PGN - NULIDAD ELECTORAL - Por tanto, para la configuración de esta causal de nulidad elect

NULIDAD ELECTORAL-Presunta vulneración al sistema electoral por prácticas corruptas al desplegar actuar contrario a los principios democráticos para conseguir que se le eligiera Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, vulnerando el artículo 137 del CPACA DERECHO AL SUFRAGIO-Violación a la libertad del sufragio: causal subjetiva PRÁCTICAS ELECTORALES CORRUPTAS-Jurisprudencia/PRÁCTICAS ELECTORALES CORRUPTAS-Configuran la causal de nulidad de infracción de normas en que debe fundarse el acto, por el desconocimiento de los artículos 40-1 y 258 de la Constitución Política. En este sentido, se consideró que “la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como, por ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega de dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado, desconocen principios democráticos fundantes”.De manera enfática, la Sala Electoral afirmó que, si bien las conductas que afectan indebidamente la voluntad de los electorales de manera que se vicie su voto, habían sido abordadas como una causal objetiva, en tanto se consideró como violencia sicológica contra elector, lo cierto es que “el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo”. Este cambio en la perspectiva en el análisis de esta causal

implica que, respecto de las prácticas corruptas y antidemocráticas, no sea necesario demostrar: NULIDAD ELECTORAL-Por tanto, para la configuración de esta causal de nulidad electoral, se debe demostrar que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó. De tal forma que, en la sentencia en comento, se sentó jurisprudencia “en el sentido de precisar que las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada en el numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto con ellas se desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado Social de Derecho como el colombiano, concretamente desconoce los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política, normas de orden superior en que este tipo de actos deben fundarse”. CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-Causal de nulidad genérica relacionada con el desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto/CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-La causal genérica “desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto”, se ha interpretado como la infracción de las normas, siendo un vicio formal de nulidad de los actos Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

Las causales de nulidad electoral no son únicamente las enlistadas en el artículo 275 del Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Código de Procedimiento AdminTieslétrfaontiov 5o8 7y8 7d5e0 Elox tC. 1o24n0t9e-n12c4i4o4so Administrativo, pues resultan Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co aplicables las causales genéricas consagradas en el artículo 137 ibídem, según la misma Página 1 norma lo establece.La causal genérica “desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto”, se ha interpretado como la infracción de las normas, siendo un vicio formal de nulidad de los actos3, por lo que su configuración requiere la contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores, bien sea la ley, la Constitución o el reglamento. En ese sentido, el Consejo de Estado ha dispuesto que: CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-La nulidad por violación de una norma superior, como se conoce de manera genérica, se entiende configurada bajo los siguientes presupuestos5: i). La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa. Falta de aplicación de la norma. a). Se ignora su existencia; b) porque a pesar de que se conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso concreto; b) se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio; y; d) se examina la norma, pero se

cree equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que se resuelve. Aplicación en indebida forma de la norma. El precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: a) existe equivocación al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y b) porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero se entienden equivocadamente y de manera errónea se aplican. Es decir, ocurre cuando se le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. Se ha cualificado esa causal de nulidad, en el entendido que se entiende configurada por la inobservancia de las normas que constituyen el marco jurídico del acto, lo cual surge de la confrontación entre la previsión invocada como infringida y el acto administrativo infractor, y no, entre la norma y la conducta de quien es sujeto del acto administrativo. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-No se evidencia que en la elección de XXX como Representante a la Cámara por el Departamento de Quindío para el período 2022-2026, se configure, en primer lugar, la causal de anulación dispuesta en el numeral 220 del artículo 275 del CPACA y, en segundo lugar, la causal genérica de desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto,

según el artículo 137 del CPACA, según se dejó decantando. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 2 Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023 Concepto No. 2023-02-NE-029 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00076-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, infracción y expedición irregular

DEMANDANTE: LUZ HELENA FORERO SIERRA DEMANDADO: JOHN EDGAR PÉREZ ROJASrepresentante a la cámara por el Departamento del Quindío, período 2022-2026

ASUNTO DE INTERÉS: Corrupción electoral Respetado Magistrado, Dentro del término concedido mediante auto de 1 de febrero de 2023, intervengo como agente del Ministerio Público para rendir concepto dentro del proceso en que se discute la nulidad del acto de elección de JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS como Representante a la Cámara por el Departamento de Quindío, período 2022-2026.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 13 de marzo de 2022, se llevaron a cabo las elecciones para elegir Congreso de la República. Según acta de escrutinio E-26 CAM del 21 de marzo de 2022, JOHN EDGAR

PÉREZ ROJAS resultó electo a la Cámara de Representantes por el Departamento del Quindío. 1.1.2. De acuerdo con el informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación del 26 de septiembre de 2022: “El señor concejal del municipio de Calarcá GUSTAVO ADOLFO HERRERA ZAPATA, estaría entregando dinero en suma de $20.000 pesos a cada Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. ciudadano habilitado para votar en las elecciones del pasado 13 de marzo de 2022, con el Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co propósito que Página 3

Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 sufragaran por el candidato a la cámara de representante JHON EDGAR PÉREZ ROJAS del partido cambio radical”. 1.1.3. En la fecha, 21 de septiembre de 2022, se admitió demanda contra el acto de elección E-26 CAM del 21 de marzo de 2022, con el cual se declaró electo al accionado.

1.2. Cargo de la demanda La demanda se centra en la presunta vulneración al sistema electoral por prácticas corruptas. Esto es, que el ciudadano JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS, eventual e indirectamente, desplegó un actuar contrario a los principios democráticos para conseguir que se le eligiera Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, vulnerando el artículo 137 del CPACA, el cual establece dentro de varias causas de nulidad de los actos administrativos y, por ende, los de elección popular, la infracción de las normas en que deberían fundarse o su expedición irregular. Se alega que existieron actos de corrupción adelantados indirectamente por PÉREZ ROJAS o con su anuencia, que incluyeron, aparentemente, compra de votos, actuaciones que, en criterio de la parte actora, constituyen una clara vulneración de las normas en que debe fundarse el acto electoral. Se indica que, según la información de la Fiscalía General de la Nación: “Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Quindío de la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías de Armenia legalizara la captura de un concejal de Calarcá (Quindío)”, pues: “Al parecer el concejal Gustavo Adolfo Herrera Zapata por el partido Alianza Social Independiente que fue capturado en Calarcá se encontraba comprando votos (corrupción al sufragante) para beneficiar al candidato JHON EDGAR PEREZ ROJAS de la lista del partido Cambio Radical en el departamento del Quindío, lo que habría provocado un objeto ilícito y una causa ilícita de la elección de

este representante, provocando una posible nulidad electoral por presuntos sufragios ilegales situación fáctica conforme a la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 275 del CPACA esto es sabotaje que habría beneficiado al umbral para el mencionado partido político”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 2 Se expone que el Consejo de Estado de forma reiterada, ha definido que para la configuración del sabotaje: “se requiere que se acredite que la voluntad del elector hubiera sido viciada Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 por un daño, deterioro, obstrucción u oposición, realizado por medio de prácticas disimuladas, sutiles, artificiosas, engañosas, subrepticias y demás, sobre las cosas que en conjunto permiten materializar el proceso y que alteran la verdad electoral.” Por lo que, en su criterio, en este caso la concreción del sabotaje se generó por la intervención de políticos presuntamente comprando votos a favor del demandado, comprobando la existencia de corrupción al sufragante. 1.3. Fijación del litigio Mediante auto del 1 de febrero de 2023 se fijó el litigio en los siguientes términos:

“…corresponde en esta oportunidad fijar el litigo, el cual se circunscribirá a determinar si es nulo o no el acto mediante el cual se declaró la elección del señor John Edgar Pérez Rojas, como representante a la Cámara por el departamento de Quindío. Para el efecto, se debe determinar si el demandado ofreció personalmente o por intermedio del señor Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá – Quindíopor el partido Alianza Social Independiente –ASI-, dádivas a cambio de votos en su campaña política como representante a la Cámara del Quindío y, por tanto, si incurrió en prácticas corruptas que impliquen la nulidad de su elección” 1.4.Traslado para alegar Con providencia de 1º de febrero de 2023, el magistrado ponente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales a) y d), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, resolvió: (i) tener como prueba los documentos allegados por las partes con las demandas y las contestaciones, así como decretar un medio de prueba; (ii) fijar el litigio de la controversia jurídica; y, (iii) luego de ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente1.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema jurídico 1 En la anotación 66 del SAMAI se fijó la constancia de traslado para alegar y/o conceptuar entre el 15 de febrero y el 28 de febrero de 2023. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 4 Corresponde determinar si es procedente la nulidad del acto -acta de escrutinio E-26 CAM, del 21 de marzo de 2022-, mediante el cual se declaró electo a JOHN EDGAR PÉREZ ROJAS como Representante a la Cámara por el Departamento de Quindío, período 20222026 Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la violación a la libertad del sufragio; ii) los criterios sobre desconocimiento de normas superiores; y, iii) el caso concreto. 2.1.1. Violación a la libertad del sufragio: causal subjetiva La Sección Quinta2, en un fallo transcendental, precisó que las prácticas electorales corruptas, configuran la causal de nulidad de infracción de normas en que debe fundarse el acto, por el desconocimiento de los artículos 40-1 y 258 de la Constitución Política. En este sentido, se consideró que “la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como, por ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega de

dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado, desconocen principios democráticos fundantes”. De manera enfática, la Sala Electoral afirmó que, si bien las conductas que afectan indebidamente la voluntad de los electorales de manera que se vicie su voto, habían sido abordadas como una causal objetiva, en tanto se consideró como violencia sicológica contra elector, lo cierto es que “el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo”. Este cambio en la perspectiva en el análisis de esta causal implica que, respecto de las prácticas corruptas y antidemocráticas, no sea necesario demostrar: 2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado: 11001-03-28-000-201800084-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas; ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los demandados

con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir la voluntad del elector, iii)Cuántos ciudadanos votaron debido a haber recibido un pago o una promesa de dádiva; y iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado electoral. Por tanto, para la configuración de esta causal de nulidad electoral, se debe demostrar que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó. De tal forma que, en la sentencia en comento, se sentó jurisprudencia “en el sentido de precisar que las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada en el numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto con ellas se desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado Social de Derecho como el colombiano, concretamente desconoce los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política, normas de orden superior en que este tipo de actos deben fundarse”. 2.1.2. Causal de nulidad genérica relacionada con el desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto Las causales de nulidad electoral no son únicamente las enlistadas en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues resultan aplicables las causales genéricas consagradas en el artículo 137 ibídem, según la misma norma lo establece. La causal genérica “desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto”, se

ha interpretado como la infracción de las normas, siendo un vicio formal de nulidad de los Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 actos3, por lo que su configuración requiere la contrastación formal y objetiva de la norma expedida en relación con otras normas jerárquicamente superiores, bien sea la ley, la Constitución o el reglamento. En ese sentido, el Consejo de Estado ha dispuesto que: “De manera específica, las razones para la anulación de los actos administrativos se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.”4

Además, se ha considerado que la causal de nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o, mejor, la nulidad por violación de

una norma superior, como se conoce de manera genérica, se entiende configurada bajo los siguientes presupuestos5: ii). La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa. iii). Falta de aplicación de la norma. a). Se ignora su existencia; b) porque a pesar de que se conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso concreto; b) se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio; y; d) se examina la norma, pero se cree equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que se resuelve. iv). Aplicación en indebida forma de la norma. El precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: a) existe equivocación al escoger la norma por inadecuada valoración del 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado 4100123310002003004801 (0601-2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. No. 11001032600020150002200 (53057), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas, 15 de marzo de 2012. Radicación 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660) Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 supuesto de hecho que la norma consagra y b) porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. v). Interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero se entienden equivocadamente y de manera errónea se aplican. Es decir, ocurre cuando se le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.

Se ha cualificado esa causal de nulidad, en el entendido que se entiende configurada por la inobservancia de las normas que constituyen el marco jurídico del acto, lo cual surge de la confrontación entre la previsión invocada como infringida y el acto administrativo infractor, y no, entre la norma y la conducta de quien es sujeto del acto administrativo. Por lo que, en tratándose de la acción electoral, se advierte que es procedente proponer dicha causal de nulidad, cuando la norma superior en que debía fundarse señalada como infringida forma parte de la regulación aplicable a ese nombramiento o elección, como, por ejemplo, las leyes que señalan los requisitos que debe cumplir el elegido o nombrado, los

impedimentos y las inhabilidades. Contrario sensu, no procede invocar como causal de nulidad de un acto electoral la infracción por parte del elegido o nombrado de un deber o una prohibición general, sin que por ley se hubiera establecido en forma expresa que esa infracción impide que el ciudadano pueda ser elegido o nombrado6. Posición que ha sido reiterada por la Sección Quinta7, en el entendido que la infracción a la norma superior hace referencia al desconocimiento de las disposiciones normativas que componen el marco jurídico del acto administrativo electoral. En pronunciamiento reciente, la Sala Electoral8, de manera sistemática, determinó que existen dos elementos de configuración en relación con la causal de nulidad desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto: 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Bogotá, D. C., 6 de marzo de 2009. Radiación 76001-23-31-000-2008-00205-01 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 27 de octubre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00038-00. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 18 de febrero de 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00058-00. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 8 En cuanto al primero, “…es preciso demostrar que los preceptos normativos que se aducen como vulnerados hacen parte del grupo de prescripciones normativas que reglan “la materia que es objeto de decisión administrativa.”. Esto es, que, en solicitud de anulación o nombramiento se debe demostrar que los preceptos normativos hacen parte de las normas que reglan la materia que es objeto de la decisión administrativa de superior jerarquía9. Respecto del segundo, se debe acreditar la no avenencia del acto bajo censura a las normas que constituyen su marco jurídico de referencia. “De allí que se deba probar que la prescripción jurídica que integra el concepto de violación alegado debía imbuir la expedición y contenido del acto, y que, contrario a ello, el acto terminó constituyendo una oposición directa o indirecta de aquel; disconformidad que puede tener lugar en las siguientes hipótesis: (i). Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa; (ii). Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la valoración y escogencia de la disposición normativa; (iii).Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado del

precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver10. De lo anterior se decanta que su materialización resulta del cotejo entre las normas invocadas como infringidas y el acto electoral acusado25; peculiaridad propia de los vicios contenidos en el artículo 137 del CPACA, “metodología compuesta por dos momentos, a saber, (a) la determinación de la pertinencia y aplicabilidad de las normas invocadas respecto del procedimiento administrativo cuestionado; (b) su quebrantamiento por inaplicación, aplicación indebida o interpretación errónea”11 Así, en tratándose de la causal de nulidad genérica del acto de elección o nombramiento consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 201112, sobre desconocimiento de las normas 9 “Para tal propósito es importante tomar en considerar que el orden jurídico se compone de una estructura piramidal y un sistema de fuentes que, a la manera más elemental de la lógica kelseniana, integra una serie de jerarquías normativas que para lo que al Estado Social de Derecho concierne toman como máximo referente al Texto Político de 1991, en virtud del principio de supremacía inserto en el artículo 4 ibidem, con integración de las disposiciones que se adhieren a ella en virtud del bloque de constitucionalidad; seguidas de las leyes, asimiladas de acuerdo con el valor que se les asigna a partir de su tipología y especialidad – orgánicas, estatutarias, marco, aprobatorias de tratados, ordinarias, etcétera– y demás disposiciones que comparten su fuerza material; las cuales, a su vez, se ubican en un nivel superior que los decretos y demás

actos administrativos de carácter general, que tendrán que ser observados por otro tipo de actos que, de manera sucesiva priman sobre categorías de menor envergadura –circulares, resoluciones, directrices, acuerdos, ordenanzas, memorandos, doctrina institucional, etcétera–, cuyos matices no corresponde detallar en el presente proveído”. Ibídem. 10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. Nº. 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660). M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Actor: ACCENTURE LTDA 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-24-000-2017-00173-00, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro. 12 “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los

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Página 10 PPárogcinuara 1d1uría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co en las cuales debía fundarse el acto, “debe demostrarse que la norma infringida debía fundar el acto acusado”13.

En efecto, para que la referente a la violación de las normas de orden superior prospere, se requiere que el acto acusado haya debido fundarse en la norma invocada; por cuanto, no cualquier desconocimiento de norma constitucional conlleva la nulidad del acto electoral o de nombramiento. 2.1.3. Caso concreto Se cuestiona que el entonces candidato y hoy Representante JHON EDGAR PÉREZ ROJAS, fue beneficiado con el comportamiento delictual del concejal Gustavo ADOLFO HERRERA ZAPATA, quien fue capturado en Calarcá cuando se encontraba comprando votos (corrupción al sufragante) para beneficiar a la lista del partido Cambio Radical en el Departamento del Quindío, lo que habría provocado un objeto y una causa ilícitos en la elección del accionado. En ese sentido, se expuso que la voluntad del elector fue viciada por un daño, deterioro, obstrucción u oposición, realizado por medio de prácticas disimuladas, sutiles, artificiosas,

engañosas, subrepticias y demás, lo que en conjunto permitió alterar la verdad electoral, por la compra de votos a favor del demandado, dando lugar a la corrupción del sufragante. Por consiguiente, en orden a la fijación del litigio, se debe determinar si el demandado ofreció pers