PGN - NULIDAD ELECTORAL - En contra de actos que establecen procedimiento para dejar sin e

NULIDAD ELECTORAL-En contra de actos que establecen procedimiento para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas NULIDAD ELECTORAL-Se propuso como causales de expedición irregular vicios de forma, falsa motivación y desconocimiento de audiencia y de defensa CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Definición, competencia para conocer asuntos que se le atribuyen y funciones según Constitución Política RESIDENCIA ELECTORAL-Concepto de esta según regulación legal CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Debe surtir un trámite para investigación y determinación de residencia electoral Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral debe agotar un procedimiento para investigar y determinar la residencia electoral del inscrito y evitar que se consume el traslado de votante de una municipalidad a otra, movilización que busca alterar los resultados electorales y el principio de participación en el orden municipal, en tanto en estos solo deben intervenir quienes tengan un interés en razón de su relación de pertenencia con el territorio. La entidad demandada, en ejercicio de su función de velar porque los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías, activa la facultad que tiene de revisar las inscripciones que se han efectuado, bien de oficio o a solicitud de parte, para determinar si estas responden a un criterio material de residencia electoral y garantizar la verdad de los resultados. También, a través de un procedimiento que tiene por objeto determinar la verdadera residencia del inscrito, confronta los resultados del cruce que le entrega la Registraduría de todas aquellas bases que considere procedentes, y a partir de criterios especiales, define si la persona inscrita tiene o no su residencia en donde inscribió la cédula. En el

evento en que el cruce de datos arroje resultados negativos, la autoridad electoral ordena la exclusión del registro del respectivo censo electoral. Ahora bien, cuando la autoridad electoral no logra prevenir la influencia de esas inscripciones en los resultados electorales, corresponderá al juez electoral mediante el medio de control de nulidad electoral, en los términos del numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, declarar la nulidad de la elección si se demuestra que en razón del voto de los no residentes se alteró el resultado electoral CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Potestad de expedir normas con el fin de regular aspectos electorales según sentencia de la Corte Constitucional ACTOS DEMANDADOS-Enjuiciados de nulidad en este sub lite se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico 2 Es así, como dicha reglamentación corresponde a la función de «regular» el desarrollo de procesos electorales y, para el caso bajo examen relativo al ejercicio de la vigilancia y control de los mismos, contiene normas para dejar sin efecto la inscripción irregular de las cédulas de ciudadanía por el fenómeno de trashumancia electoral como ya se ha mencionado, por lo que esta agencia del Ministerio Público encuentra infundados los cargos formulados por la parte actora. Por las razones expuestas en precedencia, este delegado del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, solicita respetuosamente a la Sección Quinta del Consejo de Estado NEGAR las pretensiones de la mandada, toda vez que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, amén de que el demandante no logró desvirtuar la

presunción de legalidad de que están investidos.

Demandante: César Hernando Rodríguez Ramos

Demandado: Consejo Nacional Electoral

IUS: E-2021-608069

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SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2021-608069

Concepto No. 190 Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2021 Doctor LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Consejero ponente Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad Expediente: 11001-03-28-000-2021-00036-00

Demandante: César Hernando Rodríguez Ramos Demandado: Consejo Nacional Electoral (CNE) Tema: Nulidad de contenido electoral Respetado consejero de Estado.

Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Sección Quinta del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. El señor César Hernando Rodríguez Ramos, en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA), solicitó la nulidad de las Resoluciones (i) 215 de 22 de marzo de 2007,

«Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas», en especial, de manera subsidiaria, del aparte contenido en el inciso 3° del artículo 13, en que se indica que «La resolución se notificará de conformidad con el inciso 4° del artículo 44 del C.C.A.»; ii) 597 de 12 de julio de 2011, «Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 215 de 2007»; 300 de 22 (sic) de marzo de 2015; 333 de 16 de marzo

Demandante: César Hernando Rodríguez Ramos

Demandado: Consejo Nacional Electoral

IUS: E-2021-608069 4 de 2015, «Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas», así como de forma subsidiaria el aparte contenido en el inciso 2° del artículo 11, en que se indica que «La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011». Todas expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, se ordene al CNE no proferir más actos de contenido general que regulen el proceso breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía, hasta tanto no se reglamente mediante ley especial. De la misma manera, en el evento en que la entidad demandada sea la competente para regular el proceso breve y sumario que deja sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía, pide que las resoluciones que profiera el CNE se notifiquen personalmente, conforme lo establecen los artículos 66, 67, 68

y 69 del CPACA. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que el CNE expidió la Resolución 215 de 22 de marzo de 2007, la cual fue enmendada por la Resolución 597 de 12 de julio de 2011, que modificó el artículo 8 de aquella. Que el inciso 3° del artículo 13 de la Resolución 215 de 22 de marzo de 2007 establece que el acto que deja sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía objeto de investigación administrativa debe notificarse conforme lo dispone el inciso 4° del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo (CCA). Que el inciso 2° del artículo 8 de la Resolución 215 de 22 de marzo de 2007, fue demandado en nulidad ante el Consejo de Estado, y aunque se denegaron las pretensiones en fallo de 10 de septiembre de 20151, se destacan las siguientes conclusiones: (i) «la Sala debe precisar que dicha disposición únicamente ordena informar la admisión de la solicitud de investigación; es decir, en ese punto aún no se ha dictado acto administrativo alguno pues, se trata de un mero acto de trámite dentro del proceso de contenido electoral que tiene por finalidad proseguir con el procedimiento establecido, el cual no tiene la virtualidad de afectar los derechos ni las situaciones jurídicas de los administrados», y que, (ii) «La decisión que deja sin efectos una inscripción, sí debe notificarse de manera personal, de conformidad con el inciso 3° del artículo 13 de la resolución demandada, en razón de que se trata de un acto administrativo de carácter particular que finaliza un

trámite administrativo y que tiene la virtualidad de afectar derechos particulares». Que la entidad demandada expidió la Resolución 300 de 5 de marzo de 2015, luego la 333 de 16 de marzo de 2015, por medio de la cual se establece el referido procedimiento y derogó las Resoluciones 215 de 22 de marzo de 2007 y 597 de 12 de julio de 2011. 1 Radicado: 11001032600020130013800, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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5 Señala el actor que la resolución derogatoria contiene un cambio transcendental en la notificación personal del acto que deja sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía, concretamente en un aparte del inciso 2° del artículo 11 de la Resolución 333 del 16 de marzo de 2015, en el que se establece que «La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011», lo cual afecta los derechos y situaciones jurídicas de sus destinatarios, por vulnerar el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa (artículos 29 de la Constitución Política y 66 a 69 del CPACA). Que la entidad demandada profirió la Resolución 2857 de 30 de octubre de 2018, que reglamentó el mismo procedimiento, con la que además derogó la Resolución 333 de 16 de marzo de 2015. En este acto en el inciso 1° del artículo 11 se indicó que la resolución se notificaría de conformidad con el artículo 70 del CPACA.

Que las Resoluciones 215, 597, 300, 333 y 2857 transgredieron el procedimiento administrativo general establecido en el artículo 34 del CPACA, comoquiera que prevé que las actuaciones administrativas se someten al trámite general, sin perjuicio de la aplicación de lo regulado en leyes especiales, que no es del caso para la materia que se analiza, dado que el artículo 265 constitucional no prevé la atribución de regular el procedimiento breve y sumario de que trata el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, norma que tampoco le confiere facultad reglamentaria para tal efecto. 1.1.3 Fundamentos jurídicos de la demanda. Citó como normas infringidas por los actos demandados los artículos 29, 150 (numerales 8 y 10), 152 (literal c), 156, 189 (numeral 11), 209, 228, 265 (numerales 1 y 13) de la Constitución Política; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 34, 66 a 69 y 87 (numeral 2) de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Propuso como causales de nulidad las de expedición irregular, vicios de forma, falsa motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. 1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Consejo Nacional Electoral, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y respecto de los hechos indicó que algunos son ciertos, otros son simples apreciaciones subjetivas y los demás deben probarse.

Dice que la Resolución 2857 de 2018 fue expedida para adelantar las investigaciones por trashumancia electoral, mediante un procedimiento breve y sumario, conforme al artículo 4° de la Ley 163 de 1994, y que dicho acto dejó sin efectos la Resolución 333 de 2015 y las demás que le fueran contrarias. En cuanto al procedimiento para cancelar la inscripción de cédulas de ciudadanía, señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció sobre la trashumancia electoral2, indicando que se trata de un procedimiento de policía 2 Sentencia del 10 de diciembre de 1998

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IUS: E-2021-608069 6 administrativa de aplicación inmediata en los términos del artículo 1° del CCA, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, y que el Congreso de la República previó un proceso preventivo de carácter policivo especial que le permite al CNE dejar sin efecto la inscripción para hacer ejercicio del voto de un ciudadano que resida en otro lugar distinto al de su domicilio habitual.

Que no existe violación al debido proceso, pues obró en cumplimiento de su deber legal, no se afecta el derecho a elegir y ser elegido y los actos administrativos proferidos dentro de los procesos investigativos de trashumancia pueden ser controvertidos y recurridos por los particulares, mediante un procedimiento garantista por la actividad probatoria que se despliega.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1 PROBLEMA JURÍDICO

Se fijó en proveído de 29 de octubre de 2021, así: […] se contrae a determinar si las Resoluciones 215 de 22 de marzo de 2007, 957 de 12 de julio de 2011, 300 de 5 de marzo de 2015, Resolución 0333 de 16 de marzo de 2015 y 2857 de 30 de octubre de 2018 del CNE, resultan contrarias a derecho, con cargo a las censuras de (i) violación a las normas superiores; (ii) expedición irregular por no respetar el procedimiento administrativo común previsto en el CPACA; (iii) vicios de forma, comoquiera que el CNE no podía atribuirse la competencia para regular un procedimiento breve y sumario, en tanto carece de potestad reglamentaria (art. 189 num. 11 Superior); (iv) falsa motivación por cuanto la reglamentación del proceso breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción irregular carece de relación con la regulación contenida en los artículos 34 y 66 a 69 del CPACA; (v) violación del debido proceso, el derecho de audiencia y de defensa previstos en el artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 67 a 69 del CPACA, al omitir la notificación personal del acto que declara ineficaz la inscripción de la cédula de ciudadanía, comoquiera que se trata de una acto particular y concreto que finaliza la actuación administrativa, razón que sustenta la censura atinente a que las resoluciones demandadas no brindan dichas garantías, precisamente al no incluir la notificación personal del acto ya referido. Aunado a que esta permite la

oportunidad de defenderse y probar el lugar de residencia para el afectado con la decisión y, por ende, no puede producir efectos legales, no queda en firme y no adquiere fuerza ejecutoria (art. 87 num. 2 CPACA) si no hay lugar a la notificación personal. 2.2. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL. 2.2.1 Competencia del Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente que hace parte de la Organización Electoral junto con la Registraduría Nacional del

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7 Estado Civil, de cuyas funciones se destacan, entre otras, las siguientes, contenidas en el artículo 265 de la Constitución Política: Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.

[…]

4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.

[…]

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión

política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. […]3 Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral debe agotar un procedimiento para investigar y determinar la residencia electoral del inscrito y evitar que se consume el traslado de votante de una municipalidad a otra, movilización que busca alterar los resultados electorales y el principio de participación en el orden municipal, en tanto en estos solo deben intervenir quienes tengan un interés en razón de su relación de pertenencia con el territorio. La entidad demandada, en ejercicio de su función de velar porque los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías, activa la facultad que tiene de revisar las inscripciones que se han efectuado, bien de oficio o a solicitud de parte, para determinar si estas responden a un criterio material de residencia electoral y garantizar la verdad de los resultados. También, a través de un procedimiento que tiene por objeto determinar la verdadera residencia del inscrito, confronta los resultados del cruce que le entrega la Registraduría de todas aquellas bases que considere procedentes, y a partir de criterios especiales, define si la persona inscrita tiene o no su residencia en donde inscribió la cédula. En el evento en que el cruce de datos arroje resultados 3 Modificado por el artículo 12 del Acto legislativo 1 de 2009.

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IUS: E-2021-608069 8 negativos, la autoridad electoral ordena la exclusión del registro del respectivo censo electoral.

Ahora bien, cuando la autoridad electoral no logra prevenir la influencia de esas

inscripciones en los resultados electorales, corresponderá al juez electoral mediante el medio de control de nulidad electoral, en los términos del numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, declarar la nulidad de la elección si se demuestra que en razón del voto de los no residentes se alteró el resultado electoral4. 2.2.2 Sobre la residencia electoral La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 316, que «En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio». Por su parte, de acuerdo con el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios», debe entenderse por residencia, para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, «el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo». De igual forma, el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, «Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral», establece frente al concepto de residencia electoral, los siguientes criterios: Artículo 4°. Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento

breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991. 4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, expediente 11001-03-28000-2014-00112-00.

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9 La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del citado artículo 183 de la Ley 136 de 1994, pese a que se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo, hizo las siguientes precisiones respecto de su contenido: Ahora bien, es un principio general del derecho, que una regulación de la misma materia por una ley posterior implica la derogación de la norma precedente, aun cuando la norma posterior no se hubiera referido de manera específica a la disposición precedente. Por ello, la Corte Constitucional considera que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 acusado por el actor ha sido derogado por el artículo 4º de la Ley estatutaria 163 de 1994, pues ambas disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de la Constitución, y la ley estatutaria es posterior a la norma acusada. (Negrillas propias). Teniendo en cuenta lo anterior la Sección Quinta del Consejo de Estado argumentó que entre las normas antes citadas no existe contradicción alguna, por

el contrario que las mismas resultan complementarias en aras de comprender el concepto de residencia electoral, en especial, para destacar que la vinculación del ciudadano con el territorio, para ejercer el derecho al voto, puede presentarse por varias circunstancias, no solo por habitar en el mismo, y que ello no resulta contrario al hecho que la residencia electoral es única, relacionada con el lugar en el que se realiza la correspondiente inscripción.5 Esa sección también precisó que «Sin desconocer la anterior discusión respecto a la vigencia del artículo 183 de la Ley 136 de 1994, inclusive, considerando que fue derogado por el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, lo cierto es que el primero de ellos suministró los elementos esenciales de la residencia electoral, los cuales hasta el día de hoy han sido considerados por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para precisar que dicha residencia puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que (i) habita, (ii) en el que de manera regular está de asiento, (iii) ejerce su profesión u oficio y/o (iv) en el que posee alguno de sus negocios o empleo, pues las anteriores constituyen alternativas que tienen los ciudadanos para inscribir su cédula a efectos de ejercer su derecho al voto, teniendo claro que el lugar en el que se efectúe dicha inscripción, constituirá la única residencia para efectos electorales»6. Sobre este tema, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha destacado tres aspectos relevantes como son7: 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 14 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-28-000-201800049-00, M.P. Rocío Araujo Oñate. 6 Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 14 de marzo de 2019 Rad. 11001-03-28-000-201800049-00, M.P. Rocío Araujo Oñate 7 Ver entre otras: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 14 de diciembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0792-01(2742), M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, Rad. 23001-23-31-000-2000-345901(2718), M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de enero de 2003, Rad. 70001-23-31-000-2001-0048-01(3051), M.P. Álvaro González Murcia. 4) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 11 de junio de 2009, Rad. 20001-23-31-000-2007Demandante: César Hernando Rodríguez Ramos

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10 El primero, que introdujo la presunción legal (que admite prueba en contrario) de residencia electoral, consistente en que se presume para efectos del artículo 316 constitucional, que la residencia es aquella en la que se encuentra registrado el votante en el censo electoral, pues mediante dicha inscripción bajo la gravedad del juramento declara residir en el municipio en

el que se lleva a cabo aquélla.8 El segundo, que de la mencionada norma se desprende que la residencia electoral es única, relacionada con “el municipio en donde se encuentre registrado el votante, en el entendido de que, al hacerlo, el votante manifiesta residir en ese municipio” 34, lo que le ha permitido precisar a esta Sección que “el ciudadano debe escoger uno –y solo uno– de estos lugares para inscribir su cédula, pues no se puede tener más de una residencia electoral”9. El tercer aspecto consiste en que cuando el Consejo Nacional Electoral mediante un procedimiento breve y sumario “compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio”, deberá declarar sin efecto la inscripción correspondiente.10 2.2.3 De la trashumancia electoral: desconocimiento de los fundamentos de la democracia participativa El fenómeno descrito anteriormente se conoce con el nombre de trashumancia electoral, que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto de aquel en el que se tiene la residencia electoral y, por los efectos que este fenómeno tiene para el sistema democrático, se erige como un delito que se castiga con severidad. En ejercicio de la democracia participativa, como del derecho que tiene todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, el artículo 40 constitucional exige que solo quienes residen en un determinado lugar puedan concurrir para decidir quiénes serán sus autoridades o pronunciarse sobre temas que son de interés local. Lo anterior significa que cuanto se trate de asuntos que solo tengan incidencia en

una determinada municipalidad, los llamados a concurrir en la toma de la decisión son quienes tengan una relación con aquella. En ese orden de ideas, no se puede 00239-01, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 5) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 8 En tal sentido recuérdese que la inscripción de la cédula de ciudadanía en el lugar en que se pretende ejercer el derecho al voto, requiere la presencia del ciudadano como lo establece el artículo 78 del Código Electoral 9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-0002014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 10 Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 14 de marzo de 2019 Rad. 11001-03-28-000-201800049-00, M.P. Rocío Araujo Oñate

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IUS: E-2021-608069 11 admitir que personas que carecen de interés para participar en estas determinaciones se hagan parte y alteren el resultado con su indebida participación.

Es por ello que en el artículo 316 de la Constitución Política se señala expresamente que en las elecciones de autoridades locales, como en las votaciones para decidir asuntos locales, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. Por su parte el Código Penal Colombiano, estableció como conducta punible la

inscripción irregular de cédulas de ciudadanía cuando el elector reside en lugar distinto al de la circunscripción electoral, que con el ejercicio del sufragio pretende sacar ventaja y favorecer a un candidato determinado, así: Artículo 389. Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. También quiso el legislador a la norma anterior introducirle modificaciones y fue así que por medio del artículo 4° de la Ley 1864 de 2017, dispuso que no solo se debe sancionar a quien logra que personas habilitadas para votar inscriban sus documentos de identidad en lugares en los que no les corresponde, sino a quienes inscriben aquéllos para votar en tales condiciones. A su turno la Ley 1437 de 2011 estableció, en el numeral 7° del artículo 275, una

causal específica de nulidad de los actos de elección o nombramiento relacionada con la trashumancia, como veremos a continuación: ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: […]

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7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. 2.2.4 Procedimiento para combatir la trashumancia electoral Estas inscripciones que buscan alterar los resultados, como se explicó, se pueden revertir con anterioridad a las elecciones mediante el procedimiento desarrollado por la autoridad electoral11, el cual busca evitar que se concrete la finalidad que tiene el traslado de votantes, esto es, alterar los resultados electorales.

Así las cosas, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional Electoral por el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que mediante un procedimiento breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y en caso afirmativo (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales. Por su parte, el Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo 8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», estableció los mecanismos para hacer efectivo y oportuno el control

que el Consejo Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la trashumancia electoral. Una de las razones que llevaron a efectuar esta adición fue la de brindar garantías a los procesos electorales pata buscar más transparencia, evitar conductas punibles, establecer mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional y permitir un efectivo y oportuno control por parte del Consejo Nacional Electoral para combatir el fenómeno de trashumancia electoral.

2.3 CASO CONCRETO Pa