PGN - NULIDAD - En sede de casación por carencia de defensa técnica

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de Casación (Rad. 23.110) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia confirmó la sentencia que profirió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad en disfavor de José Antonio Chala Serna y Jhon Edison Bastidas Silva por el concurso de delitos de Homicidio Agravado y Rebelión.

En ejercicio del derecho de impugnación, el defensor de éste último interpuso el recurso extraordinario de casación, y en relación con la demanda, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, procede a emitir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- HIPÓTESIS DELICTIVA.

Los hechos fueron narrados por el Juez de Primera instancia, en los términos siguientes: “Acaecidos en ésta ciudad cerca de la medianoche del 28 de julio de dos mil dos, dentro de las instalaciones de la Décimo Segunda Brigada, cuando una persona que vestía prendas militares se dirigió a la garita de los centinelas e intentó arrebatarle el fusil a uno de ellos, al no lograr su cometido le disparó con una pistola con silenciador, enterado del forcejeo el centinela de la garita siguiente se puso alerta y apuntando a quien continuaba en la garita, simulando ser el guardia verdadero, lo obligó a salir del sitio y a descargar el fusil, no obstante cuando el soldado centinela

WILINTON JIMÉNEZ intentó verificar la suerte de su compañero, el sujeto infiltrado quien continuaba en poder de la pistola, disparó contra JIMÉNEZ y éste herido reaccionó disparando su fusil contra el agresor. Ante la gravedad de lo sucedido, los comandantes del batallón procedieron a realizar la indagación pertinente, estableciendo que los soldados regulares CHALA SERNA y BASTIDAS SILVA, habían participado ayudando a infiltrar al guerrillero abatido que respondía al parecer al nombre de CARLOS ALFREDO CÉSPEDES TOVAR, de igual manera fueron los encargados de introducir el arma y facilitar 2 el uniforme camuflado”.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Con base en el acta de inspección y levantamiento de los cadáveres y el informe No. 6481 del 29 de julio de 2002 suscrito por Germán Ricardo Rodríguez F. Oficial B2 de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, Amador Delgado Ocampo, Profesional Universitario del Cuerpo Técnico de Investigaciones, y Vladimir Castaño Puentes, Jefe SIA del Cuerpo Técnico de Investigaciones, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), dispuso el inicio de la correspondiente investigación penal, a la que fueron vinculados los inculpados mediante indagatoria, diligencia en que aceptaron su participación en los hechos objeto de investigación. Posteriormente, el 2 de agosto de 2002, su situación jurídica provisional fue

resuelta con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio a la libertad provisional como presuntos coautores de los delitos de Homicidio Agravado y Rebelión. Manifestada por los sindicados su voluntad de ser escuchados en ampliación de indagatoria, se verificó la correspondiente diligencia, en la que decidieron retractarse de lo narrado en su versión inicial, con el argumento de que dichas manifestaciones fueron el fruto de torturas, amenazas sicológicas y de muerte. Luego de recaudarse la prueba necesaria, se ordenó el cierre de la instrucción, y seguidamente, el 19 de marzo de 2003, se calificó el mérito probatorio del sumario con Resolución de Acusación en contra de los sindicados como presuntos responsables de los delitos de Homicidio Agravado y Rebelión, providencia que alcanzó ejecutoria el 28 de marzo siguiente en la misma primera instancia por no haber sido impugnada. Correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia adelantar la etapa del juzgamiento, y una vez verificadas las audiencias preparatorias y del juicio oral público, el 2 de abril de 2004 dictó sentencia condenatoria en contra de José Antonio Chala Serna y Jhon Edison Bastidas Silva como coautores de los delitos concretados en la Resolución de Acusación. Señaló el Juzgador como penas principales las de Doscientos Sesenta (260) Meses de prisión y multa equivalente a ochenta y tres (83) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos, además como sanción accesoria "interdicción de derechos y funciones públicas" por un lapso de quince

(15) años. Ordenó igualmente el juzgador a los sentenciados, cancelar en forma solidaria el equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales vigentes como indemnización por los perjuicios materiales causados con el ilícito de Homicidio, y, de otra parte, negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 3 En virtud de la apelación a la sentencia por parte de los defensores de los procesados, el Tribunal Superior de Florencia, mediante la suya del 3 de agosto de 2004, la confirmó en su integridad. Contra esta decisión el defensor de Jhon Edison Bastidas Silva interpuso recurso extraordinario de Casación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 3 de mayo de 2005, declaró ajustada la demanda a las formalidades legales. 3.- LA DEMANDA Con fundamentó en el artículo 207, numeral 3º, del Código de Procedimiento Penal, formula el recurrente dos reproches contra la sentencia de segunda instancia por haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, censuras que desarrolla en los siguientes términos. 3.1. Primer Reproche (Violación del Derecho de defensa) El fundamento de este motivo de invalidez lo hace consistir el Letrado en la total pasividad del profesional del derecho designado de oficio para representar los intereses del acusado, estructurándose de esta forma la violación del derecho de defensa técnica. Expresó que el derecho a la defensa no sólo comprende la presencia material o física de un abogado que represente los intereses del procesado, sino que debe

entenderse de una manera efectiva, dinámica y real, puesto que las diferentes hipótesis de violación de éste constitucional derecho pueden llegar a ser múltiples, y no únicamente por la ausencia material de un defensor, toda vez que a pesar de estar posesionado un abogado como defensor, el derecho se viola por falta de actuación del mismo. Luego de hacer un recorrido ilustrativo sobre el entendimiento teórico de la mencionada garantía fundamental tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, señala en detalle la inactividad y la traición al cumplimiento de sus deberes por el abogado, en el orden que sigue: 3.1.1. La participación del Letrado que lo asistió en la diligencia de indagatoria se limitó a la presencia nominal y aparente, en razón a que no estableció ninguna clase de comunicación previa con su representado, privándolo en esta forma del derecho fundamental a ensayar una estrategia de defensa, eventualidad que se demuestra no sólo con lo manifestado por el procesado en audiencia pública, sino también en el hecho de que el abogado asistió simultáneamente a los dos implicados, pese a que físicamente era una labor imposible de cumplir sin colocarse en una situación de desconocimiento total frente al desarrollo de la diligencia, lo que efectivamente aconteció, al punto que no se percató de las mutuas imputaciones, y por consiguiente, de la incompatibilidad de la defensa. 4 Dicha orfandad le impidió al acusado dar a conocer a su defensor las torturas y amenazas de que fue objeto para obligarlo a auto incriminarse y a realizar imputaciones en contra de José Antonio Chala Serna, circunstancia que sin lugar

a dudas le habría permitido modificar su situación jurídica. 3.1.2. La actuación del nuevo defensor del oficio designado una vez finalizada la indagatoria se concretó a solicitar ampliación de esta diligencia, en la que el sindicado puso en conocimiento las torturas y amenazas y se retractó de lo manifestado inicialmente, momento a partir del cual se abrieron las posibilidades defensivas en orden a demostrar que su primera versión no fue libre y voluntaria, con lo que se derrumbaría el sustento de la decisión de condena, oportunidad desaprovechada por el Letrado, pues, sólo pidió se practicara a su representado un examen para determinar su imputabilidad. 3.1.3. Tampoco luego de notificado de la providencia que negó algunas de las pruebas solicitadas en desarrollo de la audiencia preparatoria, intentó modificarla mediante la interposición de los recursos ordinarios. 3.1.4. Pese a la inasistencia como testigos de algunos de los militares a la audiencia pública, guardó el defensor absoluto silencio, perdiendo de esta forma la oportunidad de contrainterrogar a quienes involucraban a su poderdante. El Letrado aboga, por el contrario, que el contrainterrogatorio de los testigos era parte esencial de la estrategia de defensa y ante la imposibilidad de hacerlo por la no asistencia del testigo se lesionó el ejercicio del derecho de una defensa eficaz porque en la situación concreta de su prohijado se presentan hechos relevantes distintos de las circunstancias tenidas en cuenta por la sentencia. En ese sentido, mencionó los puntos respecto de los cuales, en su opinión, era necesario contrainterrogar a estos y a otros testigos, resaltó las presuntas

contradicciones que era factible observar en sus intervenciones procesales, y reseñó algunos elementos de juicio que era necesario allegar al expediente. En definitiva destaca que se tornaba imperiosa la actividad del abogado solicitando la comparecencia de nuevo de los testigos, con el fin de aclarar las contradicciones existentes. 3.1.5. La participación del Letrado en la audiencia pública se limitó a repetir los alegatos precalificatorios y a realizar a los acusados preguntas intrascendentes, es decir, se evidencia un total abandono de defensa técnica, que en manera alguna puede calificarse como una estrategia defensiva. Se trató, por el contrario, en su sentir, del fruto de la irresponsabilidad, la indiferencia y el abandono en que se dejó al acusado. 3.1.6. Correspondía al defensor solicitar el ejercicio de la cadena de custodia en relación con las armas utilizadas en los hechos, actuación que se abstuvo de cumplir. 3.1.7. Aseguró que las alegaciones se circunscribieron a presentar escrito previo a la calificación del mérito del sumario, mientras que la impugnación del fallo de primer grado sólo es el reflejo de "la torpeza técnica en la labor defensiva". 5 Puso de presente que el desconocimiento de los planteamientos en mención, dio lugar al proferimiento de un fallo adverso a los intereses de su representado, pues, si bien desde un punto de vista simplemente formal puede afirmarse que el acusado "no estuvo desprovisto de defensa" por haber contado durante todo el curso del proceso con un defensor, lo cierto es que no existieron "verdaderos y

reales actos positivos de naturaleza defensiva", lo cual permite afirmar la total ausencia de defensa técnica y de una estrategia defensiva. Como corolario obligado, reclama se case la sentencia y se decrete la nulidad desde el momento procesal en que se escuchó en indagatoria a su representado. 3.2.- Segundo Reproche (Violación del Debido Proceso y del Derecho de Defensa) Aduce en esta oportunidad la violación del debido proceso por irregularidades en el trámite de vinculación del implicado al proceso, aspecto que en su sentir igualmente tuvo incidencia en el derecho de defensa, toda vez que careció en absoluto de defensor en la diligencia de indagatoria, debido a que no obstante haber sido designado el mismo abogado de oficio a los dos sindicados, las diligencias se realizaron de manera simultánea, lo que impidió una efectiva y real intervención en la diligencia, a lo que se sumó el hecho de existir "posturas antagónicas e irreconciliables" entre los dos indagados. Se refirió a la naturaleza de la indagatoria, resaltando la imposibilidad de desconocerse que se trata de un medio de defensa, por lo que, en su sentir, la carencia de abogado en dicha diligencia constituye una auténtica vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, irregularidad que en manera alguna puede ser subsanada o convalidada, pues es apenas obvio que el derecho de defensa es una garantía absoluta que no tiene restricciones. Mencionó igualmente la imposibilidad en que se encontró su representado de entrevistarse con el abogado con anterioridad a rendir indagatoria con miras a

adoptar una estrategia defensiva, y al hecho de que no obstante ser de conocimiento de los funcionarios la existencia de incriminaciones mutuas, les fue designado a los dos implicados el mismo defensor de oficio, además que las diligencias se realizaron de manera simultánea, situación que se acredita con el examen de la injurada de su representado. Expresó que la presencia del defensor debe ser real, permanente y continua, es decir, que tiene la obligación de permanecer durante todo el transcurso de la indagatoria, y en caso de ausentarse, ha de suspenderse la diligencia. En su sentir no podía el mismo abogado asistir de manera simultánea a los dos procesados, labor físicamente imposible de cumplir sin colocarse en una situación de desconocimiento total frente al desarrollo de la diligencia, y en tal sentido, las actas de indagatoria expresan una situación contraria a la verdad. Aseguró que la irregularidad denunciada afecta la validez de todo el trámite procesal, por lo que solicitó, en consecuencia, casar la sentencia y declarar la nulidad de lo actuado a partir de la indagatoria de su defendido. 6

4.- CONCEPTO.

Inicialmente ha de aclararse que el orden en que se propusieron las censuras no responde a las orientaciones del principio de prioridad, ya que de prosperar la irregularidad fundamentada en la indebida vinculación, quedaría sobrando el examen relativo a la conducta asumida por el abogado designado para representar los intereses del tercero civilmente responsable. En razón de lo anterior, se estudiarán los reproches en orden contrario al propuesto, acorde con las orientaciones del principio de prioridad. 4.1. Segundo Reproche (Violación del Debido Proceso y del Derecho de

Defensa) El derecho a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento, se encuentra consagrado en favor de todo sindicado como una garantía fundamental de carácter constitucional en el artículo 29, inciso tercero, de la Carta Política. Al derecho de defensa también aluden la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Administración de Justicia", en el artículo 8.2, literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica aprobada mediante la Ley 16 de 1972; y en el artículo 14.3 del Pacto de Nueva York, aprobado por la Ley 74 de 1968. No suscita discusión entre los entendidos que con la constitucionalización del derecho a la defensa letrada, debido a su carácter normativo y no meramente programático, se trata de una garantía real, que corresponde a todo servidor judicial velar por su ejercicio mediante la designación de un abogado de oficio cuando el procesado no quiera o no se encuentre en condiciones de contratar uno de confianza y vigilar que su gestión se cumpla dentro de los marcos de diligencia debida y ética profesional. En el mismo orden de ideas, es obligación de los jueces que le impone la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no sólo garantizar sino velar por la salvaguarda de los derechos de los intervinientes en el proceso, en la medida en que, para preservar la preciada garantía del derecho de defensa, además de su ejercicio material por parte del procesado y técnico en manos del abogado, es menester la acuciosidad del operador jurídico que le impide mostrar indiferencia

frente a la absoluta inactividad o a la ausencia de defensa. La ausencia del defensor vicia el procedimiento en materia grave hasta el punto de generar uno de los motivos de nulidad recogidos en la ley de procedimiento. Sin embargo, para que la deficiente actividad de la asistencia o representación letrada de la persona acusada de un delito tenga capacidad de desconocer el derecho de defensa, según lo ha venido pregonando la enseñanza de la jurisprudencia, es necesario que haya podido razonablemente causar algún perjuicio siquiera potencial de los derechos fundamentales del procesado por sus 7 efectos definitivos y evidentes sobre la decisión del Órgano jurisdiccional. En el evento objeto de estudio, es verdad averiguada que el procesado fue oído en diligencia de inquirir algunas horas después de producirse su captura, y que efectivamente le fue designado por la funcionaria instructora un defensor de oficio, ante su manifestación de no contar con uno de confianza. De igual forma, corresponde a la realidad que el mismo profesional del derecho asistió como defensor de oficio al otro procesado, quien estaba rindiendo indagatoria ante otra Fiscal en las mismas instalaciones. Ocurre sin embargo, contrario a lo estimado por el censor, que no aparece constancia alguna en el expediente que permita entender como acreditado que las dos indagatorias se estuvieran verificando de manera simultanea, como tampoco acerca de que el Letrado no hubiera estado atento al desarrollo de las diligencias, pues, ninguna constancia en torno al asunto aparece en las actas correspondientes, ni durante el curso de la actuación realizaron los implicados ni las demás partes intervinientes manifestación alguna respecto a dicha

eventualidad. Todo el fundamento del reproche se reduce a la interpretación que realizó el casacionista de lo manifestado en indagatoria por Jhon Edison Bastidas Silva al referirse a José Antonio Chala Serna como "el otro que está allá rindiendo indagatoria", expresiones que, en principio, no pueden tomarse como demostrativas de su contenido literal, pues, bien pudo tratarse de la creencia del acusado respecto a que como él se encontraba en desarrollo de ese trámite, lo mismo ocurría en relación con el otro procesado, sin que se encontrara en posibilidad física de tener un verdadero conocimiento de dicha circunstancia. Así las cosas, establecida legalmente la relación jurídico-procesal y designado oportunamente el apoderado que representara en la indagatoria al sindicado, quien contó en todo momento con la posibilidad de controversia e intervención en el trámite procesal, es inocultable que se ha de concluir que ninguna garantía le fue conculcada, en la medida en que en momento alguno de la actuación se le impidió al abogado intervenir en representación de su poderdante, ni a éste manifestar su inconformidad respecto a la forma en que se desarrollaba la diligencia, resultando claro en consecuencia que durante todo el curso de la actuación procesal la posibilidad de controversia e intervención estuvo a su alcance, y por ende mal se puede ahora plantear la vulneración del derecho de defensa. En este orden de ideas, nada más elocuente que la ausencia de razón del reproche expuesto por el casacionista, el cual necesariamente se debe desestimar. 4.2. Primer Reproche (Violación del Derecho de defensa) Plantea en esta oportunidad el Letrado la afectación del derecho de defensa de su

representado, debido a que en períodos de suma importancia del proceso se evidenció la falta de asistencia letrada en su favor, lo que le permite concluir que aunque hubiera tenido el acusado un defensor de manera nominal y formal 8 durante el desarrollo del proceso, de todas formas no existió una actitud defensiva que pueda catalogarse como una verdadera asistencia técnica, y en tales condiciones, se impone la declaratoria de invalidez de lo actuado. El recurrente fundamenta la falta de asistencia técnica o defensa letrada, esencialmente, en tres aspectos: 4.2.1. Ausencia de comunicación entre sindicado y defensor con anterioridad a la realización de la diligencia de indagatoria. Si bien no se manifiesta de manera expresa, del contexto del reproche se desprende que la inconformidad finca en que el defensor de oficio no contara con oportunidad de aconsejar al sindicado abstenerse de confesar su participación en los hechos, por lo que propende ahora por la invalidez de la actuación en aras de revivir de esta forma la oportunidad para adoptar una posición diferente frente a la imputación. En torno al asunto, es del caso aclarar que en virtud del principio constitucional de no auto-incriminación, el investigado tiene derecho a no declarar contra si mismo involuntariamente, y en este orden, tanto el constreñimiento para declarar como las torturas, se consideran prohibidos y contrarios a la Constitución. Ocurre sin embargo, en esta oportunidad, que el acta correspondiente a la diligencia de indagatoria claramente específica que el sindicado fue informado de manera amplia y oportuna acerca de que no estaba obligado a declarar contra sí

mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge o compañera permanente, al igual que le fue puesto de presente que estaba libre de apremio y juramento. Así las cosas, independientemente del derecho que le asiste al sindicado de entrevistarse con el abogado, lo cierto es que la finalidad de dicha reunión, esto es, enterarse del derecho a la no auto incriminación, se satisfizo durante el curso mismo de la diligencia, y, por consiguiente la omisión denunciada ninguna incidencia tendría en perjuicio de los derechos fundamentales del procesado. De otra parte, no puede relegarse al olvido que el derecho de no autoincriminación en manera alguna implica la facultad de faltar a la verdad, por lo que el hecho de extrañar la entrevista previa entre defensor y acusado cuya única finalidad era la de evitar la confesión respecto a su participación en los hechos objeto de investigación, aparece a todas luces intrascendente, debido a que ello implicaría modificar la realidad. Resulta así mismo relevante tener en cuenta que la indagatoria, además de ser un medio de defensa, es también un instrumento de prueba, y en tal sentido si el sindicado decide ofrecer su explicación de los hechos, y falta a la verdad, de esa situación se pueden derivar consecuencias probatorias desfavorables al procesado, es decir, se pueden predicar en su contra los indicios de mentira o falsa justificación, con lo cual la estrategia defensiva propuesta por el casacionista, eventualmente podría revertirse en contra de los intereses de su representado, en

razón a que perdería la rebaja de pena por confesión que le fue reconocida en las sentencias de instancia. 9 El profesional togado demuestra al desarrollar el cargo que en realidad su inconformidad se limita a cuestionar la estrategia defensiva asumida por el profesional del derecho que durante el trámite procesal tuvo a su cargo la representación de los intereses del acusado. Se concluye, entonces, que ninguna irregularidad constitutiva de nulidad se estructura, debido a la ausencia de trascendencia desfavorable a los intereses del justiciable, eventualidad que impide su prosperidad. 4.2.2. La falta de contradicción de la prueba porque, según expone, el defensor de oficio designado una vez finalizada la indagatoria se limitó a solicitar ampliación de esta diligencia, sin que se interesara por la práctica de otras pruebas que corroboraran las manifestaciones del implicado en torno a las amenazas y presiones de que fue objeto, como tampoco se preocupó por insistir en la presencia de los testigos citados a la diligencia de audiencia pública con la finalidad de contra-interrogarlos. Ninguna duda le asiste al Ministerio Público acerca de que el derecho a la defensa del acusado resulta imprescindible en todas las etapas del proceso, y que a dicha prerrogativa le son inherentes las características de continuidad y permanencia, pero igualmente resulta claro que un planteamiento de nulidad en sede de casación por carencia de defensa técnica no puede limitarse, como lo pretende en esta oportunidad, a una simple afirmación de inconformidad sobre la forma como los Profesionales del Derecho encauzaron la defensa, ni cuestionando o calificando de desacertados el contenido y fundamento de sus pretensiones, sino

que debe demostrarse la forma en que la irregularidad denunciada afecta realmente la garantía constitucional referida. Es claro que la simple inactividad de los defensores en determinados pasajes de la actuación o cualquier vacío en su gestión no puede considerarse como vulneración del derecho a la defensa técnica, y acorde con las orientaciones de los principios que rigen la declaratoria de las nulidades sólo hay lugar a decretar la invalidez cuando la irregularidad denunciada interfiere con las garantías de los intervinientes o desconoce la estructura básica del proceso, pues, al contar el abogado con absoluta discrecionalidad al momento de escoger la estrategia que según su criterio mejor se acomoda a los intereses que representa, ningún impedimento ha de encontrar si decide abstenerse de concurrir al interrogatorio de los testigos, bien de cargo o de descargo, o si entiende como innecesaria la solicitud de práctica de pruebas, o aún si se abstiene de impugnar las determinaciones adoptadas en el curso del proceso, toda vez que cada una de estas eventualidades dependen en grado sumo de las posibilidades que brinde la misma investigación, acorde con la visión que tenga el defensor sobre el tema y la finalidad buscada en cada una de las etapas procesales, además que, como es bien sabido, también es posible propender por los intereses del procesado con actitudes pasivas. En consecuencia, para que la censura tenga alguna viabilidad es necesario demostrar que el apoderado abandonó de manera absoluta su encargo profesional, al punto que ni siquiera estuvo atento a su desenvolvimiento mediante actitudes de vigilancia que eventualmente pudieran ser entendidas como estrategia defensiva, pues entre la falencia en el ejercicio del derecho de defensa

10 y la decisión judicial debe existir una relación directa de medio a fin, suficiente para demostrar que si se hubiera cumplido cabalmente con la misión encomendada, la determinación adoptada –siquiera potencialmentehabría sido diferente. En el asunto objeto de estudio, el casacionista no evidenció actuación alguna que incidiera en el ejercicio del derecho de defensa del acusado, toda vez que el nuevo defensor encaminó su plan de salvaguarda de los intereses del acusado por los senderos trazados en su indagatoria, en la cual sin lugar a ambages confesó su participación en los hechos. Significa lo anterior que la intervención de los abogados estuvo determinada por la actitud asumida por el procesado y por las pautas defensivas que consideraron pertinentes, y en manera alguna resulta factible afirmar que obedecieron a una pasividad defensiva enmarcada dentro de las fronteras de la negligencia. El encargado de la defensa, cuando moralmente está convencido de la prueba que abruma a su defendido, no está obligado a ensayar hipótesis peregrinas o argumentos exculpatorios aún en contra de la verdad procesal, o dicho en mejor forma, el éxito de su gestión no la determina siempre la demanda de absolución porque también es plausible y de encomiable ética profesional no oponerse a la condena siempre que procure la explicación del comportamiento de su defendido de modo que el delito imputado y la pena resulte lo menos perjudicial. En segundo término, tampoco se erige en motivo suficiente para decretar la invalidez de lo actuado la ausencia de ciertas acciones positivas de gestión, pues el hecho de que no se pidieran pruebas no constituye factor determinante de la

conculcación de la garantía invocada, en cuanto puede ser también manifestación de una táctica defensiva igualmente válida. Es preciso tener presente que el ejercicio del derecho de contradicción no se ejerce únicamente en el momento de la aducción del medio probatorio al proceso, o en su ampliación por la oportunidad que se tiene de repreguntar o contrainterrogar al testigo, sino también en cualquier otra etapa procesal a través de la pertinente valoración o crítica probatoria tanto en los alegatos precalificatorios, la sustentación de los recursos ordinarios e incluso en el debate oral del acto público de juzgamiento. Así las cosas, ninguna incidencia en el derecho a la defensa tuvo el hecho de que no se hubiese solicitado la práctica de algunas pruebas o no se contara con la oportunidad de contrainterrogar a los testigos de cargo. No existió entonces en la actuación detrimento al derecho de defensa de Jhon Edison Bastidas Silva, pues, la presunta inactividad no obedeció a una manifestación inequívoca de indiferencia, desidia, o abandono de la gestión encomendada, sino a la estrategia defensiva que estimó el Profesional del Derecho mejor se ajustaba a las circunstancia en que se venía desarrollando el trámite procesal, mientras que en la fase del juicio contó el acusado con un defensor que acudió a los mecanismos a su alcance en beneficio de los intereses de su representado. 11 El cargo, en consecuencia, no tiene vocación de prosperidad por falta de razón y las evidentes falencias técnicas que presenta. 4.2.3. No se impugnó ninguna de las decisiones desfavorables al acusado,

especialmente, la que negó la práctica de algunas pruebas que corroboraran las manifestaciones del implicado en torno a las amenazas y presiones de que fue objeto, como tampoco se preocupó por insistir en la presencia de los testigos citados a la diligencia de audiencia pública con la finalidad de contra-interrogarlos. Cuando se alega en el ámbito del recurso extraordinario de casación la violación al derecho de defensa por ausencia del ejercicio del derecho de impugnación de las diversas determinaciones desfavorables al sindicado adoptadas en el curso del proceso, se debe demostrar con el respectivo análisis de las pruebas que el sentido de las providenci