PGN - NULIDAD ELECTORAL - Las causales son taxativas y de interpretación restrictiva

ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-Puede ser interpuesta por cualquier persona Conforme a la norma indicada en forma anterior, sin atender a la condición de la persona, cualquiera puede intentar la acción cuando la misma tiene como fin uno de los señalados en la norma, que es lo que acontece en el asunto que se estudia; considera que se hace necesario corregir los registros electorales que sirvieron como fundamento de la elección y por ello demanda su nulidad y nada le impide el ejercicio de este derecho en donde se presume que el actor instaurada la acción en interés del establecimiento de la legalidad, del acto impugnado. ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-En esta acción no existe parte demandante ni demandada pues su finalidad es preservar el ordenamiento jurídico Además de lo anterior, considera esta Delegada que en esta acción no existe parte demandante y demandada por cuanto que el interés que mueve al ejercicio de la acción es el preservar el ordenamiento jurídico que se considera conculcado con el acto expedido por la corporación electoral al expedir el acto. ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-Para ejercerla ante la jurisdicción contra el acto de elección debe someterse a examen de la administración de la administración INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD-Presentación de nuevos hechos y nuevas pretensiones en la corrección de la demanda NULIDAD ELECTORAL-Las causales son taxativas y de interpretación restrictiva NULIDAD ELECTORAL-El demandante debe demostrar que las reclamaciones administrativas fueron idénticas y no se atendieron en la misma forma En efecto no basta señalar que a uno de los ciudadanos que solicitó la revisión se le

aceptó la revisión de un mayor porcentaje de mesas de votación, se hace necesario demostrar que las condiciones de reclamación fueron idénticas y que no obstante ello no se atendieron en la misma forma; las afirmaciones del actor carecen de sustento probatorio y por ello el cargo debe ser desestimado. ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-El actor debe señalar hechos debidamente determinados y precisos Ahora bien esta carga procesal no se agota ni cumple haciendo alusión a hechos generales o vagos o imprecisos, deben estar debidamente determinados, así, no resulta de recibo afirmaciones como las que efectúa el actor al proponer el cargo diciendo que la diferencia entre los registros numéricos incorporados en E-14 y el E-24 configuran la causal de nulidad del numeral 2º y dejar de lado la precisión y demostración relacionada con la ausencia de justificación dejando la función de determinar la misma al Juez. ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-Debe demandarse el acto que declara la elección y no los cómputos o escrutinios intermedios ACCIÓN PÚBLICA ELECTORAL-Debe demandarse el acto administrativo que resuelve la reclamación, junto con el de elección NULIDAD ELECTORAL-Cuando se registran cifras de manera injustificada que no guardan relación con las consignadas por los jurados Bogotá D.C., 12 de Noviembre de 2011 Concepto No. 096 Doctora

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

H. Magistrada ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Procesos números: 110010328000201000096 00 (radicado interno 2010-0096); 110010328000201000093 00 (radicado interno 2010-0093); y, 110010328000201000049 00 (radicado interno 20100049).

Actores: Pedrito Tomás Pereira Caballero, Germán José Ordosgoitia

Osorio y Javier Alberto Posada Meola.

Asunto: Nulidad del Acuerdo No. 009 del 19 de julio de 2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral, por el cual se declaró la elección de Representantes a la Cámara por el Departamento de Bolívar, para el período 2010-2014.

Respetada señora Consejera: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 21 de septiembre de 2011.

Antecedentes 1.1. La demanda instaurada por el ciudadano Pedrito Tomás Pereira Caballero. El ciudadano de la referencia, actuando en su propio nombre, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del Acuerdo 009 del 19 de julio de 2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral – «Por medio del cual se resuelven los recursos de apelación presentados en contra de las decisiones proferidas por los Delegados del Consejo Nacional Electoral designados para los escrutinios de la circunscripción electoral de BOLÍVAR en las elecciones de Congreso de la República realizadas el 14 de marzo de 2010; se asignan las curules y se declara la elección de Representantes a la Cámara por el

Departamento de Bolívar para el período 2010 – 2014…». 1.2. Hechos de la demanda Como fundamento de su demanda hace alusión a los siguientes hechos : Ante el Consejo Nacional Electoral, el 8 de abril de 2010, por intermedio de testigo electoral y en su propio nombre, se presentaron reclamaciones, que se sustentaban en el hecho de la existencia de diferencias entre los guarismos registrados en el formulario E-24 CA y el formulario E-14 CA. Estas comprendían mesas de votación ubicadas en los Municipios de Magangué, San Jacinto, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Fernando, Mompóx, San Martín de Loba, Hatillo de Loba y Simití. Se pretendía que se excluyeran de la votación a la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar la votación obtenida por el candidato número 106 del Partido Conservador. Estas reclamaciones se presentaron durante los escrutinios del Departamento de Bolívar y no fueron resueltas por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar que las remitió al Consejo Nacional que tampoco las estudió y aún a la presentación del escrito de demanda no se han resuelto. No obstante lo afirmado, en el hecho número 18 señala «que las reclamaciones presentadas el día 8 de abril de 2010, ante el Consejo Nacional Electoral, referentes a la exclusión del cómputo general la votación de las mesas reclamadas en los Municipios de San Fernando (…) Mompóx, San Martín de Loba, Hatillo de Loba y Simití, en lo atinente a la votación del candidato No. 106 del Partido

Conservador Colombiano, fueron resueltas mediante Resolución 014 de 8 de mayo de 2010, por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar NO ACCEDIENDO a la petición presentada». Mediante auto de sustanciación número 065 del 14 de mayo de 2010 se concedió en el efecto suspensivo, el recurso de apelación que se interpusiera. El 7 de mayo de 2010, ante el Consejo Nacional Electoral formuló una reclamación en relación con los escrutinios del Municipio de Magangué, la cual fundamentó en la causal 8ª del artículo 192 del Código Electoral y solicitó que se excluyeran del cómputo de votos el acta de escrutinio correspondiente a dicho municipio, por considerar que ésta se había suscrito en sitio distinto del lugar o local en donde debía funcionar la respectiva corporación escrutadora. Esta petición la decidió negativamente la Comisión Escrutadora Departamental, por medio de la Resolución 032 del 14 de marzo del 2010, decisión que fue apelada ante el Consejo Nacional Electoral, que no la decidió. El doctor Vinicio Tafur presentó ante los Delegados del Consejo Nacional Electoral una reclamación, en la que solicitaba la exclusión de la votación consignada al candidato número 106 del Partido Conservador Colombiano en la zona 99, puesto 06, mesa 1, la cual, mediante Resolución 029 de 2010 se decidió negando la solicitud. } Señala que la reclamación se formuló por las discrepancias que se originaron en los valores consignados en el preconteo de los documentos E 14 CA y E24 CA. Por Auto del 11 de junio de 2010 –Magistrado Pablo Gil de la Hozse convocó a la

audiencia especial de revisión de escrutinios, convocatoria ilegal por cuanto ha debido hacerse por medio de resolución como lo dispone la Resolución 0754 de 2010. Por auto se ordenó la revisión de un total de 81 mesas de votación, de las cuales se revisaron sólo 51, de esas, 9 correspondieron a las 10 reclamadas por el candidato Pedrito Tomas Pereira, en tanto que al candidato número 106 del Partido Conservador Colombiano se le ordenó la revisión de 45 de las mesas reclamadas por él y se revisaron efectivamente 26 mesas, lo que es demostrativo de un trato inequitativo, lo que permite entrever un interés de favorecer a un determinado candidato. Por medio de la Resolución 1459 del 2 de julio de 2010 se rechazaron in límine las reclamaciones que por primera vez presentaron todos los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Esta Resolución es luego modificada por la Resolución 1468 de 2010, en el sentido de indicar que se había incurrido en error al considerar que la reclamación había sido presentada por primera vez cuando realmente éstas se presentaron para agotar el requisito de procedibilidad. Por Resolución 1766 del 2010 el Consejo Nacional Electoral dio por terminado el proceso de revisión de escrutinios y documentos electorales y ordenó la expedición de los formularios E-24 y E-26 del Departamento de Bolívar. Contra la Resolución 1766 de 2010 se interpuso el recurso de reposición, y se solicitó que la misma fuera revocada, petición que fue negada, pero con ello, afirma, se agotó el requisito de procedibilidad. (negrillas y subraya de este Despacho)

Por Resolución 1784 de 2010, el CNE se declaró sin competencia para conocer de unas reclamaciones que le formularon, olvidando la Corporación que mediante Resolución 662 de 2010 avocó el conocimiento de los escrutinios de Bolívar. Por medio del Acuerdo 009 de julio 19 de 2010 el Consejo Nacional Electoral efectúo la declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Bolívar, igualmente dispuso confirmar las decisiones impugnadas y, no obstante admitir la existencia de incongruencias en los registros numéricos incorporados en los documentos E-14 y E-24, no las corrigió. Por medio de la Resolución 1801 del 27 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstiene de darle curso a unas solicitudes que le formularon para efectos de agotar el requisito de procedibilidad. Los hechos narrados y las diferencias que se presentan entre el formulario E-14 y E-24, en relación con el candidato N° 106 del Partido Conservador, son motivo suficiente para declarar la nulidad del Acuerdo 009 de 2010. 1.3. Pretensiones. Además de impetrar la nulidad del Acuerdo 009 de 2010, expedido por el Consejo Nacional Electoral, el demandante solicita que se declare la nulidad de los formularios E-24 en las mesas que enuncia, ubicadas en los municipios de Magangué, San Jacinto, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, Barranco de Loba, El Peñón, Córdoba, San Fernando, Mompóx, San Martín de Loba, Hatillo de Loaba y Simití. También extendió su pretensión a la nulidad de las

actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras de los municipios enlistados; los formularios E-24 de los Delegados del Consejo Nacional Electoral, pero solo en cuanto sirvieron como base de las actas y registros electorales en relación con el candidato 106 del Partido Conservador; y, las actas de escrutinios elaboradas por el Consejo Nacional Electoral relativos al candidato 106 del Partido Conservador. Solicitó, por último, la nulidad de las resoluciones 1766 de 2010, por medio de la cual se dio por terminado el proceso de revisión de escrutinios y documentos electorales y se ordenó la expedición de los nuevos formularios E-24 y E-26; 029 que resolvió una reclamación; y, 032 del 14 de marzo de 2010. 1.4. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas los artículos 3, 13, 29, 40 numerales 1 y 6, 237, 259, 260 y 265 de la Constitución Política; 136 numeral 12, 137, 223 numeral 2, 229, 230 a 251 del Código Contencioso Administrativo; 163, 189 y 193 del Código Electoral; y, 394 de la Ley 559 de 2000. Explica el concepto de violación partiendo de considerar la causal 2ª de nulidad electoral consagrada en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Refiere que la falsedad supone el desconocimiento de la verdad de los resultados electorales y recae sobre las mesas de votación en las cuales considera se alteraron los resultados electorales; que al candidato número 106 del Partido

00Conservador se le disminuyó el caudal de votos realmente consignados en favor de su aspiración política; y, que en el proceso de escrutinios se desconoció el contenido del artículo 163 pues el cómputo de los votos no se realizó con fundamento en las actas de escrutinio de los jurados de votación, sino que los datos consignados en los documentos electorales son arbitrarios, no reflejan el del escrutinio de los jurados de votación. 1.5. Trámite de la admisión de la demanda Por auto del 3 de septiembre del 2010 se inadmitió la demanda, considerando que el actor no agotó el requisito de procedibilidad; por ello, se le señalaron en el auto las deficiencias formales del libelo para efectos de ser corregidas dentro del término de cinco (5) días. El actor procedió a efectuar las correcciones y presentó escrito en donde precisó lo relacionado con el requisito de procedibilidad y amplió el concepto de violación de la norma y su explicación. Reitera lo dicho en relación con la causal 2ª del artículo 223, señala además la 3ª y se refiere a las causales de nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Por auto del 21 de septiembre se admitió la demanda. 1.6. Contestación de la demanda No se presentó actuación alguna en esta oportunidad procesal. 1.7. Terceros intervinientes 1.7.1. Del ciudadano Javier Alberto Posada Meola, que se opone a las pretensiones de la demanda. El ciudadano Posada Meola actuando por intermedio de apoderado judicial, contesta la demanda. Inicia su alegato de oposición manifestando que en el asunto

en examen se observan algunos impedimentos procesales que impiden una decisión de fondo. Comienza por señalar que el actor es demandante y demandado, dice que se demandó así mismo y que concurre en una misma persona la doble condición de parte actora y parte demandada, configurándose entonces la falta del presupuesto procesal de la demanda en forma. En acápite especial trata lo relacionado con la legitimidad e interés y considera que el Representante que ha sido elegido y se ha posesionado en el cargo no está legitimado para incoar la acción. Afirma que en el asunto en examen «el actor carece de legitimidad para actuar en sede judicial como demandante, pues tiene la oportunidad procesal para participar en ese debate como demandado. El hecho que la decisión judicial pueda eventualmente ser adversa a sus intereses, no lo faculta para acudir ante el juez administrativo para invocar nulidad a su acto de elección, tratando así de contrarrestar la acción electoral que en su contra puedan instaurar los perjudicados o cualquier ciudadano». Dice que al actor le falta interés jurídico para iniciar la acción porque el acto de elección le benefició, luego entonces, no le asiste interés jurídico para impugnarlo. Se refiere a la improcedencia de la acción por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, afirma que en los documentos que se anexaron con la demanda no se aprecia escrito que se refiera al agotamiento del requisito de procedibilidad «que verse sobre las posibles causales de nulidad del acto administrativo. La mención a causales de reclamaciones y no a causales de nulidades hace improcedente la presente acción electoral». Sostiene el apoderado de la parte opositora lo siguiente:

«Más allá de representar un mero formalismo, esta exigencia constitucional perentoria e inequívoca, debe acatarse y requerirse sin miramientos ni benevolencia, como garantía de acierto y respeto por la Constitución.

Hay que expresar lo siguiente: a) Constituye carga procesal de quien promueve la demanda electoral contra acto administrativo por medio del cual se declara una elección de ese orden, aportar como anexo de su demanda el acto que demuestre el agotamiento del requisito de procedibilidad. b) Si no se puede cumplir con dicha exigencia procesal, el magistrado sustanciador debe proferir auto inadmisorio de la demanda, para que dentro del término que señale para el efecto, que no será otro que el previsto en la Ley procesal contencioso administrativa, el demandante cumpla con aquella, aportando copia autenticada del acto en cuestión».

Manifiesta que en lo que atañe con el escrito de corrección de la demanda, allí se adicionó la demanda con nuevas pretensiones, frente a las cuales propone la excepción de caducidad. En acápites especiales se refiere a los hechos de la demanda, también frente a las pruebas y a las razones de defensa. Luego de considerar algunos antecedentes jurisprudenciales indica lo siguiente: «La falsedad que se pretende con la demanda en algunas mesas, surgirá, si luego de confrontar la votación anotada en el formulario E-14 contra la votación registrada en el formulario E-24 del mismo candidato, se corrobora que existe una diferencia en los guarismos y que el acta de escrutinio respectiva no ofrece ninguna explicación sobre el particular; la

ausencia de justificación, que hay que demostrar, por parte de quienes tienen la competencia para introducir cambios en la votación, determinará que esa modificación constituya una falsedad, cuyo efecto en la elección se determinará por su magnitud. Reiteramos, que no resulta viable calificar como falso el registro E.-24, pues, se insiste, la mera discrepancia no es motivo de nulidad. No podemos verificar por falta de prueba en la demanda, la certeza requerida para desvirtuar la presunción de veracidad del E-24 y que tal discrepancia sea constitutiva de falsedad. La omisión de las constancias que se deben dejar en las Actas de escrutinio, es una situación excepcional en las que opera la presunción de corrección de los datos por parte de éstas» En la parte final del escrito se refiere a la Resolución 0754 del 2010 y sostiene que este reglamento modificó la legislación electoral vigente y que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó en sus funciones. 1.7.2. De la ciudadana Magaly Cala Rodriguez – Coadyuvante de las pretensiones de la demanda La ciudadana Magaly Cala Rodríguez solicita que se le reconozca como tercera coadyuvante de las pretensiones de la demanda. En términos generales reitera lo afirmado en la demanda. Señala en su escrito que dada la naturaleza de la acción electoral, cualquier persona se encuentra legitimada para presentarla; que la norma «no distingue en ningún momento …, la calidad del demandante, si este debe ser el perjudicado o el beneficiado con el acto administrativo demandado; por lo tanto el intérprete de

la norma, tampoco le es dado distinguir»; que en lo que respecta con el requisito de procedibilidad él se encuentra debidamente cumplido y demostrado; que «todos los hechos y circunstancias narrados en esta demanda fueron sometidos antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, a través de las reclamaciones y de la solicitud de revisión que se hiciera de las mesas afectadas ante el Consejo Nacional Electoral; razón por la cual se encuentra agotado el requisito de procedibilidad exigido».

2. Demanda electoral presentada por Germán José Ordosgoitia Osorio. 2.1. Pretensiones de la demanda y de su corrección.

En ejercicio de la acción de nulidad electoral Germán José Ordosgoitia Osorio, mediante apoderado, formuló demanda en orden a obtener la nulidad de la Resolución 1766 del 7 de julio de 2010, proferida por el Consejo Nacional Electoral, que dio por terminado el proceso de revisión de escrutinios y ordenó la expedición de nuevos E-24 y E-26 del Departamento de Bolívar, Cámara de Representantes, en lo tocante a que no revisó la totalidad de las mesas impugnadas por él. Así mismo impetró la nulidad del Acuerdo 009 del 19 de julio de 2010 expedido por el Consejo Nacional Electoral, en el cual declaró la elección de representantes a la cámara por la circunscripción territorial del Departamento de Bolívar período constitucional 2010-2014. En consecuencia de lo anterior pidió cancelar la credencial de Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar para el período 2010-2014 por el Partido

político Cambio Radical, expedida por la organización electoral colombiana al señor Hernando José Padaui Alvarez ; ordenar la práctica de un nuevo escrutinio, excluyendo del cómputo general de votos aquellos contenidos en los formularios electorales que resulten afectados de nulidad que favorecieron fraudulentamente al señor Padaui Alvarez, aumentando la real votación obtenida por éste en 399 votos falsos o apócrifos; ordenar que el nuevo escrutinio que se ordene se haga con base en los registros de votantes que no se declaren afectados de nulidad por fraude; como resultado del nuevo escrutinio declarar como representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar para el período constitucional 2010-2014 por el Partido Cambio Radical a quien corresponda y se le expida la credencial respectiva; y, dar aviso de la nulidad del acto electoral y del nuevo resultado de escrutinio al Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministro del Interior y de Justicia y al Gobernador del Departamento de Bolívar. 2.2. Hechos Como hechos que sirven de fundamento a la acción el actor, en la demanda inicial y en su corrección, cita los siguientes: La organización electoral, conforme a la ley, ordenó que el día 14 de marzo de 2010 se realizara la jornada electoral para integrar el Congreso de la República, para el período constitucional 2010-2014. Para ese debate electoral, Germán José Ordosgoitia Osorio, fue inscrito como aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, previo aval que le diere el Movimiento Político Cambio Radical, correspondiéndole la

tarjeta 105. Por el mismo movimiento fue inscrito el señor Hernando José Padaui Alvarez, a quien le correspondió la tarjeta 101. En los escrutinios municipales de la circunscripción de Bolívar, Magangué, San Estanislao y Turbaco, se presentaron verdaderas falsedades en algunos documentos electorales para modificar los resultados de las votaciones anotadas en las actas de escrutinios o formularios E-14, las cuales significaron variación de menor a mayor votación en los sumandos representativos de la votación del señor Hernando José Padaui Alvarez, al ser consignados los guarismos en los formularios E-24, aumentándolos, sin que en las actas generales de escrutinio hubiere alguna justificación que permitiere modificar el resultado encontrado por los jurados. Simultáneamente hubo alteración en los renglones de los votos nulos y de los no marcados. La referida adulteración de documentos electoral se encuentra discriminada , así: Municipio de Magangué: 1.- Puesto 5, corregimiento Barranca Yuca, mesa 1 hay 30 votos; mesa 2 hay 30 votos; mesa 3, hay 30 votos, para 90 votos en todo el puesto. 2.- Puesto 17, corregimiento Carcajal, mesa 1 hay 14 votos. 3.- Puesto 27, corregimiento Emaus, mesa 1 hay 29 votos. 4.- Puesto 29, corregimiento Isla Grande, mesa 1 hay 10 votos. 5.- Puesto 51, corregimiento Puerto Keneddy, mesa 1 hay 20 votos 6.- Puesto 56, corregimiento San Antonio, mesa 1 hay 8 votos.

7.- Puesto 81, corregimiento Tacasaluma, mesa 2 hay 20 votos.

Total votos fraudulentos: 191

Municipio de San Estanislao: 1.- Cabecera municipal, mesa 12 hay 55 votos. 2.- Cabecera municipal, mesa 13 hay 10 votos. 3.- Cabecera municipal, mesa 14 hay 10 votos. 4.- Cabecera municipal, mesa 15 hay 8 votos. 5.- Cabecera municipal, mesa 16 hay 10 votos. 6.- Cabecera municipal, mesa 18 hay 4 votos. 7.- Cabecera municipal, mesa 19 hay 3 votos. 8.- Cabecera municipal, mesa 24 hay 30 votos. 9.- Zona 99, puesto 1, corregimiento de Bayano, mesa 1 hay 5 votos. 10.- Zona 99, puesto 5, corregimiento Las Piedras, mesa 1 hay 5 votos. 11.- Zona 99, puesto 5, corregimiento Las Piedras, mesa 5 hay 50 votos. 12.- Zona 99, Puesto 5, corregimiento Las Piedras, mesa 7 hay 1 voto. 13.- Zona 99, puesto 5, corregimiento Las Piedras, mesa 8 hay 10 votos.

Total votos fraudulentos: 201.

Municipio de Turbaco: Zona 3, puesto 3, Concentración Escuela Alfonso López, mesa 2 hay 1 voto.

El 27 de marzo de 2010 el actor presentó reclamación ante la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, cuando operaba en Cartagena, la cual fue resuelta favorablemente mediante resoluciones 006 y 007 del 28 y 29 de marzo de 2010 respectivamente, ordenando la corrección aritmética de la votación del

candidato Hernando José Padaui Alvarez y de los renglones nulos y no marcados, en los municipios de Altos del Rosario y Talaigua Nuevo. Además manifestó la Comisión a los medios de comunicación que había una organización criminal controlando la votación en Bolívar. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 663 suspendió el escrutinio departamental de Bolívar el día 26 de marzo de 2010 y, en ejercicio de su competencia constitucional, asumió directamente su realización. El 8 de abril de 2010 Germán José Ordosgoitia Osorio presentó ante la instancia competente las reclamaciones 01, 02, 03, 04 y 05, correspondientes a las circunscripciones electorales de Magangué, San Estanislao, Turbaco, El Guamo y Mahates. Una vez que el Consejo Nacional Electoral reinstaló la Comisión Departamental para que ejerciera sus funciones en la ciudad de Bogotá, el demandante, el 20 de mayo de 2010, le presentó a dicha Comisión la solicitud de revisión detallada, fundamentada en la variación de resultados entre E-14 y E-24, es decir, actas de escrutinio no coincidentes, conforme al Protocolo de Escrutinios (Resolución 754 de 2010 del Consejo Nacional Electoral) y al artículo 189 del Código Electoral, destacando que en la referida solicitud de revisión incluyó todas y cada una de las mesas contenidas en las reclamaciones 01, 02, 03, 04 y 05. Mediante auto del 11 de junio de 2010, el doctor Pablo Emilio Gil de la Hoz, en su calidad de Magistrado ponente de la Sala Unitaria de Revisión de Bolívar del

Consejo Nacional Electoral escogió 83 mesas aleatoriamente a puerta cerrada, para realizar una revisión de oficio. El Consejo Nacional Electoral, en decisión abiertamente contraria a derecho rechazó las reclamaciones del actor 01, 02, 03, 04 y 05, además de la solicitud de revisión detallada sobre las mesas cuestionadas, con argumentos meramente formales y con inobservancia del cometido constitucional de garantizar la verdad de los resultados. El proceso de revisión de escrutinio del Departamento de Bolívar a cargo del Magistrado Pablo Guillermo Gil de la Hoz, fue realizado apartándose de lo reglado por las resoluciones 552 del 10 de marzo de 2010 y 754 del 9 de abril de 2010; no tuvo el alcance y profundidad necesario para garantizar la verdad de los resultados, pues de las 3399 mesas instaladas en el Departamento de Bolívar, sólo se escogieron 83, de las cuales se revisaron 47 y todas con base en los E-14 CA Claveros, a sabiendas de que en esta circunscripción había fraude. El proceso de revisión de Bolívar, aprobado mediante Resolución 1766 del 17 de julio de 2010, determinó ilegalmente que la curul correspondiera al candidato Hernando José Padaui Alvarez. El Consejo Nacional Electoral, mediante Acuerdo 009 del 19 de julio de 2010, confirmó las resoluciones 006 y 007 de la Comisión Departamental de Bolívar, descontándole al candidato Padaui 381 votos, pero se abstuvo de seguir corrigiendo las alteraciones de resultados electorales en las otras circunscripciones electorales, a pesar de haberse identificado plenamente

las otras 72 mesas, con argumentos formales, evadiendo su responsabilidad constitucional y legal de velar por la verdad de los resultados, pues la curul se definió por 27 votos, dejando de descontar a Padaui 1452 votos agregados con falsedad de documentos electorales. El Consejo Nacional Electoral, directamente, mediante Acuerdo 009 del 19 de julio de 2010, declaró elegido a los representantes a la Cámara por el Departamento de Bolívar, entre otros, a Hernando José Padaui Alvarez para el período constitucional 2010-2014, inscrito a nombre del Partido Cambio Radical. Sin embargo, si no hubiera adulteración por falsedad en los documentos electorales indicados, esa curul en estricto derecho y justicia le hubiera correspondido a Germán José Ordosgoitia Osorio, quien contrató a una experta que rindió dictamen pericial, en donde concluye que la revisión de escrutinios no se realizó con la profundidad que el caso ameritaba. 2.3. Normas violadas y concepto de violación. Como tales se señalan los artículos 2, 29, 40.1, 258 y 265 de la Constitución Política; 142, 163, 189, 192 y 193 del Código Electoral; 84 y 223 del Código Contencioso Administrativo; 9 y 10 de la Resolución 552 del 10 de marzo de 2010 del Consejo Nacional Electoral; y, el Acuerdo 5 del 10 de mayo de 1994 del Consejo Nacional Electoral. Al desarrollarse el concepto de violación se indica que en el presente caso las autoridades electorales computaron y mutaron pliegos viciados de nulidad; que el

actor perdió el derecho a ser Representante a la Cámara por tan solo 27 votos fraudulentos; que no se cumplió el proceso administrativo de revisión de escrutinios en los términos previstos en el artículo 265 constitucional, pues no se revisaron las mesas solicitadas, sino que se escogieron al azar solo 83 mesas de las 3399; que se diligenció el E-24 CA con datos distintos a los contenidos en las actas de los jurados de votación (E-14 CA); que la parte actora presentó un número plural de reclamaciones y una solicitud de revisión detallada y el Consejo Nacional Electoral dejó de revisar las respectivas mesas, violando el protocolo de escrutinios; que todas las reclamaciones presentadas demuestran que hay variación de resultados entre los ejemplares E-14 CA claveros y los E-14CA Delegados, como también variación de resultados entre los datos registrados en los E-14 CA y los consignados en los E-24 CA. Se advierte, además, que la decisión del Consejo Nacional Electoral de rechazar sus reclamaciones aduciendo haber sido presentadas ante la instancia no competente, viola el ordenamie