PGN - NULIDAD - Por desconocimiento del derecho de defensa

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Bogotá, D. C.

REF. : Concepto sobre demanda casación (Radicado 25.661) La Sala de Descongestión para Foncolpuertos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de oficio prescribió la acción por un delito de Fraude Procesal y redujo la pena de prisión, y en todo lo demás confirmó la condena del Juzgado Primero Penal de Circuito, también de Descongestión de la misma ciudad, proferida contra Rafael Rico Rojano por la infracción en cita y Estafa agravada en concurso homogéneo.

Su defensor interpuso el recurso extraordinario de casación por la vía común y admitido como fue, respecto de la demanda el Agente ordinario del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación, procede a rendir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1. SITUACIÓN DE HECHO Tuvo origen en tres acciones de amparo que entre muchas otras la Corte Constitucional revisó y dispuso remitir a la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión de conductas punibles contra el patrimonio del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, “Foncolpuertos”, de las que se supo lo siguiente: 1.1. Acción de Tutela con Radicado No. 101985

Por medio de ella Rafael Rico Rojano —y otros— invocó amparo contra el fondo en cuestión a través de apoderado y en defensa de sus derechos a la “igualdad” y

al pago de la “indemnización moratoria” causada por no desembolsarle oportunamente sus prestaciones sociales, pretensión a la cual accedió el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Santa Marta con fallo del 13 de mayo de 1996, y por Resolución No. 1445 del 5 de julio del mismo año la accionada dispuso reconocer y pagar por valor de $21.109.097.21, no obstante, la Corte Constitucional en sentencia T-001 del 21 de enero de 1997 lo revocó por improcedente. A pesar de la decisión de la Alta Corporación, el dinero fue cancelado y luego se conoció que no había lugar a ello al estar prescrito el derecho a la “indemnización moratoria”. Además, tiempo atrás, cuando se generó dicho concepto, se ordenó su pago con Resolución No. 143987 del 10 de diciembre de 1992. 2 1.2. Acción de Tutela con Radicado No. 115210 El mismo Rico Rojano —junto con otros—, también por medio de abogado y contra la referida entidad, acudió al amparo de sus derechos al “debido proceso”, a la “igualdad” y al “pago oportuno” de sus prestaciones sociales de “prima sobre prima”, “trienios”, “dotaciones” e “indemnización moratoria”, el cual obtuvo por fallo del 22 de octubre de 1996 del Juzgado Primero Civil de Circuito de El Banco (Magdalena), sin embargo, por Sentencia T-010 del 27 de enero 1998, la Corte Constitucional lo revocó por improcedente. No obstante lo anterior, esas prestaciones sociales fueron canceladas con fundamento en la Resolución No. 1470 del 23 de junio de 1995, donde se

reconoció la suma de $7.760.723,43, decisión a su vez basada en la Resolución No. 141107 del 30 de octubre de 1991, de la cual después se supo era falsa, pero además, que se había iniciado su cobro ejecutivo en el Juzgado Tercero Laboral de Santa Marta donde fue librado mandamiento de pago el 11 de mayo de 1994. 1.3. Acción de Tutela con Radicado No. 71077 Una vez más Rico Rojano —en compañía de otros—, a través de mandatario y contra el fondo en mención, utilizó ese mecanismo para que le fuera amparado el “derecho de petición”, a lo cual accedió el Juzgado Trece Laboral de Bogotá con fallo del 1º de marzo de 1995, en concreto para que se resolviera su solicitud de reajuste pensional, sentencia que revocó la Corte Constitucional con la suya T-010 del 27 de enero 1998, pues el apoderado carecía de facultades. En este caso finalmente se supo que Rico Rojano no había suscrito el poder respectivo.

2. SINOPSIS PROCESAL Con fundamento en esos hechos la Unidad Investigativa Especial de Foncolpuertos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, decretó la apertura formal de la instrucción y vinculó mediante indagatoria a Rafael Rico Rojano —y algunos más—, y su situación jurídica provisional fue definida con medida de aseguramiento de detención preventiva, con beneficio de excarcelación, por el delito de Fraude Procesal.

Agotado el ciclo averiguatorio y tras la negación de la revocatoria de la providencia

que declaró el cierre parcial, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 29 de noviembre de 2001 contra el prenombrado por su probable autoría en el delito de Fraude Procesal cometido en concurso homogéneo sucesivo, en heterogéneo con el de Estafa agravada, también ejecutado en concurso homogéneo sucesivo, a quien a su vez se le sustituyó la medida personal por la de caución prendaria. 3 Impugnada esa decisión, la Fiscalía Tercera Delegada ante Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la suya del 22 de julio de 2002, prescindió de la caución dineraria y la confirmó en lo demás. La etapa procesal de la causa correspondió al Juzgado Primero Penal de Circuito de Descongestión de Bogotá, que dispuso el traslado a pruebas y en la audiencia preparatoria ordenó las solicitadas por la defensa. Agotado el debate público oral en varias sesiones, profirió la sentencia del 31 de diciembre de 2004, por medio de la cual condenó al procesado Rafael Rico Rojano —y otros— como coautor responsable de los delitos por los que fue acusado y le impuso la pena principal de veinticinco (25) meses de prisión y multa de cincuenta mil pesos ($50.000), así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual. Así mismo, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y obligó a pagar por concepto de perjuicios materiales cincuenta y tres millones ciento setenta mil ciento sesenta pesos ($53.170.160).

La Sala de Descongestión para Foncolpuertos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud del recurso de apelación, conoció de dicha determinación y con la suya del 28 de septiembre de 2005, resolvió declarar la prescripción del delito de Fraude Procesal originado en la Acción de Tutela con Radicado No. 101985, por lo que fijó al procesado una pena de prisión de veinte (20) meses y la confirmó en lo demás.

3. LA DEMANDA Contra la expresada sentencia de segundo grado en nombre y representación del procesado Rafael Rico Rojano se formulan dos cargos, el inicial por nulidad y el segundo por la violación indirecta de ley de carácter sustancial, y en ambos casos se pide casar el fallo. 3.1. Primer Cargo (nulidad) Pretende se rehaga la actuación desde el cierre de la investigación por no interrogar al procesado en la indagatoria acerca de los hechos constitutivos del delito de Estafa agravada, ni tampoco imputárselo jurídicamente, por lo cual se pretermitió lo dispuesto en los artículos 29 de la Carta Política, 6º, 8º, 337 y 338 de la Ley 600 de 2000.

Alega que visto el texto de la injurada de ninguno de los interrogantes allí formulados se concluye haberle realizado la imputación fáctica y jurídica por el delito de Estafa agravada, pues para la validez del acto en cuestión era necesario que de las preguntas surgieran los elementos integradores del tipo. 4 Respalda su postura en criterio de autoridad1 y afirma que de no haberse omitido

interrogar al encartado la defensa habría contado con “mejores posibilidades”. Finalmente, entiende que el olvido así planteado afecta la validez de la sentencia por cuanto el procesado no tuvo la oportunidad de dar explicación o defenderse de uno de los delitos por los cuales luego fue condenado. 3.2. Segundo cargo (violación indirecta) Acusa errores de apreciación probatoria que condujeron a la aplicación indebida de los artículos 182 y 356 del Código Penal actual, y 26 y 372 del anterior, así como a la falta de utilización de las normas medio contenidas en los artículos 7º, 232, 234 y 238 de la Ley 600 de 2000, en consecuencia pide se case la sentencia y absuelva al procesado. La queja en concreto cifra en error de hecho por falso juicio de identidad derivado de la distorsión de los poderes conferidos por el procesado para incoar las acciones de tutela, al entender el Juzgador que los dos perseguían pretensiones semejantes. En este sentido afirma que el poder conferido por el justiciable para iniciar la Acción de Tutela con Radicado No. 115210 buscaba “la protección constitucional de los derechos a la igualdad, al pago oportuno de sus prestaciones y al debido proceso, derechos que se le estarían violando por el no pago de las siguientes prestaciones: Primas sobre prima, trienios, dotaciones y sus respectivas moratorias”. Al paso que el mandato para iniciar el Recurso de Amparo distinguido con el No. 101985, lo era para resguardar sus “derechos a la igualdad y al pago oportuno, derechos que, según el poder, se estaban vulnerando porque no se le canceló su

indemnización moratoria por el pago extemporáneo de las prestaciones sociales”. Así las cosas, concluye eran distintos, por cuanto con el primero se reclamaban acreencias laborales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo y con el último la indemnización moratoria por el pago extemporáneo de sus prestaciones sociales. Señala que la incidencia del yerro en la estimación probatoria estriba en que de no haberse inferido que los dos poderes buscaban reclamaciones semejantes, no se habría podido estructurar los delitos de Estafa agravada y Fraude Procesal. Dice entonces que la Estafa según el Juzgador se configuró al exigir dos veces el mismo derecho cuando en realidad no fue así, pues eran conceptos distintos los reclamados a través de cada una de las acciones de tutela. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencias del 27 de agosto de 1992, M. P. Edgar Saavedra Rojas, Radicado No. 6.440 y del 3 de junio de 1998, M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote, Radicado No. 9.789. 5 Agrega que los restantes medios de convicción, esto es, las Resoluciones No. 143987 de 1992 y No. 1470 de 1995, en efecto demuestran la orden de unos pagos pero de allí no se deduce que los mismos constituyan delito, pues para que así suceda ellas debían reconocer los mismos derechos para poder edificar la Estafa agravada y el Fraude Procesal. Además, de su contenido puro y simple sólo se desprende una orden de pagar, así que en definitiva pide se case la

sentencia y en su reemplazo dicte absolución a favor del acusado por duda.

4. ALEGATO APRECIATORIO DE SUJETO PROCESAL NO RECURRENTE Por medio de apoderado el procesado Sófocles Adolfo Bermúdez Mengual allegó escrito con el cual más que referirse al contenido formal y material de la demanda, intenta del Órgano Jurisdiccional de la Casación analice dos aspectos que supone debe abordar de oficio. 4.1. Nulidad Fundada en la violación del principio de juez natural, por cuanto el que profirió la condena fue creado con posterioridad a los hechos, postura que afianza en los artículos 29 de la Carta Política y 8.1 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. Luego de recordar las jurisdicciones especiales consagradas en la Norma Fundamental y acudir al derecho constitucional comparado, rechaza que las facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 le permitieran crear Juzgados de Descongestión para conocer los procesos del caso Foncolpuertos, por cuanto los hechos eran anteriores a su establecimiento. Anota que el vitium in procedendo evidenciado es trascendente por cuanto de no haberse presentado, la sentencia habría sido “favorable al procesado”, luego de lo cual depreca sea declarada su nulidad. 4.2. Violación indirecta Plantea haberse condenado al acusado por el delito de Fraude Procesal desconociendo la naturaleza de la acción de tutela, en tanto es un instrumento subsidiario para la protección urgente de derechos fundamentales, de forma que

el Tribunal erró al interpretar que por acudir a ella se configuraba la mencionada infracción. Agrega que con el amparo no se generó error en la entidad demandada porque respondió en su oportunidad a las pretensiones consignadas en ella y por tanto no es posible interpretar, como lo hizo el Iudex ad quem, que se quiso atentar contra la sana crítica del juez de tutela a través de un medio fraudulento, por tanto, concluye se incurrió en vitium in iudicando por “interpretación errónea” del tipo penal en cuestión. 6 En relación con el delito de Estafa expresa que no hubo inducción en error por cuanto la empresa accionada contaba con documentos para desvirtuar y negar las peticiones del amparo contrarias a la realidad laboral de los demandantes, sin que pueda predicarse contubernio de éstos con los empleados, pues lo definitivo para pagar lo reclamado fue la fuerza vinculante de la acción de tutela y por ello arguye que el Tribunal incurrió en “interpretación errónea” de la norma. Tras alegar que el Juez Plural “dejó de lado los elementos que rodean el tipo penal, y determinó que primaba el elemento subjetivo del dolo por encima de la voluntad” y de allí la “violación directa”, estima que la condena resulta contraria a derecho, por tanto pide se absuelva al procesado.

5. CONCEPTO La demanda contiene dos cargos, el primero plantea la nulidad por desconocimiento del derecho de defensa y el restante invoca la violación indirecta de la ley de naturaleza sustantiva al incurrirse en defectos de apreciación

probatoria cuya consolidación recae en errores de hecho, tras lo cual, en ambos casos, se pide casar el fallo. 5.1. Primer Cargo (nulidad) Funda en no haber interrogado al procesado en su diligencia de indagatoria acerca de los hechos constitutivos del delito de Estafa agravada, como tampoco imputárselo jurídicamente, por lo cual se pretermitió lo dispuesto en los artículos 29 de la Carta Política, 6º, 8º, 337 y 338 de la Ley 600 de 2000, a consecuencia de lo cual se depreca la anulación de la actuación desde el cierre del ciclo averiguatorio inclusive. La causal tercera de casación a la cual acude el demandante reclama el mismo rigor que las restantes, en tanto exige sea desarrollada con un discurso lógico formal atemperado por la lógica dialéctica —antes inconciliables—, a su vez matizada ésta por categorías jurídicas, y todo ello bajo una armónica imbricación sometida a los valores, principios y derechos propios de un Estado constitucional, que incluso libera al Órgano Jurisdiccional de la Casación del principio de limitación para asegurar los postulados inherentes al derecho penal paulatinamente decantados a partir de la obra de Cesare de Bonnesana Marqués de Beccaría y que recientemente alcanzan su máxima expresión con Luigui Ferrajoli. Así, cuando como ahora la censura está orientada a demostrar la existencia de vitium in procedendo, requiere satisfacer cinco requisitos, a saber: (i) identificar de cuál clase se trata, valga decir, si de estructura o garantía, asunto aquí pacífico;

(ii) si es de lo último corresponde señalar qué acto o actos en concreto afectaron la defensa, como se percibe en el concreto particular; (iii) luego han de revelarse 7 las normas que gobiernan la respectiva actuación en punto de la garantía, obediencia igual aquí manifiesta pero equivocada; (iv) debe también realizarse la confrontación entre lo actuado en el sub judice y lo dispuesto en la ley, lo cual se reputa ausente; y (v) finalmente, atañe indicar la incidencia, prácticamente inexistente en el reproche que se ensaya. Igualmente, en cada una de esas etapas corresponde dirigirse con celosa objetividad y corrección, lo cual se ofrece ausente en el caso sub examine, por cuanto cumplidos los dos primeros presupuestos se mencionaron disposiciones que no estaban llamadas a regular la situación jurídica, en particular el artículo 338 de la Ley 600 de 2000, norma que difiere en su alcance a lo consagrado en el artículo 360 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de la diligencia de inquirir del procesado, como a espacio se analizará luego. Después, sin mayor dedicación, se afirma cómo fue desconocido el derecho de defensa a consecuencia de no haberse preguntado “fáctica y jurídicamente” al inculpado sobre el delito de Estafa agravada, por manera que limitarse a transcribir in extenso la injurada y en seguida sostener que no hubo interrogantes que concentraran la atención en tal infracción, es inadecuado a los efectos de enseñar la omisión denunciada, porque corresponde indicar con precisión cómo

de lo examinado en forma alguna surgía la verificación de contenidos inmanentes al delito investigado. Las inconsistencias a su vez aumentaron al expresar con extrema languidez que la trascendencia se traducía en el hecho del procesado no haber podido dar explicación o defenderse de los delitos por los que a la postre resultó condenado. Una composición de ese jaez se aleja profundamente del discurso lógico jurídico argumentativo propio del instituto de la casación, que exige un desarrollo claro, preciso, correcto y completo en orden a evidenciar la existencia del error de actividad alegado. Lo anterior, en principio, bastaría para sugerir la improsperidad del cargo, mas se agrega. De entrada conviene aclarar que contrario a lo estimado por el casacionista, la norma reguladora de la producción de la diligencia de indagatoria era el artículo 360 del Decreto 2700 de 1991, por cuanto la misma tuvo ocurrencia el 14 de marzo de 2000 y no la Ley 600 del igual año, artículo 338, por cuanto ésta solo vino a regir a partir del 24 de julio de 2004 en virtud del 536 ibídem. Bajo estas condiciones la queja relativa a la omisión en el acto de inquirir de no mencionar al procesado la “imputación jurídica” por el delito contra el patrimonio por el que se adelantó el sub judice junto con el de fraude Procesal, carece de sustento. 8 En otro sentido, tampoco consulta la realidad procesal la glosa acerca de la ausencia de interrogar “al imputado en relación con los hechos que originaron su vinculación”, conforme lo preceptuaba el artículo 360 del Decreto 2700 de 1991.

En efecto, distinto a lo estimado por el impugnante, si tal como quedó anotado, la diligencia de indagatoria de Rafael Rico Rojano se agotó el 14 de marzo de 2000 y la Resolución que definió su situación jurídica provisional lo fue del 3 de abril del mismo año, en concreto por el delito de Fraude Procesal, de allí se sigue, en principio, que no había claridad para ese entonces en relación con la configuración del delito de Estafa. Fue más adelante y en virtud de prueba de inspección que se disipó lo relativo a la constatación de la infracción en cita, pero más allá de esta circunstancia, igualmente se observa del texto de la diligencia de inquirir, que sí se hace alusión a los “hechos” atentatorios contra el patrimonio económico por cuanto al respecto se registró en esa oportunidad: “PREGUNTADO: Un Cargo se le hace a usted es porque aparece como accionante en la tutela 115210, pretendiendo el reconocimiento y pago de reliquidación de prestaciones sociales, cuando sus prestaciones se habían reliquidado y pagado con resoluciones 143987 de 1992… y 1470 de 1995… lo que puede constituir una conducta punible, qué dice al respecto”. Ahora, inmediatamente después de ese interrogante se le hace otro del siguiente tenor: “Porqué razón si usted fue pensionado en el año de 1984, reclama presuntas acreencias laborales por vía de tutela 12 años después?” Estas preguntas entonces denotan con claridad dos situaciones, que tal como fue señalado, no había mayor conocimiento sobre si en verdad se estaba ante un

delito contra el patrimonio económico, y de otra parte, que sí se preguntó en relación con ese aspecto bajo la limitación probatoria de entonces. Ciertamente esta puntual circunstancia fue desatendida por el disidente y de allí que su queja carezca de pertinencia. Además, la aclaración recién puesta de presente adquiere mayor relevancia si se repara que la Resolución de Acusación advierte la existencia de un escenario probatorio distinto al obtenido para la época de la definición de la situación jurídica, en especial por la “prueba de inspección”, que en el caso en cuestión jugó particular importancia por tratarse de hechos previamente judicializados por otras autoridades. Además, distinto a lo entendido por el impugnante, la obligación legal para entonces no exigía de la elaboración de una imputación fáctica, sino de “interrogar 9 por los hechos que daban lugar a la vinculación”, y en el caso concreto así ocurrió, pues precisamente se interrogó sobre las tres acciones de tutela frente a las cuales se vio relacionado el procesado, ya que al respecto se le inquirió: “PREGUNTADO: En este momento se le pone de presente al indagado los folios 88 (tutela 115210), 206 (tutela 71077 cuaderno 1 anexos) y 228 (tutela 101985 cuaderno 1 anexos), correspondientes a los poderes que reposan en dichas tutelas, manifieste si usted suscribió la firma que allí aparece y se realizó la presentación personal de dicho documento?”. Como se puede apreciar, precisamente se hizo hincapié en los hechos de las tres

acciones de amparo que intentara el procesado. Es más, el Tribunal insiste en lo anotado y expresa frente al contenido de la injurada vertida por el procesado: “...En segundo término, de la observación de su injurada se infiere que se le preguntó acerca de las tutelas con radicaciones 115210, 71077 y 101985, y en especial porqué reclamaba el reconocimiento y pago de reliquidaciones de prestaciones sociales y acreencias laborales, cuando las mismas habían sido satisfechas a través de las resoluciones 143987 de 1992 y 1470 de 1995, que ha sido el punto primordial sobre el que recaen los cargos”. Juzgador que más adelante concluye frente a la pretensión de la defensa de anular la actuación por violación de derecho de defensa al no interrogar al procesado acerca del delito de Estafa: “Así las cosas, es claro que se le brindó la posibilidad de conocer ampliamente los hechos por los que se le acusó y condenó, lo que indica, que contrario a lo alegado, no le fue conculcado su derecho a la contradicción y de contera el de defensa. Y así debieron entenderlo, tanto éste como su defensor, cuando ningún cuestionamiento hicieron en el transcurrir investigativo al aspecto ahora esbozado, habiendo sido, incluso, notificados personalmente de las resoluciones a través de las cuales se le resolvió la situación jurídica y se dictó acusación... con el mismo sustento fáctico por el que fuera interrogado en su indagatoria y que ahora ha servido de soporte a la Juez de conocimiento para proferir

el fallo. Tampoco hizo uso de la oportunidad consagrada en el Art. 400 del C. de P. P. para solicitar nulidades originadas en la fase instructiva, pues el defensor de Rico Rojano se limitó a solicitar la práctica de algunas pruebas... y solo en su intervención en la audiencia pública... es donde por primera vez menciona que a su procurado no se le interrogó acerca de la resolución 1445 de 1993 que fue tenida en cuenta por la Fiscalía 10 en la acusación para estructurar el delito de estafa, lo cual es indicativo que acudió a ello como último recurso defensivo”. Para abundar en razones, la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de referirse a situación jurídica semejante y al respecto expresó: “No obstante lo anterior, de resultar admisible que el censor entendió conculcado únicamente el derecho de defensa por no habérsele dado la oportunidad de controvertir desde el principio la imputación, dígase que no le asiste razón. Al efecto ha de advertirse previamente que para la fecha de la realización de la diligencia de indagatoria del procesado… regía el artículo 360 del Decreto 2700 de 1991, el cual disponía que el imputado debía ser interrogado “en relación con los hechos que originaron su vinculación” . Este precepto no imponía al funcionario el deber de ponerle de presente al sindicado “la imputación jurídica provisional”, como acontece ahora con el artículo 338 de la Ley 600 de 2000. La normatividad procesal entonces vigente no atribuía a la injurada el carácter de acto de formulación de cargos, y no exigía al instructor

precisar definitivamente la correspondencia de la conducta objeto de investigación con alguna valoración jurídica concreta. Sin precisar determinadas reglas o fórmulas sacramentales, la obligación del funcionario consistía simplemente en exhortar al procesado para que libre de juramento respondiera de manera clara y precisa las preguntas que le fueran hechas en relación con los supuestos fácticos que determinaron su vinculación al proceso, con el fin de que pudiera explicar su comportamiento. (...) Ahora bien, en el decurso del proceso, independientemente de que al momento de definir la situación jurídica se hubiera o no dictado medida de aseguramiento, en la codificación anterior no se encontraba prevista, como tampoco se encuentra hoy, la posibilidad de volver a definirla por haberse allegado nuevos elementos de juicio o ampliado la diligencia de indagatoria. Con mayor razón lo anterior si se toma en cuenta que las nuevas pruebas pueden conducir a una profunda modificación del proceso e incluso, de no surgir las mismas, la situación puede variar en tanto el funcionario arribe a una mejor comprensión de los supuestos fácticos o adquiera un bien conformado criterio para decidir. El objeto de la calificación del sumario son los hechos materia de investigación y sobre los cuales se indagó al procesado, por lo que el 11 sentido en que haya sido definida la situación jurídica no tiene el alcance de condicionar la decisión calificatoria, como equivocadamente cree el censor. Esta interpretación se ofrece plausible, si se toma en cuenta, de una parte, que el sindicado, al defenderse de los hechos concretos, ya se está defendiendo en principio de la hipotética calificación que en

derecho éstos merezcan, y de otra, que no siempre al momento de la indagatoria se conocen en concreto los resultados del comportamiento materia de investigación. (...) La censura sustentada en la consideración de que el procesado no fue enterado en su indagatoria de los hechos objeto de juzgamiento, entonces, carece de sustento, sin que para el efecto importe, como se dijo, que al resolver la situación jurídica el fiscal instructor haya dictado medida de aseguramiento únicamente por el delito de concusión que en ese momento estimó estructurado. Lo que realmente importa aquí es que los supuestos de hecho en que se apoyó la calificación jurídica hayan sido puestos de presente al indagado, y que, además, la sentencia guarde correspondencia con la resolución de acusación, pues finalmente fue en esta decisión donde se definieron los cargos por los cuales tuvo la oportunidad de defenderse ampliamente en el juicio el inculpado. En este caso con mayor razón cuando, como advierte el Delegado, la calificación jurídica de los hechos por los cuales fue interrogado el procesado dependió en últimas de las pruebas aportadas con posterioridad a la resolución de la situación jurídica y aún después de la ampliación de la injurada, oportunidad dentro de la cual se allegaron documentos que desestimaron el delito de concusión y enfilaron definitivamente el proceso por la senda concursal determinada finalmente en el pliego de cargos. Concluyese, entonces, de lo anterior, que el demandante carece de razón en la formulación de la censura, pues lejos está de predicarse que el derecho de defensa haya resultado comprometido…”.

Las consideraciones que anteceden no sólo evidencian que la composición de la censura no satisfizo in minimum la exigencia de un discurso lógico, jurídico y argumentativo claro, preciso y completo en orden a declarar la nulidad, y tampoco hay lugar a contemplar la posibilidad de romper el principio de limitación con el propósito de garantizar el derecho de defensa por cuanto no resultó afectado. Es por lo anterior que el reproche está llamado a la improsperidad. 12 5.2. Segundo Cargo (violación indirecta) Denuncia de la sentencia haber incurrido en error de hecho por falso juicio de identidad por distorsión del contenido de los poderes conferidos por el procesado para iniciar las Acciones de Tutela con Radicados No. 101985 y 115210, por cuanto el Juzgador entendió que con ellos se pretendían reclamaciones semejantes, situación que condujo a la aplicación indebida de los artículos 182 y 356 del Código Penal actual, y 26 y 372 del anterior, así como a la falta de utilización de las normas medio contenidas en los artículos 7º, 232, 234 y 238 de la Ley 600 de 2000, en consecuencia pide se case el fallo y absuelva al procesado por duda. En esta oportunidad se reeditan las inconsistencias de fundamentación tanto de carácter lógico como jurídico y con igual intensidad, por cuanto de entrada se ignora el principio de autonomía, ya que al estilo de las instancias el censor pretende prolongar el debate que desde la audiencia pública oral viene ensayando y por ello deja de lado el ataque a la integridad de las bases del fallo, pues en suma se limita a anteponer su personal percepción sobre el contenido de los poderes, sin reparar que los delitos por los cuales se dictó condena no derivaron

su sustento de tal entendimiento. Además, para mayor desacierto, apenas deja enunciado su pretensión de absolver al procesado por duda, cuando se sabe que le correspondía indicar en dónde recaía la incertidumbre, como no era posible eliminarla y señalar su incidencia. También fluye incontrovertible que no atendió al principio de unidad jurídica inescindible, pues desestima por completo los argumentos de la sentencia del Juez de primer grado que complementa la del Iudex ad quem, de tal forma que bajo esa perspectiva la trascendencia de la censura se reputa inocua de cara a la doble presunción de acierto y legalidad que ampara al fallo en sede extraordinaria de casación. A pesar de lo anterior, es claro que en forma alguna resulta correcta la glosa planteada por la