PGN - NULIDAD - Rechazada in limine por extemporaneidad

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 086-11607-2004

Disciplinado: Juliana Gómez Castro

Cargo y Entidad: Gerente Hospital Universitario San Jorge de Pereira Quejoso: José Alberto Loaiza Hernández Fecha Queja: 2 de abril de de 2004

Fecha Hechos: 30 de septiembre de 2003

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2008 Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, es del caso entrar a conocer, por vía de apelación, el fallo de primera instancia del 14 de septiembre de 2006, de la Procuraduría Regional de Risaralda, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a la señora a la señora Juliana Gomez Castro, identificada con cédula de ciudadanía número 24.325.612, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce años y seis meses.

1. ANTECEDENTES 1.1. LA QUEJA El presente proceso se originó en queja escrita del señor José Alberto Loaiza Hernández, del 1 de abril de 2004, en la que solicitó al Procurador Regional de Risaralda, que investigara, entre otros aspectos, la presunta violación al régimen de inhabilidades en que pudo haber incurrido la señora Juliana Gomez Castro, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, al celebrar varias ordenes de prestación de servicios con el cónyuge de la subgerente

asistencial y científica del Hospital y del contrato suscrito con la doctora Nidia Castillo (fl. 1 a 3, C-1). 1.2. INDAGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACION DISCIPLINARIA Por auto de junio 25 de 2004, la Procuraduría Regional de Risaralda, ordenó indagación preliminar (fl. 41 y 42, C-1), y al evaluar las diligencias practicadas, mediante auto del 27 de enero de 2005, halló mérito para ordenar investigación disciplinaria, en contra de las doctoras Juliana Gomez Castro y Luz Amparo Hincapié López, en sus condiciones de Gerente y Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, respectivamente, por suscribir contrato con violación del régimen de inhabilidades, al celebrar varias ordenes de prestación de servicios, con el doctor Ignacio Castilla Stipcianos, cónyuge de la doctora Ivonne Alejandra Cabrera Góngora, Jefe de Sección de Urgencias encargada de la Subgerencia Asistencial y Científica (fl. 119 a 126, C-1). 1.3. AUTO DE CARGOS Expediente: 086-11607-2004 1 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia Mediante auto del 31 de agosto de 2005, la Procuraduría Regional de Risaralda, formuló pliego de cargos contra Juliana Gómez Castro, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, describiendo la conducta de la siguiente forma (fls. 206 a 223, C-1):

Primer cargo: “1.1. Haber suscrito las ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. C-3279 de enero 2 de 2004; C-3284 de enero 29/04, C-3296 de marzo 1 de 2004, C-3208 de septiembre 30 de 2003, C-3217 de octubre 31 de 2003, C-3233 de diciembre 1 de 2003, con el doctor IGNACIO CASTILLA STIPCIANOS, quien para la época era el cónyuge de la doctora Ana Ivonne Alejandra Cabrera Góngora, persona que se encuentra vinculada al establecimiento hospitalario en calidad de Jefe del Servicio de Urgencias entre los meses de junio de 2003 a febrero de 2004 y encargada como Subgerente Asistencial desde febrero de 2004 a la fecha; violando el régimen de inhabilidades consagrado en el artículo 8, numeral 2, literal c) de la ley 80 de 1993.

El pliego reprochó a la disciplinada la violación de las siguientes disposiciones: - Acuerdo 04 de marzo 5/03, artículo 11: “No podrá participar en las convocatorias ni ofrecer directamente en los procesos de selección y adquisición de bienes, obras o servicios, ni celebrar contratos con la EMPRESA, por sí o por interpuesta persona, quienes por la Constitución y la ley, se encuentre incursos en las inhabilidades e incompatibilidades, igualmente se dará aplicación a la ley 190 de 1995, 734 de 2002 y demás normas sobre la materia”. En concordancia con la ley 734 de 2002, artículo 36 que incorpora a dicha normatividad el régimen de inhabilidades consagrados en las leyes. Las demás normas sobre

la materia a que se refiere el artículo 11 del Acuerdo No 04 de 2003, se encuentran consagradas en la ley 80 de 1993, artículo 8 numeral 2, literal c) que señala: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”. - Ley 734/02, artículo 34 numeral 1, 2 que consagra como deberes de los servidores públicos cumplir la constitución, la ley, los acuerdos, estatutos de la entidad, los reglamentos y manuales de funciones; cumplir con imparcialidad el servicio encomendado - Constitución Política, artículo 209 que el que señala los principios de la función entre los cuales está el de transparencia e imparcialidad La falta se consideró provisionalmente como gravísima a titulo de dolo. Segundo Cargo 1.2. Haber desconocido los principios de IGUALDAD e IMPARCIALIDAD que rigen la actuación en contratación, toda vez que procedió a suscribir las ordenes de prestación de servicios Nos. C-3279 de enero 2 de 2004; C-3284 de enero 29/04, C-3296 de marzo 1 de 2004, C-3208 de septiembre 30 de 2003, C-3217 de octubre 31 de 2003, C-3233 de diciembre 1 de 2003, con el doctor IGNACIO CASTILLA STIPCIANOS, quien para la época

era el cónyuge de la doctora Ana Ivonne Alejandra Cabrera Góngora, persona que se encuentra vinculada al establecimiento hospitalario en calidad de Jefe del Servicio de Urgencias entre los meses de junio de 2003 a febrero de 2004 y encargada como Subgerente Asistencial desde febrero de 2004 a la fecha. Respecto de esta conducta, el pliego reprochó a la disciplinada la violación de las siguientes disposiciones: Expediente: 086-11607-2004 2 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia - Acuerdo 04 de marzo 5/03, artículo 4: “Principios que regirán las actuaciones administrativas…Principio de igualdad: toda persona que participe en procesos de contratación con la Empresa, tendrá igual trato e iguales oportunidades en cuanto a derechos y obligaciones en la tramitación de los mismos… Principio de Imparcialidad: Las actuaciones de los servidores públicos se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación… Otros Principios: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación de la Empresa se desarrollan con base en los principios anteriormente establecidos en la Constitución, artículo 209, postulados que rigen la función administrativa;…”. Este artículo se invoca en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Nacional, que señala: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,…imparcialidad…”; así mismo con el artículo 3 del CCA, que define los principios orientadores de las actuaciones administrativas entres los que se

encuentra la imparcialidad “las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos” y artículo 3º de la ley 489/98, que señala: “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales…” Ley 734/02, artículo 34 numeral 1, 2 que consagra como deberes de los servidores públicos cumplir la constitución, la ley, los acuerdos, estatutos de la entidad, los reglamentos y manuales de funciones; cumplir con imparcialidad el servicio encomendado. La falta se consideró provisionalmente como gravísima a titulo de dolo. En el mismo auto, se le formuló cargos a la señora Luz Amparo Hincapié López, en condición de Asesora Jurídica de la misma entidad, en relación con las conductas descritas, por (i) “haber omitido el cumplimiento de sus funciones en lo que hace relación con ‘Orientar el marco jurídico de los contratos que se suscriban en la institución; Velar por el…cumplimiento de los reglamentos y manuales de normas y procedimientos de la Institución’, interviniendo en la tramitación y celebración…”; y, por (ii) “haber desconocido los principios de IGUALDAD e IMPARCIALIDAD que rigen la actuación en contratación, toda vez que procede a dar el visto bueno desde el punto de vista jurídico a las ordenes de prestación de servicios…” No obstante, en el fallo objeto de apelación, el a quo absolvió a la señora Luz

Amparo Hincapié López, en relación con los cargos formulados, por lo cual sobre éstos, no se hará ningún pronunciamiento. 1.4. DESCARGOS La disciplinada Juliana Gómez Castro, presentó escrito de descargos, en el cual rechazó haber incurrido en las faltas disciplinarias que se le atribuyen (fl. 231 a 241, C-1). Argumentó, que los cargos son contrarios al principio consagrado en el artículo 13 de la ley disciplinaria, ya que da por sentada su responsabilidad disciplinaria en forma objetiva; que se presume la rectitud, honradez y buen proceder del contratista, cuando este cumple las exigencias legales de afirmar, bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades de ninguna naturaleza; que en cada uno de los contratos examinados se encuentra Expediente: 086-11607-2004 3 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia inserta la manifestación del contratista en tal sentido; y, que no tenía porque saber de la existencia del vínculo conyugal entre el contratista y su subalterna. Señaló, que actuó en “la aplicación en concreto del principio genérico del comportamiento jurídico que proclama que los actos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, es decir, en orden del conocimiento y de la verdad, con sinceridad y exactitud”. Trascribe apartes de la Sentencia T-425-96 en donde se hace referencia a la presunción de la buena fe. Respecto de las pruebas en que se fundó la existencia de la falta y su responsabilidad, consideró que se señalan las razones por las cuales dio credibilidad

a unos testimonios y a otros no, porque se transcribieron sin realizar su valoración, contrariando el mandato legal de apreciar las pruebas en su conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica contenido en el artículo 141 de CDU. Indicó, que existe una razonable sospecha de parcialidad de los testigos, por enemistad, odio e interés en el resultado del proceso, suficiente para negar su eficacia probatoria. Al respecto sobre el testimonio del señor Héctor Jaime Castro Valencia, lo consideró aleccionado por su superior el gobernador de Risaralda, por las pugnas que este último sostenía con las directivas del Hospital, respecto de la prórroga del período de la gerente en la cita empresa. Sobre el mismo testigo afirmó, que no tiene independencia, que tiene tendencias egocéntricas y, que describe los hechos desde el punto de vista de su propia persona, haciendo énfasis en el papel que él ha desempeñado. En cuanto al testimonio de Amanda Noreña de Franco, señaló, que después de su paso por el Hospital San Jorge, empezó a laborar como Directora Operativa de la Secretaría de Salud del Departamento; que su jefe inmediato es el Secretario de Salud Departamental, delegado del señor Gobernador en la Junta Directiva del Hospital; que este último es conocido en la Procuraduría por las quejas contra la gerente, cumpliendo instrucciones de su nominador; y, que, por lo anterior, “pensar que el testimonio de la referida es imparcial y fiel reflejo de la verdad es una utopía”. Concluyó, que los testigos señalados hacen causa común con los intereses de sus detractores de turno y por ende tienen un interés en el proceso que rompe el

equilibrio de la imparcialidad. Alegó, que se descalificó el testimonio de la doctora Ana Ivonne Alejandra Cabrera Góngora sin que se haya dado un análisis crítico, porque no se tuvo en cuenta que de manera espontánea y sin dubitación señaló que su vinculo personal con el contratista solo se conoció a raíz del proceso. Manifestó, que no sabía del vínculo conyugal del contratista con la funcionaria hasta que se enteró por los medios de comunicación de la ciudad que era investigada por la Procuraduría Expediente: 086-11607-2004 4 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia En cuanto al segundo cargo, citó el testimonio de la doctora Amanda Noreña de Franco, quien en su testimonio rebate las argumentaciones del despacho, al indicar el procedimiento que se observaba para establecer la necesidad de una contratación. Afirmó, que los fines del Estado jamás se vieron desconocidos o vulnerados por el hecho de haber contratado con la única persona que podía asumir las funciones de la profesional de la medicina que se encontraba incapacitada. Solicitó la práctica de pruebas y aportó documentos para que fueran tenidos en cuenta como tales (fls. 231-245). 1.5. ALEGATOS DE CONCLUSION La disciplinada Juliana Gómez Castro, por medio de apoderado, presentó escrito de descargos (fl. 106 a 113, C-2), reiterando su crítica a los testimonios de Jaime Castro Valencia y Amanda Noreña de Franco, por considerar que no ofrecen suficientes garantías de credibilidad, sinceridad e imparcialidad.

Señaló, que resulta innegable que se suscribieron ordenes de prestación de servicios profesionales entre el Hospital Universitario San Jorge y el doctor Ignacio Castilla Stipcianos, y que a pesar de no haberse aportado la prueba documental que acredite el vínculo conyugal, entre el contratista e Ivonne Cabrera Góngora, sugerente asistencial de la entidad, esto es el registro civil de matrimonio, dadas las afirmaciones que al respecto han hecho los citados, se da por acreditado ese vínculo. Manifestó, que para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria de la investigada, es necesario establecer con precisión y sin duda alguna, si a sabiendas de la ilicitud sustancial, de manera conciente y voluntaria, quiso realizar el acto, y que esta certeza debe surgir necesariamente por cualquier medio de prueba legalmente allegado al proceso. Indicó, que todo es una cuestión personal, porque el quejoso afirma que tenía un motivo personal para poner la queja, aconsejado y ayudado por Ricardo Sinisterra, ex jefe de recurso humanos del Hospital y esposo de la asesora Gloria Edith Fernández, ex asesora jurídica del Hospital San Jorge a quien la disciplinada declaró insubsistente. Afirmó, que todo es producto de un “maquiavélico plan urdido desde la Gobernación de Departamento, tendiente a evitar la prórroga del periodo de la disciplinada como gerente del Hospital…”, y que con “testigos sin escrúpulos pretendió engañar y asaltar la buena fe el operador disciplinario”. Agregó, que la disciplinada, en todas las gestiones que adelantó como Gerente del

Hospital San Jorge de Pereira, se ciñó a los postulados de la buena fe, y que su mala fe debe probarse conforme a las normas legales, de lo contrario debe absolverse.

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Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia Finalmente indicó, que en atención de ese principio dio credibilidad al contratista cuando este manifestó, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, que no estaba incurso en inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para contratar. 1.6. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 14 de septiembre de 2006, la Procuraduría Regional de Risaralda, profirió fallo de primera instancia, en el que sancionó disciplinariamente a la señora JULIANA GOMEZ CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía número 24.325.612, en su condición de Gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con destitución e inhabilidad general por el término de doce años y seis meses al encontrarla responsable disciplinariamente de los cargos que le fueron formulados, decisión que adoptó con fundamento en las siguientes razones (fl. 115 -166, C-2): Señaló, que no existe duda del vínculo conyugal existente entre Ignacio Castilla Stipcianos y Ana Ivonne Alejandra Cabrera Góngora, pues a pesar de no haberse aportado registro civil de matrimonio que lo certifique, obra prueba suficiente documental y testimonial que lo acredita. Sobre la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado (ESE), señaló, que

a través del artículo 68 de la ley 489 de 1998, se dejó claro que son entidades públicas que gozan de autonomía administrativa; que están sujetas a la Constitución, a dicha ley, a las leyes que las crean y determinen su estructura interna, así como a sus estatutos internos. En relación con los estatutos internos de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, indicó, que la Junta Directiva mediante acuerdo No. 04 del 5 de marzo de 2003, reglamentó la Contratación de la empresa en desarrollo de su función social y en su artículo 11 señaló: “No podrá participar en las convocatorias ni ofrecer directamente en los procesos de selección y adquisición de bienes, obras o servicios, ni celebrar contratos con la EMPRESA, por sí o por interpuesta persona, quienes por la Constitución y la ley, se encuentre incursos en las inhabilidades e incompatibilidades, igualmente se dará aplicación a la ley 190 de 1995, 734 de 2002 y demás normas sobre la materia”. Manifestó, que si bien el Hospital en principio se rige por el derecho privado, según la Ley 100 de 1993, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de abril 6 de 2000, señaló: “…En punto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por estar interesada en ello la moralidad pública, como lo previene el artículo 42 del Código Único Disciplinario (hoy artículo 36 de la ley 734 de 2002) ‘Se entienden incorporadas a este Código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución y en la ley’, a los servidores públicos de

estas empresas que celebren contratos, habrá lugar a aplicarles, en los casos concretos, las causales que resulten pertinentes, así como las otras incompatibilidades previstas en el artículo 44 ibídem, en lo que fuere menester”. Agregó, que en el manual de contratación interno de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Acuerdo No 04 de 2003, se recogieron las inhabilidades e Expediente: 086-11607-2004 6 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia incompatibilidades consagradas en el artículo 36 de la ley 734 de 2002, esto es, todas las consagradas en la constitución y la ley, y que en consecuencia, por reenvío normativo, el Acuerdo No 04 de 2003, acogió las inhabilidades consagradas en la ley 80 de 1993. Al respecto agregó, que las ESE son entidades públicas y que la aplicación del derecho privado a la actividad contractual de la mismas se refiere a los aspectos relativos a la formación de los contratos (no están sometidos a procedimientos de selección: licitación o concursos) y a la ejecución de los mismos (estipulaciones, obligaciones, efectos etc.), pero si a las disposiciones que hayan pactado las partes, toda vez que el contrato una vez celebrado legalmente, es ley para las partes (artículo 1602 del CC), a los principios que rigen la función administrativa (art. 209 de la C.P.), a los preceptos legales contenidos en la ley 80 de 1993 sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar (art. 8 y 9) y a la responsabilidad de las entidades

estatales, de servidores públicos y de los contratistas (ley 80 de 1993 art. 50 y ss), su capacidad (art. 6) y demás principios rectores. Citó lo mencionado por el Consejo de Estado en Consulta No 1578 del 18 de junio de 2004, cuando señaló: “…las disposiciones transcritas parcialmente, permiten afirmar que la ley 80 no exceptúa de sus prescripciones a ninguno de los organismos estatales ni a ninguno de quienes denomina servicios públicos, siguiendo, al efecto, la disposición del inciso 1º del artículo 123 de la Carta Política. Posteriormente, leyes especiales han venido creando una serie de excepciones a la aplicabilidad de la ley 80, pero no respecto de sus principios generales, sino más bien de los procedimientos de selección de los respectivos contratistas…pero ninguna de ellas impide o cambia la aplicación de los principios generales de la contratación ni tampoco suprime el régimen de inhabilidades establecido. Por el contrario, algunas de ellas señalan específicamente nuevas y mayores causales de inhabilidad e incompatibilidad, sin perjuicio de las señaladas en la ley 80…” Respecto del argumento de la disciplinada, relacionado con el principio de buena fe, toda vez que el contratista manifestó de que no se encontraba incurso en causal alguno de inhabilidad o incompatibilidad, con base en el testimonio de Amanda Noreña, consideró, que existe evidencia de que previo a la suscripción de las órdenes se debatió el vínculo que existía entre el doctor Castilla y la doctora Ivonne, ya que esta circunstancia era conocida por los miembros del comité asistencial del

cual hacía parte la disciplinada, y bajo esta premisa, no puede hablarse de la buena fe exenta de culpa, más cuando sumado a lo anterior, ella “contaba con personal de confianza que conformaba su grupo directivo y ejecutivo de trabajo, dentro de las que se encontraba la doctora Ana Ivonne Cabrera Góngora, de la cual para su nombramiento y posesión, debió haberse enterado de su hoja de vida en la cual se incluye el núcleo familiar.” En cuanto al cuestionamiento de la disciplinada que considera amañada e inducida por parte del gobierno central del orden departamental las declaraciones de los señores Héctor Jaime Castro Valencia y Amanda Noreña de Franco, precisó, que para que el testimonio sea tachado por el juez disciplinador como sospechoso, además de atender los argumentos que se exponen por quien lo alega, debe Expediente: 086-11607-2004 7 Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia analizarse las circunstancias de credibilidad, imparcialidad por razones de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes, antecedentes personales u otras causas. Señaló, que de las malas relaciones entre el gobernador y las directivas del Hospital y de la vinculación de los mencionados testigos a aquella administración, no se puede concluir que fueron inducidos por éste para dar una determinada declaración, por cuanto al ser citados, los testigos desconocían las razones por las cuales fueron llamados a declarar y ello se prueba no solo con el contenido de las citaciones que obran a folios 166 y 167 del cuaderno No. 1, sino además porque el expediente se

encontraba en etapa de investigación disciplinaria en donde además de existir la reserva sumarial, a él tenía acceso únicamente las disciplinadas; lo que indica que los testigos no tenían porque saber el tema por el cual iban a ser indagados y bajo estas circunstancias no cabía la posibilidad de ser inducidos por sus superiores para direccionarla. Consideró, que la declaración de la doctora Amanda Noreña no está impregnada de intereses personales, porque simplemente hizo una descripción de los hechos conforme el despacho le fue interrogando; y, en lo que hace referencia a la declaración del señor Héctor Jaime Castro Valencia, indicó, que tampoco puede predicarse un ánimo inducido por querer sacar un resultado perjudicial para la disciplinada, pues no hay indicios que permitan calificar el testimonio como sospechoso. El a quo no da credibilidad a la declaración de Anna Ivonne Alejandra Cabrera Góngora, sobre la inexistencia de conocimiento de la doctora Juliana Gómez Castro del vínculo conyugal que existía entre aquella y el doctor Ignacio Castillo, teniendo en cuenta que la testigo pertenecía al equipo de trabajo de confianza de la doctora Gómez Castro, y que a menos de un año de estarle sirviendo como Jefe de la Unidad de Urgencias, la encargó como Subgerente Asistencial. En cuanto a las palabras del Gobernador de Risaralda, publicadas en periódicos locales según las cuales las presuntas irregularidades que se suscitaban en la ESE Hospital Universitario San Jorge serían ventiladas ante los organismos de control, señaló el a quo, que atañen a circunstancias ocurridas en los meses de julio y agosto

de 2005, diferentes a las que provocaron la presente investigación, la cual tuvo su origen en queja que formulara el señor José Alberto Loaiza Hernández recibida por la Procuraduría Regional de Risaralda el 2 de abril de 2004, es decir, mucho antes de las palabras emitidas por el mandatario departamental. Agregó, que estos recortes de prensa tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostenta valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero. En relación con el segundo cargo, el a quo señaló, que el motivo para contratar los servicios del doctor Ignacio Castilla Stipcianos fue la incapacidad médica que obtuvo la profesional de medicina doctora Alba Ruth Cobo, hecho que deriva de las declaraciones las doctoras Amanda Noreña, Ana Ivonne Alejandra Cabrera Góngora y el doctor Ignacio Castilla Stipcianos.

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Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia Indicó, que por los documentos aportados al expediente por Luz Amparo Hincapié López, se conoce que en el mes de agosto de 2003, se publicó la convocatoria pública No. 02-2003 HUSJ, para contratar los servicios de personal que se requería en el área asistencial y administrativa; que a través de la resolución No 2281 de agosto 26 de 2003, se dio apertura a dicho proceso y como resultado se obtuvo la adjudicación a la Cooperativa de Trabajo Asociado Multiplicadora de Servicios

Multiser. Manifestó el a quo, que para la misma época se celebraron órdenes de servicios con diferentes profesionales, entre otras, la orden de prestación de servicios No 3209 de octubre 1 de 2003, con Cirujanos de Occidente E.A.T., el cual puso a disposición el recurso humano adscrito a dicha empresa en un total de 18 cirujanos; la orden de prestación de servicios No 3227 de noviembre 26 de 2003, con Cirujanos de Occidente para dar continuidad al servicio que venían prestando, de lo cual concluyó, que sí existían otros profesionales dentro del mercado que estaban dispuestos a ofrecer sus servicios para ejercer como médicos cirujanos en la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lo cual indica que para la contratación del doctor Ignacio Castilla Stipcianos, no existió una verdadera selección objetiva del contratista. Agregó, que la disciplinada, acudiendo a una contratación desigual frente a otros profesionales, decidió, como única funcionaria encargada de suscribir los contratos, celebrar con el médico Castilla Stipcianos las ordenes de prestación de servicios referidas, olvidando que la aplicación de las normas del derecho privado a la contratación de las empresas sociales del estado, en ningún caso entraña renuncia a los fines del Estado, necesariamente ligados al interés general. En relación con la situación disciplinaria de la doctora Luz Amparo Hincapié López, a quien le formularon cargos, en relación con las conductas descritas, el a quo la absolvió considerando que la falta no existió, por lo cual ésta instancia no hará

ningún pronunciamiento al respecto. 1.7. RECURSO DE APELACION El 19 de septiembre de 2006, la disciplinada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia de la Procuraduría Regional de Risaralda, del 14 de septiembre de 2006 (fl. 174 a 186, C-2). Señaló, que resulta contrario al principio rector consagrado en el artículo 13 de la Ley disciplinaria, dar por sentada su responsabilidad en el pliego de cargos, con base en las declaraciones, sin permitir el derecho a la defensa. Indicó, que no tenía porque saber de la existencia del vínculo conyugal entre el contratista y su subalterna, pues no existió relación personal entre ambas y su conocimiento se limitaba al campo puramente laboral. Por el principio de integración normativa consagrado en el artículo 21 del CDU, acude al derecho penal para señalar, que la buena fe tiene un enfoque especial al equiparar “con inocencia o inculpabilidad, ampara a todas las personas, aún en concurrencia de pruebas o vehementes indicio en contra”.

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Luis Jorge Arévalo Reyes Fallo de segunda instancia Manifestó, que en el presente caso no puede hablarse de indicios o pruebas contundentes; que en los contratos objeto de investigación el contratista declaró, bajo juramento, no estar incurso en causales de inhabilidad; que debía presumir la buena fe del contratista; y, que se demostró en el proceso que no conocía la circunstancia del parentesco. Señaló, que el a quo no indicó las razones para darle “toda credibilidad a los señores

Héctor Jaime Castro Valencia y Amanda Noreña de Franco y soslayar de plano las declaraciones de los demás testigos”; y, que hay varios testimonios que contradicen lo afirmado por los testigos mencionados, y que afirman que ella desconocía la presunta relación entre los doctores Ana Ivonne Cabrera e Ignacio Castilla Stipcianos. Afirmó, que los testigos referidos “hacen causa común con los intereses de mis detractores de turno y por ende tienen un interés en el proceso, que rompe el equilibrio de la imparcialidad, no son veraces ni confiables.” En cuanto al señor Héctor Jaime Castro Valencia señaló, que la jefe de la Oficina Jurídica; Luz Amparo Hincapié, le formuló queja en diciembre de 2003, por posibles irregularidades cuando se desempeñaba como técnico del Hospital San Jorge y el proceso terminó a su favor; y, que hoy se desempeña como técnico del secretaría jurídica del