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CASACIÓN 30.858

EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA

Señores Magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Yesid Ramírez Bastidas Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Eduardo Acero Acosta, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que lo condenó por el delito de homicidio agravado, en concurso con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Rad. Nº 30.858 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Espinal, mediante fallo de 17 de diciembre de 2005, condenó a Eduardo Acero Acosta como autor del delito de homicidio agravado, en concurso con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, a la pena de 35 años, 9 meses de prisión, e inhabilitación de derechos y funciones públicas durante 20 años. También lo condenó al pago de perjuicios morales a favor de los herederos de las víctimas. Apelada la decisión por el defensor del procesado, el 13 de mayo de 2008, el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la providencia impugnada; esta última decisión es motivo del recurso de casación, mediante demanda admitida por la Sala Penal, sobre el que corresponde pronunciarse a la Procuraduría General de la Nación.

1. HECHOS.

Fueron resumidos por el ad quem de la siguiente manera: “El día 30 de octubre de 2003, en horas de la noche, aproximadamente a las 10 p.m., los señores Rubén Darío Bernal Escobar y Luis Fernando Domingo Benjamín

1 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Latorre, en estado de alicoramiento, abordaron en el apartamento de éste último en la ciudad de Bogotá junto con 4 personas más, un vehículo que los trasladaría a la ciudad de Cali, en donde se finiquitaría un negocio de compra de autos usados, para lo cual ese día llevaron consigo los dos primeros una fuerte cantidad de dinero en unas tulas. Al otro día fueron encontrados los cuerpos sin vida de los arriba mencionados, en la variante Espinal-Ibagué y Espinal-Flandes, respectivamente, con impactos de armas de fuego en la cabeza”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL.

El 31 de mayo de 2004, la Fiscalía 30 Seccional de Espinal (Tolima) abrió formalmente la investigación contra Edgar Eduardo Acero Acosta y Jorge HHerney Rodríguez Ospina. Al último le fue recibida indagatoria el 1º de abril de 2005 (Cfr. Folio 222, C.O.1) y en esta diligencia nombró como su defensor al Dr. Blas de Jesús Posada Taborda. El mismo día, el defensor de confianza solicitó fotocopias de lo actuado para el ejercicio de sus funciones, las cuales le fueron autorizadas el 12 de abril de 2005. El 8 de abril de 2005, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del procesado imponiéndole medida de aseguramiento de privación de la libertad (Cfr. 238,

C.O.1); la notificación fue remitida al abogado Posada Taborda; sin embargo, dado que no compareció, se notificó por estado el 14 de abril de 2005 y contra ella no se interpuso recurso alguno. El 20 de abril de 2005, el Dr. Jesús Antonio Castañeda Abello allegó poder conferido por el procesado, como defensor de confianza; personería jurídica que le fue reconocida el 22 del mismo mes, fecha en que también se ordenó la expedición de copias del expediente. El 1º de junio de 2005, compareció el señor Acero Acosta a rendir su ampliación de indagatoria, diligencia que no se llevó a cabo porque, según constancia de la 2 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Fiscalía, el defensor técnico Castañeda Abello renunció al poder conferido. En virtud de ello, el 8 de junio, en Ente investigador solicitó a la Personería Municipal que le proveyera defensor público. El 9 de junio, al momento de la diligencia de ampliación de indagatoria, el señor Acero Acosta nombró como su defensor, solamente para esa diligencia, al doctor Guillermo Tamayo Triana, a quien se le dio posesión. Durante el trámite de esa injurada, compareció el abogado Jorge Alfonso Sánchez Romero, defensor de oficio, que se posesionó del cargo.

Mediante resolución del 20 de junio de 2005, la Fiscalía 30 de Espinal decretó el cierre parcial de la investigación adelantada contra Edgar Eduardo Acero Acosta y ordenó la ruptura de la unidad procesal respecto a los demás sujetos involucrados. La resolución de cierre fue notificada personalmente al procesado el 21 de junio de 2005 y remitida comunicación al defensor Sánchez Romero, el 22 de junio de 2005 (Cfr. Folio 240, C.O.2). El procesado Acero Acosta elevó petición ante el ente instructor para que no cerrara la investigación porque, en su opinión, faltaban unas pruebas a su favor por practicar (Cfr. Folio. 244, C.O.2), solicitud que le fue despachada de forma negativa. Durante el término para alegar, previo a la calificación del sumario, el señor Edgar Eduardo Acero Acosta ejerció su derecho de defensa material presentando alegatos, al paso que la defensa técnica guardo silencio. La resolución acusatoria fue proferida el 19 de julio de 2005; también en esa fecha, el investigado allegó escrito dejando constancia de la carencia de defensa técnica dentro del proceso y manifestando que se había dirigido nuevamente a la Defensoría del Pueblo para que le nombrara un defensor público (Cfr. Folio 299 C.O.2). 3 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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El 21 de julio siguiente, el abogado Jorge Alfonso Sánchez Romero presentó renuncia al poder conferido por el investigado y se negó a notificarse de la resolución de acusación en contra de éste, la cual fue aceptada por la Fiscalía el 26 de julio de 2005. En todo caso, la Fiscalía Treinta Seccional, dando respuesta al escrito del procesado, expidió resolución de trámite en la cual ordena comunicarle que ha contado con representación técnica de oficio desde su ampliación de indagatoria (Cfr. Folio 311 C.O. 2). El 27 de julio, la Fiscalía designó como defensor de oficio al abogado Jorge Eliécer Girón Díaz, quien se posesionó como tal el 28 de julio de ese año. El 29 de julio de 2005, venció el término de ejecutoria de la resolución de acusación sin que se interpusieran recursos en contra de la misma, en consecuencia, la actuación fue remitida a reparto entre los juzgados penales de circuito. El encausado elevó memorial ante el Juez para comunicarle la ausencia de protección que padeció durante la etapa instructiva, el 10 de agosto de 2005. El Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal asumió el conocimiento y dispuso el trámite del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, del cual comunicó al abogado Jorge Eliécer Girón Díaz. El 24 de agosto, el señor Acero Acosta solicitó prórroga del término anterior mientras se le nombraba defensor público, petición que no es acogida porque, según el Juzgado, cuenta con defensor técnico en la persona de Jorge Eliécer

Girón Díaz. Dentro del término al que se refiere el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal el procesado Acero Acosta solicitó nulidades, por falta de defensa técnica y la práctica de una serie de pruebas. Las pruebas fueron ordenadas en la audiencia que tuvo lugar el 22 de septiembre, pero no fue decretada la nulidad impetrada; a 4 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA esta diligencia asistió como defensor Jorge Eliécer Girón Díaz, sin que realizara manifestación alguna. El procesado confirió poder a la Dra. Lida Estefanía Devia R., de la Defensoría del Pueblo, el cual fue presentado el 28 de septiembre y ella reconocida como tal el 29 siguiente (Cfr. Folio. 50 C.O.3). La profesional fue citada para la audiencia pública de juzgamiento, el 10 y el 25 de octubre del mismo año, diligencia en la que intervino para solicitar la absolución de su defendido, igualmente, aportó alegatos por escrito. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Espinal profirió sentencia condenatoria el 7 de diciembre de 2005, la cual fue notificada a su defensora. Al procesado se le notificó personalmente la decisión y frente a ella interpuso y sustentó recurso de apelación, en ejercicio de su derecho de defensa material. El Tribunal de Ibagué confirmó la condena impuesta al encausado, y la comunicó

a la defensora; decisión contra la cual el mismo procesado interpuso recurso extraordinario de casación. Mediante memorial con fecha del 30 de mayo de 2008, el señor Acero Acosta confirió poder al abogado Darío Alfredo Morales Jaimes para que lo representara en el trámite del recurso de casación, éste sustituyó el poder al Dr. Tirso Bastidas Ortiz, quien finalmente presentó la demanda. El 25 de noviembre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación y ordenó correr el traslado de que trata el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. Una vez efectuado el reparto correspondió a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal pronunciarse sobre la viabilidad del recuso. 5 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN.

Después de hacer la respectiva identificación de los sujetos procesales y de la sentencia, la síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal, el demandante procedió a esgrimir los argumentos en los que fundó los cargos propuestos, así: Primer cargo – nulidad-. Dos son las situaciones que según el casacionista resultan violatorias del artículo del artículo 29 de la Constitución Política presentado por nulidad, al amparo de la causal tercera, así:

De un lado, la falta de defensa técnica del procesado durante la actuación, toda vez que los abogados nombrados de oficio sólo acudieron de manera formal, sin una actividad efectiva; la protección de los derechos hubo de hacerla el propio encausado, al punto de solicitar pruebas e interponer recursos, sin ayuda de algún profesional del derecho. Solicita que se declare la nulidad a partir del cierre de la investigación o, en su defecto, desde el auto que ordenó el traslado para el trámite del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. De otro lado, funda la nulidad en la falsa motivación de la resolución de acusación, que ataca el debido proceso y el derecho a la libertad. Lo hace consistir en la cadena indiciaria contra el procesado, que elaboró la Fiscalía y fue tenida en cuenta por los falladores de instancia para proferir la sentencia condenatoria. En la sustentación de este cargo, el censor alude a aspectos probatorios tomados en 6 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA consideración por los jueces en las decisiones, para impugnar la providencia atacada. Solicita que se declare la nulidad del proceso a partir de la resolución de cierre de la investigación. Finaliza el recurrente pidiendo a la Corte la nulidad oficiosa con fundamento en las consideraciones anteriores. Segundo cargo –violación indirecta de la ley sustancial-.

Arguye el censor que, de un lado, hubo error en la apreciación de las pruebas tenidas en cuenta para la construcción del indicio de presencia en el lugar de los hechos, el testimonio del vigilante del edificio donde residía una de las víctimas; y, con todo, la falta de prueba de la relación del procesado Acero Acosta con la planeación y ejecución del doble homicidio. Por otro lado, alega fue ignorada una prueba que demostraba la inocencia del procesado pues se desconoció la “filmación por el paso del peaje” que dejaba entrever que Acero no participó en el delito.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL.

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto frente a la demanda de casación admitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Aún cuando la demanda no es clara en la forma en que plantea los cargos, salta a la vista que se trata en realidad de cuatro cargos, dos de nulidad que debieron 7 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA plantearse como principales, y dos subsidiarios. En efecto, el primero fue formulado al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 306, numeral tercero, que plantea como la nulidad por

violación al derecho de defensa, por dos vías: la falta de defensa técnica y la ausencia de motivación de la resolución de acusación; y, el segundo, alude a una violación indirecta de la ley sustancial igualmente por dos caminos: error de derecho por falso juicio de convicción y error de hecho por falso juicio de existencia. Ahora bien, al revisar los argumentos de los cargos tenemos que la solicitud de nulidad por falsa motivación de la resolución de acusación plantea los mismos argumentos esgrimidos en el primer aparte del cargo segundo cual es la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de convicción, por lo que deberá darse respuesta conjunta. En este sentido, el concepto se ocupará de los cargos en el siguiente orden (i) Nulidad por violación al debido proceso por falta de defensa técnica; (ii) Nulidad por falsa motivación de la resolución de acusación (Violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de convicción); (iii); Violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de existencia; y, finalmente, se concretara la (iv) Petición a que haya lugar. (i) Nulidad por violación al debido proceso por falta de defensa técnica. Considera el recurrente que la pasividad de los diferentes abogados que fueron designados a lo largo del proceso conculcaron su derecho a la defensa, por lo que solicita la nulidad de lo actuado desde el cierre de la investigación o, en su defecto, desde el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. La decantada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre este aspecto,

ha reconocido que la inactividad ostensible del defensor puede traducirse en una falta de defensa técnica que sólo es subsanable a través de la declaratoria de 8 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA nulidad, para ello ha determinado algunos criterios con fundamento en los cuales debe establecerse, en cada caso en concreto, si tal pasividad es una estrategia de defensiva o el abandono de sus deberes por parte del abogado. Así: “La jurisprudencia de esta sala ha repudiado la pasividad del defensor, de tal manera que no basta la designación o reconocimiento de un profesional del derecho en el proceso, sino que se exigen de su parte actos, que podrían ser de vigilancia y control del curso de la investigación, para que la defensa sea real y efectiva y no se quede en el plano de lo nominal e ilusorio, pues sólo así se satisface la dialéctica propia del proceso. Por ello, la Corte también ha estimado que la dinámica de la defensa técnica debe cubrir funciones tales como la asistencia a los actos de defensa material (indagatoria, reconocimiento en fila de personas, declaraciones con reconstrucción de hechos, sentencia anticipada), examen de las actuaciones y control de las mismas, reclamo de la libertad cuando sea procedente, petición y ofrecimiento de pruebas, proposición de diligencias, presentación de alegatos de defensa e interposición de recursos (sentencias de 23 de noviembre de 1995,M. P. Ricardo

Calvete Rangel; 18 de septiembre de 1997, M. P. Fernando Arboleda Ripoll; y 3 de junio de 1998, M. P. Dídimo Páez Velandia). Pero esto, como también ha sido precisado, no implica que toda inactividad de la defensa, objetivamente considerada, entrañe necesariamente violación de esta garantía fundamental, pues debe entenderse que no es el hecho material en sí de haberse presentado una tal ausencia de gestión, sino la constatación de que con ella se limitó o negó el derecho a una defensa técnica, lo que realmente determina su quebrantamiento. En consecuencia, la inactividad del defensor no siempre conducirá a la declaratoria de nulidad, "... salvo que se demuestre la vulneración de los derechos fundamentales o las garantías constitucionales en concreto. El concepto del derecho de defensa no se puede construir, como lo hace el recurrente en la abstracta anticipación del resultado absolutorio del juicio, sino que se desenvuelve en función de las posibilidades reales de contradicción de los cargos y ello depende, en buena parte, de la información que sobre el asunto pueda suministrar el procesado (sea reo presente o ausente), o de un estratégico silencio que impida la deducción de situaciones agravatorias de su posición jurídica, o de atenerse a que sea el Estado el que cumpla plena y cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad. En fin, son demasiadas las alternativas compatibles con la garantía de la defensa idónea, sin que siempre, detrás de la apariencia de inactividad, deba predicarse la carencia de contradictorio."(Casación de marzo 26 de 1996 Magistrado Ponente Dr. Carlos Mejía Escobar)”1.(Negrilla fuera del texto).

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia proferida en 3 de diciembre de 2001 dentro del proceso No. 11.207. 9 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Tales parámetros fueron reiterados recientemente en providencia del 30 de septiembre de 20092, así: “La defensa técnica configura una garantía constitucional de carácter procesal penal cuyo ejercicio está condicionado por las especificidades de cada caso sin que exista por anticipado un direccionamiento defensivo predicable en forma genérica y sin que la viabilidad de la misma pueda ser materia sojuzgada por el éxito o fracaso de sus logros. La denominada estrategia defensiva no puede valorarse desde una perspectiva crítica ex post por los resultados, toda vez que la vulneración del derecho de defensa debe involucrar una absoluta y total indefensión que ha de provenir de la desatención o indiferencia frente a reales posibilidades defensivas, es decir, que debe tratarse de una inactividad censurable o inasistencia profesional que produzca un agravio sustancial al derecho de defensa, de modo que su incolumidad está referida a la presencia de una efectiva y real asistencia letrada y no a la eficaz asistencia representada por el éxito de la misma. De ahí que la Corte haya resaltado en conceptos reiterados y antiguos, que: “El concepto del derecho de defensa no se puede construir en la abstracta

anticipación del resultado absolutorio del juicio, sino que se desenvuelve en función de las posibilidades reales de contradicción de los cargos y ello depende, en buena parte, de la información que sobre el asunto pueda suministrar el procesado (sea reo presente o ausente), o de un estratégico silencio que impida la deducción de situaciones agravatorias de su posición jurídica, o de atenerse a que sea el Estado el que cumpla plena y cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad. En fin, son demasiadas las alternativas compatibles con la garantía de una defensa idónea, sin que siempre detrás de la apariencia de inactividad, deba predicarse la carencia de contradictorio” (Cas. 8512/96).

7. Por ello, la inviolabilidad de la defensa todo cuanto supone y exige es que se conceda una efectiva oportunidad de probar y alegar en procura de resguardar los derechos del imputado, sin que la forma como se asuma, esto es, el camino que en dicho orden se tome, el modo como se utilice, pueda equipararse con una ausencia defensiva o con una restricción ilegítima y censurable de dicha garantía.

Sobre el particular destacada es la posición de la Corte en pronunciamientos que precisan cómo “la violación al derecho de defensa técnica o profesional que inexorablemente conduce a la invalidación del proceso es aquel absoluto estado de abandono o indefensión material o sustancial y no meramente procesal en que se deje a un imputado, de donde resulta así necesario no solamente que la falta de defensa sea efectiva, en el sentido señalado, sino además total, es decir, que sea

ostensible y manifiesto el vacío defensivo, que conduzca a un extremo mayor e intolerable la reducción de las posibilidades de defensa y que tal mengua sea la causa determinante de un perjuicio concreto para quien la misma debe garantizarse” (Cas. 15.491/00)“. 2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado No 28.927. 10 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Pues bien, la insuficiencia de defensa técnica en este caso estaría referida a la ausencia de actos por parte de los defensores que conllevó a que se adoptara una decisión contraria a los intereses del procesado, pues, tal y como lo muestran los antecedentes, formalmente el señor Acero Acosta contó con defensor a lo largo de la actuación. Al verificar los actos defensivos realizados por los defensores, tenemos que se reducen a la asistencia a las indagatorias y solicitud de copias por parte de los que ejercieron tal función durante la etapa instructiva. En el juicio la actuación de la profesional del derecho se limitó a la asistencia a la audiencia preparatoria e intervención en audiencia pública solicitando la absolución, finalmente, vuelve a actuar otro defensor para sustentar el recurso extraordinario de casación. Así entonces, puede decirse que la actividad de la defensa técnica dentro del proceso fue escasa más no inexistente; empero, como quedo explicado a través

de las citas jurisprudenciales, no basta la constatación de la mencionada pasividad para determinar la nulidad de lo actuado, pues en cada caso concreto debe verificarse si se trató de una estrategia y la repercusión que pudo haber tenido dicha situación en las reales y concretas posibilidades defensivas del procesado y en el contradictorio de los elementos allegados por la Fiscalía. En el caso bajo estudio, el sucesivo cambio de defensores fue una circunstancia que necesariamente impidió que un profesional del derecho asumiera de manera comprometida el diseño de una estrategia defensiva y estuviera atento a las resultas del caso. De otro lado, debe resaltarse que a lo largo de toda la actuación el señor Acero Acosta realizó una ponderable y activa manifestación de la defensa material que permitió que hubiera lugar al contradictorio, que se decretaran y practicaran las pruebas de descargo, que se aportaran argumentos con los que se nutrió el debate fáctico y jurídico, al punto que a instancias del encartado se resolvieron por 11 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA parte de los funcionarios de conocimiento solicitudes de nulidad, recursos de reposición y apelación, entre otras decisiones. Con todo, es necesario aclarar que la defensa material y técnica son inescindibles y deben permanecer conjuntamente a lo largo del proceso sin que la actividad de una pueda suplir las carencias de la otra; de suerte que, por muy estructurada que

haya sido en un determinado caso la defensa material ante la ausencia de defensa técnica inexorablemente se afecta la validez del proceso. Sin embargo, en este evento tenemos que si bien la actividad de la defensa técnica no tuvo todo el despliegue deseado por el censor, la misma no fue absolutamente pasiva, y tampoco conculcó las posibilidades defensivas del procesado como erradamente lo plantea el casacionista. En efecto, por un lado se dice dentro del recurso extraordinario, que la Fiscal 30 Seccional nunca practicó las pruebas solicitadas por el sindicado con las que se hubiera demostrado su inocencia, sin especificar de cuáles se trata ni la trascendencia que ellas tendrían. En todo caso, al revisar la actuación, encuentra esta Delegada que sí fueron practicadas en la etapa de instrucción muchas de las pruebas testimoniales y documentales que solicitó el inculpado, tales como los testimonios del Dr. Pablo Gil y de Martha Mercedes Restrepo y las certificaciones sobre su vinculación con Bancos y otras entidades como investigador privado. Otro tanto cabe anotar respecto de las pruebas que pidió el acusado encaminadas a demostrar el accidente que tuvo lugar con la que fuera su camioneta y que fue estrellada por el señor Herney Rodríguez Ospina, a quien se la prestó; las cuales no pudieron ser practicadas durante la investigación pero se concretaron en la etapa del juicio, en particular la inspección, que contrario a lo planteado en la demanda sí se llevo a cabo dentro de la causa. Bajo este entendido, las pruebas de descargo solicitadas por el procesado se practicaron en lo posible. 12 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Si bien es cierto que el señor Acero Acosta manifestó ante la Fiscalía Seccional que no contaba con los medios económicos para sufragar un defensor de confianza, también lo es que el ente instructor se dio a la tarea de designarle un defensor de oficio mientras se proveía por parte de la Defensoría Pública uno público, de suerte que en todo momento tuvo designado para su defensa a un abogado. La designación de defensor público tuvo lugar pese a que el estudio socio económico realizado por la Personería Municipal concluyó que el procesado podía costear su propia defensa (Cfr. Folio 320, cuaderno 2) Se constató que dentro de la audiencia preparatoria, a la que asistió el defensor del momento, el Juez despachó desfavorablemente la solicitud de nulidad que había impetrado el procesado, como lo hubiera hecho también en varias oportunidades con anterioridad la Fiscalía ante igual petición, decisión frente a la que el abogado asistente no interpuso ningún recurso; situación que no puede tenerse como una violación al derecho de defensa técnica, pues, se trata de un asunto que había sido varias veces ventilado dentro del proceso por lo podría pensarse no merecía una revisión adicional, además, es sabido que la disparidad de criterio en cuanto a la estrategia defensiva no implica, per se, el menoscabo de esta garantía. En este orden de ideas, aunque la actividad desplegada por los abogados que tuvieron a cargo la defensa del procesado no fue nutrida, éste no careció

absolutamente de ella. Adicionalmente, las falencias que hubieran podido presentarse en este sentido resultaron intrascendentes para la afectación del derecho de defensa del implicado, pues esa situación no afecto sus posibilidades reales de contradictorio. En conclusión, considera esta Procuraduría Delegada que no se configuran en este caso los elementos necesarios para afectar de nulidad el proceso por violación al derecho a la defensa técnica, pues, pues la situación enrostrada no 13 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA repercutió en una “evidente, efectiva y real privación de los medios de alegación o prueba”3, por lo que el cargo no esta llamado a prosperar. (ii) Nulidad por falsa motivación de la resolución de acusación. (Violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de convicción). Son evidentes las falencias en la postulación del cargo, pues, en principio se predica la falsa motivación de la resolución de acusación pero su desarrollo está referido a la inadecuada estructuración del indicio grave de presencia que realizó el fallador en la sentencia de primera instancia, utilizando aquí los mismos argumentos con los que se sustenta la primera parte del cargo subsiguiente que sí se refiere a una violación indirecta por “error en la apreciación de la prueba que llevó a la aplicación indebida de una norma sustancial”, por lo que los cargos se responderán conjuntamente.

Cabe destacar que, de acuerdo con los lineamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y contrario a lo plateado en la demanda, no es correcto alegar la existencia de nulidades por falsa motivación, pues, cundo se alega falsa motivación, se alude a la existencia de errores en la apreciación probatoria que deben reprocharse por vía de la causal primera cuerpo segundo de casación, de suerte que, sólo resultaba adecuado el planteamiento del cargo segundo como violación indirecta y no la nulidad propuesta en el cargo primero. No obstante lo anterior, como la Corte Suprema de Justicia ha superado las falencias de la demanda con su admisión, este Ministerio Público se ocupará del problema jurídico planteado por el recurrente, cual es la incorrecta construcción del indicio grave de presencia en las sentencias de instancia. 3 Ibídem 14 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

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EDGAR EDUARDO ACERO ACOSTA Efectivamente la condena dentro del presente proceso tuvo soporte fundamentalmente en prueba indirecta, se trata de una serie de indicios graves y necesarios que llevaron al juez de primera instancia al convencimiento sobre la responsabilidad del procesado, postura que compartió el Tribunal Superior. El primero de ellos es el indicio