PGN - NULIDAD - Por violación al debido proceso en virtud a que es inválida la impugnación

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal M.P. Dr.: Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez Ref: Casación interpuesta por el defensor de Jhon Jairo Pérez Avendaño, procesado por hurto agravado continuado. Rdo. 24561.

Honorables Magistrados: Corresponde a esta representación del Ministerio Público conceptuar sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 7 de julio de 2005, por medio de la cual reformó en el aspecto punitivo el fallo emitido por el Juzgado 18 Penal del Circuito de la misma ciudad contra Jhon Jairo Pérez Avendaño, y le fijo la pena de 36 meses, 26 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor de hurto agravado continuado.

La demanda de casación presentada por el defensor del acusado Pérez Avendaño fue parcialmente admitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con auto del 26 de enero de 2006. La Corporación decidió inadmitir los cargos formulados a través de la causal primera, y a su vez admitir el reproche presentado con fundamento en la causal de nulidad, censura de la cual corre traslado a esta Delegada para que emita concepto de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del C. de P. Penal (Ley 600 de 2000), y a ello se procede.

I. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El Tribunal Superior de Medellín resumió los hechos de esta forma:

“Según lo declarado en la sentencia, el 13 de septiembre de 2003 la señora Ana María Restrepo Botero, Jefe de Gestión Humana de Industrias Alimenticias Noel

S. A., denunció ante la Fiscalía General de la Nación al señor Jhon Jairo Pérez Avendaño, pues a raíz de un control de gastos efectuado en la empresa, se hallaron múltiples compras de repuestos de consumo inmediato realizada a los proveedores Hidroacciones Ltda. E Ideico, en los años 1998, 1999 y 2000, por un valor de $560.138.061, compras que aparecieron efectuadas por el citado Pérez Avendaño sin autorización del Jefe del Departamento de Mantenimiento, además de lo cual la mayoría de los repuestos supuestamente adquiridos no cumplían con las especificaciones requeridas para ser instalados en las máquinas de la empresa, y las marcas no eran las normalmente utilizadas por ella. De todas maneras los repuestos no fueron hallados en los lugares donde el implicado dijo haberlos dejado, ni tampoco aparecieron instalados en las máquinas que

Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño supuestamente los requerían, ni registrados en la “bitácora”, ni en el sistema de “Jd Edwars”. Con fundamento en la denuncia formulada por la Jefe de Gestión Humana de Industrias Alimenticias Noel S. A, la Fiscalía 42 Seccional de Medellín, el 25 de enero de 2001, dispuso la iniciación de la investigación preliminar. El 19 de noviembre de 2001, la misma Fiscalía 42 declaró la apertura de la instrucción. El 14 de febrero de 2002, la abogada Adriana María Madrid Escobar (apoderada

de Industrias Alimenticias Noel S.A), solicitó copias del expediente, con el objeto de constituirse en parte civil (fl.97). La fiscalía instructora el 4 de abril de 2002 dispuso el cierre de la investigación (fl.99). El 26 de abril de 2002, la apoderada de Industrias Alimenticias Noel presentó la demanda de constitución de parte civil, y señaló como daño emergente $560.138.061. El 4 de junio de 2002, la fiscalía calificó el mérito sumarial con preclusión de la instrucción a favor de Jhon Jairo Pérez Avendaño. En la misma providencia se admitió la parte civil presentada por la abogada Madrid Escobar, en representación de Industrias Alimenticias Noel S.A (fls.138-156). El calificatorio de preclusión fue notificado debidamente a las partes y la última notificación se efectuó el 11 de junio de 2002 (fl. 157). La apoderada de la parte civil, el 14 de junio de 2002 apeló la resolución calificatoria, con fundamento en los artículos 186, 191 y 194 del C.de P. Penal (fl.160) Por medio de resolución del 18 de diciembre de 2002, la Fiscalía Novena Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, al resolver la apelación interpuesta por la apoderada de la parte civil, decidió revocar la preclusión y en su lugar profirió acusación contra Jhon Jairo Pérez Avendaño, como autor del delito de hurto agravado por la confianza y cuantía, de acuerdo a los artículos 349, 351 y 372 del Decreto 100 de 1980. De igual forma ordenó compulsar copias para que

se investigara la posible participación de Luis Fernando Pemberty en la comisión del punible contra el patrimonio económico (fl.197). Al Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín le correspondió adelantar el juicio y el 3 de febrero de 2003, una vez que avocó el conocimiento del proceso, dispuso dar traslado para el trámite preparatorio de la audiencia preparatoria. Adelantadas las audiencias preparatoria y pública, el juzgado de instancia profirió sentencia contra Jhon Jairo Pérez Avendaño, a quien impuso 36 meses de prisión, como autor responsable de la conducta punible continuada de hurto agravado. A su vez se le condenó a pagar a favor de Industrias Alimenticias Noel S.A, la suma 2 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño de $222.301.433, más la indexación exigible al momento de su pago, por concepto de indemnización. El Tribunal Superior de Medellín, por medio de sentencia del 7 de julio de 2005 resolvió la apelación interpuesta por el acusado, su defensor y el representante del Ministerio Público, en los términos y condiciones que se han dejado expuestos al comienzo del presente concepto. DEMANDA Según el demandante se profirió sentencia en un proceso viciado de nulidad por violación al debido proceso (art. 207-3 del C. de P. Penal), en razón a que es invalida la impugnación a la preclusión que presentó la parte civil, que en legalidad no podría ser admitida como parte dentro del proceso, pues debía transcurrir la ejecutoría del auto que ordenó precluir la investigación y admitir la

constitución de parte civil, y no como aquí ocurrió, pues sin haber adquirido firmeza la providencia sobre la admisión de la parte civil, ésta actuó con supuesta legitimación. Como en efecto, aduce el recurrente, corrían coetáneamente los términos de ejecutoria de la preclusión y de admisión de la demanda de parte civil, entonces mientras no transcurriera el término de ejecutoria, la decisión no quedaba en firme, y consecuencialmente la peticionaria no podría ser considerada como sujeto procesal. Para el casacionista es precisó determinar desde cuando puede actuar la parte civil como sujeto procesal, y para ello considera: “1. Las providencias que deciden sobre la admisión o rechazo de la demanda de parte civil, son de carácter interlocutorio (art.49 C. de P.P.), y por ende susceptibles de ser impugnadas a través de los recursos ordinarios de reposición (art. 189 ibídem) y de apelación (artículos 49 y 191 ibídem). “2. Providencias de tal naturaleza quedan ejecutoriadas, esto es, en firme, tres (3) días después de notificadas, sin que se hayan interpuesto contra ellas los recursos pertinentes (art. 187 ibídem)”.

3. Las facultades que se otorgan a la parte civil en el artículo 50 del C. de P. Penal de 2000, solo se pueden ejercitar a partir de la admisión de su demanda y dicho artículo debe ser interpretado en forma sistemática con el artículo 188 del C. de P.

Penal.

4. En orden lógico, la admisión de la demanda debe entenderse a partir de la

ejecutoria de la providencia que la decide, y no antes de que se cumpla dicho término. 3 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño Por consiguiente, de acuerdo a lo previsto en artículo 188 del C. de P.P, las únicas providencias que resultan como excepción a la regla general del cumplimiento de las decisiones después de su ejecutoria (principio de firmeza), son las relacionadas con la detención y la libertad, y “a contrario sensu, las providencias que se refieren a otros temas distintos a los señalados en el citado artículo, no son de cumplimiento inmediato; lo cual significa que deben quedar en firme para que se cumplan”. De otra parte, el casacionista critica y descalifica las razones por las cuales el Tribunal Superior avaló el procedimiento de los funcionarios judiciales que conocieron de la admisión de la parte civil y su impugnación, al otorgarle un tratamiento de “sujeto procesal obligatorio”, cuando no lo es, pues su existencia en el trámite es incidental, ya que al “fin de cuentas apenas representa intereses privados transigibles que se pueden reclamar en proceso civil separado, e inclusive a través de conciliación extrajudicial”. Por tanto, para el casacionista la postura del Ad-quem, al refutar la pretensión de la defensa, resulta inaceptable por la ligereza de la argumentación, al sostener que: “de admitirse su tesis se le causaría un daño irreparable e injustificado a la parte civil”. A su juicio ello no es cierto, en razón a que la parte civil puede ejercer su acción en forma independiente al proceso penal, entre otras cosas “porque en

la preclusión se descartó que existieran pruebas sobre la inocencia del procesado, fundándose ella en cambio, en el in dubio pro reo respecto de la responsabilidad penal”. De igual forma cuestiona los razonamientos del Tribunal que respaldan la invalidación procesal del auto calificatorio, para preservar los derechos de la parte civil y ordenar al Fiscal que decidiera la demanda de constitución de parte civil antes de calificar el mérito sumarial, pues a su juicio la judicatura, con dicha tesis, está protegiendo generosamente a una parte que ha obrado con desinterés, habida cuenta que transcurrieron mas de dieciséis (16) meses de investigación sin que la empresa damnificada se preocupara por constituirse en parte civil en el proceso, lo que resulta revelador de su incuria.

Por lo anterior concluye que: “la Parte Civil únicamente podía tener el ius postulandi a partir de la ejecutoria del auto que admitió la demanda de constitución. Antes de la ejecutoria no era, en consecuencia, sujeto procesal. Y si no era sujeto procesal, no podía interponer el recurso de apelación contra la providencia calificatoria de la Fiscalía a quo. Habérselo aceptado y tramitado fue una irregularidad procesal que afectó el debido proceso, y que se debe subsanar”.

Finalmente, entre otros motivos invalidantes adicionales a la declaratoria de nulidad de la preclusión, señala el demandante la falta de competencia de los funcionarios judiciales que actuaron a partir de aquella decisión, pues de ahí en adelante, o sea la etapa del juicio, se encontraba viciada de nulidad, por falta de

competencia de la Fiscalía ad-quem y el juzgado de conocimiento. Reitera el censor que la fiscalía a-quo no debió conceder el recurso, y la fiscalía de segunda instancia no ostentaba competencia para resolver la apelación, con lo que se 4 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño patentiza no sólo la violación al debido proceso, sino la falta de competencia (numerales 1 y 2 del artículo 306 del C. de P. Penal). Por lo anterior, solicita a la Corte se case la sentencia impugnada y se declare la nulidad de lo actuado a partir de la providencia calificatoria proferida por la Fiscalía 42 Seccional con sede en Medellín, y por consiguiente, se revoque la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA Cargo Único Para el recurrente se profirió sentencia en un proceso viciado de nulidad por violación al debido proceso e incompetencia de los funcionarios judiciales que actuaron a partir del momento en que se permitió a la parte civil apelar la providencia de preclusión, sin estar aun ejecutoriada la resolución interlocutoria que admitió la parte civil como sujeto procesal. Aduce el casacionista que se incurrió en error in procedendo determinante de invalidez procesal, al habilitar irregularmente la capacidad de la parte civil para actuar dentro del proceso penal, porque la parte apeló el acto procesal (calificatorio), sin que aún hubiera cobrado firmeza la providencia que reconoció a la parte civil como sujeto procesal. Ello conduce, en su criterio, a que todas las

diligencias posteriores al auto calificatorio de primera instancia son anulables por incompetencia y violación al debido proceso. No le asiste razón al demandante por los siguientes motivos: El actual sistema de juzgamiento (Ley 600 de 2000), que rige el proceso en el presente caso, establece que el perjudicado interviene en el trámite penal a través de la acción civil dentro del proceso penal, constituyéndose en parte civil, para lo cual debía instaurar ante el funcionario que conocía del proceso, en cualquier momento, y por intermedio de abogado, una demanda con los requisitos exigidos en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000. En este evento, la actuación se adelantaba en cuaderno separado, donde se allegaban todas las pruebas y actuaciones relacionadas con la pretensión del perjudicado, sujetándose siempre a las normas del Código Civil y de Procedimiento Civil que no se opusieran al proceso penal. La demanda podía ser admitida, inadmitida o rechazada por el funcionario judicial que conociera del proceso, mediante providencia interlocutoria contra la cual procedían los recursos señalados para cada situación. Admitida la demanda de constitución en parte civil, el perjudicado adquiría la calidad de sujeto procesal con las facultades señaladas en el artículo 50 Ídem. 5 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño La legitimación en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnación de las providencias judiciales, en virtud de la cual, es preciso que el recurrente ostente la condición de sujeto procesal habilitado para

actuar. Adicional a lo anterior, también se encuentra la legitimación en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que al impugnante le asista interés jurídico para atacar el proveído, esto es, que la decisión le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen. Sobre el particular, el artículo 186 del estatuto procesal penal dispone que “los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”. Ahora, en tratándose de la parte civil dentro del proceso penal, la facultad para ostentar tal condición cobija a la persona natural o jurídica, titular del bien jurídico objeto de tutela que resulta lesionado o puesto en peligro con el comportamiento ilícito objeto de investigación, sus herederos o sucesores, o bien la persona jurídica afectada con el delito, así como el representante legal del perjudicado, cuando este no tiene la libre administración de sus bienes; estos titulares de la acción civil, para efectos de ejercitarla dentro del trámite penal, deben acreditar alguna de las referidas condiciones y concurrir, por regla general, a través de abogado, en caso de no contar con tal calidad. En el presente caso la Fiscalía 42 Seccional de Medellín, en la misma decisión que resolvió admitir la constitución de parte civil, calificó simultáneamente el sumario con preclusión de la investigación a favor del procesado Jhon Jairo Pérez Avendaño, circunstancia que a juicio del recurrente conllevaba a que de igual manera, la ejecutoria de la decisión para adquirir la firmeza, fuera única para las

dos determinaciones. En tales condiciones estima que la fiscalía no podía admitir y tramitar el recurso de apelación interpuesto por la parte civil, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 186 del C. de P. Penal del 2000, la providencia en cuestión sólo podría ser impugnada cuando surtiera su ejecutoria, es decir, tres días después de la última notificación, y al contravenirse la preceptiva señalada, se incurrió en violación al debido proceso, porque la parte civil no había adquirido la condición de sujeto procesal con derecho a interponer recursos. Para esta Delegada, frente al caso bajo estudio es necesario preservar la efectividad del derecho material o sustancial, las garantías debidas a las personas que intervienen en el proceso penal y la reparación de los agravios inferidos a estas. (arts. 13, 29, 228 de la C. Nal y 206 del C. de P. Penal de 2000), que el casacionista pretende que se desconozcan. Conviene advertir que el sujeto procesal que ha recibido agravio con la decisión judicial, es quien se encuentra legitimado para impugnarla. La disposición procesal pertinente –artículo 186es clara en ese sentido, cuando previene que “los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”, pues 6 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño cabe distinguir entre quien está legitimado para actuar en el proceso de quien lo está en la causa. Así mismo, como ya se indicó, la titularidad de la acción civil individual para el resarcimiento del daño y el perjuicio causado, lo ostenta la persona natural o en sus herederos o sucesores y en la persona jurídica perjudicadas con la conducta

punible, como también el representante legal del titular de la acción indemnizatoria cuando no tuviere la libre administración de sus bienes, debiendo en cada caso otorgarse el poder correspondiente, si no se tiene la calidad de abogado, y demostrarse la condición con la cual se pretende el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. De ese modo, la parte civil constituida asumía la representación del ofendido o perjudicado con el delito, que manifestó su interés en ejercer la acción privada al interior del proceso penal, reconocimiento que de modo alguno la faculta o habilita para intervenir a favor de otros también afectados con la misma conducta, que no se hicieron parte del proceso y no buscaron el resarcimiento del daño. De manera que una vez reconocida la parte civil, cuyo propósito era y es a través de una sentencia condenatoria la indemnización de los perjuicios causados, quedaba facultada para solicitar la práctica de las pruebas dirigidas a demostrar la existencia de la conducta investigada, a lograr la identidad de los autores o partícipes, a establecer la responsabilidad penal y a determinar la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados a la víctima. Aun antes de la sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró exequible “el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia”, una vez presentada la demanda de constitución de parte civil y reconocida esta como sujeto procesal, se encontraba facultada para participar en las diligencias, solicitar y aducir pruebas, presentar

alegaciones e interponer recursos, a fin de acreditar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, la responsabilidad penal de estos, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados al titular de la acción, debidamente reconocido como tal dentro del trámite, todo con el único propósito de conseguir la correspondiente indemnización en el fallo. En el presente caso, se podían conjugar los tres derechos, en las aspiraciones de la parte civil, a saber: derecho al resarcimiento, derecho a conocer la verdad, y a que se hiciera justicia, toda vez que la acción civil se instauró el 26 de abril de 2002 y fue admitida el 4 de junio del mismo año. La Fiscalía 42 Seccional, en el auto del 4 de junio de 2002, admitió la demanda de constitución de parte civil, y en consecuencia aceptó a Industrias Alimenticias Noel

S. A como parte civil y le reconoció personería a su apoderada, a quien se le notificó la decisión el 11 de junio de ese mismo año.

Bajo tal perspectiva, en dicha fecha la funcionaria le reconoció a la actora la calidad de sujeto procesal, y por ello, el 14 de junio de 2002, la parte civil interpuso 7 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño recurso de apelación contra el auto interlocutorio de preclusión de investigación a favor de Jhon Jairo Pérez Avendaño, determinación fundada en el principio de presunción de inocencia, al no hallar la Fiscalía prueba sobre la existencia material del hecho atribuido al sindicado, por su no consolidación, pues ni la denuncia ni

los testimonios aducidos al proceso lograron concretar el monto de lo eventualmente sustraído, como tampoco allegó prueba que comprometiera la responsabilidad de Pérez Avendaño. La Fiscalía 9ª. Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, el 18 de diciembre de 2002 resolvió la apelación, y decidió revocar la preclusión de la instrucción y en su lugar profirió acusación contra Jhon Jairo Pérez Avendaño por el delito de hurto agravado por la confianza, en detrimento del patrimonio económico de “Industrias Alimenticias Noel S. A”. El trámite adelantado por los funcionarios judiciales que conocieron y decidieron en la fase investigativa el caso, a juicio de esta representación del Ministerio Público, consultó lo dispuesto en la Carta Política, que contempla la prevalencia del derecho sustancial y la observancia de las garantías y derechos que les asiste a las partes que intervienen en los procesos judiciales, así como lo contemplado en el Estatuto Procesal vigente para entonces (Ley 600 de 2000), pues la interpretación según la cual la representante judicial de la perjudicada podría intervenir procesalmente a partir del reconocimiento de la parte civil, sin la ejecutoria del acto procesal, implica materialmente un reconocimiento a la efectividad de los derechos y facultades que le correspondían a la parte civil, como sujeto procesal, y una desestimación de la prevalencia de las formas como metodología para la aplicación del derecho. El derecho procesal penal lo integran reglas pero también principios que orientan la actividad juzgadora, y que son de obligatoria observancia por parte de los funcionarios judiciales, ya que mediante ellos se garantiza el respeto de los

derechos fundamentales en la consecución de los fines del proceso. Es de la esencia de nuestro procedimiento la prevalencia del derecho sustancial, aspecto que implica para el operador de justicia la aplicación de las normas de procedimiento de manera integral y amplia, y obviamente dentro del debido respeto a las partes intervinientes. En el caso examinado, era deber de la Fiscalía preservar las garantías y derechos procesales de la parte civil, y permitirle intervenir en el trámite, y fue así como una vez la parte civil sustentó el recurso, por medio del cual expresó su desacuerdo con la decisión de preclusión, solicitó la revocatoria de la medida, para que en su lugar se profiriera la acusación contra el procesado, la Fiscalía ad-quem resolvió en oportunidad la pretensión de la recurrente, en los términos que se han dejado expuestos en precedencia. En un caso similar, por sus efectos jurídico-prácticos, conviene transcribir el aparte correspondiente de una pretérita decisión donde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, expuso: “Es evidente que, en el caso de autos, el denunciante no tenía la titularidad de parte; sin embargo, cuando intentó su reconocimiento como tal, la cesación de procedimiento aún no había hecho tránsito a cosa juzgada por lo que, al 8 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño memorialista le asistía todo el derecho de ser aceptado como interviniente procesal. “No se podía, so pretexto de que el expediente se encontraba en la Secretaría de la Corporación o en la imposibilidad física de tramitarlo, el esperar que la

ejecutoria se causara para negarle su petición. (…) “Ahora bien, de acuerdo con las constancias procesales, el recurso fue instaurado a tiempo, esto es, antes de que quedara ejecutoriada la providencia que pretendía controvertir. Además, el tipo de providencia es de las que admiten esta clase de impugnación, por tratarse de un auto interlocutorio, conforme a lo dispuesto por el art. 203 del estatuto procedimental penal. De igual manera fue sustentado en debida forma, exponiendo de manera concreta las fallas que, a su manera de ver, imponían una decisión diferente a la tomada. “Así las cosas, el término de ejecutoria ha debido interrumpirse para dar curso a la petición referida, como quiera que aún faltaban dos días para que se surtiera la ejecutoria y si, por mandato legal, el secretario debe pasar los escritos al despacho al día siguiente de su presentación, es evidente que aún quedaba un día para adquirir firmeza el auto en mención. La oportunidad era cierta y el Tribunal ha debido darle curso a la petición sobre admisión de parte civil y si la respuesta era positiva, conceder la petición solicitada.” (auto del 27 de mayo de 1992, M.P., Dr. Jorge Enrique Valencia M). En este caso era procedente preservar las garantías del accionante en la actuación, tramitando el recurso interpuesto por la parte civil, como en efecto ocurrió, lo cual no constituye irregularidad sustancial alguna, aunque hay que reconocer que la Fiscalía a-quo, en lugar de decidir en forma conjunta, para tomar dos decisiones que en su ejecutoria conllevarían a fines contrapuestos, esto es a

la paralización de la investigación respecto de la preclusión, y la expectativa de continuarla por el lado de la parte civil, debió resolver primero sobre la admisibilidad de la parte civil y luego entrar a calificar el sumario. No obstante, se reitera, la decisiones cuestionadas, como el trámite procesal adelantado por la Fiscalía, efectivizó el derecho material de la parte civil. En estas condiciones, la Delegada comparte los acertados criterios del Tribunal Superior cuando consideró que: “(…) Si en la misma providencia se decidieron los dos asuntos (calificatorio y admisión de parte civil), eso significa que su ejecutoria fue simultanea. Al concurrir en el tiempo la admisión de la parte civil y la preclusión de la investigación aquella estaba facultada para interponer el recurso de apelación en el mismo momento en que confluían ambas decisiones, pues la una no anterior a la otra y de allí que el recurso y su decisión se interpuso y resolvió válidamente. 9 Cas. 24561 Jhon J. Pérez Avendaño “…Fue la conducta del Fiscal la que generó la ejecutoria simultanea de ambas decisiones. Dicha conducta no tiene porque perjudicar a la parte civil, negándole sus derechos en el proceso, pues en tal caso lo que había que anular sería la preclusión de la investigación para proteger sus derechos y ordenarle al Fiscal que decidiera la demanda de constitución de parte civil antes de calificar la investigación y dentro el término legal. Pero, no hay necesidad de hacerlo para que la parte civil pueda interponer el recurso de apelación contra la preclusión de la investigación, pues ello conduce al mismo fin. Eso significa que la petición de

nulidad es injustificada, pues, antes bien, habría que proteger los derechos de la parte civil conculcados por el Fiscal, sólo que de todos modos se cumplió con la finalidad del acto y la irregularidad no tuvo trascendencia…” Bajo estos presupuestos, el cargo de invalidez procesal resulta inadmisible y debe ser desestimado. PETICION DE LA DELEGADA Por las razones expuestas, esta representación del Ministerio Público, comedidamente sugiero a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no casar la sentencia impugnada. De los Honorables Magistrados, atentamente,

FRANCISCO JAVIER FARFAN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2007. Exp. 011/06 FJFM/Jeth 10