PGN - NULIDAD - No se estableció de forma probatoria la acreditación de presupuestos para

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De Representante de Egresados al Consejo Directivo del ITFIP por expedición irregular por fraude en votación y falsa motivación AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites de esta según Constitución Política AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Alcance según jurisprudencia de la Corte Constitucional La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 1996 retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites según jurisprudencia de la Corte Constitucional ….en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación PRUEBA-No existe ninguna que desvirtúe presunción de legalidad del proceso/ACTO ELECTORAL-No fue objeto de falsa motivación ni expedido con desconocimiento de norma superior ……si bien la posibilidad de constatar la duplicidad de votos se podía llevar a cabo mediante el sistema electrónico de forma posterior a elecciones, e inclusive, mediante un comparativo de listas y subrayados; el mismo no permitía conocer cuál era la voluntad del votante, quien hacía la marcación de manera secreta. Esto es; que, bajo el caso hipotético de existir dualidad de los sufragios, no se advierte cómo se lograría determinar

si esos votos le correspondían a un candidato determinado, si eran en blanco, o bajo la condición de anulabilidad. En ese sentido, el control tenía falencias. Con todo, este cargo no está llamado a prosperar, habida cuenta que el control electrónico ejecutado de forma posterior a las elecciones del 25 de marzo de 2021, en la cuales se eligió al Representante de los egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-, arrojó como resultado, que no existió duplicidad de sufragantes en términos materiales y concretos, y menos, traducidos en votos que le fueran atribuibles al candidato ganador…..,no existe prueba que desvirtúe esta presunción de legalidad del proceso, por lo que dichas justas electorales se sugieren ajustadas al ordenamiento jurídico. En tanto, se considera que el acto electoral no fue objeto de falsa motivación o expedido de forma irregular y, menos, expedido con vulneración de norma superior. NULIDAD-No se estableció de forma probatoria la acreditación de presupuestos para configurar esta bajo causal del numeral 1 del art. 275 del C P A C A Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 ACTO ELECTORAL-Para que irregularidad se materialice debe ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en este En ese sentido, el Ministerio Público considera que la supuesta irregularidad alegada, no

es de carácter sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo de elección, por cuanto el resultado era el mismo, pues al restar los votos de los municipios en los que hubo votaciones, diferentes a El Espinal, el total para el hoy Representante elegido, quedaría en 1174 votos. Es decir, más del doble de lo que obtuvo su contendora, hoy demandante, 567 votos, según el acta consolidada de escrutinios. En cuanto a la causal de fraude electoral por violencia contra el electorado, tal y como se explicó en el acápite anterior, no quedaron acreditados ni el hecho violento ni la afectación de la voluntad, por lo que no resulta predicable el acto consecuencial, esto es, la alteración electoral. Por tanto, dichas circunstancias permiten aseverar que no existe irregularidad alguna con incidencia sustancial y trascendental en el acto demandado; esto es, que tenga un efecto útil para desvirtuar la presunción de legalidad de la elección de…..,como Representante de los egresados del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-. ACTO DEMANDADO-No están dados los elementos de juicio para que sea anulado el Ministerio Público considera acreditado que: En la elección de……como Representante de los Egresados del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, se advierte que no existió duplicidad de votos que hayan servido de fundamento para su designación. Por tanto, se considera que el acto electoral no fue objeto de falsa motivación o expedido de forma irregular y, menos, expedido con vulneración de las normas en las que debía

fundarse. No se encontraron elementos de juicio certeros, concretos y específicos que dieran cuenta que, en las elecciones en las que resultó ganador…..,se hubiera incurrido en fraude electoral por violencia contra el elector; por cuanto los elementos de juicio relacionados con el hecho violento, la afectación de la voluntad y el efecto consecuencial -alteración electoralno resultaron acreditados dentro del expediente. Finalmente, bajo un curso de casos hipotéticos, restando los votos que obtuvo el ganador en los municipios de Venadillo, Ibagué, Tocaima, Flandes y Chaparral, sobre los cuales se podría llegar a realizar dualidad de votos….. continuaría siendo electo como Representante de los egresados del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, por más del doble de sufragios. Por lo anterior, esta Delegada del Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que se anule el acto demandando, teniendo en cuenta que no se advierte vulnerado el ordenamiento jurídico, según el análisis precedente. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 D.C., 14 de septiembre de 2021 Concepto No. 2021-09-NE177 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2021-00026-00

DEMANDANTE: ADRIANA MARCELA MORA ARANZAZU

DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE JUAN CARLOS URIBE

CORTÉS COMO REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS AL

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL -ITFIPMEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Respetada Magistrada: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El artículo 13 del Acuerdo No. 21 del 18 de junio del 2018 -Estatuto General del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP)-, dispuso que el Consejo Directivo estará integrado, entre otros miembros, por un Representante de los Egresados. 1.1.2. Mediante Acuerdo No. 03 del 14 de enero del 2021, se reguló el procedimiento para la elección del Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del ITFIP, para el período 2021-2023. 1.1.3. Se inscribieron como candidatos ADRIANA MARCELA MORA ARANZAZU y JUAN CARLOS URIBE CORTÉS. 1.1.4. El 17 de marzo de 2021, el Ministerio de Educación Nacional solicitó el aplazamiento del referido certamen democrático, invocando para ello falta de garantías, lo cual fue atendido de forma favorable, por lo que se dispuso como

nueva fecha para las elecciones, el 25 de marzo de 2021. 1.1.5. El artículo 9 Acuerdo No. 03 del 14 de enero del 2021, determinó la ubicación de 8 mesas de votación en la sede principal de El Espinal y, una urna de cada sede, ubicadas en los municipios de Ibagué, Flandes, Tocaima, Chaparral y Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Venadillo. También estipuló que cada mesa debía estar conformada por 4 jurados a efecto de brindar una mayor transparencia y control en la jornada electoral. 1.1.6. Previo al desarrollo de la jornada electoral, se determinó la conformación de una comisión veedora y se establecieron protocolos de bioseguridad que señalaron, entre otras cosas, que cuando los estudiantes depositaran su voto debían retirarse de las instalaciones del ente educativo. 1.1.7. El 25 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las elecciones. Los resultados fueron: JUAN CARLOS URIBE CORTÉS 1465 votos y ADRIANA MARCELA MORA ARANZAZU, 567 votos. 1.2. Cargos de la demanda La apoderada judicial de ADRIANA MARCELA MORA ARANZAZU presentó solicitud de nulidad del acto por medio del cual se eligió a JUAN CARLOS URIBE

CORTÉS como Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, según el proceso electoral llevado a cabo el día 25 de marzo del 2021, contenido en el Acuerdo No. 03 del 14 de enero del 2021, al considerar que esa decisión fue objeto de “expedición irregular por fraude en la votación” y falsa motivación. Señaló que se presentó una expedición irregular y violación de las normas en las cuales debía fundarse el acto, lo que denominó fraude en el proceso electoral, específicamente por (i) la falta de cotejo de votos y por (ii) los ofrecimientos por parte de docentes y funcionarios de notas y diplomas con el fin de obtener sufragios a favor del demandado. Sobre el particular, trajo a colación el contenido del artículo 275 del CPACA, específicamente en su numeral 1º, al consagrar que es nula la elección cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o presión física o psicológica sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. En cuanto a la falsa motivación, indicó que se tienen como incumplidas las disposiciones de los numerales 5 y 7 del artículo 3º del Acuerdo 03 del 2019 -que reguló el trámite de elección-, dado que no existe por parte de la entidad electora “ITFIP”, prueba alguna que respalde el ejercicio de depuración o verificación de los votos repetidos -doble votación, en los términos reseñados en forma previa-, “puesto que es claro que los votos obtenidos por el candidato que resultó elegido

no concuerdan con los obtenidos por mi poderdante y los habilitados para votar”. 1.3. Fijación del litigio De conformidad con el auto de 17 de agosto de 2021, el despacho fijó el litigio en los siguientes términos: “…se circunscribirá en determinar si el acto electoral demandado es nulo, tras responder los siguientes interrogantes: (i) ¿Se presentaron, en el marco del proceso de elección del representante de los egresados al Consejo Superior del Instituto Tolimense de Formación Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4 Técnica Profesional – ITFIP-, irregularidades en el trámite de la votación de los estudiantes habilitados, por la presunta contabilización doble de los votos a favor del candidato ganador? (ii) ¿Se ofrecieron dádivas a los electores o se ejerció presión indebida sobre los mismos, con el fin de obtener sufragios que sumaran a la candidatura que finalmente resultó electa? (iii)De comprobarse la ocurrencia de lo anterior, ¿tienen dichas irregularidades incidencia respecto del acto de elección?.” 1.4. Traslado para alegar de conclusión Por auto de 17 de agosto de 2021, la magistrada sustanciadora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales a) y d), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en atención a que no era necesario

pronunciarse sobre las excepciones por ser de mérito o de fondo, resolvió: (i) tener como prueba los documentos allegados por las partes con la demanda y la contestación; no obstante la exclusión de algunas; (ii) fijar el litigio de la controversia jurídica; (iii) decretar algunos medios de prueba; y, (iv) ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de

2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico. Corresponde determinar si es procedente la nulidad del acto de designación de JUAN CARLOS URIBE CORTÉS como Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, según el proceso electoral llevado a cabo el día 25 de marzo del 2021, contenido en el Acuerdo No. 03 del 14 de enero del 2021, al considerar que esa decisión fue objeto de “expedición irregular por fraude en la votación” y falsa motivación. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) las reglas de la autonomía universitaria aplicable a los Institutos de Formación Técnica Profesional y ii) luego desarrollará los interrogantes formulados en la fijación del litigio en puntos de orden. 2.2. La autonomía universitaria y sus límites

El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 5 Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 19961, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades y, en general, las instituciones de educación

superior2, tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores3, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19934, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio5, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para

la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales; sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. 1 M.P. Hernando Herrera Vergara 2 Ley 30 de 1992, “Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones Técnicas Profesionales. b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. c) Universidades. 3 Se debe mencionar que las Instituciones de Educación Superior que no poseen el carácter de universidades, en tanto su naturaleza jurídica es la de establecimientos públicos de educación superior, se rigen por la normatividad aplicable a este tipo de entidades, concretamente por las normas que fijan la competencia para establecer la forma de vinculación de estos cargos. 4 M.P. Alejandro Martínez Caballero 5 Ver sentencia T-1010 de 2010. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad

académica” (T-585 de 19996). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 20107 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 20188, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) autoregulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”9, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69

de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200810) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”11 y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”12. 6M.P. Hernando Herrera Vergara 7 M.P. María Victoria Calle Correa 8 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 9 Ver sentencia C-491 de 2016. 10 M.P. Humberto Sierra Porto 11 Ver sentencia C-829 de 2002. 12 Ver sentencia T-097 de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su

materialización: el de i) auto-organización “darse sus directivas” y el de ii) autoregulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades y, en general, las Instituciones de Educación Superior -artículo 29, Ley 30 de 1992-, tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales, de cara a cumplir con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa. iv). Los estatutos y/o reglamento de las universidades se convierten en la primera expresión genuina y auténtica de la autonomía universitaria, por lo que resultan de obligatorio cumplimiento, tanto para las directivas como para el estudiantado, y todo el sector administrativo, en general. v). La autonomía universitaria no se constituye en un criterio absoluto de libertad de la institución de Educación Superior, como ente autónomo, frente a las políticas y definición del Estado. Sus límites están en el orden constitucional y legal –libertad de configuración del Legisladory, en especial, en los derechos fundamentales. 2.3. Análisis del caso concreto Los argumentos en los que se soportan la demanda, tienen como reproche, que el

acto con el que se designó a JUAN CARLOS URIBE CORTÉS como Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, según el proceso electoral llevado a cabo el día 25 de marzo del 2021, contenido en el Acuerdo No. 03 del 14 de enero del 2021, fue objeto de “expedición irregular por fraude en la votación” y falsa motivación. Por lo tanto, el Ministerio Público, por coherencia argumentativa, considera procedente dar cuenta de los interrogantes generados en la fijación del litigio, con el propósito de determinar sí, en la designación de JUAN CARLOS URIBE CORTÉS como Representante de los Egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, se vulneró el ordenamiento jurídico, por cuanto, presuntamente: (i) se presentaron irregularidades en el trámite de la votación de los estudiantes habilitados por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 presunta contabilización doble de los votos a favor del candidato ganador; (ii) se ofrecieron dádivas a los electores o se ejerció presión indebida sobre los mismos, con el fin de obtener sufragios que le sumaran al ganador; y, (iii) si dichas situaciones tuvieron incidencia en la expedición del acto de elección.

2.3.1. De las irregularidades en el trámite de votación por contabilización doble de votos El interrogante fijado para decantar la controversia jurídica sobre las presuntas irregularidades en el proceso de elección del Representante de los Egresados al Consejo Superior del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP, parte por establecer, ¿si se presentaron irregularidades en el trámite de la votación de los estudiantes habilitados por la presunta contabilización doble de los votos a favor del candidato ganador JUAN CARLOS URIBE CORTÉS? Sobre el particular, está acreditado que en las elecciones del 25 de marzo de 2021 para elegir al Representante de los Egresados al Consejo Superior del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-, se fijaron 13 mesas, repartidas de la siguiente manera: 8 mesas de votación en la sede principal de El Espinal y, una en cada sede de los municipios de Ibagué, Flandes, Tocaima, Chaparral y Venadillo. Cada mesa estuvo conformada por 4 jurados a efecto de brindar una mayor transparencia y control en la jornada electoral. (i) El número de personas habilitadas para votar por mesa en El Espinal -Tolimay los votos efectivos, se distribuyeron de la siguiente manera: Número de Sufragantes Rangos de Votantes Votantes Mesa Habilitados números de Efectivos Efectivos cédulas para el para la Ganador - demandanteActa Acta Consolidada Consolidada de de EscrutinioEscrutinioMesa 1 1337 24.229 a 39.565.196 68 22

Mesa 2 1338 39.565.212 a 131 54 65.705.934 Mesa 3 1338 65.705.943 a 115 50 93.130.111 Mesa 4 1338 93.130.120 a 220 61 1.007.443.101 Mesa 5 1338 1.007.443.109 a 134 48 1.105.672.573 Mesa 6 1338 1.105.672.584 a 182 86 1.105.688.000 Mesa 7 1338 1.105.688.001 a 186 72 1.108.932.082 Mesa 8 1337 1.108.932.144 a 138 35 99.091.612.341 Total 1174 428 En ese sentido, en lo que se refiere al municipio de El Espinal -Tolima-, se advierte que cada mesa tenía definido el número de sufragantes habilitados para votar en Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 la elección del Representante de los egresados ante el Consejo Drectivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-; por lo que en principio, y salvo que obrara prueba contundente en contrario, no se concibe posibilidad alguna de contabilización doble de los votos a favor del candidato ganador.

Cada mesa definió de manera taxativa los votantes por el número de cédula, lo que impedía que se repitieran los votos entre una mesa y otra, pues solo se podía

sufragar en una sola parte. Lo cual resulta refrendado mediante la certificación de la Comisión Veedora del Proceso de Elección del Representantes Graduados Ante el Consejo Directivo del ITFIP del 23 de agosto de 2021, conformada por el Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación y el Decano de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría, en la cual se consignó “que revisado todo el proceso electoral no se presentaron -sicdoble votación del electoral en ninguna de las mesas en la sede principal…”. Eso sí, quedó consignado que una de las votantes en el municipio de FlandesTolima-, se había presentado a la mesa 5 del Espinal a sufragar nuevamente, lo cual le fue impedido, por lo que no sufragó de manera dual. Lo anterior fue ratificado con una nueva certificación de la Comisión Veedora del 26 de agosto de 2021, en la cual reiteraron que la información remitida al proceso era original, respondía a la verdad y era el total del proceso electoral del 25 de marzo de 2021, en tratándose de la elección del representante de los egresados ante el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP-, período 2021-2023. (ii) El número de personas habilitadas para votar y votos efectivos en VenadilloTolima-, mesa única, fueron las siguientes: Número de Sufragantes Rangos de Votantes Votantes Mesas Habilitados números de Efectivos por efectivos por la cédulas el ganador - demandante Acta ganador -Acta

consolidada consolidada de de EscrutinioEscrutinioMesa única 10702 24.229 a 23 10 99.091.612.341 Total 23 10 (ii) El número de personas habilitadas para votar y votos efectivos en Ibagué - Tolima-, mesa única, fueron las siguientes: Número de Sufragantes Rangos de Votantes Votantes Mesas Habilitados números de Efectivos por efectivos por la cédulas el ganador - demandante Acta ganador -Acta consolidada consolidada de de EscrutinioEscrutinioMesa única 10707 24.229 a 64 32 99.091.612.341 y de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 manera excepcional se habilitaron los números: 1.110.546;

1.105.677.941; 1.080.260.436; 1.106.778.892 y 1.105.671.111 Total 64 32 (iii) El número de personas habilitadas para votar y votos efectivos en FlandesTolima-, mesa única, fueron las siguientes: Número de Sufragantes Rangos de Votantes Votantes Mesas Habilitados números de Efectivos por efectivos por la cédulas el ganador - demandante Acta ganador -Acta consolidada consolidada de de EscrutinioEscrutinioMesa única 10702 24.229 a 90 71

99.091.612.341 Total 90 71 Sobre el puesto de votación en el municipio de Flandes, se relacionó por parte de la Comisión Veedora del Proceso de Elección del Representantes Graduados Ante el Consejo Directivo del ITFIP, lo siguiente: (iv) El número de personas habilitadas para votar y votos efectivos en TocaimaTolima-, mesa única, fueron las siguientes: Número de Sufragantes Rangos de Votantes Votantes Mesas Habilitados números de Efectivos por efectivos por la cédulas el ganador - demandante Acta ganador -Acta consolidada consoli