PGN - NULIDAD ELECTORAL - Inscripción de vicepresidente de la república no puede ser catal

NULIDAD ELECTORAL-Contra acto de elección de Presidente y Vicepresidente de Colombia por desconocer norma constitucional que prohíbe la doble militancia DOBLE MILITANCIA-Consideraciones a partir de la expedición de la ley 1475 de 2011 DOBLE MILITANCIA–Se manifiesta bajo 5 modalidades según sentencia del Consejo de Estado DOBLE MILITANCIA-Consagrada para quienes participan en consultas internas e interpartidistas NULIDAD ELECTORAL-En acuerdo entre partidos no se hizo referencia a si fórmula vicepresidencial del vencedor en consulta lo sería para participantes en esta La Ley 1475 de 2011 en el artículo 5 desarrolló las llamadas consultas interpartidistas para señalar que estas son las convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos para seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos. En el caso en discusión tenemos que, revisado el acuerdo entre el partido Centro Democrático y los movimientos “Por una Colombia Honesta y Fuerte” y “La Patria de Pie”, no se hizo ninguna referencia a si la fórmula vicepresidencial de quien resultare vencedor en la consulta lo sería entre los participantes en esta o si el partido o movimiento ganador quedaba en libertad para su escogencia. La copia del acuerdo que fue suscrito para efectos de la consulta interpartidista que se analiza y que obra en el expediente, no da cuenta de este aspecto, razón por la que se entiende que la escogencia de la fórmula vicepresidencial no quedó atada los resultados de la consulta ni a acuerdo alguno de las organizaciones que acudieron. Aspecto de suma importancia, en

tanto si estos hubieran acordado que así se haría, el caso de la referencia se definiría a partir de la voluntad del partido y los movimientos que acudieron al mecanismo democrático para la escogencia de un candidato a la Presidencia de la República, en tanto sus cláusulas son presupuestos para el análisis de la legalidad de la inscripción de los candidatos. Así las cosas, para el caso en estudio, el acuerdo suscrito entre los movimientos y el partido que acudieron a la consulta popular no permiten dar respuesta al cargo de la demanda. CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Con prohibición de art. 107 pretende dotar de seriedad los procesos de escogencia de candidatos por partidos y movimientos políticos Entiende el Ministerio Público que la prohibición del inciso quinto del artículo 107 constitucional, desarrollada por el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 tiene por finalidad dotar de seriedad los procesos de escogencia de los candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos, bien por la vía interna, interpartidista o popular, en tanto una inscripción que desconozca esta debe ser revocada o declarada nula, según la instancia en donde se presente la solicitud. La prohibición en mención, en concepto del Ministerio 1 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Público, tiene por objeto impedir que quien resulte vencido en una consulta interna o interpartidista para la escogencia de un candidato único, busque el respaldo de otro

movimiento, coalisión, partido o grupo significativo de ciudadanos, para confrontarse con quien resultó vencedor en la consulta por cuanto ello implicaría un total desconocimiento y fraude al querer de los militantes del partido –consulta interna-, de los miembros de los diversos partidos o movimientos políticos -consulta interpartidistao de la voluntad popular -consulta popular-. En otros términos, el participar en la misma contienda electoral por un partido o movimiento político diverso al que lo llevó a la consulta, es, en concepto del Ministerio Público un fraude i) al resultado del mecanismo de participación, ii) a la voluntad del elector, iii) al principio democrático que inspira estas consultas, iv) a las reglas del partido y vi) a los acuerdos suscritos entre los partidos y movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos que decidieron emplear el mecanismo de la consulta. En razón al fraude que significa presentarse en la misma contienda electoral por partido o movimiento político diverso a aquel con el que se participó en la consulta interna, interpartidista o popular, la Ley 1475 de 2011, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, expresamente prescribió que la inscripción en el mismo certamen electoral por otro partido o movimiento sería causal de revocatoria o nulidad de la inscripción, artículo 7. Es decir, el desconocimiento de la prohibición constitucional en comento, se constituye en una causal de nulidad de la elección, bajo el presupuesto de infracción de la norma en que debía fundarse, en este caso, el desconocimiento de la prohibición consagrada en el artículo 107 constitucional. Así como en la consagrada en el artículo 275 del CPACA, bajo

la modalidad de la doble militancia, en tanto se participó en una misma contienda electoral por dos partidos o movimientos políticos diversos. NULIDAD ELECTORAL-Inscripción de Vicepresidente de la República no puede ser catalogada como una doble militancia Bajo esa lógica, es claro que la inscripción de…… no puede ser catalogada como una doble militancia, en tanto el error de inscripción que se presentó y que avaló la Registraduría del Estado Civil, ha de entenderse, por disposición del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 que lo fue por el Centro Democrático, único que suscribió el formulario de inscripción, y por los movimientos “Por una Colombia Honesta y Fuerte” y “La Patria de Pie”…..…… Estas comunicaciones demuestran que desde el movimiento “Por una Colombia Honesta y Fuerte” se entendió que la inscripción de…..,como vicepresidente de la República lo era igualmente en su nombre y no solo del Centro Democrático, como lo ordena el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, con lo que se desvirtúa cualquier posibilidad de doble militancia, en tanto, la inscripción tanto del candidato a la Presidencia como de la fórmula vicepresidencial, que es inescindible de aquella, lo fue en nombre de todo aquellos partidos, movimientos o agrupaciones que participaron en la escogencia del candidato único. 2 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

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Bogotá D.C., febrero 4 de 2019

Concepto No. 0007 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 11001-03-28-000-2018-00077-00

Actor: CARLOS ABEL VELA RODRIGUEZ

Demandado: ACTO QUE DECLARÓ LA ELECCION DE IVAN DUQUE

MARQUEZ y MARTHA LUCÍA RAMIREZ BLANCO COMO

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA-PERIODO 2018-2022.

Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado y como agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en lo que hace a los cargos de la demanda de la referencia elección de los ciudadanos IVÁN DUQUE MARQUEZ y MARTHA LUCÍA RAMÍREZ RINCÓN BLANCO, como Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, para el período constitucional 20182022.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El ciudadano CARLOS ABEL VELA RODRIGUEZ, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó la elección de los ciudadanos IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO, como Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, para el período constitucional 2018-2022. 1.2. Hechos 1.2.1. El 11 de marzo de 2018, la ciudadana MARTHA LUCÍA RAMÍREZ participó en la consulta popular interpartidista para escoger el candidato único a la

Presidencia de la República en nombre del movimiento Por una Colombia Honesta y Fuerte, en la que también participaron los ciudadanos IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, por el Centro Democrático y ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, por el movimiento La Patria de Pie. 3 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 1.2.2. El resultado de esa consulta dio como ganador al ciudadano IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 1.2.3. El partido Centro Democrático inscribió como fórmula presidencial y vicepresidencial, respectivamente, a los ciudadanos IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO para el período 2018-2022. 1.2.4. El 27 de mayo de 2018 se efectuaron los comicios para la escogencia de Presidente y Vicepresidente para el período 2018-2022, en donde ninguna de las fórmulas que se presentó obtuvo la mayoría de votos necesarios para declarar la elección. 1.2.5. El 17 de junio de 2018, se celebró la segunda vuelta para la elección presidencial en donde las dos fórmulas que obtuvieron las mayores votaciones el 27 de mayo de 2018 se sometieron nuevamente al escrutinio popular. 1.2.6. El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución No. 1453 de 21 de junio de 2018, por medio de la cual declaró la elección de los ciudadanos IVÁN DUQUE

MÁRQUEZ como Presidente de la República y MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO como Vicepresidente de la República, según los resultados consignados en el formulario E-26 PRE de 17 de junio. 1.3. Argumentos y normas en que sustentan la demanda El demandante solicitó la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, para el período constitucional 2018-2022, por considerar que se desconoció el artículo 107, inciso 5 de la Constitución Política que prohíbe a quien participe en las consultas de un partido o movimiento político inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. En otros términos, el cargo de la demanda se sustenta en una doble militancia que el ciudadano VELA RODRÍGUEZ, sustenta de la siguiente manera: La inscripción de la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO como Vicepresidenta de la República por el partido Centro Democrático, desconoció los artículos 107, inciso 5 y 29 de la Constitución Política. Señala el demandante que la inscripción que hizo el Centro Democrático de la doctora RAMÍREZ BLANCO como candidata a la Vicepresidencia de la República por ese partido, desconoció abiertamente la prohibición del inciso 5 del artículo 107 constitucional, por cuanto la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO se presentó a la consulta como candidata del movimiento “Por una Colombia Honesta y Fuerte” y, posteriormente, en el mismo proceso electoral, se inscribió por el partido Centro Democrático. 1.4. Fijación del litigio

4 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co En la audiencia inicial celebrada el 3 de diciembre de 2018, el litigio se fijó de la siguiente manera: “Determinar si se debe declarar la nulidad del acto de elección de la señora Martha Lucía Ramírez Blanco como vicepresidente de la República para el período 2018-2022 contenida en la Resolución 1453 de 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral. Para el efecto, se debe establecer si se encuentra acreditada la causal de nulidad electoral consagrada en el numeral 5 del artículo 285 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, si la señora Martha Lucía Ramírez Blanco desconoció la prohibición de doble militancia de que trata el inciso 5 del artículo 107 de la Constitución Política y, por tanto, si el acto demandado fue proferido con violación del debido proceso, en forma irregular y con violación de las normas en que debía fundarse, con base en los argumentos esgrimidos en la demanda. En caso de que la respuesta al interrogante sea afirmativa, se deberá establecer si dicha condición afecta o no la elección del señor Iván Duque Márquez como presidente de la República”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURAURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico

De conformidad con la fijación que se hizo en litigio en la audiencia inicial, corresponde a la Sección Quinta determinar si la inscripción y posterior elección de la doctora Martha Lucía Ramírez Blanco, como la fórmula vicepresidencial a nombre del partido Centro Democrático, desconoció la prohibición de la doble militancia en la modalidad de participar en la misma elección por un partido o movimiento político distinto a aquel por el que la inscribió a la consulta interpartidista. Para dar respuesta a este problema jurídico, es necesario analizar la figura de la doble militancia, para determinar cómo debe entenderse esta, cuando se trate de la modalidad de las consultas internas o interpartidistas, a efectos de determinar hasta donde va la prohibición de presentarse en la misma contienda electoral por partido o movimiento político diferente al que se participó en aquellas. En este sentido, es importante advertir que esta agencia del Ministerio Público reiterará y ampliará el concepto rendido con ocasión de la medida cautelar en el proceso de la referencia. 2.2. La doble militancia1 1 Este acápite corresponde a consideraciones generales que esta delegada del Ministerio Público ha presentado en otros conceptos y que son pertinentes para el caso de la referencia. Por ejemplo, concepto 061 de septiembre 17 de 2018. 11001-03-28-000-2018-00032-00. Actor: CARLOS ADOLFO BENAVIDES BLANCO. Asunto: Nulidad del acto de elección del ciudadano LUIS EMILIO TOVAR BELLO como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Arauca. Período 2018-2022 5 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co La prohibición de pertenencia simultánea a más de una organización política, es decir, la doble militancia, se introdujo en el sistema político colombiano con el fin de fortalecer a los partidos y movimientos políticos y crear un régimen en donde se proscribe y sanciona una práctica inveterada en nuestro sistema democrático: el transfuguismo político.

Uno de los fenómenos que afectaron con mayor gravedad los partidos y movimientos políticos en nuestro sistema político, estaba en el hecho que sus militantes, directivos, candidatos y electos bajo su aval, compartieran los intereses, ideología y actividades de otros partidos o movimientos políticos, abandonando sin consecuencia alguna el grupo al que se pertenecía e incluso que los llevó a ocupar un cargo de elección popular. En ese sentido, dependiendo de los intereses y aspiraciones personales se participaba en una u otra organización política, debilitando así, uno de los pilares de la democracia, en tanto aquellos dependían del querer de sus asociados, no solo porque sin requisitos previos y consecuencia alguna, podían pertenecer un día a un movimiento y al día siguiente a otro, hecho que se hacía más gravoso cuando quien actuaba de esa forma era un directivo o miembro de una corporación pública. En términos de la Corte Constitucional esa conducta denotaba “…una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e

ideario del partido político que lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores.”2 En consecuencia, bajo la idea de fortalecer a los partidos y los movimientos políticos, y evitar los fraudes al elector, las reformas constitucionales de 2003 y 2009 introdujeron la necesidad de disciplinar y sancionar a sus asociados, primero bajo el régimen de bancadas y segundo prohibiendo expresamente a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, artículo 107 constitucional, prohibición que si bien fue redactada en forma general para el ciudadano, su destinario específico lo son los militantes y con mayor severidad para los directivos y los miembros de corporaciones públicas de elección popular, en tanto en estos recae con mayor rigor el deber de velar porque se respete la ideología de la organización, es decir, son estos los que deben exteriorizar la disciplina de esta.3 El Constituyente derivado, a efectos de materializar el derecho político de conformar y/o hacer parte de una agrupación política y hacerlo compatible con la necesidad de fortalecer los partidos y movimientos políticos, así como disciplinar a sus militantes, señaló expresamente dos condiciones, la primera, tendiente a no desconocer los resultados de las consultas internas o interpartidistas, razón por la que prohibió a quien participe en estas, inscribirse por otra organización en el mismo proceso electoral; y la segunda, imponer la renuncia a los miembros de corporaciones públicas que pretendan inscribirse en la elección 2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-334 de 2014.

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-303 de 2010. 6 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co siguiente por otra. Renuncia que debe registrarse por los menos con doce meses de anterioridad al primer día de inscripciones, inciso final del artículo 107 constitucional.

Las reformas constitucionales fueron desarrolladas en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que, en su artículo 2, reguló la figura de la doble militancia, en la que se describieron las diferentes situaciones que configuraban esta conducta y declarada exequible en sentencia C-490 de 2011. La Sección Quinta del Consejo de Estado4, ha considerado que la doble militancia se manifiesta bajo cinco modalidades, a partir de los supuestos normativos que fijó el artículo 107 constitucional y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, así: i) Para los ciudadanos: El pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. ii) Para quienes participen en consultas internas o interpartidistas: No podrán inscribirse por otro partido o movimiento político en el mismo proceso electoral. iii) Para los miembros de una corporación pública: Quienes son miembros de una corporación pública podrán presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, si renuncian a la curul doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. Esta misma condición se repite, cuando se indica que los candidatos que resulten electos por un partido o movimiento político, deberán

pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. iv) Para los miembros de organizaciones políticas: Quienes ostenten cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. v) Para los directivos de las organizaciones políticas: Estos no podrán ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, sino renuncian al cargo directivo con doce (12) 4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 25 de julio de 2013. Expediente: 050012331000-2011-01918Demandantes: Mónica María Dávila Trujillo. Demandado: Ángela María Ríos Castaño. Consejero Ponente: ALBERTO

YEPES BARREIRO7

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co meses de antelación a la postulación, aceptación de la nueva designación o ser

inscritos como candidatos. Ahora bien, para resolver el problema jurídico que plantea la demanda de nulidad de la referencia, es necesario analizar la doble militancia consagrada para quienes participan en consultas internas o interpartidistas, en tanto para estos se indica que no podrán inscribirse por otro partido o movimiento político en el mismo proceso electoral. 2.3. Las consultas internas e interpartidistas y la obligación de quienes participen en ellas de aceptar su resultado El artículo 107 de la Constitución Política con las reformas que fueron introducidas en los Actos Legislativos No. 1 de 2003 y 2009, buscó la consolidación de los partidos y movimientos políticos como fundamento del sistema democrático. Bajo esa lógica, la norma constitucional estableció para aquellos la regla de organización democrática y la prevalencia de principios que son fundamentales en el Estado Social de Derecho, tales como la transparencia, la moralidad, la equidad de género, entre otros. Igualmente, la norma constitucional señaló que, para la escogencia de sus candidatos y como una forma de afianzar el principio democrático en la organización y decisiones de los partidos y movimientos políticos, estos podían acudir a las consultas en sus diversas modalidades: internas, populares e interpartidistas. Así mismo, previó que para las consultas populares se aplicaría, en lo pertinente, las normas de las elecciones ordinarias sobre financiación, acceso a los medios de comunicación, publicidad, etc. Finalmente, delineó el régimen de responsabilidad de los partidos y movimientos políticos como de sus directivos. En relación con la posibilidad de efectuar consultas para la escogencia de

candidatos únicos, el Constituyente Derivado expresamente señaló que el resultado de estas sería obligatorio y, para el efecto, prohibió a quienes participen en una consulta interna o interpartidista presentarse en el mismo proceso electoral por otro partido o movimiento político. En ese orden, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, los partidos, los movimientos y las agrupaciones políticas pueden de forma voluntaria optar por el mecanismo de la consulta para la escogencia del candidato único, pero lo que no pueden hacer es desconocer su resultado. Esta prohibición fue desarrollada en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 en la que expresamente se prohibió i) a los precandidatos inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas y ii) a los partidos y movimientos políticos, a sus directivos, a las coaliciones, a los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que 8 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co participaron en la consulta inscribir o apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, salvo los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado, prohibiciones estas que le dan fuerza a la obligatoriedad del resultado.

Entiende el Ministerio Público que la prohibición del inciso quinto del artículo 107

constitucional, desarrollada por el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 tiene por finalidad dotar de seriedad los procesos de escogencia de los candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos, bien por la vía interna, interpartidista o popular, en tanto una inscripción que desconozca esta debe ser revocada o declarada nula, según la instancia en donde se presente la solicitud. La prohibición en mención, en concepto del Ministerio Público, tiene por objeto impedir que quien resulte vencido en una consulta interna o interpartidista para la escogencia de un candidato único, busque el respaldo de otro movimiento, coalisión, partido o grupo significativo de ciudadanos, para confrontarse con quien resultó vencedor en la consulta por cuanto ello implicaría un total desconocimiento y fraude al querer de los militantes del partido –consulta interna-, de los miembros de los diversos partidos o movimientos políticosconsulta interpartidistao de la voluntad popular -consulta popular-. En otros términos, el participar en la misma contienda electoral por un partido o movimiento político diverso al que lo llevó a la consulta, es, en en concepto del Ministerio Público un fraude i) al resultado del mecanismo de participación, ii) a la voluntad del elector, iii) al principio democrático que inspira estas consultas, iv) a las reglas del partido y vi) a los acuerdos suscritos entre los partidos y movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos que decidieron emplear el mecanismo de la consulta. En razón al fraude que significa presentarse en la misma contienda electoral por partido o movimiento político diverso a aquel con el que se participó en la consulta interna, interpartidista o popular, la Ley 1475 de 2011, avalada por la Corte

Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, expresamente prescribió que la inscripción en el mismo certemen electoral por otro partido o movimiento sería causal de revocatoria o nulidad de la inscripción, artículo 7. Es decir, el desconocimiento de la prohibición constitucional en comento, se constituye en una causal de nulidad de la elección, bajo el presupuesto de infracción de la norma en que debía fundarse, en este caso, el desconocimiento de la prohibición consagrada en el artículo 107 constitucional. Así como en la consagrada en el artículo 275 del CPACA, bajo la modalidad de la doble militancia, en tanto se participó en una misma contienda electoral por dos partidos o movimientos políticos diversos. 2.4. Análisis del acto acusado con la norma que se dice infringida Como lo indicó esta Delegada del Ministerio Público en su intervención en relación con la medida cautelar, una lectura desprevenida de la prohibición del inciso 5 del artículo 107 constitucional con el acto electoral demandado y los hechos que 9 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co dieron lugar a él, podría llevar a la conclusión a la que arriba el demandante, esto es, que si la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO se presentó a la consulta para la escogencia del candidato a la Presidencia de la República, período 2018-2022 como candidata del movimiento “Por una Colombia Honesta y

Fuerte” y, posteriormente, en el mismo proceso electoral, se inscribió por el Centro Democrático, entonces incurrió en la prohibición del mandato constitucional que llevaría a que se declare la nulidad de su elección como vicepresidenta. Sin embargo, esa conclusión deja de lado el análisis de otros presupuestos que, en concepto del Ministerio Público deben ser examinados, para efectos de determinar el alcance de la prohibición contenida en la norma constitucional. Esos presupuestos tienen que ver con el acuerdo que deben suscribir los partidos y movimientos políticos que deciden ir a la consulta, así como si la inscripción, demandada desconoce la finalidad de la prohibición constitucional del inciso 5 del artículo 107 constitucional. En relación con el primer aspecto, es decir, el acuerdo que deben suscribir los partidos o movimientos que acuden a la consulta, es posible que estos convengan, por ejemplo, que, tratándose de la contienda electoral a la Presidencia de la República, la segunda más alta votación en la consulta será la fórmula vicepresidencial. La Ley 1475 de 2011 en el artículo 5 desarrolló las llamadas consultas interpartidistas para señalar que estas son las convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos para seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos. En el caso en discusión tenemos que, revisado el acuerdo entre el partido Centro Democrático y los movimientos “Por una Colombia Honesta y Fuerte” y “La Patria de Pie”, no se hizo ninguna referencia a si la fórmula vicepresidencial de quien resultare vencedor en la consulta lo sería entre los participantes en esta o si el

partido o movimiento ganador quedaba en libertad para su escogencia. La copia del acuerdo que fue suscrito para efectos de la consulta interpartidista que se analiza y que obra en el expediente, no da cuenta de este aspecto, razón por la que se entiende que la escogencia de la fórmula vicepresidencial no quedó atada los resultados de la consulta ni a acuerdo alguno de las organizaciones que acudieron. Aspecto de suma importancia, en tanto si estos hubieran acordado que así se haría, el caso de la referencia se definiría a partir de la voluntad del partido y los movimientos que acudieron al mecanismo democrático para la escogencia de un candidato a la Presidencia de la República, en tanto sus cláusulas son presupuestos para el análisis de la legalidad de la inscripción de los candidatos. Así las cosas, para el caso en estudio, el acuerdo suscrito entre los movimientos y el partido que acudieron a la consulta popular no permiten dar respuesta al cargo de la demanda. 10 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444-12473

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Por lo anterior, considera el Ministerio Público que debe analizarse el segundo aspecto esbozado, es decir, si la inscripción demandada desconoce la finalidad de la prohibición constitucional del inciso 5 del artículo 107 constitucional.

Como se dijo en párrafos antecedentes, el Ministerio Público considera que la finalidad de esta prohibición es impedir que quien resulte vencido en una consulta

interna o interpartidista para la escogencia de un candidato a un cargo unipersonal, busque el respaldo de ot