con el distrito cultural y turístico de Cartagena el contrato de prestación de servicios N°3166 del 23 de agosto de 2017, ejecutado entre el 8 de junio de 2017 al 7 de septiembre de 2017, el cual tenía como objetivo la “prestación de servicios profesionales al despacho del alcalde del distrito de Cartagena”. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación Sostiene el demandante que el acto de llamamiento que se hizo de JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELLO, es contrario al numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. En los términos de la demanda, el demandado BENEDETTI MARTELLO al momento de la elección estaba incurso en la inhabilidad consagrada en el artículo

179 numeral 2° de la Constitución Política, según el cual no podrán ser congresistas “Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o Página 3 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”.

Se afirma que JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELLO suscribió con el Distrito turístico y Cultural de Cartagena el contrato de prestación de servicios profesionales No 3166 del 23 de agosto de 2017, para la prestación de servicios profesionales al despacho del alcalde del distrito de Cartagena, con las siguientes obligaciones específicas: “1) Asesorar jurídicamente al Alcalde en todos los temas y actividades que le sean encomendadas; 2) Proyectar, revisar y asesorar al Alcalde en la expedición de actos jurídicos como resoluciones, contratos, decretos y los demás documentos que le sean de su responsabilidad; 3) Asesorar al alcalde Mayor de Cartagena en la revisión de los proyectos que sean presentados ante el gobierno central; 4) Proyectar, revisar, atender y asesorar jurídicamente en lo relacionado con los derechos de petición, quejas y reclames, diferentes actos administrativos y judiciales relacionados con las actividades que realice el alcalde en cumplimiento de sus funciones; 5) Apoyar en la revisión de los diferentes procesos de contratación que se le asigne.”

Considera que, de conformidad con el manual de funciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena, - Decreto 1701 de 2015-, las obligaciones contractuales desarrolladas por BENEDETTI MARTELLO son iguales a las funciones desempeñadas por el empleado público adscrito al Despacho del Alcalde, por lo que, en criterio del actor, el demandado ejerció funciones de un auténtico empleado público, conducta que se encuadra dentro de la prohibición estatuida en el numeral 2 del artículo 179 constitucional y, por tanto, estaba inhbailitado para ser electo y, por tanto, llamado a ocupar la vacante que se presentó. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. Demandado - Jorge Enrique Benedetti Martelo Página 4 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Mediante apoderado judicial JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, se opuso a la prosperidad de la demanda con fundamento en lo siguiente: En primer lugar, señaló que, en efecto, el 31 de octubre del 2018 BENEDETTI MARTELO fue llamado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes para suplir la falta absoluta del cargo de Representante por el departamento de

Bolívar en reemplazo de HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ. Sostiene que no es cierto que el candidato llamado se encuentre incurso en la

causas de inhabilidad prevista en el numeral 2 dela artículo 179 constitucional, que prohíbe ser elegido congresista a los empleados públicos que dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, hayan ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. Puntualiza que si bien JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, suscribió con el Distrito de Cartagena el contrato de prestación de servicios N° 3166 de 2017, dicha celebración contractual no se encuadra dentro del fundamento prohibitivo que se alega vulnerado, y por lo tanto el mencionado contrato no es un supuesto de hecho que se subsuma dentro de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución, por cuanto el haber celebrado el contrato no genera la condición de empleado público; ni tampoco implica el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa. Añade que las obligaciones contractuales desarrolladas por el demandante de manera alguna pueden se equiparadas con las funciones de un asesor adscrito al despacho de la primera autoridad distrital y mucho menos entender que tales obligaciones revisten el ejercicio de autoridad política, civil o militar administrativa. 1.3.2. Consejo Nacional Electoral Página 5 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co El Consejo Nacional Electoral intervino en el presente medio de control de nulidad electoral, señalando que se atiene a lo que resulte probado dentro de la

actuación. Señaló que no le constan los hechos que se afirman en la demanda ya que corresponde al actor precisar la presunta inhabilidad en la cual incurrió el demandado, para lo cual debió aportar copia del contrato al que se refiere en la demanda. Así mismo solicitó ser desvinculado del proceso de la referencia, por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad que profirió el acto cuya legalidad se demanda. 1.3.3. Congreso de la República El Congreso de la República señaló que para efectos de suplir la falta absoluta generada por la renuncia del representante a la cámara HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ, después de revisar el acta de escrutinio expedida por la comisión escrutadora departamental de Bolívar, constató que JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO obtuvo la tercera votación de la lista inscrita a la Cámara de Representantes para la circunscripción electoral del Departamento de Bolívar por el partido Cambio Radical. Razón por la cual mediante la Resolución MD 2708 del 31 de octubre de 2018, el Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alejandro Carlos Chacón Camargo, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 5° de 1992, resolvió llamar al candidato BENEDETTI MARTELO, para ocupar el cargo de congresista para lo que resta del período 2018-2022. El mismo día el presidente de la corporación procedió a posesionar a JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, y precisó que no compete a la cámara de Representantes dirimir, interpretar y/o decidir presuntas inhabilidades de los

candidatos. 1.4. Fijación del litigio Página 6 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co En la audiencia inicial celebrada el 9 de abril de 2019, el objeto del litigio se fijó en los siguientes términos: “¿ Se materializó en el caso concreto la causal de nulidad contenida en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, por la supuesta configuración de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 179

Superior, toda vez que el señor Jorge Enrique Benedetti Martelo, como empleado público ejerció autoridad civil y administrativa dentro de los doce meses anteriores a la elección por haber suscrito el contrato de prestación de servicios No. 3166 de 7 de junio de 2017 con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias?

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta determinar sí el acto electoral demandado, por medio del cual la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes llamó a JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO para que tomara posesión de la curul de la Cámara por el departamento de Bolívar, es nulo por estar este incurso en la inhabilidad contemplada en el numeral 2 del artículo 179 constitucional. 2.2. Concepto de autoridad jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, como causal de inhabilidad

El artículo 179, numeral 2 de la Constitución Política, fundamento de la inhabilidad que se alega en el caso de la referencia, señala lo siguiente: “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: (…)Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección. Página 7 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co De la norma en cita se extrae que, para la configuración de esta causal de inhabilidad deben concurrir los siguientes elementos: i) que el candidato que resulte electo se haya desempeñado como empleado público dentro de los doce meses anteriores a la respectiva elección; ii) que en el desempeño de ese cargo, haya ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar y iii) que el ejercicio de alguna de estas autoridades se haya ejercido en el departamento para cuya circunscripción se presentó en los comicios electorales.

Es decir, para que se configure la inhabilidad en comento se requiere que concurran los tres elementos, si uno de ellos no está presente, no hay lugar a que se estructure esta. 2.2.1. autoridad política, civil, administrativa o militar En materia de inhabilidades para congresistas, si bien la Ley no ha definido el concepto o alcance de la autoridad política, civil, administrativa o militar, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha acogido los conceptos que

frente la materia definen los artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley 136 de 1994, así: “ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de Página 8 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política.

Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo. ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de

departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias. ARTÍCULO 191. AUTORIDAD MILITAR. A fin de determinar las inhabilidades previstas por esta Ley, se entiende por autoridad militar la que ostentan los oficiales en servicio activo de las Fuerzas Militares y los suboficiales con el rango de comandantes en el municipio. Para efectos de este artículo, el militar debe haber estado ubicado en el municipio por virtud de orden superior por espacio de cuando menos tres meses o dentro del mes anterior a las elecciones de que se trate. De las anteriores modalidades de autoridad, el actor plantea que el Representante JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, ejerció concretamente la denominada autoridad civil, en tanto la ejecución de las obligaciones contractuales adquiridas con el distrito de Cartagena, le permitió desarrollar auténticas funciones de un empleado público del nivel asesor de ese ente territorial, lo que en su criterio comporta el ejercicio de autoridad civil,

Frente al alcance de la autoridad civil, la jurisprudencia del Consejo de Estado, tanto en su Sala Plena Contenciosa Administrativa, como la de Consulta y la Sección Quinta, hace referencia al ejercicio del poder que ostenta un funcionario para adoptar o tomar decisiones que pueden ser implementadas tanto interna Página 9 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co como externamente. Es decir, la potestad de autoridad frente a los ciudadanos.

En ese sentido, se tiene que esta consiste en la potestad para producir actos de poder y mando, que se expresan y se hacen cumplir sobre los ciudadanos y la comunidad en general, con posibilidad incluso de compulsión o de coerción por la fuerza. En otros términos, la capacidad de imponer mediante los recursos coercitivos de los que puede dotarlo la administración –sancionatorio, disciplinario, etc.- las decisiones que a él le corresponden. Igualmente, se ha identificado esta autoridad con la capacidad que se le reconoce a quien ejerce el cargo de tener el poder nominador. Estas características se han perfilado a partir del texto del artículo 188 de la Ley 136 de 1994, frente a las cuales se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al indicar que: “ la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP., es una especie de la autoridad pública –como lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras-, y consiste en el ejercicio de actos de poder y

mando, que se desarrollan mediante típicos actos de autoridad, así como a través de la definición de la orientación de una organización pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general –expresión exógena de la autoridad civilcomo al interior de la organización estatal –expresión endógena de la autoridad civil-. “En esta medida, es claro que si bien el artículo 188 ayuda bastante en la tarea de hallar el sentido mismo de esta forma de autoridad, también es cierto que dicho concepto es algo más que eso, aunque la norma contiene el reducto mínimo de aquella. En tal caso, para la Sala, este tipo de autoridad hace referencia, además de lo que expresa dicha norma, a la potestad de dirección y/o mando que tiene un funcionario sobre los ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad –no necesariamente en el ejercicio efectivode Página 10 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar medidas coercitivas, bien de carácter general o particular, de obligatorio acatamiento para éstos.”1

En el mencionado fallo, se agregó: “…la autoridad civil suele expresarse a través de i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) de la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y

control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquella que determina originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública”2. La autoridad civil, entonces, se encamina a la definición de la orientación de una organización pública y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general –expresión exógena de la autoridad civilcomo al interior de la organización estatal –expresión endógena de la autoridad civilEn esta sentencia, igualmente se indicó que era afortunado el criterio que expresara la Sala Plena cuando dijo que resultaba claro que si el Constituyente, para efectos de establecer la prohibición, hubiese querido que el ejercicio de jurisdicción y de autoridad administrativa fueran parte del ordinal 5º, así lo hubiera prescrito expresamente. 1

CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de febrero 15 de 2011.

Ref.: 11001-03-15-000-2010-01055-00. En la que se reitera la tesis unificada expuesta por la Sala Plena en la sentencia de

8 de mayo de 2007. Exp. 00016. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. 2 Cita original de la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2008, expediente 00287-00. Página 11 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co "En tal sentido, tenía razón esta Sala, en 1998, al decir que: ‘… resulta claro entonces que si el constituyente mencionó a la ‘jurisdicción’ y a la

‘autoridad administrativa’, en el No. 2 del artículo 179, para efectos de establecer la prohibición, y hubiese querido que ambas categorías fueran parte también del ordinal 5º, así expresamente lo hubiera prescrito. Pero, al no hacerlo, le dijo claramente al intérprete que en materia de inhabilidades e incompatibilidades una es la autoridad jurisdiccional, otra es la autoridad civil, otra la autoridad militar, otra la autoridad administrativa y otra la autoridad política. Fuera de ese contexto, sin tener en cuenta la finalidad prohibitiva de la norma constitucional, y en un escenario jurídicamente poco relevante, resulta aceptable la tesis de que el Presidente de la República, los Ministros, los Jueces y Fiscales, Procuradores, Gobernadores, Inspectores de Policía pasen por autoridades civiles, sólo para distinguirlas de las militares y eclesiásticas, científicas, etc. (…)

La Sección Quinta del Consejo de Estado, acogiendo los criterios de la Sala Plena consideró la autoridad civil en los términos que se transcriben a continuación: “Sea lo primero advertir, que la noción de autoridad civil ha sufrido grandes trasformaciones, pues a lo largo del tiempo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dotado con diverso contenido a esta acepción. No obstante lo anterior, en el año 2011 la Sala Plena de esta Corporación zanjó la discusión existente. “… “En otras palabras, la autoridad civil implica la posibilidad de tomar decisiones en materia de policía administrativa, materializadas en actos administrativos, y de hacerlas cumplir incluso en contra de la voluntad de los destinatarios3.”4 Por tanto, para saber si se incurre o no en la causal de inhabilidad estudiada, se hace necesario conocer de manera específica en cada caso concreto las funciones que ejerce el servidor público, el grado de autonomía que tiene, como la capacidad de poder frente a la comunidad, para que de esta manera se pueda 3 Esta Corporación, en sentencia del 15 de febrero 2011 radicado nº11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- señaló que no es cualquier clase de decisión la que configura la autoridad civil, sino solamente aquellas que “determinan el obrar mismo del Estado” y que su ejecución o puesta en práctica demuestra el control que se ejerce sobre la administración, los ciudadanos y los demás funcionarios. 4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicación Número: 11001-03-28-0002014-00045-00. Demandante: José Julio Arboleda Sierra - Demandado: Oscar de Jesús Hurtado Pérez. Consejero

Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co determinar si ejerce autoridad civil, en tanto entiende el Ministerio Público que la nota que distingue esta de la autoridad administrativa, está en la capacidad y el ejercicio de poder frente a la ciudadanía, aspectos estos que serán analizados en otro aparte de este concepto. 2.3. Análisis del caso concreto para la configuración de la causal de inhabilidad del numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política Afirma el actor que JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO está incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 179 Constitucional, porque al momento de su inscripción y elección a la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, ejerció autoridad civil, en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con la Alcaldía distrital de Cartagena, en la que se desarrollaron las funciones descritas en el Decreto 1701 de 2015, que son propias del nivel asesor de la Alcaldía, y comportan en criterio del actor el ejercicio de autoridad civil, administrativa y política.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179, numeral 2 de la Constitución, no podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

Es decir, que para la materialización de esta causal de inhabilidad, en primer lugar se debe establecer que el candidato que resultó elegido se desempeñó como empleado público dentro de los doce meses anteriores a la respectiva elección, vale decir que tenía una vinculación legal y reglamentaria con el ente territorial. Además, no es suficiente haber tenido una relación legal y reglamentaria con la entidad, sino que también se requiere demostrar que la naturaleza del cargo y funciones comportaron el ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, y que tal autoridad se ejerció en el departamento donde se efectuó la respectiva elección. Página 13 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co De acuerdo con los parámetros establecidos en el precepto constitucional, para la configuración de esta causal de inelegibilidad, se requiere demostrar:  La vinculación legal y reglamentaria  Que el cargo comporte el ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar.  El extremo temporal que son los 12 meses anteriores a la inscripción y elección como candidato.  Que la autoridad política, civil, administrativa o militar se ejerza en la misma circunscripción en la que deba efectuarse la elección En el caso de la referencia, al analizar el fundamento normativo y lo probado en el

expediente, se tiene lo siguiente: JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO, suscribió con el Distrito de Cartagena

el contrato de prestación de servicios N° 3166 de 2017, con el siguiente objeto contractual: “1) Asesorar jurídicamente al Alcalde en todos los temas y actividades que le sean encomendadas; 2) Proyectar, revisar y asesorar al Alcalde en la expedición de actos jurídicos como resoluciones, contratos, decretos y los demás documentos que le sean de su responsabilidad; 3) Asesorar al alcalde Mayor de Cartagena en la revisión de los proyectos que sean presentados ante el gobierno central; 4) Proyectar, revisar, atender y asesorar jurídicamente en lo relacionado con los derechos de petición, quejas y reclames, diferentes actos administrativos y judiciales relacionados con las actividades que realice el alcalde en cumplimiento de sus funciones; 5) Apoyar en la revisión de los diferentes procesos de contratación que se le asigne.” Advierte esta Delegada que la relación de BENEDETTI MARTELO con el distrito de Cartagena constituye un vínculo de naturaleza contractual y no legal y reglamentario, es decir, no hay un vínculo sujetivo con el Estado que le confiere a este la condición de servidor público, en los términos del artíuclo 125 constitucional y, mucho menos, que esa vinculación se hubiese dado en la condición de empleado público que, es el primer elemento que exige el mandato Página 14 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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constitucional para la configuración de la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artíuclo 179 de la Constitución Política. Luego, al no existir esa vinculación legal y reglamentaria, es decir, al no estar demostrada esa vinculación subjetiva con el Estado, la que no se deduce de los llamados contratos de prestación de servicios, no pude predicarse que JORGE ENRIQUE BENEDETTI MARTELO ostentó la calidad de empleado público y mucho menos que ejerció mediante su contrato ejerció las funciones establecidas en el Decreto 1701 de 2015, de las que, de suyo tampoco puede inferirse que conlleven el ejercicio de autoridad civil, como lo afirma el demandante. Esta Delegada recuerda que el régimen jurídico colombiano establece 3 tipos de vinculaciones con entidades públicas, las cuales no pueden ser equiparadas, por cuanto existen diferencias sustanciales entre ellas, con características propias y elementos especiales. Así: i) Relación legal y reglamentaria: la relación que se da mediante un acto administrativo que permite vincular persona con una entidad del Estado y con la cual se adquiere la condición de empleado público; ii) Relación contractual laboral, es la que se da mediante un contrato de trabajo que se rige por las normas laborales del código sustantivo del tra