PGN - NULIDAD - Por la irregular vinculación como persona ausente

Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique Señores Corte Suprema de Justicia Magistrado ponente doctor Julio Enrique Socha Salamanca Ciudad Ref: Recurso de casación interpuesto por el defensor de Carlos Eduardo Ponce Tique, contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, que lo condenó por delito de falsedad en documento privado en concurso con estafa. El Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de febrero de 2006, condenó a Carlos Eduardo Ponce Tique, por el delito de estafa agravada, decisión que fue confirmada en su integridad, por el Tribunal de Bogotá mediante providencia del 22 de octubre del mismo año. Sobre ésta última decisión, el defensor del procesado interpuso y sustentó recurso de casación, mediante demanda, que fue admitida por la Alta Corporación, con auto proferido el 4 de noviembre de 2009. HECHOS Aparecen citados en la providencia del Tribunal así: Dio origen a este investigativo la denuncia instaurada por la Doctora Luz Marina Rodríguez Barrera, apoderada de la sociedad VOSS COMUNICACIÓN PREPAGADA, S. A., quien manifestó que el señor CARLOS EDUARDO PONCE TIQUE, quien trabajó como supervisor de ventas de tarjetas prepagadas, falsificó las facturas de venta números 1022209 de mayo 4 de 2002 por $3.330.864 y 1026762 de junio de 2000 por 3.060.204, expedidas por la Droguería Electra Ltda.; la 1024658 de mayo 31 de 2000 por $919.334 expedida por la Asociación de Exalumnos (sic) del Politécnico Grancolombiano “ASPOLIS”, hecho

que fue descubierto cuando la empresa requirió a los clientes para Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique cobrar las facturas y estos afirmaron que no habían recibido esos pedidos, aparte de que las firmas y sellos estampados en los aludidos documentos no corresponden a los usados por las entidades comprometidas; es decir, Ponce Tique sacaba mercancías de la empresa para la cual trabajaba para entregarla a los clientes pero la misma nunca llegó a poder de estos, sin embargo a la empresa VOSS COMUNICACIÓN se le entregaron las facturas correspondientes firmadas por las empresas involucradas cuando ellas no realizaron tal gestión. ACTUACIÓN PROCESAL La investigación penal contra Ponce Tique fue iniciada por la denuncia interpuesta el 12 de enero de 2001 por la representante de la empresa afectada; mediante resolución del 20 de mayo del año siguiente, la Fiscalía Seccional se inhibió para continuar con la instrucción formal del proceso, decisión que fue revocada íntegramente por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, con providencia expedida el 27 de septiembre de 2002. La fiscalía profirió apertura formal de la investigación el 6 de febrero de 2003 y remitió citación al procesado para que rindiera indagatoria, al inmueble identificado en la nomenclatura urbana como calle 75 13-51 of. 509, telegrama que fue devuelto con la anotación “no reside”. La instructora declaró ausente al procesado el 20 de junio siguiente y le nombró como defensor de oficio al doctor Víctor H

Márquez (f. 154), quien se posesionó el 20 de junio de 2003. Proferido el cierre de la investigación el 29 de abril de 2004, acto seguido se expidió resolución de acusación contra Ponce Tique por los delitos de falsedad en documento privado y estafa. El acusado fue citado a la misma dirección que se ha venido señalando y fue asistido de oficio por el abogado Fernando Méndez Pinzón. En la etapa de la causa, Ponce Tique designó defensor técnico de su confianza y éste lo asistió, presentó alegatos en la audiencia oral e impugnó la sentencia que le fue desfavorable. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique SÍNTESIS DE LA DEMANDA El libelo propone tres cargos contra la demanda de segunda instancia al amparo de la causal de nulidad por actuaciones que vulneraron el debido proceso y, en particular, el derecho de defensa del procesado. Dado que tales denuncias tienen un mismo origen y consecuencia, según el demandante, y además tendrían idéntica forma de reparación, la Delegada resumirá conjuntamente esas propuestas y, así mismo, les dará respuesta. Nulidad por la irregular vinculación como persona ausente La petición de nulidad está radicada en errores en la vinculación de Carlos Eduardo Ponce Tique en calidad de persona ausente al proceso que culminó con su condena, de los cuales deriva violaciones del derecho al debido proceso y en

particular a su derecho a la defensa. Tales errores consisten y dan origen, según su criterio, a las consecuencias siguientes:

1. Indebida vinculación como persona ausente porque Ponce Tique no fue citado de manera regular para que compareciera al proceso, las comunicaciones fueron remitidas a una dirección que ya no era la suya y por ende no se enteró del requerimiento que se le hacía para que rindiera indagatoria.

2. Imposibilidad de ejercer su derecho a la defensa técnica por la irregular vinculación como persona ausente.

3. Nulidad derivada de la violación del principio de investigación integral, porque, de una parte, no fue acreditada la cuantía de la estafa atribuida a Ponce; y de otra, porque se omitió la prueba grafológica sobre las facturas

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique cambiarias que presuntamente falsificó el procesado para determinar la uniprocedencia respecto a quienes podían firmar por Droguerías Electra, Asociación de Ex alumnos del Politécnico, o del mismo condenado. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El demandante hace consistir la causal de nulidad en la falta de cumplimiento de los requisitos procesales para declarar persona ausente a Ponce Tique, como forma de vincularlo al proceso penal, ante su falta de comparecencia para rendir indagatoria. Afirma que Ponce Tique atendió el llamado a rendir versión libre y suministró la

dirección de su oficina y de su domicilio; que ante la resolución inhibitoria proferida por la Fiscalía de primera instancia, creyó, de buena fe, que ahí terminaba la indagación penal y por esa razón no volvió a comparecer a los despachos judiciales. Habida cuenta de la revocatoria de la decisión inhibitoria, dispuesta por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, se adelantó el proceso penal dentro del cual se remitieron las comunicaciones a Ponce Tique a una dirección que ya no era la suya, y, por lo tanto, nunca las recibió. Es en esta circunstancia que el actor funda su petición de nulidad, porque, según su criterio, se vulneró su derecho de defensa, y también señala este incidente como el origen de su violación del derecho a una defensa técnica desde la indagatoria, ya que no pudo tener acceso a un abogado, y los que fueron nombrados de oficio no adelantaron actuaciones a su favor. A pesar del esfuerzo del letrado para demostrar la irregular vinculación, no logra demostrar ese acerto, como quiera que la declaratoria de ausencia de Carlos Eduardo Ponce Tique se debió a su falta de comparecencia al proceso, no obstante que tenía conocimiento pleno de una averiguación penal en su contra, dentro de la cual rindió versión libre acompañado de abogado. Su falta de contacto Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique con el abogado que asumió su defensa desde los albores de la averiguación, se

originó en la falta de pago de los honorarios, según lo manifestado en la renuncia al poder conferido, y no en la terminación de la actuación por archivo, como pretende hacerlo ver el ahora recurrente. Las comunicaciones para lograr su asistencia a la investigación penal fueron libradas a una dirección aportada por el mismo procesado y fue allí donde efectivamente pudo localizarse antes de la indagatoria y en la etapa de la causa, como en efecto se hizo. Dado el desinterés de Ponce en la culminación del trámite penal, la Fiscalía carecía del conocimiento del paradero del sindicado; no obstante, la vinculación como persona ausente estuvo rodeada de todas las ritualidades, se hizo el nombramiento de defensor oficioso para que lo asistiera durante la etapa de indagación, quien recibió las debidas notificaciones hasta el envío de los cuadernos a la etapa de la causa. Ahora bien, remitido el expediente para que se surtiera la etapa del juicio, fue asumido su conocimiento por el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá que dio inicio a ese estadio procesal, mediante auto del 4 de agosto de 2005 y citó a los sujetos procesales para la diligencia prevista en el art. 400 del CPP. Cabe hacer mención sobre la comunicación dirigida a Carlos Eduardo Ponce (f. 6), con fecha 9 de agosto de 2005, a idéntica dirección a la que le fueron remitidas las demás notas de comparecencia en la etapa del sumario, para su vinculación mediante indagatoria, porque de ésta última, Ponce Tique deja expresa constancia de haberla recibido (“anexo copia de citación”), tal como lo dice a folio siguiente en

escrito que firma de su puño y letra, en el que pide fotocopias de la actuación (f. 7). Para el 21 de octubre de 2005, el Juzgado recibe memorial poder conferido por el enjuiciado Ponce al abogado Germán Patiño Gómez (f.11), quien asume su defensa y la cumple hasta la terminación de la primera instancia, incluida la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique audiencia oral, mediante la interposición del recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. Así las cosas, para la Delegada de la Procuraduría es evidente que Ponce Tique fue vinculado en debida forma, fue citado a la dirección suministrada por él, y recibió las comunicaciones que le fueron enviadas para lograr su asistencia al proceso; su declaratoria como persona ausente fue debida a su renuencia, pero en toda la etapa sumarial estuvo asistido de defensor de oficio, nombrado por el funcionario judicial; por lo tanto, ninguna irregularidad puede derivarse de esta actuación, ni predicarse vulneración del derecho de defensa técnica, puesto que el no tener un abogado de confianza fue de su absoluta discrecionalidad. En cuanto a la falta de investigación integral adelantada por la Fiscalía, tampoco le asiste razón al procesado. Sobre la omisión de determinación de la cuantía de la estafa, en cuanto refiere que la actividad comercial generaba réditos para el vendedor Ponce Tique y para

la empresa comercializadora, representados en comisiones y otros, además de impuestos, estima el Ministerio Público que carece de razón el litigante, habida consideración de que el monto total de lo defraudado por Ponce Tique está acreditado con las facturas de venta de productos que no llegaron a sus destinatarios y, por ende, no proporcionaron los ingresos a la empresa desfalcada. La suma fue determinada por el a quo en la suma de $7.712.651, valor señalado por la denunciante bajo juramento. En lo que hace a la falta de una peritación grafotécnica sobre las firmas impuestas en las facturas desfalcadas, para determinar la uniprocedencia, no tiene fundamento atendible, puesto que fue establecida la falsedad de los documentos de recibo de las mercancías y del contenido mismo que ellas pretendían probar, así como que las susodichas mercaderías estaban bajo la responsabilidad y el cuidado de Ponce Tique y era el llamado a responder patrimonialmente ante la empresa, compromiso que evadió mediante fraudes y engaños. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación No. 32.966 Carlos Eduardo Ponce Tique Así las cosas, ninguno de los reparos formulados por el denunciante sobre la sentencia atacada tiene vocación de prosperidad y así lo solicitará la Delegada de la Procuraduría a la Sala Penal. PETICIÓN Por lo expuesto, la Procuradora Segunda Delegada para Casación le solicita a la Sala Penal NO CASAR la sentencia demandada.

Atentamente, ANA MARÍA GARZÓN BOTERO Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal Bogotá, 22 de febrero de 2010 Rad. 32.966 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.