PGN - NULIDAD - Originada en la deficiente motivación de la sentencia respecto al delito d

NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras Bogotá, 16 de diciembre de 2008

Señores magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado ponente doctor Augusto Ibáñez Guzmán Bogotá Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado XX contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que lo condenó por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado. Rad. n.º 26.818

Honorables Magistrados: El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán, mediante fallo de 5 de mayo de 2006, condenó a XX como autor de los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado, a la pena de 26 meses y 20 días de prisión, y a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Apelada la decisión por el mismo procesado, el 28 de agosto de 2006, el Tribunal de Popayán confirmó integralmente la sentencia de primera instancia. El abogado de XX presentó recurso de casación contra la decisión del tribunal y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a las previsiones legales; corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal conceptuar sobre la viabilidad del recurso.

I. HECHOS XX fue denunciado por la Empresa YY porque cuando aquel desempeñó como gerente de la misma, del año 1997 al 2000, se apropió de una suma de dinero equivalente a $180.000.000, para lo cual alteró recibos de ingreso de caja, se

realizó autopréstamos no autorizados por la Junta Directiva de la empresa y falseó los informes contables para justificarlos.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

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NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras El 24 de agosto de 2000, la Fiscalía abrió formalmente la investigación contra XX, ciclo que fue cerrado el 27 de septiembre de 2002. El sumario fue calificado con resolución de acusación mediante decisión del 25 de noviembre de 2002, la cual fue apelada y confirmada por la Fiscalía delegada ante el Tribunal el 6 de julio de

2004. El juzgado cuarto penal del circuito de Popayán profirió sentencia condenatoria el 5 de mayo de 2006, por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado; decisión esta que fue confirmada por el Tribunal. Frente a esta nueva providencia, el representante judicial del encartado interpuso recurso extraordinario de casación, demanda que fue admitida por la Corte y sobre la cual se emitirá concepto.

II. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Cargo único: Bajo los lineamientos de la causal tercera de casación, por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, que consisten en la deficiente motivación de la sentencia que generan nulidad, a partir de la decisión de primera instancia.

Aduce el censor que, tal como lo ha dicho la Suprema Corte, el juez debe motivar sus decisiones, particularmente la que pone fin al proceso, de manera tal que exponga en forma pormenorizada, coherente y lógica, tanto los supuestos de hecho como las razones jurídicas y los fundamentos probatorios que dan lugar a la

tipificación de la conducta como punible y la responsabilidad del procesado. Todo ello, con miras a garantizar el derecho de defensa y demás garantías. Estima el actor que, la fundamentación de los fallos de las instancias es deficiente porque no permite la determinación de los aspectos fácticos y/o jurídicos respecto al cargo que le fue endilgado al procesado por el delito de falsedad en documento privado porque “no determinaron, de cara a la prueba obrante en el proceso los elementos estructurales del acto falsario, es decir, su tipicidad (tipo objetivo y subjetivo), la antijuridicidad y menos la culpabilidad”. El libelista estima que las sentencias no cumplieron con el deber de motivar suficientemente la condena que impusieron por el delito contra la fe pública, porque no señalaron cómo se tradujo el acto falsario, cómo se dieron por demostrados los elementos estructurales tanto del tipo objetivo como subjetivo de ese delito, ni realizó una distinción entre la prueba que apoyó la declaración de responsabilidad por el delito de hurto y la que respaldó la comisión y responsabilidad del delito de falsedad. 2

NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras Aduce el actor que, “ni siquiera se sabe con exactitud cuáles documentos de los múltiples que obran en el proceso son los que poseen un contenido falaz o inauténtico”, y alude al mismo reclamo que hizo el propio condenado en su escrito de apelación, mediante el cuál señaló la ausencia de pruebas directas sobre actos falsarios exteriorizados por XX.

Admite el libelista que la declaración de ZZ sobre la revisoría fiscal que realizó

sobre la contabilidad de la empresa afectada revela el delito de hurto, de apoderamiento del dinero, pero nada dice sobre el delito contra la fe pública, ni analiza el carácter material o ideológico de la misma, ni encuentra cuáles fueron las circunstancias modales, espaciales y temporales de la ejecución del acto. Solicita el demandante que la Corte declare la nulidad del proceso a partir de la sentencia de primera instancia para que se rehaga el trámite desde allí y el juez declare las razones que tuvo para condenar por el delito de falsedad en documento privado.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Cargo único: Fue presentado por el libelista al amparo de la causal tercera de casación, por nulidad originada en la deficiente motivación de la sentencia, respecto al delito de falsedad en documento privado, por el que fue condenado XX. El libelista solicita la declaratoria de nulidad del proceso a partir de la sentencia de primera instancia.

Aparece en el expediente que, desde la formulación de acusación contra XX, realizada mediante resolución del 25 de noviembre de 2002, al procesado se le imputaron dos delitos en concurso, a saber: hurto agravado y falsedad en documento privado. Las decisiones de primera y segunda instancia confirmaron la responsabilidad del procesado por los dos delitos imputados e impusieron la condigna sanción privativa de la libertad, dosificada conforme a un concurso de hechos punibles. Tanto la resolución de llamamiento a juicio, como la sentencia de primera instancia, se refieren ampliamente a los dineros desfalcados por XX a la empresa

YY, establecen la cuantía de lo apropiado y el modus operandi del encausado, para lo cual se señalan, de manera clara y detallada, los períodos durante los cuales se detectaron los faltantes de dinero, la manera como fue sustraído de la contabilidad y también la forma como fue encubierto el apoderamiento del dinero, ya mediante autorizaciones supuestas de la junta directiva de la empresa o pagos realizados, o bien, por ingresos no declarados, etc.; también expresa, con base en 3

NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras las declaraciones de peritos y testigos técnicos que se allegaron al proceso, que se elaboraron soportes de caja que no correspondían a lo efectivamente realizado, o bien, que tales documentos no se fabricaron como correspondía hacerlo, conforme a las normas contables.

De la prueba recaudada y la adecuada valoración que de ella realizó el juzgador de primera instancia, en decisión corroborada íntegramente por la segunda instancia, se derivó la materialidad del delito de hurto agravado y la responsabilidad que por ese ilícito se atribuyó a XX No obstante lo anterior, no puede decirse que respecto al delito de falsedad en documento privado los sentenciadores de instancia hubieran actuado de la misma manera. Tratándose de un concurso de hechos punibles, las sentencias condenatorias debían evaluar, de manera separada, la materialidad de los hechos imputados y la responsabilidad que en ellos era atribuible al procesado XX. Era menester, para condenar por los dos delitos, hacer el análisis de la existencia de ambos reatos y no, solamente, a partir de la comprobación de la materialidad de

uno de ellos, llegar a concluir que el segundo también se configuró, para endilgar la responsabilidad criminal por sendos delitos. Caso contrario, hubiera implicado condenar sólo por uno de los actos prohibidos, en el cual quedaría subsumido el otro. Tal como lo señala Corredor Pardo: “el estudio de las falsedades pasa por la obligatoria delimitación de aquello que constituye tal objeto dentro del tipo [el documento] y de cómo las conductas típicas punibles consagradas en la ley lo afectan para darle la condición de su falsedad”1. En el caso que nos ocupa, las instancias se extendieron sobre el delito de hurto agravado, pero omitieron toda consideración sobre la materialidad del delito de falsedad en documento privado, al punto que no mencionaron sobre cuáles documentos recayó la falsificación, si ellos eran públicos o privados, si la conducta consistió en actuar u omitir, en alterar o suprimir sobre el mismo documento, ni tampoco se mencionaron las circunstancias de tiempo del proceder ilícito. En efecto, en las sentencias de instancia se omitió indicar a cuáles objetos allegados a la investigación se asignó la cualidad de documento privado y cuál era su valor probatorio; asimismo, de qué naturaleza fue la transmutación efectuada o en qué consistió el obrar falsario. Tampoco se mencionó cuál hecho acreditaban aquellos documentos alterados, deformados o creados y en qué momento fueron puestos en consideración o ante quien para predicar su uso y, por consiguiente, la configuración del punible. Del contexto de los pronunciamientos, la imputación realizada por los jueces en cuanto hizo al delito de falsedad en documento privado, radicó en la alteración, por

1 Corredor Pardo, Manuel. Falsedad documental: ficción social de autor. Bogotá: UEX, 207, p. 295. 4

NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras suposición o creación, de los soportes contables que daban cuenta del estado económico de la empresa defraudada, mediante los cuales ocultó, temporalmente, la evidencia de su indebida apropiación. Sin embargo, ello no fue explicitado con la suficiente claridad en las sentencias, y en ello radicó el yerro que vulneró el derecho de defensa del procesado.

El autor a que hicimos referencia, señala: En los documentos contables la realidad, para efectos de los registros del contador que da fe pública del estado financiero y de la situación económica de la empresa o de la persona que lleva contabilidad, se deriva de otro documento llamado soporte sobre el cual se verifica el asiento de contabilidad. La ley sobre la materia establece que “los hechos económicos deben documentarse mediante soportes […] debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren (art. 123 del decreto 2649 de 1993)”. Esta es la manera en que funciona, de forma general, el tráfico jurídico, a través de representaciones documentales que muestran una imagen en este caso de los hechos económicos que deben contabilizarse, y que, como se advierte, configuran la verdad documental que debe mantenerse auténtica, con base en lo cual se tiene la verdad representada (…) del estado económico de la persona que lleva la contabilidad. Y sobre el supuesto de su autenticidad y el cumplimiento de las reglas formales de contabilidad, se consideran como pruebas de la verdad de los

movimientos y actividades económicas de la misma2. Es evidente que faltó concreción de los hechos y las conductas asumidas por XX para que pudiera concretarse la falsedad de documento privado, no obstante que en el proceso existía prueba de ello. La falsedad no puede suponerse siempre que exista un hurto agravado cometido mediante la alteración de documentos contables o, dicho de otra manera, puede presumirse que la falsedad que permitió el hurto de los dineros de la empresa implicó una falsificación de documentos, pero era necesario establecer de cuáles concretamente se trató, objetivarlos, mostrarlos materialmente, indicarlos con precisión por su fecha, contenido, elaboración, autor y capacidad probatoria de los mismos, y ello no se hizo en la sentencia impugnada. Para que se entendiera acreditada la materialidad del delito de falsedad en documento era preciso indicar los soportes de caja se alteraron, por ejemplo, en el cuadre de caja a diciembre de 1999; cómo se materializó el autopréstamo o cuál cheque girado por la empresa fue luego ingresado como recaudo de clientes; no era suficiente que tales operaciones se dedujeran contablemente para que de 2 Ídem, p. 339. 5

NOTA DE RELATORÍA: Port solicitud directa del interesado se autorizó sustituir su nombre por letras ellas surgiera una falsedad en documento privado, como delito en concurso con el hurto agravado.

Por lo tanto, faltó la materialidad del hecho para que pudiera pregonarse la tipicidad de la conducta y, de allí, pasar a las demás categorías dogmáticas del hecho punible. Sin haber acreditado siquiera la existencia de una acción externa

del sujeto o una omisión jurídicamente relevante exigible de XX, no era posible para el juzgador adentrarse en la declaración de responsabilidad del autor, y menos en la imposición de pena por un concurso de hechos punibles, que implicaba, necesariamente, la estructuración de dos conductas relevantes para el derecho, formadas de manera independiente, para que pudiera predicarse dicha acción concursal. Es preciso concluir, con el demandante, que en contra de XX no se estructuró en debida forma el cargo por el delito de falsedad en documento privado y, por ende, no cabe la condena por ese punible. No obstante, la solución no parte de la declaración de nulidad para que se rehaga el proceso, habida cuenta del principio de preclusión de las etapas dentro del mismo, sino de anular la sentencia en cuanto tiene que ver con ese preciso punible, por vulneración del derecho de defensa, lo cual deja incólume la sanción impuesta por el ilícito de hurto agravado y obliga a una nueva dosificación punitiva.

V. PETICIÓN Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Delegada del Ministerio Público solicita a la Corte CASAR la sentencia impugnada, en cuanto a la condena impuesta por el delito de falsedad en documento privado, y, en su lugar, redosificar la pena impuesta sólo en cuanto al delito de hurto agravado.

Atentamente, MARTA LUCÍA ZAMORA ÁVILA Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, 16 de diciembre de 2008 Rad. 26.818 MLZA/mcya 6