PGN - NULIDAD - Indebida representación del estado

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa por daños y perjuicios padecidos por la muerte de un recluso dentro del establecimiento NULIDAD-Indebida representación/NULIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado De conformidad con el precedente jurisprudencial el problema en este caso no es de falta de legitimación por pasiva, sino de indebida representación, pero en el asunto sub lite dicha deficiencia procesal fue superada, pues el INPEC interviene y no la alega, y en tal orden de ideas dicha causal de nulidad quedó subsanada (C.P.C. arts. 143 y 144). CONCILIACIÓN-No es viable para reconocer indemnización En este momento procesal el Ministerio Público advierte que se carece de sustento probatorio para que se acceda a las pretensiones y en consecuencia el pronunciamiento de fondo debe llevar a que las pretensiones sean denegadas, razón por la cual no viable conciliación en la que se reconozca indemnización a favor de las demandantes. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo 2 Expediente 27213

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0335-2012

Bogotá D. C., 20 de Noviembre de 2012 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso 27213 (410012331000-1994-07643-01)

Acción Reparación Directa

Actor: Mery Cuellar y otros Demandado: Ministerio de Justicia El Ministerio Público, para efectos de la diligencia de conciliación convocada de oficio1 presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.Mery Cuellar (madre) actuando en nombre propio y en representación de sus hijas Esneda, Tulia Yineth y Diana Rocío Rodríguez Cuellar (hermanas), presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia, para que se le declare patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la muerte del señor Romulo Rodríguez Cuellar la que

1 Por auto del 26 de marzo de 2012 el Consejero Ponente dispuso citar a las partes para el 22 de noviembre de 2012, a fin de llevar a cabo audiencia de conciliación, de conformidad con la facultad oficiosa que le fue conferida en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 (Cfr. fl. 168 C.4). La parte demandada ha manifestando que no le asiste ánimo conciliatorio. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo 3 Expediente 27213 tuvo ocurrencia el 6 de febrero de 1992 en la Cárcel Distrital de Neiva (Cfr. fls. 8

a 13 C.1). 1.2. La demandada manifestó que en el presente caso la administración se exonera de responsabilidad cuando el daño fue causado por un tercero extraño a la administración carcelaria. Propuso como excepción la indebida representación de la demandada por cuanto la representación está a cargo del INPEC conforme al Decreto 2160 de 1992 (Cfr. fls. 23 a 28 C.1) 1.3. Corrido traslado para alegar el INPEC intervino y manifestó que dentro del proceso no se probó el ingreso de la víctima al centro carcelario ni el hecho de la muerte dentro del mismo (Cfr. fls. 71 y 72 C.1). Mediante informe secretarial del 21 de marzo de 2002 se indicó que la demandada presentó alegatos de conclusión (Cfr. fl. 77 C.1) 1.4.- El a-quo advierte que no se allegaron al proceso las copias de los procesos penal y disciplinario, las anotaciones en la hoja de vida bibliográfica del occiso, ni las constancias de las requisas practicadas durante enero y febrero de 1992. Señaló que la demanda ha debido dirigirse contra el INPEC porque pese a que éste está adscrito al Ministerio de Justicia, se trata de dos personas jurídicas diferentes. Concluyó que en este caso el Ministerio de Justicia no puede ser objeto de imputación y declaró probada la excepción de Indebida representación de la Nación - Ministerio de Justicia, que configura “lo que doctrinariamente ha sido denominado “falta de legitimación por pasiva” inhibiéndose de emitir pronunciamiento de fondo (Cfr. fls. 78 a 87 C.2).

1.5. Apeló la demandante. Manifestó que la demandada es la Nación la que es una persona jurídica unitaria, que está representada en cada caso por diversos funcionarios, habiendo comparecido al proceso a través del Ministerio de Justicia. Que la indebida representación debería llevar a que se declare la nulidad de lo actuado desde la admisión de la demanda más no declararse inhibido para emitir pronunciamiento de fondo que acoja las pretensiones por cuanto se dio una defectuosa prestación del servicio aunado a que la representación de la demandada estuvo a cargo de quien tutela al organismo encargado de vigilar y custodiar la seguridad de los reclusos. Señaló que la detención y la muerte dentro del centro carcelario fue admitido en la contestación de la demanda, hecho corroborado por los testigos (Cfr. fls. 90 a 94 C.2). Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo 4 Expediente 27213

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico Corresponde establecer si se configuró la nulidad planteada y de ser así si es viable que se disponga de manera oficiosa la practica de pruebas. 2.2. El problema de legitimación por pasiva de la Nación Mediante providencia del 3 de marzo de 2011, expediente 2011-00005-00 (AC) la Sección Cuarta del Consejo de Estado expresó: “Sobre este tema, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del

14 de marzo de 2002, expediente 12076, dijo: “En efecto, no puede confundirse la legitimación en la causa -en este caso por pasivacon la representación judicial de la persona jurídica demandada en el proceso. La primera hace relación a la capacidad de una persona para comparecer al proceso, bien para elevar una determinada pretensión frente a otra, ó para contradecir las súplicas formuladas en su contra por el actor; en tanto que la representación judicial hace referencia a la persona autorizada por la ley para actuar en el respectivo proceso en nombre de quien figura como demandante o demandado. Así, en tratándose de la persona jurídica Nación, se tiene que ésta es una sola, quien en la relación jurídico-procesal bien puede ocupar la posición de demandante o demandada, pero, en una u otra de tales hipótesis, por determinación del legislador, ha de estar representada de modo diferente según sea la rama de poder, órgano o dependencia a quien de manera específica se atribuya el acto objeto de juzgamiento, ó el hecho, omisión u operación administrativa en que se funde la demanda de responsabilidad extracontractual que se le impute al Estado. Sobre el particular, en sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285, al decidir un asunto similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, se precisó lo siguiente: (se destaca y subraya) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo 5

Expediente 27213 “Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub judice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo. “Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque “los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas” que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 83) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. “Podría afirmarse que el centro genérico de imputaciónNaciónes una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia y órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión o la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA, art. 85)”2. Entonces, si en el caso puesto a conocimiento del Tribunal Administrativo del Meta la Nación estaba indebidamente representada, una opción era declarar la nulidad de lo actuado, pues la indebida representación se encuentra entre

las causales de nulidad previstas por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo. Pero denegar las pretensiones por no tener la Nación legitimación en la causa por pasiva, teniéndola, no era la solución más adecuada. Por lo anterior, la Sala amparará el debido proceso del señor Luis Hernando Herrera Velandia. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y ordenará a ese mismo Tribunal que, en el término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, decida sobre la nulidad por indebida representación prevista en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 2 (pie de página de la cita) Este criterio ha sido objeto de reiteración en varias oportunidades, como por ejemplo, en sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente número 12.719. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo 6 Expediente 27213 De conformidad con el precedente jurisprudencial el problema en este caso no es de falta de legitimación por pasiva, sino de indebida representación, pero en el asunto sub lite dicha deficiencia procesal fue superada, pues el INPEC interviene y no la alega, y en tal orden de ideas dicha causal de nulidad quedó subsanada (C.P.C. arts. 143 y 144).

En este momento procesal el Ministerio Público advierte que se carece de sustento probatorio para que se acceda a las pretensiones y en consecuencia el pronunciamiento de fondo debe llevar a que las pretensiones sean denegadas, razón por la cual no viable conciliación en la que se reconozca indemnización a favor de las demandantes. De los señores Consejeros, atentamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado1@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co fbo