PGN - NULIDAD - No se encuentra acreditado el vicio para declararla

1 Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN

E. S. D.

REF.: Casación de JOSÉ MARIA BERNAL por el delito de Receptación y Falsedad Marcaria (Rad.

29756). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del nueve (9) de noviembre de 2007, confirmó el fallo mediante el cual Juzgado 47 Penal del Circuito condenó a JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA por los delitos de falsedad marcaria y receptación, con la única modificación de la pena, que redujo de ocho (8) a tres (3) años de prisión, lapso en que igualmente fijó la interdicción de derechos y funciones públicas. La defensa del procesado presentó demanda de casación, de la cual mediante decisión del 18 de julio de 2008 fue admitido el primer cargo por reunir los requisitos del artículo 212 de la Ley 600 de 2000. En consecuencia la Procuraduría Cuarta Delegada procede a rendir el respectivo concepto.

1. HECHOS

El día 21 de septiembre de 2002, a la altura de la carrera 16 con calle 53, vía al barrio Meissen de la ciudad de Bogotá, al tiempo que la Policía Metropolitana de Bogotá realizaba un puesto de control, detuvo el vehículo de placas SFE-636 conducido por OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ, que al ser sometido a revisión presentó inconsistencias en sus sistemas de identificación, por lo que se remitió para el respectivo estudio técnico en la Unidad de Automotores de la MEBOG,

cuyo concepto del 24 de septiembre concluye que el rodante quedaba sin identificación por tener “su numero de motor, seguridad regrabados, la serie removida y el numero de chasis injerto, se deben tener en cuenta los antecedentes del identicar MLO-736”. Irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Seccional Reparto el 27 de septiembre de 2002 por el Oficial Comandante de la Sexta Estación de Policía de Bogotá. 2.- SINOPSIS PROCESAL El 11 de octubre de 2002, la Fiscalía profirió Resolución de apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables (fl.11 c.o.1). 2 El 6 de noviembre de 2002 rindió declaración la propietaria del vehículo incautado (fl.12). Se determinó que por los mismos hechos existía un proceso en la Fiscalía 125 de Delitos contra el Patrimonio -especializada en automotores-, por lo que se dispuso su acumulación mediante Resolución del 13 de noviembre de 2003 e igualmente la formal apertura de investigación, ordenándose vincular mediante indagatoria a JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA, diligencia que se realizó el 14 de enero de 2004, luego de lo cual el 27 de julio de 2004 se dispuso el cierre de investigación (fl. 85, 101 y 128). Mediante decisión del 7 de septiembre de 2004 se calificó el mérito de la investigación, en el sentido de acusar a JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA como presunto autor de los delitos de receptación y falsedad marcaria (fl. 134 y ss), decisión apelada por la defensa del sentenciado y confirmada por la Fiscalía

Delegada ante el Tribunal el 17 de enero de 2007. Con fecha 28 de abril de 2006 el juzgado 47 Penal del Circuito avoca el conocimiento de las diligencias y se corre el traslado del artículo 400 del C.P.P. El 19 de octubre de 2006 se adelanta la audiencia preparatoria dando curso a la solicitud de pruebas, y el 19 de abril de 2007 se da inicio a la vista pública, la cual concluye el 26 de junio del mismo año. El 23 de julio de 2007 se profiere fallo de primera instancia con el cual se condena a JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA, como autor de los delitos de Receptación y Falsedad Marcaria. Imponiéndole la pena principal de ocho (8) años de prisión, multa equivalente a seis (6) salarios M.L.M.V. e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Decidió igualmente el juzgador no suspender la pena privativa de la libertad, ni conceder la prisión domiciliaria, por lo que dispuso en consecuencia librar las órdenes de captura correspondientes. La sentencia fue apelada por el defensor del procesado y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 9 de noviembre de 2007, con la única modificación del quantum punitivo en los términos ya indicados. La defensa del procesado presentó demanda de casación bajo el supuesto de una casación excepcional, de la que fue admitido el primer cargo por reunir los requisitos del artículo 212 de la Ley 600 de 2000, mediante decisión del 18 de julio de 2008.

3.- DEMANDA

3 Cargo Primero - Causal Tercera de CasaciónArt. 207-3 Acusa la sentencia de haber sido expedida en un juicio viciado de nulidad por violación de la garantía del derecho a la defensa, de una parte por la deficiente actuación del defensor de confianza, y de otra, por abstenerse la judicatura de decretar una prueba que favorecía al procesado, además de haberse vulnerado la presunción de inocencia. Cita como normas infringidas el artículo 29 de la Constitución Política, y los artículos 23 (Remisión); art. 8 (defensa); 306 - 3 (Causales de Nulidad) y 17 (Lealtad) del Código de Procedimiento Penal. El censor aborda la argumentación así: 1.- Violación a la garantía fundamental del derecho a la defensa técnica: Sostiene el casacionista que JOSÉ MARIA BERNAL careció de defensa técnica en tanto que el abogado que lo representaba actuó de manera escasa en cada una de las etapas procesales. Considera el impugnante que los falladores aceptaron las declaraciones contradictorias de los testigos URIEL PACHON y de la propietaria del taxi en cuanto a señalar como responsable de los ilícitos a Bernal Salamanca, empero no se tomaron en cuenta todas las citas del primero de los nombrados para su comprobación siendo trascendental para la defensa en punto de su absolución, pues se trataba de la manifestación ofrecida en el juicio que hacía referencia a que en el tiempo que él manejó el rodante, éste fue detenido por la Policía y llevado a los patios, en donde le realizaron una revisión sin que el automotor mostrara

alteraciones en sus sistemas, lo cual implica la inexistencia de la receptación y de la falsedad marcaria endilgadas a su prohijado, vulnerándose con tal omisión el derecho a la defensa real y la presunción de inocencia. Sostiene que se debe casar la sentencia, porque de haberse allegado la prueba documental del comparendo y el inventario de entrada del carro a los patios de tránsito, prueba de manera negligente no aportada por la defensa, ni decretada en las instancias, se hubiera establecido que el carro posteriormente a la fecha de tenencia por parte de Bernal fue inmovilizado y sus sistemas no estaban alterados o si no, no se lo hubieran entregado. Centra la solicitud de nulidad en la falta de defensa profesional que tuvo el procesado a lo largo de la actuación penal e igualmente en el hecho de que a pesar de que la prueba (comparendo e inventario) tenía el talante de cambiar la decisión, ninguno de los dos falladores la ordenaron. Soporta el impugnante sus 4 afirmaciones en punto de lo que constituye el derecho a la defensa con decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la H. Corte Constitucional. Abordó el censor para demostrar el cargo, diferentes tópicos: i) Con tal carencia se rompió el equilibrio entre el Estado y el procesado, toda vez que la defensa fue deficiente dado que solo elevó un memorial demandando que se citara a su cliente a una diligencia de indagatoria; ii) que no tuvo BERNAL una defensa constante y sin interrupción puesto que ella fue esporádica y aislada y refiere que hubo solo una actuación en el sumario y que en la causa se practicó por el abogado un

interrogatorio, que en últimas solo se ven en el proceso dos escritos defensivos del profesional, que el togado omitió solicitar una prueba fundamental para su prohijado que desvirtuaba la autoría y materialidad del hecho endilgado. iii) que el derecho a la defensa debe ser real y material, alega el censor que no se realizó con base en tales conceptos. Resalta la forma como fue apelada la resolución de acusación de una manera insuficiente tanto en lo jurídico como en lo probatorio, hecho que fue destacado por la segunda instancia. Pasa luego a analizar las pruebas que se tomaron en cuenta para proferirla. Insiste en las deficiencias que tuvo el abogado de frente a los distintos hechos evidenciados en el proceso respecto de los cuales ningún esfuerzo realizó en pro de su defendido para su demostración. Destaca que en cuatro años de la instrucción del proceso hubo dos actuaciones del togado. iv) El derecho a la defensa como garantía Constitucional se constituye en un absoluto y ello se logra a través de la controversia de las pruebas y exponiendo argumentos, soporta su dicho con decisiones de la Corporación referidas a las nulidades y cuando estas se convalidan. v) Que no se trató de una estrategia defensiva vi) la inactividad del defensor causó daño al procesado. Aduce que si el defensor hubiera insistido en la solicitud y práctica de la prueba de manera oportuna se habría demostrado que no fue Bernal quien cambió los sistemas de identificación del rodante, toda vez que al haber sido detenido el carro después de que éste lo entregó, pasó la revisión, lo que demuestra que no cometió el delito.

2.- La omisión de la práctica de la Prueba por la primera instancia vulneró el derecho a la defensa Dice el impugnante que el juez de instancia al conocer el hecho nuevo que surgió en la audiencia y no corroborarlo decretando la prueba, siendo que ésta podía desvirtuar la materialidad de la infracción, vulneró el derecho a la defensa del procesado, “cayeron en la trampa de la nulidad (de ahí que así se depreca en este cargo)” tomando el testigo como algo cambiante, desechando la esencia de su dicho que pertenece a la realidad objetiva. Lo propio aconteció al ser rechazada la prueba por la segunda instancia, a pesar de la copia informal del comparendo que se allegó y la cual acreditaba que en efecto el carro si había ingresado a los patios 5 y por ende existía un inventario, sin embargo no se instó al juez a decretar la prueba. 3.- Negar la prueba la segunda instancia vulneró el derecho a la defensa Aduce el censor que el Tribunal en principio, tuvo argumentos para negar la práctica de la prueba solicitada, por no estar reglado tal evento en el procedimiento penal, empero procede a rebatir la afirmación del juez colegiado a partir del principio de integración que permite acudir al Código de Procedimiento Civil y en particular al artículo 361, que prevé la posibilidad de acopiar pruebas cuando ha vencido la oportunidad probatoria en la primera instancia; aclara el censor que en el caso de estudio, el hecho nuevo aconteció después de la audiencia preparatoria, oportunidad procesal prevista para hacer las solicitudes. Para concluir que la segunda instancia al no haber aceptado la prueba a pesar de que surgió como un

hecho nuevo en la audiencia vulneró el derecho a la defensa, por lo que se constituye en un error del Tribunal que hace calificar a la sentencia de segunda instancia como injusta. Solicita de la Corte se case la sentencia y se decrete la nulidad a partir de la indagatoria de BERNAL SALAMANCA o en su defecto desde la audiencia preparatoria. 4.- Violación de la garantía fundamental de la presunción de inocencia Desarrolla el censor el citado principio a partir de la Constitución Política, Artículo 29, y cita pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el particular (C-774/01). Destaca que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada con el acervo probatorio, pero que en el presente caso ello no aconteció y no se llegó a la certeza para condenar, dado que no estaba demostrada la materialidad ni la responsabilidad del delito imputado, bien por la indiligencia de la defensa ora por excesivo formalismo de las instancias, pero en todo caso la duda no se superó. Desarrolla en grado de probabilidad las hipótesis en las que su prohijado no estaría incurso en delito alguno, argumentando de una parte, que el rodante pudo haber salido de manos del procesado antes de darse el hurto del vehículo del cual sus piezas fueron injertadas al taxi que ocupa la atención del proceso, teniendo en cuenta que luego de reparado pasó al latonero y éste lo tuvo un tiempo en el garaje mientras le pagaban el saldo insoluto. De otro lado, está lo afirmado por URIEL PACHON en la audiencia, quien afirmó que el carro taxi después de reparado durante el tiempo que él lo manejó, fue llevado a los patios y se le hizo un

inventario y no presentaba alteración, lo cual “patentiza la posibilidad objetiva y palmaria de que el sindicado pudo no efectuar (por ser físicamente imposible) el 6 comportamiento endilgado (receptación y falsedad marcaria)”, de lo que resulta que su presunción de inocencia está incólume. Concluye que la presunción de inocencia del proceso no fue desvirtuada y pese a ello fue condenado, yerro que puede corregir la H. Corte.

4.- CONCEPTO

CARGO PRIMERO.

Está propuesto al amparo de la causal tercera, al considerar que la sentencia fue expedida en un juicio viciado de nulidad por violación de la garantía del derecho a la defensa. Considera necesario esta Delegada traer a colación algunos pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema en torno a lo que debe entenderse por defensa técnica y cuál es la entidad de su falencia para que se imponga la solución extrema de la nulidad de la actuación, para de esa manera dejar desde ahora sentado que el impugnante plasmó en la demanda su particular percepción del proceso, de cómo debió actuarse y lo que en su opinión dejó de hacer el togado que representaba a BERNAL SALAMANCA y quiere derivar de allí una causal de nulidad. Vale decir no toda omisión por parte del defensor inexorablemente constituye una violación de la garantía, máxime que como en el presente caso a diferencia de lo que “opina” el casacionista se evidencia que se trató de una estrategia defensiva, la aparente inactividad del abogado defensor, partiendo del hecho simple de que BERNAL

SALAMANCA en ninguna de sus salidas procesales acepta haber tenido ninguna clase de negociación con la propietaria del rodante y en cambio, se mostró ajeno a cualquier actividad que lo comprometiera con la reparación del vehículo incautado, y hoy su defensa partiendo de que el carro si estuvo en su poder y que luego de arreglarlo lo entregó al pintor – latonero-, en fecha posterior fue revisado por Tránsito y no tenía los sistemas alterados. Todo lo cual ab ostio muestra una nueva estrategia defensiva y por manera alguna una falencia del defensor que imponga la declaratoria de la nulidad. “La causal y el cargo deben corresponder lógicamente a la petición, y ello se logra cuando el escrito muestra a la Corte que la solución sugerida en la demanda no puede ser distinta. “1. El perfil de la mejor defensa no implica el ejercicio de habilidades bajo las cuales se pretende ocultar la verdad real que logró establecerse en el proceso, de ahí que no puedan prohijarse los argumentos del censor, como el que compara el número de páginas que comprende el resumen de las 7 alegaciones de la defensa y el Fiscal en la audiencia pública, para deducir ausencia de defensa técnica, el cual es meramente especulativo y carente de utilidad para el proceso. “La discrepancia con la estrategia defensiva cumplida, bien sea respecto de los medios empleados, las tesis expuestas, la conducta procesal asumida o por los resultados obtenidos, no es razón por sí misma valedera y suficiente para fundamentar la violación del derecho de defensa del procesado. “2. Las omisiones del apoderado que dan lugar a invalidar un proceso, por

falta de defensa técnica, lo ha reiterado la Sala, no pueden identificarse con la ausencia de algunos actos procesales. La nulidad sobreviene como consecuencia del incumplimiento irresponsable de sus deberes. “3. Los cuestionamientos que se hacen al ad quem de haber desconocido el principio de investigación integral, implicaban abordar la identificación de las citas no verificadas, de las pruebas no evacuadas, la conducta de los operadores de justicia al respecto, señalar racionalmente su contenido y pertinencia, haciendo la confrontación con la totalidad de la prueba recaudada, y precisar la trascendencia, en este caso, de manera específica determinar si tales medios conducían por lo menos a una situación jurídica más benévola para el procesado. “Cuando el ataque se enmarca en la violación al principio de investigación integral, es indispensable que se sugiera en términos racionales el alcance probatorio de la prueba omitida, sólo así se puede hacer la relación de pertinencia de la evidencia con lo que se pretende demostrar y por ende establecer la incidencia en la decisión adoptada.”1 También ha sostenido la H. Corte: “(…)

2. Si la Corte ha señalado que en determinados casos ni aun la falta de un estudio pre calificatorio o la interposición de determinado recurso demuestran la ausencia de defensa técnica, porque eso corresponde a una estrategia de defensa, menos se puede pensar que el no haber actuado como ahora el casacionista estima que se debió hacer, constituya un vicio de garantía.

Justamente por eso se ha destacado que en orden a demostrar la incidencia de una aparente inactividad de la defensa, el discurso no se debe limitar "a

criticar en abstracto al defensor, ni a decir según su criterio qué hubiera hecho, pues es lógico que cada profesional frente a un caso concreto 1PROCESO 18007. M. P: HERMAN GALÁN CASTELLANOS del 21/04/2004 8 diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que no coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía constitucional." (Sentencia de abril 22 de 1999. Radicación 13315. M.P. Ricardo Calvete Rangel) De otra parte - por los efectos que una declaratoria de nulidad por violación del derecho de defensa comporta y de sus efectos según el estadio del proceso en donde se manifiesta -, el censor estaba en la obligación de indicar puntualmente el preciso momento en donde ella se evidencia, con el fin de que si se acepta el cargo, el proceso regrese a la etapa en donde el vicio se materializa.

3. No basta con que el libelista indique los medios probatorios que echa de menos, como lo hizo, y que enuncie ligeramente que la inspección judicial faltó, o que el testigo era importante, o que no se corrió traslado de los dictámenes médico legales, sino que es indispensable que se aproxime al contenido material de los mismos en orden a demostrar su influencia en el ejercicio de persuasión racional de los funcionarios, y por lo tanto en la aptitud para destacar que de ese modo se afecta el derecho de defensa en tanto trasciende en el sentido de justicia del fallo.

En otros términos, el censor olvida que "la posibilidad de declarar la nulidad no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación

lógica con las que si fueron tenidas en cuenta por el sentenciador como soporte del fallo, para a partir de su contraste evidenciar que las extrañadas, de haberse practicado, derrumbarían la decisión, erigiéndose entonces como único remedio procesal la invalidación de la acusación censurada a fin de que esos elementos que se echan de menos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso." (Auto del 12 de marzo de 2001, radicación 16463. M.P. Dr. Aníbal Gómez Gallego. Sentencia del 16 de octubre de 2003, radicado 18804. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo.) “2 (subrayas fuera de texto) Debe decirse que la naturaleza que la ley procesal le atribuye al derecho de defensa, como de estructura dual en tanto se conforma por la defensa técnica y por la defensa material, impide la prosperidad del cargo que el casacionista formula en tanto nunca demuestra, sino que se queda en la mera enunciación narrativa de cuales fueron las dificultades que le ocasionaron al derecho de defensa del procesado JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA, las supuestas omisiones en que habría incurrido su defensor técnico. No debe perderse de vista y en esto resulta fundamental para la respuesta del cargo que el procesado en ejercicio de su defensa material, la dispuso en términos 2 Crf. Sentencia proceso 19004 :M.P: MAURO SOLARTE PORTILLA, del 12/05/2004 9 de mostrarse ajeno a los hechos, no reconoció, haber realizado ninguna negociación con BERTHA HERNANDEZ, para reparar integralmente el taxi de su propiedad; al punto de haberle manifestado a la dueña del vehículo cuando ésta le

reclamó por la incautación del mismo. “(…) y el me dijo que (refiriéndose a JOSÉ MARIA) primero que no había hecho ningún negocio conmigo pero fuimos juntos yo fui con mi esposo y que el iba a negara todo porque yo le dije que lo iba a demandar, que el mejor era el abogado no.” Pues si bien el procesado estaba en su derecho de no autoincriminarse, su actitud cambiante hoy en sede de casación, en donde se admite como probable que fue después de que éste le devolvió el carro a su dueña, luego de repararlo, que probablemente se realizaron las adulteraciones de las piezas tomándolas de un carro hurtado, ello ratifica al contrario de lo pretendido que el Estado demostró con el acopio probatorio arrimado al proceso, la materialidad de la infracción como la responsabilidad de BERNAL SALAMANCA en la comisión de los ilícitos a pesar de que en un principio quiso mostrarse ajeno a cualquier hecho que lo pudiera comprometer. La relación de actuaciones que el casacionista afirma debió agotar el defensor original, no pasan de ser un ejercicio especulativo que simplemente denota las diferentes ópticas profesionales entre el que ahora actúa como defensor en sede de casación y aquel que lo hizo en las instancias, sin que de ello pueda derivarse ninguna afectación real al derecho de defensa del procesado. Lo que pudo ser o lo que pudo hacerse, no determina la vulneración del derecho reclamado sino que evidencia única y exclusivamente una estrategia diferente de quien ahora actúa desde la mejor posición de un proceso ya finiquitado y del que por tanto sabe cuáles hubieran sido unas mejores tácticas de defensa.

El encomiable esfuerzo del censor no alcanza para demostrar que hubo vulneración al derecho de defensa a punto tal que termine desvirtuando la presunción de legalidad de que viene amparado el fallo cuyo derrumbe pretende obtenerse en esta sede. Vale decir, que atendiendo a los principios de instrumentalidad y trascendencia que rigen el instituto de las nulidades, resulta necesario demostrar la incidencia de la alegada inercia en el resultado del proceso, es decir cómo de haberse allegado otros elementos de juicio o impugnado las decisiones emitidas, existiría en concreto la razonable posibilidad de que la situación del procesado sufriera sustancial modificación de manera favorable a sus intereses, sin que por la sola enunciación se hubiere logrado el cometido, pues en el plano de lo concreto, no se edifican razonables las críticas del casacionista sobre la falta de una adecuada asistencia profesional, debido a que las referencias que hace a la falta de insistencia a los jueces en que se allegara como prueba el parte y del inventario con fecha posterior a la “entrega del rodante” por BERNAL a su propietaria; la ausencia de argumentos en la impugnación de la resolución de acusación del procesado y su falta de solicitud de otras pruebas, no tienen tal entidad; se tiene en contrario que las diligencias demandadas por el defensor se 10 atendieron en los términos en que éste edificó la defensa e igualmente la apelación de la acusación fue desatada y de no haber considerado con suficiencia el escrito de impugnación por parte de la segunda instancia habría podido tenerlo por

desierto lo cual no aconteció. Lo anterior ratifica que la intención del censor es la de retrotraer la actuación a la etapa del sumario, para recuperar en pro de su asistido como consecuencia de la anulación pretendida, la posibilidad de una nueva controversia probatoria, desconociendo que el debate se culminó, que no se afectaron garantías y que se determinó la certeza de la comisión de los ilícitos en cabeza de BERNAL SALAMANCA, de quien se insiste siempre se mostró ajeno a la realización de un acuerdo con BERTHA HERNANDEZ para reparar el automotor propiedad de ésta y solo ahora en sede de casación acepta que el mismo si estuvo en su poder para la mentada reparación y que se le entregó por un tiempo que tampoco determina al latonero y pintor para lo de su cargo, para afirmar que después de tales acontecimientos según el dicho del testigo URIEL que fue detenido el rodante e ingresado a los patios donde se le hizo un inventario y no estaban adulterados sus sistemas de identificación. Obsérvese que el real ataque del censor no se hace en últimas sobre la ausencia de defensa, sino sobre la ineficacia de la misma, concepto este último de evidente inaceptabilidad en sede de casación habida cuenta de la ausencia de elementos objetivos u objetivables para arribar a semejante conclusión, máxime cuando la garantía constitucional de ejercer el derecho de defensa y ser representado por un abogado escogido por el procesado, está plenamente acreditada. Es un hecho innegable que la falta de defensa técnica es una causa de nulidad que puede ser declarada oficiosamente y que el representante del Ministerio

Público tiene como obligación constitucional la defensa de los derechos fundamentales del procesado, debiendo revisarse el proceder del defensor de frente al ejercicio adecuado de la profesión, que con su actitud activa o pasiva resulte válida a los intereses del procesado; es así que propuesta la causa de la anulación, se impone hacer el estudio de su incidencia en la actuación. Sin embargo, como profesión liberal que es el ejercicio de la abogacía, es del resorte de quien asume una defensa utilizar los mecanismos legales que tiene a su alcance, en todo caso en busca de protegerse de la mejor manera los intereses del encartado, sin que pueda el Estado fijar los parámetros que al interior del proceso deban asumirse; es por ello que en el caso sometido a estudio no resultaría cuestionable la forma como ésta se ejerció, partiendo indefectiblemente del hecho igualmente cierto, que el procesado desde un comienzo fijó la defensa en su total ajenidad a los hechos, desconociendo cualquier tipo de negociación con la titular del rodante para su arreglo, por lo que era conocedor de las gestiones que se adelantaban en el curso del proceso seguido en su contra. 2.- Se negó por la judicatura la prueba de un hecho nuevo, violándose el derecho a la defensa 11 Resulta innegable que corresponde a los jueces al momento de decidir sobre las peticiones de cada uno de los sujetos procesales, evaluar en tratándose de solicitudes de pruebas, que éstas cumplan la finalidad para la que se demandan, esto es, que tengan las características de conducencia, pertinencia y utilidad y que se soliciten en los momentos procesales que la ley fija para el efecto, pues es de la

naturaleza del proceso penal como del resto de procesos civil, laboral etc., que las oportunidades procesales para que se desarrolle en un asunto se encuentren establecidas y así mismo que sean preclusivas. Ahora bien, es un hecho cierto que en materia penal corresponde la búsqueda de la verdad real, de ahí también surge la facultad que estaba prevista en la Ley 600 de 2000, referida al decreto de pruebas oficiosas en el marco de la investigación integral, con todo y en el entendido que lo que se pretende con los medios de prueba es generar la convicción, en la Ley 600, la certeza para condenar, corresponde desecharse entonces aquellas pruebas que sean inconducentes, impertinentes, superfluas, ilegales o prohibidas, sin que le sea exigible desde la constitución ni la ley al juez decretar todas y cada una de las pruebas que los sujetos procesales le demanden, dado que existe la libertad probatoria y proscrita la tarifa legal. Entonces, si el juez logra llegar a la certeza, a la convicción de la materialidad de la infracción, como a la responsabilidad del procesado con los medios de pruebas que militan en el proceso a partir de su valoración en el marco de la sana crítica, ello resulta suficiente para soportar la decisión, sin que cualquier negativa a la práctica de una prueba vicie la actuación procesal y ello comporte invalidar una sentencia. Es indispensable entonces, precisar como de manera reiterada lo ha dicho la Corte, que la omisión probatoria por si sola no genera desconocimiento al principio de investigación integral ni al derecho de defensa, el ataque exige que con los elementos de juicio echados de menos se haga una confrontación con los tenidos

en cuenta por el juzgador, y por esta vía de contraste se determine su capacidad para modificar sustancialmente la orientación de la decisión, lo cual en el presente caso no solo no se evidencia, sino que la petición se realizó por fuera del marco de la legalidad establecida por el legislador.3 Vale decir, en demostración del cargo pretende el impugnante sostener que se equivocó el Tribunal con el no decreto de la prueba documental que comportaba un parte policial y un inventario del taxi placas SFE 636 que se dice le fueron realizados luego de que el procesado hubiera entregado el carro reparado a su dueña, sin que se hubiera detectado ninguna inconsistencia en sus sistemas de identificación, es decir que aparecieran en su estructura las piezas injertadas del carro MLO 736, con lo cual busca demostrar que no pudo ser BERNAL 3 Auto exp.18822 M.P. Herman Galán Castellanos. 16/07/02 12 SALAMANCA quien alteró los sistemas del taxi propiedad de BERTHA HERNANDEZ, para concluir que no le pueden ser imputados los delitos de falsedad marcaria y de receptación. Ahora bien, en los fallos atacados, tanto el juez de instancia, como el juez colegiado valoraron la situación planteada por el defensor y que hoy se reitera en sede de casación y cada uno le ofreció en el marco de la decisión un análisis de juicio razonado para mantener la decisión de condenar a JOSÉ MARIA BERNAL SALAMANCA, lo cual descarta el yerro planteado por el censor y comporta desatender la petición de anular la decisión,