PGN - NULIDAD - Por violación al debido proceso originada en la pretermisión de la segunda

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalM. P. Dr. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN Ref. Casaciones interpuestas por María Elí Tovar Rojas y la empresa COOMOTOR, terceros civilmente responsables, dentro del proceso seguido contra GUSTAVO ARAGONÉS CAVIEDES, por homicidio culposo. Rdo. N° 28498.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 13 de abril de 2007, mediante la cual el Tribunal Superior de Neiva revocó el numeral 3° de la sentencia dictada el 11 de mayo de 2006 por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Pitalito (Huila), para condenar al pago de los perjuicios causados por el delito de homicidio culposo agravado. El Juzgado se había abstenido de hacerlo a pesar de haber condenado a Gustavo Aragonés Caviedes a las penas principales de catorce (14) meses de prisión, multa de once punto sesenta y cinco (11.65) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para conducir vehículos automotores por veintiún (21) meses, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término al de la pena privativa de la libertad.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El proceso revela que hacia las 10:30 de la mañana del 1° de febrero de 2004, a la altura del kilómetro 4 de la vía que del municipio de Pitalito conduce al

corregimiento de Bruselas, cuando el señor Gabriel Ángel Gaita Crispín se desplazaba en una bicicleta fue atropellado por un microbús de servicio público, afiliado a la empresa Coomotor, conducido por Gustavo Aragonés Caviedes, falleciendo cinco días después en un hospital de la ciudad Neiva. Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes Por tales hechos, el 2 de febrero de 2004, la Fiscalía Local Treinta y dos de Pitalito dictó resolución de apertura de investigación, vinculando mediante indagatoria a Gustavo Aragonés Caviedes. El 6 de febrero siguiente, la Fiscalía 27 Delegada ante los Jueces Penal del Circuito de Pitalito, a la cual le fue repartido el expediente cuando se produjo el deceso del señor Gabriel Ángel Gaita Crispín, ordenó, entre otras diligencias, la ampliación de indagatoria del señor Aragonés Caviedes para imputarle el delito de homicidio culposo. Presentada demanda de constitución de parte civil, la misma fue admitida por resolución del 26 de marzo de 2004. Ordenada la práctica de un dictamen pericial sobre los perjuicios causados con el delito, los mismos fueron tasados en trescientos sesenta y tres millones setecientos noventa y seis mil ochocientos doce pesos ($363.796.812). Los apoderados de la empresa Coomotor y de la propietaria del vehículo María Elí Tovar Rojas, vinculados como terceros civilmente responsables, lo objetaron por error grave. El 14 de julio de 2004, le fue resuelta la situación jurídica al procesado Aragonés Caviedes, con medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto

autor de homicidio culposo, concediéndosele la libertad provisional, previa constitución de caución prendaria. Habiendo solicitado la defensa la ampliación de indagatoria, la misma se llevó a cabo el 31 de mayo de 2005, en la que el imputado se acogió a sentencia anticipada, aceptando el cargo de homicidio culposo agravado, pues se allegó dictamen de Medicina Legal en el que se acreditó alcoholemia grado tres. Remitido el proceso a los Juzgados Penales del Circuito de Pitalito, le correspondió al 1°, el cual dictó sentencia anticipada el 11 de mayo de 2006, imponiendo la pena reseñada inicialmente. Respecto de los perjuicios manifestó que se abstenía de pronunciarse en razón a que el dictamen fue objetado, no siendo procedente darle el trámite previsto en la ley en virtud de la solicitud de sentencia anticipada. 2 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes Apelada la sentencia por el apoderado de la parte civil, el Tribunal revocó la decisión de primera instancia, y procedió a emitir condena en perjuicios, como se consignó anteriormente. Contra esta decisión es que ahora se recurre en casación por los apoderados de los terceros civilmente responsables.

2. LAS DEMANDAS En razón a que las demandas de casación presentadas por los apoderados de la señora María Elí Tovar Rojas y de la empresa Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá “COOMOTOR”, condenados al pago de perjuicios en calidad de terceros civilmente responsables, resultan formal y sustancialmente idénticas en el

planteamiento y desarrollo de la censura formulada contra la sentencia de segunda instancia, esta representación del Ministerio Público considera aconsejable, desde el punto de vista metodológico, su resumen y respuesta conjunta. Cargo Único Con base en la causal tercera de casación (artículo 207, numeral 3º Ley 600 de 2000), los demandantes afirman que la sentencia impugnada se dictó en un juicio viciado de nulidad, por violación del proceso debido, consistente en la pretermisión de la segunda instancia y la omisión del trámite normal de las pruebas. Estima vulnerados los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, 14.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 67.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 7º de la Carta Africana. Sostienen que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito (Huila), dictó sentencia anticipada en el proceso en el que el señor Gustavo Aragonés Caviedes aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Que a pesar de existir un dictamen sobre perjuicios y unas objeciones al mismo, se dictó sentencia sin pronunciarse sobre los perjuicios, razón por la cual la parte civil apeló. Que el Tribunal en lugar de anular el fallo, para que se le diera trámite a las objeciones del dictamen, 3 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes permitiendo la contradicción mediante otro experticio, y para que el juez de primer grado se pronunciara sobre los perjuicios, procedió a realizar la estimación de su

cuantía, a valorarlos y dosificarlos y, así, revocó el numeral 3º de la sentencia de primer grado y condenó en perjuicios. De esa manera, alegan los recurrentes, los terceros civilmente responsables no tuvieron la oportunidad de apelar la decisión del Tribunal, ya que se vieron enfrentados a recurrir en casación, pues se pretermitió la segunda instancia para el debate de ese específico aspecto. Solicitan a la Corte anular el fallo impugnado, por violación del proceso debido.

3. EL CONCEPTO Cargo Único En opinión de esta Procuraduría Delegada les asiste razón a los libelistas al aducir que la sentencia impugnada se profirió en un juicio viciado de nulidad, por violación del proceso debido, originada en la pretermisión de la segunda instancia.

Como es sabido, el proceso penal está compuesto por una serie de formas y pasos lógicos, ordenados de manera sucesiva hacia la obtención de la verdad histórica relacionada con la comisión de un delito y la deducción de la responsabilidad del imputado, mediante la aplicación de la norma jurídica que resuelva el consecuente conflicto. A su vez, la garantía constitucional del proceso debido, consagrada en el artículo 29 de nuestra Carta Política, hace referencia a que nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de las formas propias de cada juicio. Otros principios complementan dicha garantía, como los de favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa -del cual hace parte el derecho contradicción-, el derecho a la doble

instancia de la sentencia de condena, así como a no ser juzgado dos veces por el 4 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes mismo hecho. En otras palabras, el proceso debido está integrado por un conjunto de garantías que limitan y racionalizan la potestad sancionatoria del Estado, pues se aplican a todas las actuaciones judiciales y administrativas. El principio de la doble instancia se encuentra consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política, al señalar que toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones legales. También ha sido previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.5), los cuales le reconocen el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección frente al poder punitivo del Estado. La doble instancia constituye posibilidad procesal de corrección de los errores en que haya podido incurrir el juzgador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y siendo manifestación de los derechos de impugnación y contradicción, presupone la existencia “de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta.”1 La pretermisión de la segunda instancia, cuando esta está prevista legalmente, constituye efectiva vulneración del debido proceso, pues afecta la estructura misma del esquema procesal al impedirse la revisión del asunto por parte de un juez superior, de quien se presume, además de independencia, mayor preparación

y experiencia profesional, producto de su ubicación en una escala más alta dentro del sistema judicial. En el caso objeto de estudio, como lo alegan los demandantes, resulta ostensible la vulneración del derecho fundamental del proceso debido, en su componente de la doble instancia. Veamos: Como se anotó en la reseña procesal, el presente proceso se inició con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 1º de febrero de 2004, en la vía que del 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de marzo de 2007. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Rdo. 26521. 5 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes municipio de Pitalito (Huila) conduce al corregimiento de Bruselas, cuando el ahora procesado Gustavo Aragonés Caviedes, al volante de un vehículo de servicio público, afiliado a la empresa COOMOTOR, arrolló al ciclista Ángel Gabriel Gaita Crispín, causándole la muerte. En desarrollo de la investigación, el fiscal instructor ordenó la práctica de prueba pericial para establecer el monto de los daños y perjuicios causados con la infracción penal. Rendido el dictamen, el mismo fue objetado por los apoderados de los terceros civilmente responsables al considerar que adolecía de error grave.2 Estando pendiente el trámite de las citadas objeciones, el procesado Gustavo Aragonés Caviedes manifestó su deseo de acogerse a sentencia anticipada, y en desarrollo de este mecanismo aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.3 De

esa manera, el expediente llegó al Juzgado 1º Penal del Circuito de Pitalito, despacho que al dictar sentencia anticipada, señaló que al no haberse dado el trámite incidental previsto en el artículo 139 del C. de P. Penal a las objeciones formuladas al dictamen pericial sobre perjuicios, éstos no estaban demostrados, razón por la cual se abstuvo de proferir condena en este aspecto.4 Al ser impugnada por el apoderado de la Parte Civil, el Tribunal Superior de Neiva estimó, a diferencia del criterio del apelante, que el juez actuó correctamente al no emitir condena en perjuicios con base en el dictamen pericial, pues éste carecía de eficacia probatoria al no haberse dado trámite al procedimiento establecido para las objeciones. Empero, para el juez de segundo grado, el fallador de primera instancia, ignoró de manera indebida el resto del haz probatorio aportado por la parte civil que sirvió de soporte al dictamen pericial solicitado, como los registros civiles de las hijas del occiso, el decreto de la Gobernación del Huila que comisionó al señor Gaita Crispín para adelantar actividades sindicales, la póliza de seguro de automóviles de la compañía Seguros La Equidad, el certificado de existencia y representación de la empresa COOMOTOR expedido por la Cámara de Comercio, el certificado expedido por la Gobernación del Huila acerca de la vinculación laboral del señor Gaita Crispín como docente con una asignación 2 Folios 160 a 167 Cuaderno Parte Civil.

3 Folio 187 Cuaderno 1ª Instancia. 4 Folio 204 Cuaderno 1ª Instancia. 6 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes básica de $1.320.976 pesos, certificado de ingresos y retenciones del mismo durante el año de 2003. Con base en los anteriores elementos probatorios y la tabla de mortalidad consignada en la resolución 497 del 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria, la cual establece la expectativa de vida de los colombianos, el Tribunal procedió a cuantificar los daños y perjuicios causados con el delito, y condenó, de manera solidaria, al procesado Gustavo Aragonés Caviedes y a los terceros civilmente responsables al pago de los mismos. Ciertamente, deviene equivocada la diligente actividad del Tribunal al proceder a cuantificar y dosificar la condena en perjuicios. Si a diferencia de su inferior funcional, consideraba que en el proceso obraban suficientes elementos probatorios para proceder a determinar el monto de los daños y perjuicios causados con el delito, ha debido anular la sentencia apelada y regresar el proceso, para que el Juez a-quo procediera a realizar, en sede de primera instancia, la tasación de los mismos. Dicho pronunciamiento gozaría de la posibilidad de ser impugnado en apelación por los sujetos procesales interesados, generándose así el espacio procesal para exigir un pronunciamiento de segunda instancia, que corrigiera eventuales errores en que hubiera podido incurrir el juez de primer grado, como lo prevén los cánones nacionales e internacionales

anteriormente reseñados. La actuación del Tribunal, efectivamente lesionó la garantía superior de la doble instancia, y por ende, el proceso debido, como elemento integral del mismo, pues se abrogó la facultad de resolver sobre los efectos civiles del delito en única instancia, con lo cual afectó de modo ostensible e insalvable las formas propias del juicio, o más específicamente la estructura legal del proceso en cuestión. De ese modo, restringió, sin justificación alguna, el derecho de contradicción de las personas vinculadas al proceso en calidad de terceros civilmente responsables, quienes sorpresivamente se vieron en la imposibilidad procesal de atacar, por vía del recurso ordinario de apelación, los razonamientos y decisiones adoptadas en su contra por el fallador de segundo grado. 7 Casación Nº 28498 Gustavo Aragonés Caviedes La irregularidad en que incurrió el Tribunal no es susceptible de corregirse a través de otra medida procesal diversa a la nulidad, como quiera que el fallo definitivo de instancia lo pronuncia precisamente el Tribunal, ya que contra su decisión sólo procede el recurso extraordinario de casación, el cual no es una nueva instancia sino un juicio de legalidad a la sentencia de segundo grado, cuya naturaleza rogada se plasma en el principio de limitación que lo rige, el cual obliga al tribunal de casación a ceñirse exclusivamente a los cargos y causales planteados en la correspondiente demanda, y sólo eventualmente, puede corregir de oficio, violaciones a derechos y garantías fundamentales de los intervinientes procesales. Así las cosas, y ante la necesidad de restablecer la regularidad de la estructura legal del presente proceso, se impone, a juicio de esta Procuraduría Delegada, la

anulación parcial del mismo desde la sentencia de primera instancia, inclusive, para que el juez de conocimiento se pronuncie sobre la condena en perjuicios a favor de la Parte Civil.

4. PETICIÓN En consecuencia, esta representación del Ministerio Público solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CASAR la sentencia impugnada y declara la nulidad parcial del proceso, desde la sentencia de primera instancia, inclusive, por las razones antes expuestas.

De los Señores Magistrados,

JUAN GUILLERMO JARAMILLO DÍAZ

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., Junio 26 de 2009 Exp. Nº 295-07 JGJD/jgb 8