PGN - NULIDAD - Incluir en el fallo normas violadas que no le fueron citadas en los cargos

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, diciembre once (11) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No.53.

Radicación: 1612709 (165-83717)

Disciplinado: JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR

OTROS

Cargo y Entidad: Gerente Cooperativa Proteger A.C.

Quejoso: Superintendente de Economía Solidaria Fecha queja: Febrero 18 de 2003

Fecha Hechos: Julio a diciembre de 2002

Asunto: Apelación fallo primera instancia P.D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ Corresponde a la Sala Disciplinaria en esta oportunidad procesal, en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1o. del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, revisar por vía de alzada la decisión proferida el 4 de mayo de 2007, por la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declaró disciplinariamente responsables a los señores JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, OTILIA ORTÍZ QUITIÁN y MARTHA NEYLA BONILLA, en sus condiciones de representantes legales de las cooperativas Proteger A.C., Congeter Ltda. y Conalde Ltda., respectivamente (folio 716 del C.O. 6).

ANTECEDENTES PROCESALES Tuvo origen el presente proceso disciplinario en la comunicación dirigida el 18 de febrero de 2003 por el Superintendente Delegado para el sector real de la Superintendencia de la Economía Solidaria a la Procuraduría General de la

Nación, en relación con presuntas irregularidades contractuales presentadas en las cooperativas Proteger A.C., Congeter Ltda. y Conalde (folio 2 del C.O. 1). Asignado el asunto a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, una vez adelantada la indagación preliminar ordenada mediante auto del 10 de junio de 2003 por esa dependencia (folio 398 del C.O. 2), la misma dispuso el 30 de abril de 2004 la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores JHON JAIRO ESCOBAR RIAÑO, OTILIA ORTÍZ QUITIÁN y MARTHA NEYLA BONILLA, en las condiciones mencionadas (folio 468 ibídem) y el 16 de noviembre de 2004 formuló cargos contra los mismos ciudadanos por los hechos objeto de la queja referida (folio 288 del C.O. 3). 161-2709 Adelantada la etapa probatoria y corrido el traslado para alegar, la Delegada dictó el 4 de mayo de 2007, fallo de primera instancia declarando disciplinariamente responsables a los mencionados señores JHON JAIRO ESCOBAR RIAÑO, OTILIA ORTÍZ QUITIÁN y MARTHA NEYLA BONILLA, en sus condiciones de representantes legales de las cooperativas Proteger A.C., Congeter Ltda. y Conalde, respectivamente (folio 716 del C.O. 6). El 5 de junio de 2007, la Procuraduría Delegada decidió conceder el recurso de apelación interpuesto mediante apoderado por las disciplinadas OTILIA ORTÍZ

QUITIÁN y MARTHA NEYLA BONILLA (folio 885 ibídem). Remitido el expediente a la Sala Disciplinaria el 6 de junio de 2007, esta corporación dictó el auto del día 11 del mismo mes y año, ordenando el recaudo de una información en relación con la citación cursada por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría al disciplinado JHON JAIRO ESCOBAR RIAÑO (folios 890 y 895 ibídem). Una vez recibida la información correspondiente, la Sala dispuso mediante auto del 1 de agosto de 2007 devolver el expediente a la oficina de origen para efectos de la notificación legal del disciplinado JHON JAIRO ESCOBAR RIAÑO, hecho lo cual, incluyendo la concesión del recurso de apelación a favor de ese disciplinado por parte de la primera instancia, el expediente fue recibido en esta corporación y asignado al abogado sustanciador el 2 de octubre de 2007 (folios 904, 925, 931 y 933 ibídem); razón por la cual se debe avocar el conocimiento de los recursos de apelación correspondientes. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 4 de mayo de 2007, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declaró disciplinariamente responsables a los señores JHON JAIRO ESCOBAR RIAÑO, OTILIA ORTÍZ QUITIÁN y MARTHA NEYLA BONILLA, en sus condiciones de representantes legales de las cooperativas Proteger A.C., Congeter Ltda. y Conalde, respectivamente, al tiempo que declaró la prescripción de la acción

disciplinaria respecto de los cargos segundo y tercero formulado al primero de los mencionados y el quinto endilgado a la segunda, lo cual hizo con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación contenidos en el acápite Argumentos para decidir, después de referirse a los antecedentes del asunto, los cargos, los descargos, los aspectos procesales, así como a los hechos probados respecto de cada uno de los reproches (folio 716 del C.O. 6):

1. Comienza la Delegada por expresar que los argumentos presentados por los investigados manejan aspectos comunes, por lo cual se dispone a hacer consideraciones igualmente aplicables a todos ellos para fundamentar la decisión correspondiente.

En seguida recuerda que la Ley 80 de 1993 incluyó como entidades estatales a las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, por lo cual a ellas se les aplica ese estatuto. Igualmente, con apoyo en la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de la de la 2 161-2709 Procuraduría General de la Nación, que las entidades públicas cooperativas se someten en su actividad contractual a dicha ley y específicamente en lo relativo a los contratos que celebren en desarrollo de convenios o contratos ínteradministrativos suscritos con sus entidades territoriales asociadas. Expresa que por ello los contratos que realicen tales entidades con personas naturales o jurídicas de derecho privado, debe sujetarse a las disposiciones del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que armoniza con el artículo 2 del Decreto Reglamentario 2251 de 1993, conforme al cual tales contratos se sujetan

en su formación, ejecución, efectos, liquidación y demás aspectos pertinentes a la Ley 80 de 1993. Afirma la Delegada que con la precisión anterior, se hace claridad sobre la supuesta duplicidad normativa y las posibles implicaciones en cuanto al régimen aplicable para la celebración de los contratos por parte de las Cooperativas, por lo cual rechaza los argumentos de los disciplinados. Observa que en el presente caso las órdenes suscritas por cada una de las Cooperativas PROTEGER, COGENTER LTDA Y CONALDE, para ejecutar los objetos de los convenios interadministrativos, se celebraron de manera directa por cada uno de los disciplinados como gerentes y/o representantes legales de las mismas, porque el estatuto de contratación estatal establece que el mecanismo de selección de contratistas es la licitación o concurso o en su defecto deben llevarse a cabo los procesos de contratación directa atendiendo la cuantía del negocio a celebrar. Por ello considera que los investigados al suscribir los contratos y las ordenes de asistencia técnica, incurrieron en desconocimiento de normas de obligatorio cumplimiento, pues no se aplicaron los mecanismos legalmente establecidos para la selección de contratistas, por lo cual también incurren en omisión al deber legal de cumplir y hacer cumplir la ley, al cual están sometidos todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Respecto de la tipicidad de la conducta asevera la primera instancia que el derecho disciplinario está basado en el sistema de tipos en blanco y la tipificación de la conducta se realiza con base en el deber violado, por lo cual rechaza también el argumento relacionado con la carencia de antijuridicidad material al

faltar el daño como resultado de la conducta desplegada. Insiste en que la omisión en el deber legal es lo que constituye la falta para el Derecho Disciplinario, señalando que dentro de los cargos formulados se cumplió con el principio de tipicidad pues las cooperativas se consideran entidades estatales y para la selección de sus contratistas deben sujetarse a lo establecido por la Ley 80 de 1993, pero este mandato no se cumplió por parte de ninguno de los investigados. Agrega que la existencia previa o concomitante de las órdenes realizadas en desarrollo de los contratos de asistencia técnica, profesional y operativa, con éstos, según se indica en el texto de aquellas, confirma la tipicidad de la conducta, pues “en la medida que si se suscribe una orden en virtud de un contrato anterior, se demuestra que la selección del contratista no ha sido con base en un proceso previo de selección en el cual se reciban pluralidad de ofertas, ni se hace una selección objetiva ajustada a la transparencia requerida 3 161-2709 por la ley, sino que dicha escogencia del contratista, es con base en una elección directa que hace la Cooperativa.” (folio 767 del C.O. 6) La Delegada aclara que en el presente proceso no se cuestiona si el objeto de los convenios interadministrativos se cumplió o no, tampoco si las personas contratadas por las cooperativas eran idóneas para cada caso, sino el incumplimiento de las normas de selección de los contratistas con los cuales ejecutarían los objetos contratados en los convenios interadministrativos. Indica que por ello no interesan a la discusión las explicaciones sobre la presencia y responsabilidad de las cooperativas, de los asistentes técnicos, el manejo

financiero de los recursos empleados en desarrollo de los convenios interadministrativos, las posibles cesiones o subcontrataciones, ni pueden ser tenidos en cuenta como argumentos para eximir de responsabilidad. Señala el fallador de instancia que los cargos formulados hacen énfasis en la conducta consistente en la violación del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 a causa de la elusión de los procedimientos y del principio de transparencia, conforme al parágrafo del numeral 3 del artículo 2. Expresa que de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los investigados como gerentes de cada una de las cooperativas, eran los competentes para la dirección de la actividad contractual, por lo cual son responsables de la actividad desarrollada en tal sentido dentro de cada una de las cooperativas y por lo mismo debían observar las disposiciones que regulan los procesos de selección de contratistas. Después de afirmar que los gerentes de las cooperativas son servidores públicos disciplinables para efectos contractuales, de acuerdo con doctrina de la Sala Disciplinaria, el a-quo expresa que los disciplinados incurrieron en falta disciplinaria gravísima porque incumplieron el deber de seleccionar los contratistas conforme a los procedimientos legales, los cuales aseguran el cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Respecto de la forma de culpabilidad recuerda que a los tres investigados en el auto de cargos, se calificó su conducta como dolosa, pero que revisadas las pruebas que obran en el proceso no se acredita su intención, más si una desatención manifiesta sobre las reglas de obligatorio cumplimiento en cada uno de los casos, lo cual configura culpa gravísima de acuerdo con el parágrafo del

artículo 44 de la Ley 734 de 2002. La primera instancia responde en seguida la solicitud hecha por la investigada OTILIA ORTIZ QUITIAN, sobre aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria prevista por el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, con base en la existencia del error de prohibición, señalando que es necesario que la convicción errada tenga el carácter de invencible para que proceda la causal e invocando las explicaciones dadas sobre este tema por la misma Delegada, así como por el Despacho del Procurador General de la Nación, en otros procesos, cuyos apartes transcribe. Con base en ello indica que en este caso el error no era invencible pues para superarlo sólo era necesario asumir el deber de reflexión e información y examinar las disposiciones del Estatuto Contractual sobre al régimen aplicable a las entidades públicas, lo cual no configura una exigencia de carácter extremo y tampoco la investigada 4 161-2709 demostró haber agotado diligencias tendientes a disipar duda alguna sobre este tema. Al pasar a la calificación de las faltas reprochadas a los tres disciplinados expresa en relación con la forma de culpabilidad que el disciplinado JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, Gerente de Proteger, incurrió en desatención elemental y violación de las normas de obligatorio cumplimiento, al omitir los procedimientos señalados en el Estatuto Contractual para la escogencia de los contratistas a efectos de cumplir los convenios celebrados con las Entidades Estatales; por lo cual de acuerdo con lo normado por los artículos 24 de la Ley 80 de 1993 y el

numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, incurrió en falta gravísima. Con base en lo anterior decide imponer la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años, porque a este disciplinado solamente se le declara responsable de uno de los cargos formulados. Respecto de las disciplinadas MARTHA NEYLA BONILLA y OTILIA ORTÍZ QUITIÁN, en sus condiciones de representantes legales de las cooperativas Congeter Ltda. y Conalde Ltda., hace una consideración semejante a la expresada frente al disciplinado ESCOBAR ESCOBAR en punto al grado de culpabilidad y la tipicidad de la falta, para decidir luego sancionarlas con destitución e inhabilidad general por el término de doce años, porque a cada una de las mismas se le declara responsable de cuatro de los cargos formulados en su contra. RECURSOS DE APELACIÓN Actuando mediante apoderado las disciplinadas MARTHA NEYLA BONILLA y OTILIA ORTÍZ QUITIÁN y directamente el investigado JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, interpusieron recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primer grado, para cuyo conocimiento se encuentra el presente asunto al Despacho de la Sala Disciplinaria.

1. El apoderado de la recurrente MARTHA NEYLA BONILLA sustenta su impugnación en las siguientes razones (folio 830 del C.O. 6): Comienza por reiterar en un primer aparte la nulidad planteada ante el a-quo y resuelta por el fallo objeto de alzada, señalando que éste ha tenido dificultades

en la adecuación típica de la conducta y que los cargos son ambiguos, que se viola el principio de legalidad, que no existe un estudio de los elementos de los tipos disciplinarios objeto de cargos, ni de las normas que los complementan; todo lo cual sustenta finalmente señalando que no se cumple con la exigencia del concepto de violación en el pliego de cargos, para sustentar lo cual se apoya en la doctrina, cuyos apartes transcribe. Manifiesta que no hubo pronunciamiento sobre lo expuesto en los alegatos de conclusión ni sobre la causal 3 del artículo 143, la cual fue rechazada de plano. Recuerda que puso de presente la inobservancia del principio de congruencia y el hecho de no observarse el factor conexidad al investigar en una misma cuerda 5 161-2709 procesal conductas de funcionarios distintos realizadas en momentos diferentes en asuntos que no se relacionan. En un acápite separado se refiere a los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia, señalando que el acto recurrido, no reúne los requisitos establecidos por la ley disciplinaria, por lo que afecta el debido proceso y específicamente porque no hace la exigida valoración de los medios de prueba. Afirma que la Procuraduría incurre en error de derecho, al aplicar de manera indebida las normas de la contratación con formalidades plenas y la ley de contratación, cuando los estatutos de la cooperativa autorizaban aplicar el derecho privado “por tratarse de vincular a particulares”. Tampoco se establece el monto del presupuesto de la cooperativa para inferir que tuviera que acudir al procedimiento de la licitación y no se configuran las presuntas faltas, porque la

vinculación de las personas naturales con Congeter era para asistencia técnica y tales particulares actuarían prestando un servicio a la misma. Expresa el recurrente que la disciplinada en su condición de gerente veló por el cumplimiento de los convenios celebrados para lo cual acudió a otras personas naturales, las cuales a través de contratos bajo su control y supervisión, en nombre de la cooperativa cumplieran alguna labor específica y poder así satisfacer los compromisos adquiridos. Para realizar esas vinculaciones la cooperativa no estaba obligada a adelantar un concurso o una licitación, pues incluso por la cuantía de los compromisos no debía acudir a tales procedimientos. Manifiesta que la Delegada interpreta erradamente el concepto que cita, el cual no puede modificar la ley, incurre en interpretación errónea de los hechos, pues la vinculación de dichos asistentes técnicos no obedece a convenios o contratos celebrados entre la cooperativa y las entidades territoriales que la conforman. Indica que en este aspecto se genera duda que debe resolverse a favor de la disciplinada. Al referirse a la calificación jurídica de la presunta falta el impugnante observa que las circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos no se hallan establecidas en el expediente e indica la presunta falta no puede ser calificada corno gravísima. Específicamente señala que “En cuanto al primer cargo, no se tuvo en cuenta siquiera, que las firmas que suministraron la carrocería y el chasis del bus, lo hacían por las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio de Boyacá Boyacá, cada una suministraba una parte (sic).” (folio 839 ibídem)

En cuanto a la dosificación de la sanción asevera que el fallo desconoce el principio de la motivación, orientador en materia disciplinaria, pues se sustenta en la jerarquía y mando de la disciplinada MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ y el grado de culpabilidad, pero no se tiene en cuenta la carencia de antecedentes disciplinarios, su responsabilidad y la finalidad de su conducta. Después de afirmar que la sanción es abiertamente injusta, desproporcionada y violatoria del artículo 29 de la Constitución Política, cita el artículo 44 de la ley 734 de 2002, para observar que la disciplinada no es abogada, pero fue cuidadosa, estuvo orientando el desarrollo de cada contrato bajo su responsabilidad. Precisa que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de OMAR JOSÉ SANABRIA MUÑOZ, “quien da cuenta como la cooperativa cumplió con lo exigido 6 161-2709 por el Municipio y que debía acudir a dos empresas como lo hizo para el suministro del bus” (folio 840 ibídem), YEISON PULYDO y JAIME NARANJO, “quienes explican su vinculación con CONGETER LTDA, la responsabilidad de la investigada en el cumplimiento de su deber. Esto genera error de hecho en el fallo, pues se desconoce la prueba que muestra que los cargos no prosperan, que no existen.” (Ídem, ibídem) Se refiere el apelante al primer cargo para expresar que no se tuvo en cuenta que las firmas eran únicas proveedoras, por lo cual era imposible la concurrencia de oferentes exigida por el a quo y al segundo para indicar que no existe fundamento para adelantar un proceso de selección bajo los criterios de la Ley 80

de 1993 a fin de vincular al arquitecto CUESTA ESPITIA y en sentido semejante frente a los dos reproches restantes. Al hacer relación en el siguiente aparte a la ausencia de responsabilidad disciplinaria de la señora MARTHA NEYLA BONILLA CRUZ, el defensor de la disciplinada toca lo relativo a la selección en que se le adjudicaron los convenios interadministrativos, manifestando que la cooperativa los cumplió de manera directa “y no se explica porque tendría que agotar nuevamente los tramites de la ley de contratación para cumplir con los convenios que le fueran adjudicados. La Procuraduría no señala el porque (sic) aplicar ley 80 si los estatutos permitían aplicar la norma de derecho privado”, estatutos que no fueron tenidos en cuenta. (folio 842 ibídem) En seguida reitera la existencia de dos tipos de relación jurídica en las que intervino la disciplinada, expresando que las confunde la Delegada, referidas a “las contrataciones investigadas ejecutadas en virtud de la contratación administrativa que se rigen por la ley 80 de 1993” y “La contratación para la vinculación del personal con la Cooperativa, para el cumplimiento de sus fines, a ésta no le es aplicable la ley 80 de 1993 y frente a la que no existe violación a las normas imputadas, además ni siquiera se estableció el monto de contratación de cada persona, por lo que no podía haberlo seleccionado en base de la ley 80 pues no era aplicable.” (folio 843 ibídem) Pasa luego a plantear la existencia de causales de nulidad aclarando que fueron

expuestas en primera instancia pero que no se tuvieron en cuenta. Se refiere a la inadecuada configuración de los cargos, a la variación en la calificación de la falta e indica que en el pliego no se incluyeron normas constitucionales ni el manual de funciones. Igualmente observa que el fallo recurrido omite los requisitos mínimos señalados por la ley. Al desarrollar su solicitud de nulidad, expresa que se configura la causal segunda del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, pues conforme a lo expuesto se viola el derecho de defensa porque los cargos son ambiguos y no cumplen los requisitos de ley y en relación con la causal tercera porque se desconoce el principio de la congruencia, en tanto se inició la investigación disciplinaria por una conducta y se formulan cargos por otra, para cuyo efecto transcribe apartes de la decisión de apertura de investigación. Adicionalmente alega la transgresión a la legalidad y el debido proceso, porque no se acatan los factores de competencia establecidos en los artículos 74, 79 y 81 de la Ley 734 de 2002. Particularmente señala que se viola el factor relativo a 7 161-2709 la conexidad, indicando que los asuntos que fueron objeto de investigación en el presente proceso “No se pueden adelantar bajo una misma actuación por expresa disposición del legislador.” (folio 847 ibídem) Insiste en la falta de valoración de las pruebas, para finalmente solicitar que se disponga la práctica del testimonio del ingeniero BERNARDO GIL ZAPATA, el cual no asistió a las citaciones correspondientes por razones ajenas a la disciplinada; petición que funda en el artículo 168 numerales 1 y 2 de la ley 734

de 2002. Solicita igualmente que revoque el fallo impugnado y subsidiariamente se declare la causal sexta de justificación prevista por el artículo 28 de la ley 734 de 2002 y la “La nulidad de la actuación, teniendo en cuenta que el fallo en primera instancia no reúne los requisitos de ley y desconoce las garantías de mi representada.” (folio 850 ibídem).

2. La disciplinada OTILIA ORTÍZ QUITIÁN sustenta su recurso en los siguientes argumentos: Comienza la recurrente por solicitar la declaratoria de nulidad de la actuación adelantada en este proceso, por varias razones que conllevan la violación del debido proceso, del derecho de defensa y la invalidez integral de estas diligencias. En primer lugar, recordando que la indagación preliminar se ordenó el 10 de junio de 2003 y la apertura de investigación el 30 de abril de 2004, manifiesta que se violó el término preclusivo, perentorio e improrrogable de seis meses establecido por el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 (CDU), para adelantar esa etapa inicial del proceso disciplinario, dado que el mismo venció el 10 de diciembre de 2003. Señala, invocando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la única alternativa legal ante la anterior circunstancia era la de proferir auto de archivo definitivo de la actuación adelantada, pues lo contrario era incurrir en una vía de hecho.

Una situación semejante plantea también respecto de la etapa de investigación, pues conforme al artículo 156 del CDU el término de seis meses para adelantar ese periodo procesal vencía el 30 de octubre de 2004, no obstante lo cual el auto

de cargos se dictó el 16 de noviembre de 2004. De lo anterior deduce que las anteriores violaciones afectan todo el proceso disciplinario adelantado, que se violaron los principios de la actuación administrativa previstos por el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 209 de la Constitución Política, que se violó el principio de presunción de inocencia establecido por el artículo 29 de la Carta y por el artículo 9 del CDU, que las pruebas se recaudaron por fuera de los términos procesales, que se imputa a la disciplinada una responsabilidad objetiva y que se hace una indebida interpretación de las normas de la Ley 80 de 1993 en relación con la actividad contractual de las entidades estatales cooperativas. En segundo lugar, afirma la impugnante que se presentó una carencia absoluta de competencia temporal por las razones expuestas al recaudar pruebas y tomar determinaciones por fuera de los términos legales, con la consecuente violación del debido proceso, conforme a los artículos 150, 156 y 140 y 128 del CDU. Adicionalmente, asevera que existe nulidad a partir del auto de apertura de indagación preliminar, porque se ordenó la acumulación en un solo proceso 8 161-2709 contra los tres disciplinados atrás mencionados, sin que se diera factor alguno de de conexidad, conforme a los artículo 81 del CDU y 89 de la Ley 600 de 2000, aplicable por remisión del artículo 21 del CDU. Señala que el único rasgo común de los disciplinados era ser gerentes de cooperativas integradas por entidades territoriales y haber celebrado convenios interadministrativos, sin que se presente

otro rasgo común entre los mismos que permita dicha acumulación. En relación con el tema anterior agrega la recurrente que dichas situaciones desconocen la estructura del proceso disciplinario, lo cual impone la declaración de nulidad al margen que se produzca un perjuicio concreto a quien formula la solicitud de nulidad, no obstante aclarar que tal perjuicio si se presenta pues se ha puesto a la disciplinada en condición ilegal de judicialización indefinida y extemporánea, con la violación ostensible del artículo 228 de la Carta y del artículo 12 del CDU. Así mismo, indica que no se ha presentado la convalidación de las nulidades propuestas, lo cual sustenta en jurisprudencia y doctrina penal que se refieren al silencio de las partes frente a tales vicios. Presentadas las anteriores solicitudes de nulidad, pasa el recurrente a sustentar la que expone como petición subsidiaria en el sentido de pedir que revoquen las determinaciones tomadas en su contra en el fallo objeto de alzada, se declaren desvirtuados los cargos y se le exonere de responsabilidad disciplinaria. Pero antes de tal sustentación hace una serie de aclaraciones preliminares conforme a las cuales indica que no existe controversia alguna respecto de temas relacionados con presuntas cesiones o subcontrataciones hechas por la disciplinada frente a los convenios interadministrativos suscritos, sobre el objeto de los mismos; así mismo señala que tales compromisos se cumplieron a cabalidad; que no se discute la idoneidad y experiencia de las personas naturales y jurídicas con las cuales Conalde suscribió en su carácter de asistentes órdenes

de disponibilidad para la asistencia técnica profesional y operativa. Señala al respecto que los aspectos anteriores constituyen fundamentos defensivos, por lo cual no comparte la afirmación de la Delegada en el fallo recurrido relativa a la consideración de desecharlos como argumentos para eximir de responsabilidad. Insiste en rechazar tal planteamiento de la Delegada porque con los argumentos expuestos la disciplinada demostró el cumplimiento de los convenios, así como los demás aspectos mencionados. Dicho lo anterior precisa la recurrente que, en consecuencia, la apelación solamente se suscribirá al único punto que sustenta el fallo impugnado, cual es el de la elusión de los procedimientos establecidos por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en torno a la selección de los contratistas de los contratos de disponibilidad para la asistencia técnica, existentes al mismo tiempo que las ordenes de asistencia técnica suscritas con los ingenieros asistentes. Y para llevar a cabo tal sustentación el apelante comienza por refutar los que en la providencia recurrida se revisan en el acápite de hechos probados. Manifiesta que la declaración de la ingeniera SANDRA CECILIA SALCEDO MELÓ se toma en forma fraccionada, descontextualizada y subjetiva por el fallador y que ella es clara en señalar que Conalde es la única Cooperativa que actúa como contratista frente a los convenios Interadministrativos celebrados, los cuales nunca ha subcontratado o cedido. Igual crítica formula en forma general a las apreciaciones del a-quo. 9 161-2709 Precisa que no existen las denominadas por el fallador de primer grado como

líneas comunes en los argumentos de descargos de los investigados y que se trata de un artificio conceptual para evadir el análisis y respuesta directa de los argumentos defensivos de cada disciplinado, con lo cual se viola la obligación establecida por el artículo 170, numeral 4° del CDU que impone un deber en ese sentido. Expresa que no es cierto ni está probado que previa o concomitantemente a la firma de las órdenes de disponibilidad para la asistencia técnica, profesional y operativa, suscritas por Conalde, se hubiera firmado un contrato de asistencia técnica. Las personas naturales o jurídicas que actuaron como asistentes o colaboradores en la ejecución del objeto de los convenios interadministrativos, formaban parte del staff de recurso humano disponible para tal efecto por la Cooperativa. La Ley 80 de 1993 otorga la calidad de entidades estatales a las cooperativas conformadas por entidades territoriales para efectos de la celebración de contratos interadministrativos, sin que ello se pueda hacer extensivo a otras materias. Al respecto no existe prohibición legal para que las cooperativas utilicen mecanismos logísticos y operativos para ejecutar bajo su directa responsabilidad el objeto de los convenios interadministrativos “en desarrollo del principio de la Autonomía de la voluntad y lo prescrito en el Art. 13 de la Ley 80 de 1993.” (folio 805 del C.O. 6) tampoco existe norma jurídica expresa que disponga que a las cooperativas por ser entidades estatales, en su