PGN - NULIDAD ELECTORAL - Del acto de designación en el cargo de gerente de la empresa de

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2022 Concepto No. 2022-03-T-035 Doctor

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección C

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-01502-00

ACCIONANTE: Organización Política Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia

ACCIONADO: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado concedido en el Auto del 09 de marzo de 2022, notificado electrónicamente el día 24 del mismo mes y año, en mi condición de Agente del Ministerio Público delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, presento concepto dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia, en calidad de agente vinculada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-28-000-2020-00093-00, cuya sentencia se controvierte por esta acción.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El actor DIEGO FELIPE URREA VANEGAS, actuando en nombre propio y como Representante del “Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia”, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pretendiendo que se declarara la nulidad de los siguientes oficios proferidos por dicha entidad: i)

Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C.

Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co RDE – DGE – 0638 por medio del cual se le informó que el “Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia” no cuenta con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto, sola podría postular candidatos a la presidencia de la república, a través de un grupo significativo de ciudadanos, teniendo en cuenta las reglas establecidas para tales efectos, y, ii) RDE – 751 del 7 de abril de 2020, por medio del cual, se confirma el acto recurrido. 1.1.2. Por Sentencia del 20 de enero de 2022, proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2020-00093-00, la Sección Quinta del Consejo de Estado, resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento principalmente en los siguientes argumentos: “…No le era exigible a la autoridad demandada acoger favorablemente la solicitud que en sede administrativa efectuó el demandante, en cuanto, en primer lugar, ello supondría dar trámite a una inscripción que se hizo de manera extemporánea el 3 de febrero de 2020, tal como se explicará más adelante. Y, en segundo término, debido a que si bien el Estado se comprometió a implementar mecanismos idóneos que faciliten la participación política de ciertos grupos minoritarios que actualmente no tienen representación, en manera alguna ello conlleva de facto a que dichas colectividades se encuentren exentas de cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1475 de 2011 que se estudiaron en el numeral 4º de esta providencia y sin los cuales no sería

posible la inscripción de un candidato. En este orden, la negativa de la entidad demandada en inscribir a un candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial no puede considerarse como una actuación restrictiva de los derechos políticos del “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, por el contrario, se ajustó a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 996 de 2005 que prescribe que: “La inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial” y en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 que contempla: “En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.”. En efecto, el 29 de mayo de 2022 se llevará a cabo la elección presidencial en primera vuelta, tal como lo establece la Resolución 4371 de 18 de mayo de 2021, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil11; por tanto, el 29 de enero de 2022 iniciará el período de inscripción de candidatos. De esta manera, al haberse solicitado la inscripción el día 3 de febrero de 2020, salta a la vista que la misma se efectuó de manera extremadamente anticipada al plazo que el legislador estatutario previó, el cual no puede ser desconocido en detrimento del principio de preclusividad que debe regir a este tipo de procesos democráticos, así como el derecho a la igualdad que se debe

proteger frente a los demás aspirantes políticos.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.3. Inconforme con la decisión, el 23 de enero de 2022, el señor DIEGO FELIPE URREA VANEGAS interpone acción de tutela contra la sentencia del 20 de enero de 2022 expedida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por cuanto a su juicio, le fueron vulnerados los derechos fundamentales descritos en los artículos 2, 13 y 40 de la Constitución Política, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Fundamentales; 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como y los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la participación. 1.1.4. Como pretensiones de la tutela, el actor demanda del juez constitucional el amparo de los derechos fundamentales invocados, al igual que solicita como medida cautelar se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil que proceda a la inscripción de un (1) candidato a la presidencia y un (1) candidato a la vicepresidencia de la República de Colombia para las elecciones del periodo 2022-2026. 1.2. Argumentos de la acción de tutela El accionante URREA VANEGAS, dentro del mecanismo constitucional incoado

expone lo siguiente: “Resulta equívoco negar las pretensiones de la demanda por el período de inscripción de candidatos a la presidencia de la República que inicia el día 29 del presente mes dado que la petición inicial fue presentada al Consejo Nacional Electoral solicitando la inscripción a las elecciones presidenciales basados en el reconocimiento de la organización política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia como actor del proceso de paz, la cual fue trasladada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, remitiéndonos a las reglas electorales tradicionales como lo es la inscripción por firmas, desconociendo la progresividad de los derechos políticos de la organización política Movimiento Ciudadano Indignados Colombia, en este caso prima el artículo 228 de la Constitución Política que consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que propende porque las normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos, en la demanda se buscaba efectivizar los derechos fundamentales a la participación política, democrática y los demás expuestos en la acción para inscribirnos conforme al cronograma establecido en el calendario electoral. Actualmente estamos abocados a un perjuicio irremediable debido a que, las inscripciones para las elecciones presidenciales Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 son hasta el próximo 11 de marzo de 2022 de acuerdo a la resolución No. 4371

del 18 de mayo de 2021 Registraduría Nacional del Estado Civil.” 1.3. Traslado para intervenir Mediante Auto del 9 de marzo de 2022, el Magistrado Ponente vinculó al trámite de acción de tutela a los intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, entre ellos, la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, haciéndole llegar copia del escrito de tutela, a efectos que se realicen las manifestaciones que considere pertinentes, para lo cual otorgó un término de tres días contados a partir del recibo de la comunicación, razón por la cual, esta Agente procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia del 20 de enero de 2022 vulneró los derechos fundamentales a la organización política “Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia” representada por el señor DIEGO FELIPE URREA VANEGAS, al negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos proferidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil contenidos en los oficios RDE – DGE – 0638 y RDE – 751 del 7 de abril de 2020, mediante los cuales se abstuvo de inscribir candidatos a la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre los requisitos de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego pronunciarse sobre el caso concreto.

2.2. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

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Página 4 La Corte Constitucional1 ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales2, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 constitucional, el cual al consagrar la acción de tutela, previó expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. De manera especial en la sentencia C-590 de 20053, la Corte estableció las causales de orden general y especial que debe examinar el juez constitucional para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otro juez. La tutela procede únicamente cuando se verifica la totalidad de los requisitos generales de procedencia que se mencionan a continuación: (i) “Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;(…) (iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un

efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…) (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (…)”. 1 T-522 de 2016 2 El concepto de providencia judicial en el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales, en tanto éstos últimos tengan un contenido y alcance que pueda vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes en los procesos jurisdiccionales. Cfr. Sentencias T-224 de 1992, T-025 de 1997, T-1047 de 2003, T-489 de 2006 y T-148 de 2010. 3 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

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Página 5 Si la acción de tutela promovida contra un fallo judicial supera el examen anterior, puede el juez constitucional entrar a analizar si en la decisión judicial se configura al menos uno de los requisitos especiales de procedibilidad:  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia

para ello.  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Defecto material o sustantivo, en los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.  Violación directa de la Constitución. 2.4. Análisis del caso concreto Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

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Página 6 Se advierte que el escrito de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción, por cuanto: El asunto que se discute es relevante constitucionalmente, en el entendido que cuestiona la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el derecho a la participación del accionante. Indica el accionante que no cuenta con otro medio de defensa judicial dado que se trata de una acción contra una decisión del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa en única instancia. Cumple con el requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta que el fallo cuestionado se profirió el 20 de enero de 2022 y la acción de tutela se interpuso el 23 de enero de 2022. En palabras del tutelante, la irregularidad procesal alegada tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se cuestiona, por cuanto la interpretación adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-28-000-2020-00093-00, le impide al recurrente la inscripción de un (1) candidato a la presidencia y un (1) candidato a la vicepresidencia de la República de Colombia para las elecciones del periodo 2022-2026 y, por tanto, se afectarán sus derechos fundamentales. No obstante, advierte el Ministerio Público que la acción de tutela interpuesta por DIEGO FELIPE URREA VANEGAS en representación de la organización política Movimiento Ciudadano Indignados por Colombia, contra la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia del 20 de enero de 2022,

resulta improcedente, por cuanto no se configuran los requisitos especiales de procedibilidad. A saber: En efecto, no se produjo un defecto orgánico, por cuanto el funcionario que expidió la Sentencia de 20 de enero de 2022 era el competente para ello. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

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Página 7 Tampoco se incurrió en un defecto procedimental absoluto, teniendo en cuenta que se agotaron todas las etapas procesales, según el procedimiento establecido para los casos de nulidad y restablecimiento de derecho en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-. No hubo un error inducido, por cuanto la Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó la decisión con base en la interpretación propia y auténtica de los artículos 7 y 8 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 y el 28 de la Ley 1475 de 2011, lo que en armonía con los medios de prueba, condujo a la toma de la decisión que llevó al rechazo de la nulidad y restablecimiento de derecho ejercida contra los actos administrativos RDE – DGE – 0638 y RDE – 751 del 7 de abril de 2020 expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Sentencia del 20 de enero de 2022 se profirió bajo el marco de la motivación suficiente, esto es, que tuvo en cuenta las intervenciones de los sujetos

procesales, expuso con suficiencia los fundamentos fácticos y jurídicos, así como la prescripción normativa necesaria, pertinente y conducente para la adoptar la decisión. No se advierte el desconocimiento de un precedente judicial, menos, bajo la inaplicación del alcance de los derechos fundamentales alegados como desconocidos. Tampoco se avizora un defecto sustantivo, por cuanto la interpretación y aplicación de las normas traídas a colación por el magistrado de instancia no eran inexistentes o inconstitucionales, como tampoco representan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. El tutelante alega que se incurrió en un defecto fáctico, porque no se reconocieron como víctimas del conflicto a los coadyuvantes de la demanda; sin embargo, teniendo en cuenta que el mencionado defecto solo se presenta cuando “el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación”4 resulta errado afirmar que la situación invocada por el demandante sea un defecto fáctico habida cuenta de que, ésta solo se presenta si se incurre en uno de los escenarios anteriormente descritos, lo cual no sucede en el presente caso.

La decisión objeto de controversia se profirió a partir del debate jurídico dilucidado durante el proceso y está fundamentada en las normas vigentes que le son aplicables al caso. Por lo tanto, no se configura un defecto fáctico. Finalmente, con respecto a la violación directa a la Constitución, la decisión del 20 de enero de 2022 se fundamenta en su artículo 108 que reglamenta de manera expresa la inscripción de candidatos por parte de los movimientos sociales y grupos significativos sin personería jurídica, razón por la cual, esta Agencia considera que el fallo objeto de estudio se ajusta a las normas constitucionales, por lo tanto, no hubo lugar a violación expresa al mandato constitucional. Una vez efectuado un análisis jurídico frente a la procedencia de la acción realizado en líneas anteriores, en lo concerniente al caso objeto de estudio esta Delegada reiterará la postura manifestada en el concepto No. 2022-01-NRD-006 de fecha de 17 de enero de 2022, donde se dio estudio en sede de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, expresando en su momento lo siguiente: La inscripción de candidatos a elecciones y el reconocimiento de la personería jurídica a los Partidos, Movimientos Políticos y Grupos Significativos de Ciudadanos, se encuentra regulado primigeniamente en el artículo 108 constitucional, bajo el ropaje de dos reformas constitucionales, mediante Actos Legislativos de 2003 y de 2009. El artículo 108 de la Constitución Política señala en sus incisos tercero y cuarto que: “los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida

podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada 4 T-459 de 2017 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”.

En este sentido, el artículo 9 de la Ley 130 de 1994, dispone que: “ARTICULO 9o. DESIGNACION Y POSTULACION DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato. Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el

equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.” (Subrayado fuera de texto). Luego, con la expedición de la Ley 1475 de 2011, se señaló en relación con la inscripción de candidatos lo siguiente: “ARTICULO 28. INSCRIPCION DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consultaexceptuando su resultado-deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas. Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por

un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral.” (Subrayas fuera de texto). La Ley 1475 de 2011 fue objeto de control constitucional previo5, y respecto del artículo 28 antes transcrito, se consideró lo siguiente: “90. Observa la Corte que, de manera general, el artículo 28 del Proyecto tiene como propósito desarrollar el derecho de postulación de

los partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos. Para el efecto, establece una diferencia entre los requisitos de inscripción para los candidatos de los partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica, y aquellos postulados por grupos significativos de ciudadanos. Respecto de los primeros exige como presupuesto previo a la inscripción, la verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. En tanto que en relación con la inscripción de candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos contempla, ya no requisitos sustanciales, sino un procedimiento para la inscripción. Introduce asimismo esta norma un porcentaje mínimo del 30%, “de uno de los géneros”, en la conformación de listas de las cuales se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular. Y contempla la inscripción ante la autoridad electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como de los comités independientes organizados para promover el voto en blanco, extendiendo a sus promotores los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales. Esta manera de regular la inscripción y elaboración de listas y candidatos suscita varias observaciones. En primer lugar, la regulación disímil, para partidos y movimientos políticos con personería jurídica (inciso primero) por un lado, y para grupos significativos de ciudadanos (inciso cuarto) por el otro, se refiere a ámbitos distintos. Mientras que respecto de los primeros se reiteran exigencias sustanciales relativas a la necesidad de verificar las calidades, los requisitos y la ausencia de

inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos; en relación con los segundos se diseña un procedimiento orientado a establecer una cierta 5 Corte Constitucional, sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 vocería de la organización ciudadana a través de un comité inscriptor.

En segundo lugar, observa la Corte que la regulación resulta parcial, en la medida que no incluye requisitos para la inscripción de candidatos y listas de todas las agrupaciones a quienes la Constitución reconoce el derecho de postulación. … (…) … la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos negativos para acceder a la función pública, debe ser efectuada en relación con todos aquellos ciudadanos que aspiren a cargos uninominales, o a corporaciones públicas de elección popular, independientemente de que su postulación esté respaldada por un partido o movimiento político, con o sin personería jurídica, un grupo social o un grupo significativo de ciudadanos. La verificación de requisitos de elegibilidad, de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el acceso a la función pública, promueve el cumplimiento de valiosos principios y valores constitucionales como son los de rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, creando un escenario propicio para que las decisiones públicas sean objetivas, se

orienten al adecuado cumplimiento de los fines del Estado, aseguren la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, y la realización del interés general6 al margen de intereses personales o particulares. (…) La referencia explícita que el artículo 108 C.P. hace a los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida, como depositarios del derecho de postulación, no excluye a los partidos y movimientos políticos que no cuenten con tal reconocimiento, toda vez que, como ya lo sostuvo la Corte en aparte anterior de esta sentencia a propósito del análisis de la prohibición de doble militancia (fundamento jurídico 22.1), tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. La mención expresa que hace el inciso tercero del precepto constitucional (Art. 108) a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, tiene el propósito de subrayar que en su caso, la inscripción de candidatos a elecciones requiere el aval del respectivo representante legal o su delegado. (…) Para el análisis de esta norma, es preciso recordar que la Constitución consagró el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a inscribir candidatos para las elecciones, sin requisito adicional distinto al aval del representante legal de esa 6 Corte Constitucional, sentencia C-348 de 2004. A su vez, los criterios expuestos en dicho fallo se apoyan en las sentencias C-380 de 1997, C-200 de 2001 y C-1212 de 2001, entre otras.

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