PGN - NULIDAD - Incongruencia entre la acusación y el fallo

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 167/ 2010

Bogotá, D.C., 7 de julio de 2010 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente (E) Dra. GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 38487 (76001233100020050515901) Acción de reparación directa Actor: José Ausberto Castro Raigoza y otros Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

2 Expediente No 38.487 (05159) 1.1 JOSÉ AUSBERTO CASTRO RAIGOZA (privado de la libertad), MARTA CECELIA JURADO LOPEZ (cónyuge), quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores MARIA ALEJANDRA y JUAN ALBERTO CASTRO JURADO; MARIA DEYANIRA RAIGOZA DE CASTRO (madre); EDGAR, JUAN CARLOS, MARIA TERESA Y MARIA CONSUELO CASTRO RAIGOZA (hermanos), en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Fiscalía General de la Nación para que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios causados por falla en la prestación del servicio de justicia. Como consecuencia de tal declaración solicitaron se condene a las entidades demandadas a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de

la víctima directa el equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales, valor que corresponde a los ingresos dejados de devengar durante el tiempo que estuvo privado de la libertad y $40.000.000 por concepto de los honorarios profesionales que canceló al abogado que asumió su defensa; por concepto de perjuicios morales a favor del privado de la libertad el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales y 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los demás demandantes; por la alteración en las condiciones de existencia a favor de la víctima directa el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales y 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los restantes actores, y por perjuicios fisiológicos a favor del privado de la libertad el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales y 50 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los demás demandantes (esposa, hijos, madre y hermanos) Como soporte fáctico, en términos generales, se adujo que mediante providencia de 9 de noviembre de 2001 la Fiscalía Especializada Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santiago de Cali, profirió medida de aseguramiento en contra del señor JOSE AUSBERTO CASTRO RAIGOZA por el delito de hurto agravado y porte ilegal de armas. Decisión que se fundamentó en el informe y declaración rendida por el Mayor Norman Alfredo Pabón Ramírez (adscrito a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez), quien en su primera versión 1 Presentada el 3 de diciembre de 2004 (fl 55 vlto c. ppal)

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3 Expediente No 38.487 (05159) acusó al prenombrado, pero posteriormente en ampliación de testimonio descarta cualquier duda respecto de su conducta. Que el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en sentencia de 2 de diciembre de 2002, absolvió al señor CASTRO RAIGOZA de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía y ordenó su libertad, providencia que quedó ejecutoriada el 10 de diciembre de 2002. 1.2 Las entidades demandadas contestaron la demanda.  La Nación – Ministerio de Defensa Nacional (fls 92 a 93 c. ppal) se opuso a las pretensiones y se atiene a lo que resulte probado en el proceso.  La Fiscalía General de la Nación (fls 95 a 105 c. ppal) se opuso a las pretensiones por considerar que en el caso concreto no se configuran los supuestos esenciales para estructurar responsabilidad alguna en cabeza del ente instructor. Presentó un recuento de lo sucedido en la investigación para concluir que la absolución del señor Ausberto Castro Raigoza se debió a la falta de certeza que ofrecían los testimonios que inicialmente lo incriminaban, sin que pueda decirse que de parte del funcionario instructor existió un comportamiento deficiente, abiertamente ilegal, ostensible y manifiestamente errado, que sería el fundamento para imputar una falla del servicio y/o error judicial como fuente de responsabilidad de la administración de justicia. 1.3 Remisión por competencia al Tribunal Administrativo del Valle.- el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali (despacho que venía

conociendo del presente proceso por remisión que le hiciera el Tribunal) mediante proveído de 31 de octubre de 2008, declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado hasta el auto de fecha 7 de noviembre de 2006, y dejó vigentes las pruebas recolectadas y practicadas en el proceso, al advertir que encajaba en los supuestos descritos por el H. Consejo de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 2008 (competencia de los Tribunales y Consejo de Estado para

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4 Expediente No 38.487 (05159) conocer procesos de responsabilidad del Estado por hechos atribuibles a la administración de justicia) (fls 180 a 184 c. ppal). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante proveído de 30 de enero de 2009 (fls 191 a 193 c. ppal) revocó la decisión del Juzgado en lo que respecta a la declaratoria de nulidad del proceso y asumió el conocimiento por competencia. 1.4 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de 9 de octubre de 2009, declaró que la Fiscalía General de la Nación era administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor JOSE AUSBERTO CASTRO RAIGOZA. En consecuencia condenó a la Fiscalía a pagar perjuicios materiales a favor de la victima directa por las sumas de $54.391.478.03 (lucro cesante) y $8.162.967,31 (daño emergente). También ordenó indemnizar por concepto de perjuicios

morales a favor del señor José Ausberto Castro y su esposa, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, a favor de sus hijos y progenitora, 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, a favor de cada uno los hermanos 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por concepto de perjuicios a la vida de relación ordenó pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el privado de la libertad y 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hijos (María Alejandra y Juan Alberto Castro Jurado). Negó las demás pretensiones de la demanda. Para el a-quo la privación de la libertad de José Ausberto Castro Raigoza reviste el carácter de injusta. Siguiendo los últimos lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, concluye que el título de imputación aplicable es el objetivo, como quiera que el directamente afectado permaneció injustamente privado de su libertad por ausencia de respaldo probatorio de la acusación hecha por la fiscalía.

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5 Expediente No 38.487 (05159) 1.4 Apelación.- el apoderado de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo, pero se dispuso surtir el grado jurisdiccional de consulta. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Se observa que, en el presente caso, se configuró una causal de nulidad que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, por las razones que se exponen a continuación: El Ministerio Publico al revisar la sentencia proferida el 9 de octubre de 2009 por

parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca observa que existe una incongruencia en la misma, ya que en su parte motiva precisó sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa (fl. 302 C. Consejo de Estado)[1], pero en la parte resolutiva de la sentencia no hace ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido. El Consejo de Estado2, en materia de congruencia de la sentencia ha sido reiterativo en señalar: “el principio de congruencia de la sentencia, exige de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso. Este principio fundamental busca no solo la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de un juez, sino la salvaguarda del derecho de [1] “(…) no así a la Nación - Ministerio de Defensa, por cuanto no estaba legitimada para ser llamada en calidad de demandada en el proceso.” 2 Ver entre otras, las sentencias de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, y de 21 de noviembre de 2007 Exp 15.770 ( Sección Cuarta)

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6 Expediente No 38.487 (05159) defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los

argumentos y hechos expuestos en la demanda. La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la demanda. En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la controversia, las normas violadas y su concepto de violación, se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento proferir la sentencia.” El C. P. C. señala entre las nulidades no saneables la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (artículos 140-3 y 144). Aunque la aclaración, la corrección y la adición de providencias judiciales permiten enmendar de oficio o a solicitud de parte, las providencias que adolezcan de cualquiera de los siguientes vicios: i) dilucidación de puntos o frases que ofrezcan duda; ii) errores puramente aritméticos y, iii) falta de congruencia entre los extremos de la litis (objeto de decisión) y la providencia respectiva[2], como la oportunidad para la adición de la providencia precluyó, la incongruencia referida implica una pretermisión de la instancia respecto de la demandada Nación - Ministerio de Defensa Nacional. Por lo antes expresado, se solicita al H. Consejo de Estado declare la nulidad procesal de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, [2] “Tales remedios no son recursos, con los cuales en ocasiones se puede lograr similar objeto, debido a que éstos son un

medio de impugnación de las providencias judiciales de empleo exclusivo por las partes o terceros habilitados para intervenir dentro del proceso, mientras que la aclaración, corrección o adición pueden darse a solicitud de parte o inclusive de oficio y respecto de providencias que no admiten en la misma instancia recurso alguno como sucede con las sentencias.” LÓPEZ Blanco, Hernán Fabio “Procedimiento Civil – Parte General”, Ed. Dupre, Bogotá, 2002, Pág. 649

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7 Expediente No 38.487 (05159)

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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