PGN - NULIDAD ELECTORAL - De acto de elección de rector de la universidad de los llanos po

NULIDAD ELECTORAL-De acto de elección de Rector de la Universidad de los Llanos por haberse expedido con infracción de normas en que debía fundarse AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites de esta según Constitución Política AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Subreglas en materia de esta según sentencia de la Corte Constitucional CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-Requisitos para ser miembro en calidad de representante de los Profesores según regulación legal CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-El proceso de elección de su representante ante Universidad de los Llanos fue de conocimiento público ….En este sentido, de los anteriores requisitos habilitantes para quienes aspiren a ser Representante de los Profesores en el Consejo Superior Universitario, tampoco es posible deducir que, con alguno de estos se hubiera favorecido la aspiración del demandado, pues se trata de casi los mismos requisitos dispuestos en el Estatuto General Anterior y, además, el actor no demostró la ocurrencia de alguna prerrogativa o ventaja que únicamente tuviera el demandado en este aspecto. Por lo tanto, con la sola convocatoria a los profesores de planta y profesores ocasionales de la Universidad de los Llanos para que elijan su representante ante el Consejo Superior Universitario, para un período institucional de tres (3) años, comprendido entre el 1º de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, la cual fue publicada desde el 10 de septiembre de 2021, es posible que cualquier aspirante tenga conocimiento de los requisitos fijados en la misma, para

inscribirse posteriormente como candidatos desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el 17 del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución 0990 de 2021;entonces, se advierte que el proceso de elección de …. como Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, para el período 2022-2024, fue de pleno conocimiento público, el cual reguló y legitimó dicha garantía participativa. PRUEBAS OBRANTES-No demostraron que se haya presentado violación al derecho a la igualdad de candidatos …Pues bien, el Ministerio Público, debe señalar que en efecto, si la norma vigente que regula la reelección de los representantes que integran el Consejo Superior de Unillanos no concibió ninguna excepción, frente a los representantes que estaban ejerciendo el cargo, estos podrían volver a postularse a la elección, toda vez que, la nueva reglamentación entró en vigencia solo a partir de abril del año 2021, y el demandado fue elegido en octubre del mismo año, esto es, tiempo después, cumpliendo con todos los criterios que exige el proceso, y sin violar el derecho a la igualdad de los Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co candidatos.Conforme a lo anterior, para el Ministerio Público no se advierte materializada la vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de la elección de….. como Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad

de los Llanos, por cuanto no se encontraron irregularidades que le den una posición privilegiada al demandado frente a los demás candidatos en el referido proceso de elección que viole el derecho a la igualdad. ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS-No están exentos de la aplicación del art. 126 Constitucional según jurisprudencia del Consejo de Estado INHABILIDAD-No está probada frente a causal alegada y según lo dispuesto en artículo 126 Constitucional …En ese orden de ideas, la prohibición va dirigida a los servidores públicos y, por tanto, quien no tenga esa calidad, en los términos del artículo 123 constitucional, no es destinatario de la mencionada prohibición. En efecto, advierte el Ministerio Público que los profesores de planta y ocasionales de Unillanos que votaron mediante el sistema de tarjeta electoral (Artículo 13º numeral 2 del Acuerdo Superior Nº 004 de 2006, Régimen Electoral Universitario) y voto secreto (artículo 5, numeral 1 del Acuerdo Superior Nº 004 de 2006), de acuerdo con la normatividad vigente, sí ostentan la calidad de servidores públicos debido a que se trata de empleados públicos tienen una relación estatutaria o legal y reglamentaria con la administración pública y, de los trabajadores oficiales son quienes están vinculados con el Estado mediante un contrato de trabajo. Sin embargo, pare esta Delegada es claro que la participación de los profesores de planta y ocasionales en la elección de su Representante en el CSU de Unillanos, no configura la conducta de prohibición cobijada por el artículo 126 constitucional, debido a que en la

designación de estos no intervino o participó el señor….puesto que, es el Rector de la Unillanos quien tiene la función de nombrar y remover, con arreglo a las disposiciones legales, al personal de la Universidad (numeral 7 artículo 25 Acuerdo 003 de 2021).Por lo antes expuesto, el Ministerio Público encuentra que, en efecto, no está probada la inhabilidad que se alega frente a esta causal, en los términos del inciso 2º del articulo 126 superior, en que se prohíbe a los servidores públicos nombrar, postular, elegir como servidores públicos o celebrar contratos estatales, con quienes hubieran intervenido en su postulación o designación. NULIDAD-De acto de elección debe ser negada en el sub examine Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Página 2 Bogotá D.C., 13 de mayo de 2022 Concepto No. 2022-05-NE057 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Sustanciadora Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2021-00070-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437

DE 2011 C.P.A.C.A., ARTÍCULO 139)

DEMANDANTE: EDUARDO PADILLA HERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JORGE PACHÓN GARCÍA,

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Respetada Magistrada: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público1 ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1.1.1. El 1 de octubre de 2021, conforme a lo dispuesto en la Resolución Electoral No. 0990 de 2021, expedida por el Rector Ad-Hoc de la Universidad de los Llanos2, se llevó a cabo la elección del Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario. 1.1.2. Según Acta de Escrutinio General de elecciones del Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario período 2022-2024, de fecha del 4 de octubre de 2021, el señor JORGE PACHÓN GARCÍA obtuvo 99 votos a su favor, frente a 40 sufragios del voto en blanco, por lo tanto, fue declarado electo para el período 2022-2024 por el Consejo Electoral Universitario. 1 La Procuradora General de la Nación mediante Decreto Nro. 0542 del 5 de mayo de 2022, comisionó a Vladimir Fernández Andrade, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, para desempeñar el cargo de Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, entre el 9 y el 13 de mayo del presente año. 2 “Por la cual se convoca a los PROFESORES de planta y ocasionales de la Universidad de los Llanos, a elegir su representante ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período institucional de tres (3) años

comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1.1.3. En ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del C.P.A.C.A, el ciudadano EDUARDO PADILLA HERNÁNDEZ, demandó la elección del Representante de los docentes.

1.2. Demanda. El ciudadano EDUARDO PADILLA HERNÁNDEZ3, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda el 27 de octubre de 2021, en la que solicitó la nulidad de la elección de JORGE PACHÓN GARCÍA como Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, contenida en el Acta de Escrutinio General -Convocatoria de elecciones representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario-, dictado por el Consejo Electoral Universitario de dicha institución de educación superior. En sus escritos, elevaron las siguientes pretensiones: “1.1. PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto de DECLARACIÓN DE ELECTO (sic) Y CREDENCIAL, resultado de la declaración de escrutinio dado por el consejo electoral universitario de la Unillanos, bajo los resultados de votación de

la resolución rectoral 0990 de 2021- “Por la cual se convoca a los PROFESORES de planta y ocasionales de la Universidad de los Llanos, a elegir su representante ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período institucional de tres (3) años comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024”, realizada por la Universidad de los Llanos Nit. 892.000.757 - 3. 1.2. SEGUNDA: Que, como consecuencia de esta nulidad, se ordene a la Universidad de los Llanos, convocar a nuevas elecciones para ocupar la representación de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos”. Señaló que el acto de elección de PACHON GARCÍA como Rector de la Universidad de los Llanos, contrarió la Constitución, la Ley y los Estatutos de la Universidad, en tanto se expidió con infracción de normas en las que debería fundarse. Adujo frente a este cargo lo siguiente: 1.2.1. Violación de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que el demandado mantuvo una posición privilegiada y provechosa como representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos y, por lo tanto, debió manifestar su impedimento. La parte actora aduce que el señor JORGE PACHÓN GARCÍA conservó una posición privilegiada y provechosa como Representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos dentro de la convocatoria pública realizada a través de la Resolución Rectoral 0990 de 2021, “Por la cual se

convoca a los PROFESORES de planta y ocasionales de la Universidad de los Llanos, a elegir su representante ante el CONSEJO SUPERIOR 3 Actuando en nombre propio Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Página 4 UNIVERSITARIO, para el período institucional de tres (3) años comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024”. Como sustento de lo anterior, indicó que el demandado, en calidad de representante de los profesores, intervino en las etapas preparatorias del nuevo estatuto de la universidad (Acuerdo Superior 003 de 2021), en el que se establecieron las calidades para ser Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario y, se permitió la de reelección de los representantes ante dicho Órgano Directivo y de Gobierno; por lo tanto, tuvo oportunidad de conocer, intervenir, opinar, aconsejar, advertir y prevenir sobre las condiciones y exigencias que debía reunir dicha convocatoria. Por lo antes expuesto, manifestó que el señor PACHÓN GARCÍA debió manifestar su impedimento desde el momento mismo de la formulación y diseño de la convocatoria pública para la elección del Representante de los profesores, en razón “a su interés personal de continuar en el cargo”, como lo dispone el inciso 1° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. 1.2.2. Desconocimiento de la prohibición contenida en el artículo 126 de la

Constitución Política. El demandante sostuvo que se desconoció el artículo 126 Superior4, puesto que “al revisar el contenido normativo se destaca que cita textualmente las expresiones “nombrar o postular”; sin embargo, estos verbos deben ser entendidos también en términos de “haber intervenido” o participado en la postulación o designación”, en la elección cuestionada. En este sentido, citó una decisión de la Sección Quinta del 27 de octubre de 2016, en la que se señaló lo siguiente: “En segundo lugar, respecto a la conducta que se censura, si bien el texto del inciso 2º del artículo 126 superior hace referencia a que el funcionario no podrá nombrar ni postular como servidores públicos a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ello no quiere decir que los comportamientos vedados se limiten únicamente a estos verbos, pues como lo indicó recientemente esta Corporación19, el empleo del vocablo designar abarca así mismo la prohibición de elegir, participar e intervenir” (Negrillas fuera del texto). Al respecto, concluyó que “esto quiere decir que la prohibición se configura cuando quien ahora es candidato haya participado efectivamente en la elección de quien ostenta la calidad de elector”. Asimismo, alegó la vulneración de los numerales 1, 2, 4, 10, 14, 15 y 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 20116, y transcribe dichos numerales resaltando que el demandado tenía un interés directo en la regulación y decisión del asunto. 4 “ARTICULO 126. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Los

servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. (…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Página 5 Seguidamente, se refirió a la transgresión del parágrafo 1, artículo 15 del Acuerdo Superior N° 003 de 20215 (Estatuto General de la Universidad de los Llanos), pues, este dispone que los integrantes del Consejo Superior Universitario y el Rector, están sujetos a los impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses establecidos en la Constitución Política, la Ley y los estatutos, así como en las disposiciones aplicables a los miembros de Juntas o Consejos Directivos de las instituciones estatales u oficiales. Así mismo, el Acuerdo Superior No. 004 de 2006, Estatuto Electoral de la Universidad, que en su parágrafo 2 del artículo 37 señala: “(…) Todas las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses, estipuladas en

normas generales, tendrán aplicación en los procedimientos electorales de la Universidad de los Llanos”. 1.3. Fijación del litigio. De conformidad con el auto de 18 de abril de 2022, el despacho fijó el litigio en los siguientes términos: “Determinar si el acto de elección del señor Jorge Pachón García como representante de los docentes ante el Consejo Superior de la UNILLANOS, periodo 2022-2024, está viciado de nulidad, por cuanto participó en ese trámite eleccionario estando presuntamente impedido para ello, como consecuencia de su intervención en las fases de discusión y aprobación de las reformas estatutarias contenidas en el Acuerdo No. 003 del 8 de abril de 2021 –que le permitieron presentarse para una tercera reelección–, en contravía de los artículos 13, 126 y 209 constitucionales; 1134 de la Ley 1437 de 2011; 15 del Acuerdo No. 003 de 2021 y 37 del Acuerdo No. 004 de 2009.” En el mencionado proveído, la Magistrada Sustanciadora ordenó correr traslado para alegar de conclusión. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR SÉPTIMO DELEGADO

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico. Corresponde a la Sala Electoral6, determinar si es procedente la nulidad del acto por medio del que se declaró electo al señor JORGE PACHÓN GARCÍA como Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario de la

Universidad de los Llanos, contenida en el Acta de Escrutinio GeneralConvocatoria de elecciones representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario-, dictado por el Consejo Electoral Universitario de dicha institución de educación superior, al considerar que dicha manifestación de 5 Dicha norma hace parte del Acuerdo Superior 004 de 2009 y no del Acuerdo Superior 003 de 2021 como lo manifestó el actor. 6 De conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. “La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: 1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias. 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 voluntad presuntamente desatendió las normas en las que debía fundarse, por haberse expedido en contravención de los artículos: i) 13, 126 y 209 de la Constitución Política; ii) 11, numerales 1, 2, 4, 10, 14, 15 y 16 del CPACA; y, iii) parágrafo 1º del artículo 15 del Acuerdo No. 003 de 2021 y parágrafo 2º del

artículo 37 del Acuerdo No. 004 de 2009, ambos expedidos por el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos. Para resolver dicho problema jurídico, este Ministerio Público considera necesario referirse a (i) la autonomía universitaria; para finalmente, (ii) analizar el caso concreto. 2.2. La autonomía universitaria y sus límites. El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional, en la sentencia C-337 de 19967, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las

instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19938, relacionó esos límites, así: 7 M.P. Hernando Herrera Vergara 8 M.P. Alejandro Martínez Caballero Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse

por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio9, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199910). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201011 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución.

Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201812, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) autoorganización “darse sus directivas” y la de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal Constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”13, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las 9 Ver sentencia T-1010 de 2010. 10 M.P. Hernando Herrera Vergara 11 M.P. María Victoria Calle Correa 12 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 13 Ver sentencia C-491 de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes

que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200814) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”15 y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”16. De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su materialización: el de i) autoorganización “darse sus directivas” y el de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales de cara a cumplir

con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa. iv). Los estatutos y/o reglamento de las universidades se convierten en la primera expresión genuina y auténtica de la autonomía universitaria, por lo que resultan de obligatorio cumplimiento, tanto para las directivas como para el estudiantado, y todo el sector administrativo, en general. v). La autonomía universitaria no se constituye en un criterio absoluto de libertad de la universidad, como ente autónomo, frente a las políticas y definición del Estado. Sus límites están en el orden constitucional y legal –libertad de configuración del Legisladory, en especial, en los derechos fundamentales. Bajo los presupuestos expuestos, se analizará el caso del acto demandado. 2.3. Análisis del caso concreto. Los argumentos en los que se soporta la demanda tienen como reproche que el acto con el que se designó a JORGE PACHÓN GARCÍA como Representante de 14 M.P. Humberto Sierra Porto 15 Ver sentencia C-829 de 2002. 16 Ver sentencia T-097 de 2016 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 los profesores ante el Consejo Superior Universitario, presuntamente desatendió las normas en las que debía fundarse, se expidió con violación de la Constitución y la Ley, y, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos del claustro universitario.

Le corresponde al Ministerio Público, dar cuenta si, con ocasión de la declaratoria de la elección del señor JORGE PACHÓN GARCÍA como Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, se vulneró el ordenamiento jurídico, por cuanto i) presuntamente fue elegido al tener una posición privilegiada y provechosa como Representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, por lo tanto, debió manifestar su impedimento y, ii) se desconoció la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución Política. 2.3.2.1. Haber sido elegido al tener una posición privilegiada y provechosa como representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, por lo tanto, debió manifestar su impedimento. La Rectoría de la Universidad de los Llanos, el 10 de septiembre de 2021, a través de la Resolución No. 0990, convocó a elección del Representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario y, señaló como fecha para la realización de esta, el día 1º. de octubre de 2021. El demandante alegó que el señor JORGE PACHÓN GARCÍA conservó una posición privilegiada y provechosa como Representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos dentro de la convocatoria pública antes citada, por cuanto, el demandado en calidad de Representante de los profesores, intervino en las etapas preparatorias del nuevo estatuto de la universidad (Acuerdo Superior 003 de 2021), en el que se establecieron las calidades para ser Representante de los profesores ante el Consejo Superior

Universitario y, se permitió la de reelección de los representantes ante dicho Órgano Directivo y de Gobierno; por lo tanto, tuvo oportunidad de conocer, intervenir, opinar, aconsejar, advertir y prevenir sobre las condiciones y exigencias que debía reunir dicha convocatoria. Conforme a las actas de sesiones ordinarias del Consejo Superior de los Llanos No. 010 del 10 de mayo de 2020 y No. 002 del 20 de enero de 2021, se discutió el proyecto de Acuerdo Superior para los Estatutos de la Universidad en primer y segundo debate. En dichas sesiones se aprobó por unanimidad el artículo 13 del Estatuto General de la Unillanos, en el que se establecen los requisitos que deben cumplir los candidatos para ser miembro del Consejo Superior Universitario, en calidad de Representante de los Profesores. Asimismo, de acuerdo con las actas de sesiones ordinarias del Consejo Superior de los Llanos No. 004 del 10 de febrero de 2021 y No. 009 del 8 de abril de 2021, fue aprobado unánimemente el artículo 19 del Estatuto General de la Unilla