PGN - NULIDAD ELECTORAL - Decisión de segunda instancia frente al mérito como principio co

NULIDAD ELECTORAL-Decisión de segunda instancia frente al mérito como principio constitucional dentro de convocatoria para elección de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías NULIDAD ELECTORAL-Por la causal de expedición irregular e infracción de normas en que el acto debía fundarse según sentencia del Consejo de Estado CONCEJOS MUNICIPALES-Parámetros que rigen elección de sus Secretarios Generales según regulación legal COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-Es un pronunciamiento solo sobre argumentos expuestos por apelante, sin perjuicio de decisiones que deba adoptar de oficio PRUEBAS OBRANTES-Permiten inferir que el proceso de votación para elegir Secretario General del Concejo Municipal se adecuó al reglamento interno de esta Corporación/CONVOCATORIA-El acto que modificó la elección se fundó en disposiciones de orden superior que se basaron en la selección según el mérito/NULIDAD ELECTORAL-Se deben negar sus pretensiones en el sub examine ….Si bien es el demandante afirmó que la modificación obedeció a la aplicación de una norma que no se encontraba vigente, lo cierto es que tal variación también estaba soportada en disposiciones de rango superior, en la que el mérito sobresale como parámetro preponderante para la vinculación de personal que presta servicios como funcionario público. Tan es así, que el analizar los datos contenidos en el Acta No. 5, en el ítem referente al total en la ponderación de puntajes…. y tenían la misma puntación (80) en la sumatoria de los valores dados a las etapas de cumplimiento de requisitos, estudios adicionales y experiencia, y que lo que llevó a que la primera superara a la

segunda en el lugar de la lista de elegibles fue precisamente el puntaje alcanzado en la prueba de conocimientos, Con lo anterior, es claro que la expedición de la Resolución No. 073 de 2020, si bien estuvo erróneamente soportada de manera parcial en una norma derogada, también lo es que se fundó en otras disposiciones de rango superiores en las que se le dio preponderancia al mérito como factor diferencial para la conformación de la lista de elegibles, hecho por el cual en nada anula el proceso adelantado por la Convocatoria 048 de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 19 de mayo de 2022 Concepto No. 2022-05-NE-068 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 50001-23-33-000-2021-00057-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 CPACA. ARTÍCULO 137, ARTÍCULO 126

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA)

DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE MOLINA ROJAS

DEMANDADO: PATRICIA MORERA ANAYA COMO

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

DE ACACÍAS (META).

TRÁMITE: SEGUNDA INSTANCIA.

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: MÉRITO

COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DENTRO DEL

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA

ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DE

CONCEJOS MUNICIPALES.

Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1.1.1. Por medio de Resolución No. 48 de 17 de noviembre de 2020, el Concejo Municipal de Acacías – Meta, realizó convocatoria para elección de su Secretario General. 1.1.2. Con Resoluciones Nos. 73 y 77 de 01 y 17 de diciembre del mismo año, respectivamente, el Concejo Municipal de Acacías – Meta, realizó modificaciones a la Resolución No. 48 de 2020. 1.1.3. En sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2020, el Concejo Municipal de Acacías – Meta, eligió y posesionó a la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, como Secretaría General de dicho órgano político, para la vigencia 2021, decisión que quedó contenía en Acta 134, tercer punto del orden del día. 1.1.4. En sesión extraordinaria de 8 de enero de 2021, el Concejo Municipal de Acacías – Meta, dando cumplimiento al fallo de tutela 503184089001-2020-00202Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 00, posesionó a la señora PATRICIA MORERA ANAYA, como Secretaria General de dicho órgano político, para la vigencia 2021, decisión que quedó contenía en Acta 001, quinto punto del orden del día. 1.1.5. El ciudadano JORGE ENRIQUE MOLINA ROJAS, demandó el acto de elección del Secretario General del Concejo Municipal de Acacías – Meta, para el periodo 2021. 1.1.6. El Tribunal Administrativo del Meta, en su Sala de Decisión Oral Cuatro, el 10 de marzo de 2022, NEGÓ las pretensiones de nulidad contenidas en el acto de demanda. 1.1.7. El 28 de marzo de 2022, MOLINA ROJAS, en su calidad de demandante, presentó recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Meta. 1.1.8. Con Auto de 26 de abril de 2022, el Consejo de Estado admitió el recurso de apelación deprecado.

1.2. Fallo en Primera Instancia. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 10 de marzo de 2022, resolvió NEGAR las pretensiones de la demanda. Hizo un recuento de los antecedentes de la demanda y de sus fundamentos fácticos; así como de la contestación realizada por parte del Concejo Municipal de Acacías – Meta,1, de la intervención de terceros2, de las alegaciones finales y del concepto rendido por el Ministerio Público. Fijó el problema jurídico3 en los siguientes términos: “sí hay lugar o no a declarar la nulidad del acto de elección contenido

en el acta de sesión extraordinaria 134 del 18 de diciembre de 2020, por medio de la cual, entre otros, se eligió como Secretaria General del Concejo municipal de Acacías, para la vigencia 2021, a Katherine Arenas Álvarez. Igualmente, se decidirá si hay lugar o no a declarar la nulidad del acta de la sesión extraordinaria 01 de 8 de enero de 2021, por medio de la cual, entre otros, se eligió y posesionó en el cargo de Secretaria General del concejo municipal de Acacías, para la vigencia 2021, a Patricia Morera Anaya. Lo anterior, al considerar que los actos demandados vulneraron lo dispuesto en los artículos 24, 35 y 37 de la Ley 136 de 1994 y 9, 50, 84 parágrafo único, 85 parágrafo 1 y 88 del Acuerdo municipal 427 de 2016 (reglamento interno del Concejo municipal de Acacías”. 1 Patricia Morera Anaya, guardó silencio frente al particular. 2 Intervención realizada por 7 concejales de Acacías – Meta. 3 Planteada en audiencia inicial de fecha 24 de enero de 2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Trajo a colación algunas generalidades sobre el marco normativo y jurisprudencial para elección de secretarios de los concejos municipales y se refirió al caso en concreto. Señaló el fallador de instancia que los motivos de inconformidad del demandante

se centraron en que:

1. El Acta 134 de 2020 es nula - en cuanto a la designación de la Secretaria General del Concejo municipal de Acacías – Meta, para la vigencia 2021, por violar los artículos 24 de la Ley 136 de 1994 y 88 del Acuerdo municipal 427 de 20164, al no seguir el procedimiento allí establecido, puntualmente en lo que refiere al voto secreto.

2. Igualmente, que es nula dicha elección, en tanto algunos de los concejales que participaron en la sesión, actuaron de forma dolosa.

3. El Acta 01 de 2021 también es nula, en cuanto a la elección de Patricia MORERA ANAYA5, por violar lo reglado en la Ley 136 de 1994 y en el Acuerdo municipal 427 de 2016, sumado a que con ella se materializa la posesión de una persona que no fue elegida para dicho cargo.

4. Finalmente, cuestionó la legalidad de la Resolución 073 de 2020, pues en su entender, es violatoria de la norma y de los derechos de quienes ya habían aplicado bajo la modalidad de convocatoria pública.

El a quo precisó que “los cuestionamientos del demandante frente a las supuestas actuaciones dolosas de algunos de los concejales que intervinieron en el proceso de elección cuestionada, así como frente a la decisión de tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal (Meta) proferida el 6 de enero de 2021 y la legalidad de la Resolución 073 de 2020, no serán analizados por la Sala, por cuanto no hacen parte del objeto del proceso”, por lo que el análisis lo centró

únicamente en los actos demandados – Actas 134 de 2020 y 01 de 2021 – y en el procedimiento adelantado en la sesión de elección y posesión. Encontró probado que el Concejo de Acacías – Meta, en virtud de los artículos 37 de la Ley 136 de 1994 y 50 del Acuerdo 427 de 2016 - expidió la Resolución No. 48 de 17 de noviembre de 2020, en la que realizó la convocatoria6 para la elección de la Secretaria General de dicha corporación, a la cual se presentaron 10 hojas de vida de aspirantes, resultando 6 de ellas admitidas, entre ellas, las de las

señoras PATRICIA MORERA ANAYA Y KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ.

Dicha convocatoria fue modificada mediante Resolución No. 73 de 1 de diciembre de 2020, proferida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, en el sentido de dar aplicación por analogía a la Ley 1904 de 2018, incluyendo una prueba de conocimientos; ajustando los porcentajes de las pruebas, la ponderación y las etapas. 4 Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías Meta. 5 Por fallo de tutela 503184089001-2020-00202-00. 6 En aquel acto se estableció, entre otros, el porcentaje asignado a cada etapa, la estructura del proceso, cronograma, la naturaleza del cargo y sus funciones y los principios orientadores. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4 La prueba de conocimientos se desarrolló el 11 de diciembre de 2020 y el 16 del mismo mes y año, en sesión extraordinaria,7 se surtió la entrevista a los participantes, en donde cada uno de los concejales asignó el puntaje que creía conveniente a los postulados. Mediante Resolución No. 77 de 17 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva del Concejo de Acacías, modificó la Resolución No. 73 antes mencionada, suprimiendo de sus consideraciones el texto que indicaba “que de conformidad con lo anterior, se hace de imperiosa necesidad dar aplicación analógica a la Ley 1904 de 2018 y ajustar la convocatoria a fin de dar cumplimiento a tal disposición en lo aplicable al caso concreto de Elección de Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías” toda vez que la norma enunciada había sido derogada por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019. Dentro del proceso de elección, y surtidas todas las etapas, la lista de elegibles quedó compuesta por 5 candidatos, estando PATRICIA MORERA ANAYA en primer lugar y KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ en segundo, por lo que en sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2020, los 15 concejales que integraban el Concejo Municipal de Acacías procedieron a realizar la respectiva votación, en donde 8 de ellos, al ser llamados a emitir su apoyo, de viva voz, manifestaron que este era por MORERA ANAYA8; sin embargo, al momento de realizar el escrutinio, únicamente aparecieron 7 votos a favor de esta y 8 en respaldo de la

candidatura de ARENAS ÁLVAREZ, quien fue nombrada y posesionada en la misma sesión como Secretaria General. Inconforme con este nombramiento, PATRICIA MORERA promovió acción de tutela contra el Concejo Municipal de Acacías, a fin de que este respetara la lista de elegibles, petición que fue concedida provisionalmente por el Juzgado Promiscuo Municipal del Guamal, en decisión de 22 de diciembre de 2020, y, definitiva en sentencia de 6 de enero de 2021, hecho que conllevó a que se posesionara a MORERA ANAYA en sesión de 8 de enero de del mismo año – Acta 01 – como Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías. Pese a esto, la decisión antes mencionada fue impugnada por varios concejales, y revocada por improcedente, en decisión de 25 de febrero de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, bajo el argumento que existían otros medios de defensa judicial para controvertir ese acto de elección, como la acción de nulidad electoral. Teniendo como fundamento la anterior sentencia, el Tribunal Administrativo del Meta, advirtió que no se pronunciaría sobre el Acta 01 de 2021, porque la misma se encontraba sin efecto - en virtud del fallo impugnado - y las circunstancias que dieron lugar a la elección de PATRICIA MORERA ANAYA, habían desaparecido. Finalmente, en lo que atañe a los cuestionamientos sobre el Acta 134 de 2020, en cuanto al procedimiento de la votación surtida para la elección del Secretario General del Concejo municipal de Acacías, señaló que si bien el reglamento

interno9 de dicha corporación política, establece que el modo de votación que se 7 Consta en Acta 133. 8 Como se evidencia en Acta de sesión, No. 134. 9 Acuerdo Municipal 427 de 9 de diciembre de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 emplea para elección de funcionarios es el secreto10, recordó que por vía jurisprudencial, tanto el Consejo de Estado11 como la Corte Constitucional12, al hacer alusión al régimen de bancadas y las modalidades de votación en las corporaciones públicas de elección popular, han señalado que “el voto secreto es potestativo cuando la elección no tiene que ser votada de forma pública, pues en ese evento cada elector puede decidir el sistema de votación que va a emplear público o secreto, refiriendo que la votación secreta no es un imperativo legal sino una posibilidad a la cual pueden acudir los miembros de la corporación”.

Con ello, afirmó que el proceso de votación para la elección de la Secretaria del Concejo de Acacías, realizado el 18 de diciembre de 2020 no desconoció el procedimiento previsto en el Acuerdo municipal 427 de 2016. 1.3. Recurso de apelación. El demandante, inconforme con la decisión de instancia, presentó recurso de apelación en los siguientes términos: Adujo que la elección del Secretario General del Concejo Municipal de Acacias –

Meta, “no estuvo guiado ni permeado por los principios constitucionales de transparencia y mucho menos de criterios de mérito”. Resaltó que la Directiva del Concejo Municipal de Acacias profirió la Resolución No. 73 de 1º de diciembre de 2020, dando aplicación analógica al parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, aun cuando dicha disposición se encontraba derogada - de conformidad con lo establecido en el artículo 336 de la Ley 1955 de 201913 - hecho que motivó que se expidiera la Resolución No. 077 de 17 de diciembre de 2020 por la misma corporación, eliminando la remisión a la prenotada norma. Advirtió que la Resolución No. 073 de 2020 tuvo vigencia durante 17 días, hecho que vició de nulidad la convocatoria misma, y sobre lo cual no se pronunció el Tribunal. Señaló que los concejales no podían anunciar públicamente su voto, pues el mismo es secreto, conforme el reglamento del mismo Concejo Municipal, y en caso de querer hacerlo, debió ser el vocero de cada bancada quien lo realizara, lo que no tuvo ocurrencia en el presente asunto, pues se hizo de forma individual. Adujo que, en caso de acogerse la postura señalada por el Consejo de Estado en los fallos traídos a colación en la sentencia impugnada, en cuanto a que los concejales podían manifestar su apoyo de forma pública, existe una violación al reglamento interno, ya que estos no solo señalaron a viva voz a quién apoyarían, sino que también lo realizaron de forma secreta, por lo que sufragaron de las dos formas.

Igualmente, que los fallos de la máxima autoridad de lo contencioso, sobre votar pública o secretamente, aplican únicamente a los candidatos que son ternados por las cortes mas no por los congresistas. 10 Artículos 84, 85 y 88. 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 76001-23-31-000-2012-00110-02. M.P. Alberto Yepes Barreiro, 19 de septiembre de 2013. 12 Sentencia C 1017 de 2012 13 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que NEGÓ las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacias – Meta, para el periodo 2021. Previo a dicho análisis, el Ministerio Público se referirá (i) la causal de nulidad de expedición irregular e infracción de normas en que debía fundarse; (ii) de la elección de secretarios generales de los concejos municipales; para finalmente (iii)

analizar el caso en concreto a partir de los argumentos planteados en la apelación, que delimitan el ámbito de competencia del juez de segunda instancia. 2.2. Las causales de nulidad de expedición irregular e infracción de normas en que el acto debía fundarse. La causal de expedición irregular del acto se refiere a la omisión de formalidades sustanciales en la generación de este. Para su configuración, además se requiere que la omisión o faltante sea de tal magnitud que, sin ella, el resultado habría sido otro. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en procesos de nulidad electoral, ha indicado: “La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas. Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.”14 (Negrilla fuera del texto). Así, el análisis de la causal de expedición irregular, no se circunscribe a establecer si hubo inconsistencias en su expedición, sino que se debe probar, además, que

tienen incidencia en el resultado. 14 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta de 27 de enero de 2011, M.P. Mauricio Torres Cuervo, Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00 y de 3 de noviembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2016-00023-00. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Por su parte, la causal de infracción de las normas en que el acto debería fundarse ha sido considerada por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un vicio formal de nulidad de los actos administrativos15, en la que se hace una contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores. En ese sentido lo ha afirmado el Alto Tribunal, en los siguientes términos: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el

derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”16 2.3. Elección de Secretarios Generales de los Concejos Municipales Frente a los Concejos Municipales, la Ley 136 de 199417 ha establecido que dichas corporaciones deben expedir su propio reglamento interno para su funcionamiento18, y que la elección de los funcionarios que estén bajo su competencia se deberá realizar dentro de los 10 primero días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus periodos constitucionales19. En lo que atañe a la elección de los Secretarios de los Concejos Municipales, la misma disposición normativa dispone: “ARTÍCULO 37. Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo. 15 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Exp. No. 4100123310002003004801 (0601-2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Exp. No. 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. No. 11001032600020150002200 (53057), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

17 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. 18 Artículo 31. 19 Artículo 35 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 8 En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos años. En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las ausencias temporales las reglamentará el Concejo.” (Negrilla adicional). Por su parte, el artículo 126 de la Constitución Política – modificado por el acto Legislativo 02 de 2015 - establece en su inciso 4 que “Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. Con ello, la elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas, debe estar precedida de una convocatoria pública, en donde se establezca de forma clara el procedimiento y los requisitos exigidos.

Por su parte, la Ley 1904 de 201820, en su artículo 12 señaló que: “ARTÍCULO 12. Vigencia y derogaciones. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 23 de la Ley 5 de 1992. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos municipales de entidades territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio”21 (Subraya adicional). Dicha aplicación por analogía se mantuvo hasta la expedición de la Ley 1955 de 201922, cuando esa disposición, en su artículo 336, expresamente la derogó. Sin embargo, la Corte Constitucional, en Sentencia C 133 de 202123, declaró INEXEQUIBLE el apartado que de la mentada derogatoria, en los siguientes términos: 20 Por la cual se establecen las reglas de la Convocatoria Pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República 21 Modificado por la Ley 2200 de 2022 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos” 22 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

23 Corte Constitucional. Ref. Expediente D-13759. M.P. Diana Fajardo Rivera Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 “108. El demandante propuso la inconstitucionalidad de la expresión el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 contenida en el inciso segundo del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, por vulnerar los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia (Artículos 157.2, 158 y 160 de la Constitución Política).

109. La Sala concluyó que el aparte censurado del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 desconoce los principios constitucionales de consecutividad e identidad flexible previstos en los artículos 157.2 y 160 de la Constitución, toda vez que si bien es posible que las plenarias introduzcan contenidos normativos novedosos durante el trámite de la Ley del plan nacional de desarrollo, deben tener relación con las temáticas y materias aprobadas y discutidas en primer debate conjunto de las comisiones Tercera y Cuarta de ambas cámaras. En el texto examinado se constató que los congresistas no debatieron durante el trámite legislativo de la Ley 1955 de 2019, temáticas relacionadas con el artículo 126 de la Constitución Política, y específicamente, con la

aplicación de la Ley 1904 de 2018, de forma análoga, a la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas. En consecuencia, se evidenció la inconstitucionalidad del aparte demandado.

110. Adicionalmente, la Sala Plena señaló que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada, ha operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de

2018.

111. Respecto a la violación del principio de unidad de materia, la Sala no abordó el análisis del cargo propuesto porque el apartado demandado ya había quedado por fuera del ordenamiento jurídico una vez se encontró que vulneraba los principios de consecutividad e identidad flexible” (Negrilla adicional) Con dicha declaración de INEXEQUIBILIDAD, operó la reincorporación del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, y con ello, las reglas allí contenidas se encuentran plenamente vigentes, por lo que el procedimiento aplicable para la selección de Secretarios Generales de Concejos municipales es el contenido en el articulo 6 de

la misma Ley, el cual señala: “ARTÍCULO 6. Etapas del Proceso de Selección: El proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las siguientes etapas:

1. La convocatoria,

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2. La inscripción,

3. Lista de elegidos,

4. Pruebas,

5. Criterios de selección,

6. Entrevista,

7. La conformación de la lista de seleccionados y,

8. Elección” 2.4. Caso en concreto. 2.4.1. Competencia del juez de segunda instancia.

El artículo 320 del CGP, señala que “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (…).” (Negrilla fuera de texto). En el mismo sentido, el artículo 328 del mismo Código, determina la competencia del superior en los siguientes términos: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. (…)” Ello significa, como lo ha sostenido la Sala que: “…el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni la sentencia estudió.”24 En ese orden, el juez de segunda instancia está limitado por los argumentos que se plantean en el escrito de apelación; de modo que, solo puede estudiar los

puntos de derecho allí planteados o, lo que es lo mismo, tiene vedado abordar aspectos del fallo recurrido que no fueron objeto de reproche en recurso de apelación. 2.4.2. Argumentos frente al recurso de apelación El apelante centra su inconformidad en que en el proceso de elección que la Secretaria General del Concejo Municipal, la Mesa Directiva de dicha Corporación expidió un acto – Resolución No. 073 de 2020 – que