PGN - NULIDAD - Principio de concentración

FALLO SANCIONATORIO-Suspensión del cargo NULIDAD-Principio de concentración No obstante lo anterior, la Sala Disciplinaria debe observar, que en la etapa del juicio disciplinario impera el principio de la concentración, según el cual, con el objeto de evitar lo que aparentemente podría verse como un caos procesal, las decisiones que deban ser tomadas respecto de las peticiones de los sujetos procesales, pueden ser diferidas para el fallo, siempre y cuando no se afecte sustancialmente el trámite. Tal es el caso, de las peticiones de nulidad fundadas en motivos que enerven la acción disciplinaria, especialmente con aquellas que tienen que ver con asuntos poco claros o debatibles en mayor medida; lo que resulta justificable, en la medida que se busca encauzar por el orden la actuación procesal y evitar constantes pronunciamientos que dilaten el proceso. NULIDAD-Unidad con el escrito de apelación Una primera conclusión es que una solicitud de nulidad con las características ya anotadas por ejemplo, no puede ni debe ser evacuada y/o resuelta de manera previa e independiente al fallo de primera instancia. Como segundo aspecto, como una consecuencia directa de lo primero, es que el fallo que se profiera, tiene la característica de corresponder a una providencia única e integradora, compuesta por un análisis de validez en lo procesal y en lo sustancial, contra la cual solo procede el recurso de apelación, que por virtud de la ley, debe ser desatado por la segunda instancia, previo un análisis de validez, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, más aún, cuando eventualmente los yerros que se denuncian, recaen exclusivamente sobre la providencia de primera instancia. Todo ello, sin perder de vista

además que, ante la improcedibilidad de otros recursos, deba entenderse que la pretensión de nulidad hace unidad con el escrito de apelación. Se trató pues de una providencia única e integrada en la medida que condensó no solamente un juicio de validez procesal, sino también sustancial, respecto de la cual, contrario a poder predicar una escisión para derivar consecuencias diferentes, esto es, reposición contra una parte y apelación contra la otra, la única decisión plausible procesalmente es el fallo de segunda instancia en virtud del recurso de alzada, la que desde luego habrá de tomarse bajo las pautas de un examen de validez procesal y de responsabilidad disciplinaria. COMISIÓN-Silencio a solicitud de prórroga No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las reglas generales que rigen la figura de la comisión, traídas por el Código de Procedimiento Civil en el artículo 33, al que se acude en virtud del principio de integración consagrado en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, ante el potencial silenció de la Veeduría, respecto a la solicitud de prórroga de la comisión, estando vencido el término para la misma, la decisión que imponía tomar al procurador como responsable directo de la comisión en ese momento, era la devolución inmediata del despacho comisorio al comitente en el estado en que se encontraba; sencillamente porque al no ser factible proseguir legalmente el cometido encomendado, como él mismo lo explica, la consecuencia necesaria y/o obligatoria, para no entorpecer en manera alguna la función a cargo de la Procuraduría General de la Nación, era la devolución de las diligencias a la

oficina de origen, a efecto que allí se evaluara lo pertinente, más aún, cuando ya se había cumplido parcialmente con el recaudo de pruebas, con lo cual, otra arista jurídica pudo haber encontrado la actuación disciplinaria de la Veeduría en el caso concreto. No obstante, la circunstancia acaecida con relación a los requerimientos de la Veeduría para Radicación n.° 161 - 4544 la devolución de la comisión, al igual que las consecuencias derivadas del aparente y predicado silencio de la comitente a dar respuesta a la solicitud de prórroga de la comisión de marras, no releva al disciplinado de la responsabilidad por no haber devuelto las diligencias oportunamente, pues se insiste, conforme a las reglas que rigen la comisión, una vez concluida, se devolverá al despacho comitente sin que sea permitido al comisionado ninguna actuación posterior, entendido su cumplimiento desde las dos aristas jurídicamente posibles, con la realización del cometido o con el vencimiento del término. La Sala Disciplinaria observa, que de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso, no es cierto que la Veeduría haya guardado silencio respecto a la solicitud de prórroga de la comisión de marras; de hecho en el expediente se registra el auto del 30 de agosto de 2007, con el cual se amplió el plazo en treinta (30) días; situación diferente es que no exista registro de que la decisión haya sido puesta en conocimiento del disciplinado o por lo menos de su sustanciador, circunstancia que para efectos procesales, impone tenerla en un primer momento a favor del disciplinado.

ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional sin justificación alguna Diferente a poder advertir una causal de justificación frente al comportamiento censurado, la evidencia es manifiesta en indicar que la actitud del disciplinado estuvo permeada por la inobservancia al deber objetivo de cuidado en las actuaciones que le demandaba el ejercicio de su cargo, traducidas en el descuido al que fue sometida la comisión efectuada por la Veeduría, pues no de otra forma se puede entender, cuando al no obtener respuesta frente a la solicitud de prorroga, estando vencidos los términos de la misma, sin reparo alguno, decide quedarse injustificadamente con la misma por el espacio de más de un (1) año, cuando su obligación, ante las circunstancias, era devolverla en el estado en que se encontraba. Se trató pues de un comportamiento de corte culposo como acertadamente lo registró el fallador de primera instancia, el que dadas las circunstancias, no puede tener un calificativo diferente al de grave, precisamente dada la jerarquía del cargo desempeñado por el funcionario implicado y la perturbación del servicio público a cargo de la Procuraduría General de la Nación, pues no se debe olvidar, que la comisión dejada de cumplir, estaba relacionada con la práctica de pruebas, las que en su momento se estimó que eran conducentes, pertinentes y por demás útiles en la definición del problema jurídico planteado en la indagación preliminar 030-101429-07 adelantada por la Veeduría.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio del dos mil once (2011). Aprobada en Acta de Sala n.° 25

Radicación: 161 - 4544 (IUS 2009 - 7118)

Disciplinado: CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ Cargo y Entidad: Procurador 94 Judicial Penal ll de Cúcuta Quejoso: INFORME OFICIAL – auto del 25 de noviembre de 2008 – Veeduría de la Procuraduría General de la Nación.

Fecha queja: 25 de noviembre de 2008

Fecha Hechos: Septiembre de 2007

Asunto: Apelación fallo de primera instancia.

P.D. Ponente: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO.

2 Radicación n.° 161 - 4544 Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, por vía de alzada, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 14 de abril de 2010, en virtud de la cual, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, declaró disciplinariamente responsable al señor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.266.772, en su condición de Procurador 94 Judicial Penal ll de San José de Cúcuta, procediendo a sancionarlo con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo (fol. 248 y ss).

I. ANTECEDENTES PROCESALES El 25 de noviembre de 2008, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, archivó las diligencias conocidas con el número 030-157739 – 07, seguidas en contra del entonces procurador regional de Norte de Santander, la cual tuvo su origen en la

información remitida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción1, al tiempo que dispuso compulsar copias de la decisión a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, a efecto de investigar la omisión en que pudo haber incurrido el aquí disciplinado, señor CARLOS ARTÚRO MUTIS FLÓREZ, en las condiciones ya conocidas, al no haber dado cumplimiento a una comisión proferida dentro del investigativo de marras, relacionada con la práctica de unas pruebas ordenadas con auto del 10 de julio de 20072 (fol. 2 y ss). El 19 de enero de 2009, a propósito de la compulsa de copias efectuada por la Veeduría, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, ordenó indagación preliminar en contra del señor CARLOS ARTURO MUTIZ FLÓREZ en las condiciones ya conocidas, al cabo de lo cual, habiendo practicado las pruebas allí ordenadas, escuchado el disciplinado en versión libre, el 21 de abril de 2009 dispuso la apertura de investigación disciplinaria en su contra (fols. 18 a 19, 79 y ss). El 24 de julio de 2009, una vez practicadas las pruebas decretadas con el auto de apertura de investigación disciplinaria, y en general habiéndose observado las exigencias de esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, formuló pliego de cargos al disciplinado3, los cuales fueron notificados personalmente al encartado, quien el 25 de agosto de la misma

anualidad presentó sus explicaciones y solicitó algunas pruebas que fueron negadas parcialmente; decisión que de otra parte, fue confirmada en segunda instancia en virtud de apelación (fols. 143 a 154, 169 a 175 y 216 a 224). 1 …se cuestiona una decisión de revocatoria de segunda instancia proferida dentro del expediente 046-2117-05 por la procuraduría regional de Norte de Norte de Santander, en donde la Procuraduría Provincial de Ocaña había sancionado al alcalde de Pamplonita. 2 1. Practicar visita especial en la Procuraduría Regional de Norte de Santander, a fin de establecer – Qué procesos se adelantan y adelantó en segunda instancia provenientes de la procuraduría provincial de Ocaña y Cúcuta…

2. Practicar visita especial en la procuraduría provincial de Cúcuta, a los procesos radicados bajo el No. 106-2922-07 No. 106-278-07, a fin de establecer el impulso procesal…

3. El funcionario comisionado practicará además todas las pruebas que se desprendan de las anteriores y que conduzcan al esclarecimiento de los hechos… 3 Del estudio minucioso de las diligencias se colige que el cargo que se le formula al disciplinado Procurador 94 Judicial Penal ll de Cúcuta, doctor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ consiste en la omisión en el cumplimiento de la comisión de práctica de pruebas ordenada por la Veeduría de la entidad por auto del 10 de julio de 2007 dentro del proceso disciplinario No. 030-157739…

3 Radicación n.° 161 - 4544 El 22 de enero de 2010, agotada la etapa probatoria, el A quo dispuso el traslado

para alegar de conclusión, al cabo de lo cual, habiendo obtenido respuesta positiva por parte del interesado, el 14 de abril de 2010, profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable al señor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ, en las condiciones ya señalas, procediendo a sancionarlo con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo (fols. 227, 238 a 240 y 248 a 269). El 7 de mayo de 2010, una vez enterado de la decisión en su contra, el señor Carlos Arturo Mutis Flórez, en su condición de disciplinado, presentó recurso de apelación, el que fue concedido el 1 de junio de 2010 (fols. 223 a 236 y 237).

II. PROVIDENCIA RECURRIDA Como se dejó establecido anteriormente, el 14 de abril de 2010, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable al señor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ, en las condiciones ya señalas, procediendo a sancionarlo con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo.

Consideró la delegada para su decisión, previo haber despachado negativamente una solicitud de nulidad propuesta por el disciplinado, que conforme a las pruebas allegadas al proceso, el disciplinado no dio cumplimiento a la comisión sobre práctica de pruebas ordenada por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, por auto del 10 de julio de 2007 dentro del proceso disciplinario distinguido con el radicado 030161429-07, el que posteriormente se incorporó al proceso distinguido

con el radicado 030-157739-7, comisión que le fue asignada por la coordinación de los procuradores judiciales penales de Cúcuta, habida consideración de que inicialmente ésta estuvo asignada al procurador 91 judicial penal ll, quien debió entregar las diligencias para que se repartieran nuevamente, pues mediante Decreto No. 1535 del 18 de julio de 2007, el Procurador General de la Nación trasladó el cargo de procurador judicial 91 penal ll de Cúcuta a la ciudad de Bucaramanga. Precisó, que en ese orden, el disciplinado en el ejercicio de sus funciones debió continuar practicando las pruebas ordenadas en la mencionada comisión, pues su antecesor el procurador 91 judicial penal no alcanzó a culminar la labor por el traslado de que fuera objeto a la ciudad de Bucaramanga. Frente a los argumentos expuestos como defensa por parte del disciplinado, en concreto, que nunca fue enterado de la prórroga de la comisión que solicitó, y que en esa orden jamás tuvo precisión del vencimiento de la misma, dijo que tal planteamiento no resultaba de recibo, pues ante tal circunstancia, lo mínimo era que se hubiese preocupado en elevar una consulta ante la Veeduría y no proceder a guardar silencio como en efecto lo hizo. A igual conclusión llegó, con relación a que en criterio del inculpado, con la conducta no se generó ningún tipo de perjuicio para la función pública, pues explicó, el proceso 030-157730-07 al que se incorporó el radicado 030-161429 – 2007, en el que se ordenó la comisión, culminó en la Veeduría con archivo por ausencia total de pruebas, quedando en el limbo la queja

formulada contra el procurador provincial de Ocaña y Cúcuta. 4 Radicación n.° 161 - 4544 Dijo que se trató de un comportamiento de estirpe grave por las calidades del funcionario inculpado, pero además de corte culposo, en atención a que el infractor obró contraviniendo el deber objetivo de cuidado que todo funcionario debe imprimir a su labor. Así y para efecto de la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta que el disciplinado no figuraba con sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años, para concluir que era procedente sancionarlo con un (1) de suspensión en el ejercicio del cargo.

III. RECURSO DE APELACIÓN Enterado el disciplinado de la decisión tomada en su contra, el 7 de mayo de 2010 interpuso recurso de apelación, el cual sustentó en los siguientes términos: . Con el fallo proferido en su contra, se está dando paso a una responsabilidad objetiva, por cuanto nunca se probó en el expediente que haya sido enterado de la prórroga de la comisión, por ende, que haya sido negligente en su trámite; tampoco que hubiese sido requerido para su devolución. . Su actuación no correspondió a un comportamiento deliberado o desidioso, para tal efecto trajo algunos planteamientos efectuados por la Sala Disciplinaria en lo que él dijo, se trata de hechos similares, léase lo expresado en el expediente No. 16103189(030-103863/04): «…en cuanto a la justificación de la mora en el trámite de procesos, dando alcance a los estudios de la jurisprudencia, esto es, que para poder

predicar mora o inactividad en el ejercicio público, se requiere que los comportamientos sean el resultado de un accionar injustificado del servidor a cargo; es decir que el comportamiento que evidencie el asunto, pueda ser imputado como consecuencia de un actuar deliberado, desidioso o por falta de previsión o cuidado…». . De manera alguna ha desconocido sus funciones como procurador judicial y menos frente a las que debía cumplir con la comisión, empero al no tener conocimiento de su prorroga o requerimiento de envío, era claro que no podía hacer nada ante tal situación. En este punto llamó la atención, en cuanto a tener en cuenta lo dicho en declaración por su auxiliar Gilberto Martínez Castro. . El comportamiento reprochado carece de ilicitud sustancial. En tal sentido analizó que por tratarse de un asunto meramente formal, excluye la responsabilidad disciplinaria. . Existencia de vicios de nulidad en la actuación, por violación del derecho de defensa y configuración de irregularidades sustanciales. Explicó que los medios probatorios requeridos con los descargos fueron negados, los cuales tenían como único propósito justificar la aparente omisión censurada, fundamento central de su defensa. . La causal de nulidad aludida fue propuesta con los alegatos de conclusión y despachada negativamente con el fallo, imposibilitándole de hacer uso del derecho a reponer. Fue enfático en señalar, que se le ha negado el derecho de defensa, e insistió que la decisión sancionatoria es de carácter objetiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

5 Radicación n.° 161 - 4544

Lo primero es reiterar, que con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, por vía de alzada, la Sala Disciplinaria es competente para revisar la providencia del 14 de abril de 2010, en virtud de la cual, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, declaró disciplinariamente responsable al señor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.266.772, en su condición de Procurador 94 Judicial Penal ll de San José de Cúcuta, procediendo a sancionarlo con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo. El artículo 142 de la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único, establece que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado; entendida la certeza, como el valor epistemológico o conocimiento particular que excluye la duda razonable, a lo que se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia.

1. De los cargos formulados al disciplinado.

El 24 de julio de 2009, una vez agotada la etapa instructiva correspondiente al presente caso, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, formuló cargos al doctor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ – Procurador ll Judicial Penal 94 de Cúcuta en los siguientes términos:

«Del estudio minucioso de las diligencias se colige que el cargo que se le formula al disciplinado Procurador 94 Judicial Penal ll de Cúcuta, doctor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ consiste en la omisión en el cumplimiento de la comisión de práctica de pruebas ordenada por la Veeduría de la entidad por auto del 10 de julio de 2007 dentro del proceso disciplinario No. 030-157739. Comisión que inicialmente le correspondió al Procurador No. 91 Judicial Penal ll de Cúcuta, quien mediante oficio del 8 de agosto de 2007 le informó a la Veedora de la entidad que su despacho fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, motivo por el cual la comisión que le correspondió por reparto la traslada a la coordinación de Procuradores en lo Penal de Cúcuta, para la correspondiente reasignación entre las demás procuradurías. Importante señalar que el disciplinado doctor CARLOS ARTURO MUTIS FLÓREZ por oficio del 28 de agosto de 2007 solicitó la prórroga del término de la comisión por lo menos en 30 días… Prórroga que le fue concedida por la señora Veedora mediante auto del 30 de agosto de 2007… Ahora bien, ante la omisión en la práctica de las pruebas ordenadas en la mencionada comisión la Veeduría con oficio No. 056 del 17 de enero de 2008…y con oficio No. 3752 del 10 de septiembre de 2008… procedió a hacerle dos requerimientos para que devolviera la comisión cumplida. (fls. 152 a 153).» La conducta imputada fue tipificada en los artículos 34, numeral 2º y 35 numeral 7º

de la Ley 734 de 2002, en cuanto que es deber de todo servidor público «Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función»; asimismo que está prohibido «Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o prestación del servicio a que está obligado», en forma respectiva. 6 Radicación n.° 161 - 4544 El comportamiento fue calificado provisionalmente como GRAVE, en criterio de la Veeduría, por cuanto es deber de los funcionarios cumplir con diligencia y eficiencia las funciones que le sean encomendados; de igual forma, estimó que fue de corte CULPOSO por cuanto resultaba manifiesto el desinterés adoptado por el inculpado frente al caso objeto de censura, hasta el punto anotó, que no se preocupó por indagar sobre el trámite ofrecido a la comisión. Debe observar la Sala Disciplinaria, que los mismos criterios de gravedad y culpabilidad con relación al comportamiento censurado, fueron tenidos en cuenta en el fallo sancionatorio emitido en contra del disciplinado.

2. De las causales de nulidad propuestas en el recurso de apelación.

Como quedó establecido inicialmente, el disciplinado argumenta que el trámite procesal esta afectado de irregularidades sustanciales, que han afectado su derecho de defensa, por las siguientes razones: .Con la negativa parcial de las pruebas requeridas en descargos, se coartó la

posibilidad de justificar la «aparente» omisión censurada en los cargos. . La anterior causal fue propuesta con los alegatos de conclusión, empero la misma no fue atendida mediante trámite incidental, sino resuelta negativamente con el fallo, lo que trajo como consecuencia, que se le haya imposibilitado el derecho a interponer recurso de reposición, en la medida que contra la decisión de fondo solo es procedente la apelación. 2.1. Sobre el primer tema, como bien lo advierte el disciplinado, es un asunto que fue resuelto en el fallo de primera instancia, lo cual sería suficiente para que la Sala Disciplinaria se inhibiera de emitir pronunciamiento alguno; sin embargo, como quiera que las pruebas a las que se hace relación4, fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta dependencia en virtud de recurso de apelación, en providencia del 26 de noviembre de 2009 (fols. 216 a 224), se debe insistir, que si bien el propósito de su práctica prima facie resulta consecuente con el argumentado expuesto por el disciplinado, dichos medios probatorios, de acuerdo a las circunstancias que rodearon la conducta reprochada, son innecesarios y carentes de utilidad en las resultas del proceso, como así se concluyó en su oportunidad, precisamente y solo a manera de ejemplo, por cuanto para el ejercicio del Ministerio Público en asuntos penales, los agentes adscritos a la Procuraduría General de la Nación, deben reportar un informe estadístico en el denominado «FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO» en donde es factible

anotar no solamente las labores realizadas propias del cargo, sino, también todas y cada una de las adicionales a la cotidianidad, constituyéndose dicho documento y no otro, en la prueba por excelencia para demostrar la carga laboral a cargo. 2.2. En cuanto al segundo aspecto, debe registrarse que conforme al artículo 113 de la Ley 734 de 2002, contra el auto que se pronuncia sobre la nulidad, procede el recurso de reposición. 4 .Se oficie al Consejo Seccional de la Judicatura a efecto de determinar «otras gestiones y quehaceres derivados, complementarios y necesarios a aquellas». .Obtener del Consejo Seccional de la Judicatura los antecedentes y estudios sobre los tiempos de desplazamiento entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de los Patios, a efecto de determinar su tiempo en su recorrido… donde cumple su función ante fiscalías y juzgados. (…) 7 Radicación n.° 161 - 4544 En el caso bajo examen, en el fallo en primera instancia se resolvió negativamente una solicitud de nulidad propuesta por el disciplinado en los alegatos de conclusión, relacionada con la posible vulneración de su derecho de defensa y sin hacer distinción alguna, contra la providencia en su conjunto se concedió el recurso de apelación. Se trata pues de una situación donde prima facie, se podría concluir que ciertamente se conculcó el derecho de defensa del disciplinado, habida cuenta que al no darse cabida al recurso de reposición contra decisión de nulidad, se negó un instrumento de defensa con el que cuentan los sujetos procesales para hacer que la

autoridad recapacite y eventualmente entre a corregir sus propios yerros. No obstante lo anterior, la Sala Disciplinaria debe observar, que en la etapa del juicio disciplinario impera el principio de la concentración, según el cual, con el objeto de evitar lo que aparentemente podría verse como un caos procesal, las decisiones que deban ser tomadas respecto de las peticiones de los sujetos procesales, pueden ser diferidas para el fallo, siempre y cuando no se afecte sustancialmente el trámite. Tal es el caso, de las peticiones de nulidad fundadas en motivos que enerven la acción disciplinaria, especialmente con aquellas que tienen que ver con asuntos poco claros o debatibles en mayor medida; lo que resulta justificable, en la medida que se busca encauzar por el orden la actuación procesal y evitar constantes pronunciamientos que dilaten el proceso. Sobre el tema, la Viceprocuraduría General de la Nación, en providencia del 27 de febrero de 2004, proferida en el radicado 002-73503/2002, dando aplicación al principio de integración normativa establecido en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, teniendo como referencia la sentencia la sentencia C-107 de 2004, con la cual la Corte Constitucional estableció los términos de aplicación del artículo 410 del entonces código de procedimiento penal (Ley 600 de 2000)5, puntualizó lo siguiente: «Si bien el artículo 147 del CDU señala que la petición de nulidad debe resolverse dentro de los tres días siguientes a su formulación, no es menos cierto que cuando nos encontramos en la etapa del juicio impera dar aplicación al principio de concentración,

pues de lo contrario las peticiones y decisiones serían dispersas como en la indagación preliminar y en la investigación, introduciendo el caos procesal. De allí que, la etapa del juicio, esté marcada por el principio de la eventualidad o los compartimentos, tratando de concentrar todas las actividades de una manera que su desarrollo resulte ordenado. Por ello, como resulta de una interpretación sistemática y teleológica impregnada por principios procesales tan caros como el de concentración del juicio, el artículo 410 del C. de P.P.[1], aplicable por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del CDU, por demás acorde con la naturaleza simétrica de lo penal y disciplinario como lo requiere la sentencia de la Corte Constitucional C-107 de 2004, M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA, se “podrá diferir para el momento de dictar sentencia –fallo en disciplinario-, las decisiones que deba tomar (el funcionario) respecto de las peticiones hechas por los 5 Ley 600 de 2000: “Artículo 410. Decisiones diferidas, comunicación del fallo y sentencia. A menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, de la variación de la calificación jurídica provisional o de la práctica de pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la adoptará mediante auto de sustanciación contra el cual procede el recurso de reposición. Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, el

juez decidirá dentro de los quince (15) días siguientes. 8 Radicación n.° 161 - 4544 sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite” (artículo 410 del C. de P.P.). Tal ocurre con las peticiones de nulidad y de cesaciones de procedimiento no fundadas en motivos que enerven la acción penal o disciplinaria, especialmente con aquellas que tienen que ver con asuntos poco claros o debatibles en mayor medida, buscando encauzar por el orden la actuación procesal y evitar constantes pronunciamientos que dilaten el proceso, forma específica de cumplir con el deber de director del proceso que le asigna el artículo 142 numeral 2º ibídem. Por tanto, no es que la decisión que resuelve una petición de nulidad una vez diferida la misma se constituya en una providencia diferente a la sentencia o al fallo de primera o única instancia que autorice la interposición del recurso de reposición, toda vez que se encuentra integrada a la misma, habida cuenta que necesaria e inescindiblemente el primer requisito para dictar una de las mencionadas providencias que ponen fin al proceso es verificar la inexistencia de motivos invalidantes de la actuación (así, por ejemplo, el artículo 304 del C. de P.C. requiere que en la sentencia se haga pronunciamiento sobre los “demás asuntos que corresponda decidir”).» En orden a lo anterior, una primera conclusión es que una solicitud de nulidad con las características ya anotadas por ejemplo, no puede ni debe ser evacuada y/o resuelta de manera previa e independiente al fallo de primera instancia. Como segundo aspecto, como una consecuencia directa de lo primero, es que el fallo que se

profiera, tiene la característica de corresponder a una providencia única e integradora, compuesta por un análisis de validez en lo procesal y en lo sustancial, contra la cual solo procede el recurso de apelación, que por virtud de la ley, debe ser desatado por la segunda instancia, previo un análisis de validez, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, más aún, cuando eventualmente los yerros que se denuncian, recaen exc