PGN - NULIDAD - Reclamada en ordenanza está llamada a prosperar por exceder límites impues

NULIDAD-De ordenanza por la cual Asamblea Departamental establece estatuto tributario y rentas del departamento del Valle del Cauca ASAMBLEA DEPARTAMENTAL-Competencia para regular forma de ejercer monopolio según sentencia del Consejo de Estado ASAMBLEA DEPARTAMENTAL-Mediante ordenanza no puede establecer tributos que no estén creados por ley … la norma acusada dispone que el Departamento deberá incluir el pago de la compensación económica en los convenios administrativos de intercambio de los licores y los contratos de producción, introducción y comercialización, indicando su tasa, la base gravable y el plazo para su pago, con lo cual este cobro estaría dentro del ámbito tributario, por convertirse en obligatorio para todos aquellos que vayan a firmar convenios o contratos relacionados con actividades propias del ejercicio del monopolio en cabeza del departamento. No indica lo anterior, que la contribución económica no pueda ser pactada en los mencionados convenios o contratos, es solo que dicha facultad de los departamentos en modo alguno habilita a la Asamblea Departamental para elevar la contribución a tributo. Por lo anterior, es de recibo el reparo de la recurrente en cuanto que la Asamblea, mediante ordenanza, no puede establecer tributos que no estén creados por la ley. NORMA DEMANDADA-Dispone que el Departamento podrá pactar derechos de explotación o regalías dejando este tipo de cobro por fuera del ámbito tributario CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Establece el principio de legalidad en materia tributaria NULIDAD-Reclamada en ordenanza está llamada a prosperar por exceder límites impuestos por Constitución y ley Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5878750 Ext. 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 25275 2 Concepto 148 2020-494410 Bogotá, D.C., 6 de octubre de 2020 Señores Honorables Magistrados Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente (E): Doctor JULIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ Referencia: 76001233300020150003201

Radicado: 25275

Asunto: Nulidad Ordenanza 397/14 – Valle del Cauca Actor : KAREN JULIETH CASTRO FLOREZ De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y las Resolución 371 de 2005 y 041 de 2020, expedidas por el Procurador General de la Nación, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto, dentro del trámite de la segunda instancia, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES 1.- La ciudadana KAREN JULIETH CASTRO FLOREZ, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del C.P.A.C.A., demandó la nulidad parcial de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014, por la cual la Asamblea

Departamental, establece el estatuto tributario y de rentas del departamento del Valle del Cauca. Considera la demandante que el acto administrativo fue expedido (i) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, (ii) con infracción de las normas en que debía fundarse y (iii) mediante falsa motivación. Invocó como normas vulneradas por los artículos 18, 20, 21 (numerales 10 y 11) y 22 de la Ordenanza 397; los artículos 333, 336 y 338 de la Constitución Política, 61, 62, 63 y 67 de la Ley 14 de 1983. 2.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 31 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda, previas las siguientes consideraciones: 2.1.- El artículo 18 de la ordenanza acusada, no vulnera la Ley 14 de 1983, pues establece la autorización legal para que los departamentos celebren cualquier tipo de convenio o contrato con personas de derecho público o privado - productores, introductores o importadores, mediante los cuales se autoriza introducción, producción y venta de licores destilados sometidos al régimen del monopolio en sus territorios. Expediente 25275 3 La Asamblea tiene facultad para proferir ordenanzas relacionadas con el monopolio, producción y distribución de licores (artículos 336 de la Constitución Política; 121 y 123 del Decreto Ley 1222 de 1986). 2.2.- El artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014, al señalar el precio mínimo de venta, no desborda facultades otorgadas por la Constitución y la ley.

El Consejo de Estado1 sostuvo, respecto de la Ordenanza 674 del departamento de Caldas, que fijar el precio mínimo de ventas es facultad de la Asamblea. Entonces, la alegada carencia de facultad de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para regular el precio mínimo de venta de licores en el departamento y la regulación económica al respecto no existe, pues según los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, las limitaciones a la libertad económica se centran en la imposición de rentas y tributos, pero no en la fijación de precios que hace parte del monopolio rentístico departamental, razones para no declarar la nulidad solicitada. 2.3.- Los artículos 21 (numerales 10 y 11) y 22 de la Ordenanza 397 de 2014, no implementan un gravamen, sino una compensación económica correspondiente al 2% de una UVT, por la celebración de contratos de producción, introducción y comercialización de licores. Las normas no infringen la prohibición de la Ley 14 de 1983 y del Decreto 1222 de 1983, pues no establece un gravamen adicional al único de consumo. Para el Consejo de Estado2, la competencia de las asambleas departamentales para regular la forma de ejercer el monopolio, comprende la posibilidad de establecer pagos adicionales a través de los convenios o contratos que firman los departamentos para autorizar la producción, introducción o comercialización de licores destilados, objeto del monopolio en su territorio, los cuales no constituyen gravámenes adicionales, sino ingresos convencionales que pactan las partes como contraprestación por la autorización o el derecho que se reconoce para

desarrollar la actividad de producción, introducción o comercialización de licores en los departamentos. 3.- La accionante, mediante apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la providencia de primera instancia de 31 de julio de 2019, sustentado en los siguientes términos: .- El funcionamiento del monopolio de licores está gravado con el impuesto al consumo, cuyos elementos están establecidos por la Ley 223 de 1995, reglamentada por el Decreto 782 de 1996 (artículos 202 y s.s.). .- De acuerdo con la sentencia de 10 de julio de 20143, la participación porcentual en el precio de venta del producto no está sujeta a límites tarifarios legales (artículo 63 Ley 14 de 1983). 1 Sentencia de 12 de octubre de 2017, Rad. 1700123100020120019101. 2 Sentencia de 26 de julio de 2017, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal B., Rad. 66001233100020100010801 3 Sección Cuarta, consejo de Estado, C.P. Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. 19535 Expediente 25275 4 El artículo 67 de la Ley 14 de 1983, prohíbe a los departamentos imponer gravámenes adicionales, pero mantiene la participación sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63. Los departamentos pueden optar por gravar la producción, introducción y venta de licores destilados con el impuesto al consumo o fijar una participación porcentual del precio de venta de los licores y las actividades de producción, introducción y venta. Entonces, la participación es un tributo que sustituye el impuesto al consumo y sus

elementos están determinados por el legislador (impuesto al consumo, parágrafo del artículo 14 de la Ley 1816 de 2016). Es decir, que el impuesto al consumo y la participación son tributos que se excluyen entre sí. .- Sustentación del Recurso de Apelación. 3.1.- Nulidad del artículo 18 de la Ordenanza 397 de 2014. La entidad territorial no puede dejar sin consideración los contratos que tiene vigentes con los distribuidores autorizados. El departamento ha autorizado, a través de la Secretaría de Hacienda, diferentes contratos de introducción, distribución y comercialización dentro del territorio del Valle del Cauca, contratos que permiten el ejercicio de las estrategias mercantiles y comerciales por parte de los distribuidores, como lo es el manejo de determinada exclusividad en la venta de sus licores en establecimientos públicos y privados, por aquellos distribuidores que han logrado un posicionamiento en el territorio. 3.2.- Nulidad del artículo 20 de la Ordenanza 397 de 2014. Obvia el despacho el estudio planteado que es el que el artículo 20 establece condiciones que desconocen las relaciones contractuales que actualmente mantiene el departamento para la comercialización de los licores gravados con el impuesto al consumo. La carga que impone al distribuidor, desborda las facultades otorgadas por la Constitución y la ley a las entidades territoriales sobre regulación de monopolios, pues al exigir un precio unitario superior al precio establecido para los productos de la Industria de Licores del Valle, cuando se trate de productos similares en las características de categoría volumen y graduación alcoholimétrica, dejando de lado una de las más importantes características de los licores que determina su

precio de costo y precio al público, como lo es el añejamiento del mismo, presupone para el distribuidor una desventaja comercial que sesga y quebranta el principio constitucional de la libre competencia más allá de lo permitido por las disposiciones superiores. No es que la entidad no pueda fijar precios mínimos, lo que resulta improcedente es que éstos desconozcan las características de los productos a los cuales se les impone. 3.3.- Nulidad numerales 10 y 11 del artículo 21 y el artículo 22 de la Ordenanza 397 de 2014. Expediente 25275 5 En ningún momento se está discutiendo la facultad que tiene la Asamblea para regular el monopolio, lo que se discute es que se creen gravámenes adicionales que no tienen fundamento legal para su reglamentación y cobro (legalidad del tributo), facultad que solo puede ejercerse en atención a la ley. Entiéndase regular, como adoptar el monopolio, cobrar la participación económica, determinar la tarifa de la participación, disponer de los contratos o convenios para impulsar el mercado y comercio de los productos que componen el monopolio. Tampoco se discute la autorización a los departamentos para celebrar contratos o convenios de intercambio que permiten agilizar el comercio de los productos derivados del monopolio de licores (art. 123 D.L. 1222 de 1986), pero yerra el a quo al considerar que en virtud a los convenios y amparados por las disposiciones de la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1222 de 1986, la compensación económica solo es una contraprestación pactada. La argumentación del a quo se convierte en falsa motivación, pues el artículo 123

del Decreto 1222/86, no autoriza el cobro de gravámenes adicionales, mucho menos, puede inferirse que esos gravámenes surgen de un acuerdo de voluntades. La compensación económica no es una contraprestación pactada, pues en la suscripción de los convenios o contratos, no existe un acuerdo de voluntades frente a la denominada compensación económica. La ordenanza obliga a los distribuidores a pagar tal gravamen y a establecerlo en los contratos o convenios suscritos bajo las condiciones previamente establecidas por el cuerpo colegiado territorial. Es un requisito esencial para la formalización del contrato o convenio. Como lo manifestó el magistrado en el salvamento de voto, sobre este punto no existió un pronunciamiento cierto en la sentencia, cuando fue éste uno de los lineamientos al cargo propuesto como generador de nulidad. La Ley 14 de 1983 y demás normas que reglamentan el monopolio de licores, únicamente advierten la facultad de contratar que tienen los departamentos para ejercer el monopolio de licores, entonces no existe relación alguna entre esta facultad y la creación de un gravamen que no está autorizado legalmente para su cobro. La ley faculta para contratar, pero solo permite que en tales contratos se pacte la participación que recibirá la entidad territorial por el ejercicio del monopolio. No establece en ningún momento autorización legal para cobrar otro gravamen en razón del ejercicio del monopolio. Del artículo 123 del Decreto 1222 de 1986, se deriva (i) la facultad de suscribir convenios y contratos para el ejercicio de las fases del monopolio de licores y (ii) la inclusión de la participación como único gravamen a definir en los mencionados

contratos y/o convenios. Expediente 25275 6 El Consejo de Estado4, advierte que la prohibición contenida en el artículo 67 de la Ley 14 de 1983, está dirigida a establecer gravámenes distintos pero en la fabricación, introducción, distribución, venta y consumo de licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y distribución, y que están sometidos al impuesto al consumo. La interpretación de la Corporación es equivocada al considerar que tal prohibición descrita en el artículo 67 de la Ley 14 de 1983 solo aplica en la fabricación, introducción, venta y consumo de vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, pues la redacción de la norma es clara, indicando de forma expresa que es aplicable tanto a los anteriores productos (de libre distribución) como a los licores. En conclusión, (i) Si la compensación económica se establece como una carga tributaria adicional a la participación cobrada en el departamento del Valle del Cauca, no es una compensación pactada; (ii) no existe autorización legal o constitucional que permita a la Asamblea imponer un gravamen adicional a la participación económica por el ejercicio del monopolio, violando así el principio constitucional de legalidad del tributo; (iii) En consecuencia, la “compensación económica” quebranta las prohibiciones señaladas en los artículos 67 de la Ley 14 de 1983, 127 del Decreto 1222 de 1986 y 214 de la Ley 223 de 1995 y (iv) cuando se obliga al pago de ambos gravámenes por el mismo hecho imponible se genera

el fenómeno de la doble tributación, prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Se trata de estudiar la legalidad de la Ordenanza 397 de 2014, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca; en atención a la demanda de nulidad presentada contra los artículos 18, 20, 21 (numerales 10 y 11) y 22 de la mencionada ordenanza. Precisado lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de inconformidad plasmados en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del a quo, procede el Ministerio Público a emitir concepto en los siguientes términos: 1.- Respecto al artículo 18, relacionado con la facultad del departamento de firmar convenios y contratos en desarrollo del monopolio, expone la recurrente que esta norma no considera los contratos vigentes con los distribuidores autorizados que han logrado un posicionamiento en el territorio. Observa el Ministerio Público que el Tribunal encontró este artículo conforme con la Ley 14 de 1983 y los artículos 336 de la Constitución Política, 121 y 123 del Decreto Ley 1222 de 1986, conformidad que no es objeto de cuestionamiento por parte de la recurrente, quien en esta instancia sostiene que la norma demandada no considera los contratos vigentes. Con esta afirmación, no desvirtúa la accionante los fundamentos del a quo para declarar el artículo 18 ajustado a la ley y a la Constitución. Además, frente a los contratos que están vigentes a la expedición de la Ordenanza, no es posible hacer 4 Sentencia de 26 de julio de 2017, Expediente 19706

Expediente 25275 7 ningún análisis en este proceso, pues no son objeto de demanda ni existe un cargo concreto de nulidad del artículo 18 materia de estudio, respecto de dichos contratos, a los cuales, además, no debe sujetarse la ordenanza, la cual se expide de acuerdo con la ley y la Constitución. Por lo tanto, no procede el cargo de nulidad contra el artículo 18 de la ordenanza objeto de estudio. 2.- El artículo 20 fija un precio mínimo de venta, con lo cual considera la demandante se establecen condiciones que desconocen las relaciones contractuales que actualmente mantiene el departamento para la comercialización de los licores gravados con el impuesto al consumo. Esta afirmación tampoco merece pronunciamiento alguno, pues al igual que en el anterior punto, las relaciones contractuales del departamento a la fecha de expedición de la ordenanza no son motivo de estudio y se desconocen en este proceso. Expone la recurrente que no es que la entidad no pueda fijar precios mínimos, sino que en este caso el precio mínimo de venta es una carga para el distribuidor que desborda las facultades otorgadas a las entidades territoriales por la Constitución y la ley, pues este precio mínimo es superior al precio establecido para los productos de la Industria de Licores del Valle, cuando se trate de productos similares en volumen y graduación alcoholimétrica, dejando de lado características de los licores que determinan su precio como lo es el añejamiento del mismo. Sesga y quebranta la libre competencia, al poner al distribuidor en desventaja comercial. El Tribunal se fundamentó en la sentencia de 12 de octubre de 2017, radicado

1700123100020120019101, en la cual el Consejo de Estado determinó que para el período que estuvo vigente el artículo 21 de la Ordenanza 674 de 2011, éste no violó los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, ni la Ley 14 de 1983 la cual no estableció expresamente la prohibición de fijar precio mínimo de venta de licores para efectos de su introducción al respectivo departamento, como sí lo hizo desde el año 2016 el artículo 10 de la Ley 1816. De acuerdo con lo anterior, concluyó el a quo que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca tenía facultad para regular el precio mínimo de venta de licores; posición ésta, ratificada por la recurrente. No explica la accionante, por qué el precio mínimo, al no referirse al añejamiento de los productos, es una carga para el distribuidor que desborda las facultades de las entidades territoriales, al ser superior al precio establecido para productos similares en volumen y graduación alcoholimétrica producidos por la Industria Licorera del Valle del Cauca. Así las cosas, no prospera el cargo por no desvirtuar la apelante los fundamentos de la sentencia recurrida. Expediente 25275 8 3.- En cuanto a la nulidad de los artículos 22 y 21 numerales 10 y 11, la recurrente no discute la facultad que tiene la Asamblea para regular el monopolio. Afirma que la compensación económica establecida por la ordenanza, no es una contraprestación pactada, como lo afirma el Tribunal; ni el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986, sino que autoriza el cobro de gravámenes adicionales. La compensación económica determinada en la Ordenanza, es un requisito

esencial para la formalización del contrato o convenio. La Ley 14 de 1983 faculta a los departamentos para ejercer el monopolio de licores pero eso no conlleva la creación de gravámenes no autorizados por el legislador, solo permite que en los contratos se pacte la participación que recibirá la entidad territorial por el ejercicio del monopolio. Igualmente, el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986, faculta a suscribir los contratos de las fases del monopolio y la inclusión de la participación como único gravamen a definir en los mencionados contratos o convenios. Observa esta agencia del Ministerio Público que el Tribunal de primera instancia considera que no se ha implementado un gravamen sino que se creó una compensación económica correspondiente al 2% de una UVT por la celebración de contratos de producción, introducción y comercialización de licores. Fundamentó el a quo su posición en el pronunciamiento del Consejo de Estado5, según el cual antes en entrar en vigencia la Ley 1816 de 2016, la ley no limitaba a los departamentos para obtener como contraprestación, por el ejercicio del monopolio, solo la participación económica. Entonces, la competencia de las asambleas para regular la forma de ejercer el monopolio comprendía la posibilidad de establecer pagos adicionales a través de convenios o contratos que firmaban los departamentos para autorizar la producción, introducción o comercialización de licores destilados objeto del monopolio, sin que constituyan gravámenes adicionales, sino ingresos convencionales que pactan las partes como contraprestación por la autorización o el derecho que se reconoce para desarrollar la actividad de producción, introducción o comercialización de licores en los

departamentos. No obstante, observa esta Procuraduría que ese pronunciamiento fue respecto del artículo 36 de la Ordenanza 009 de 2006, expedida por la Asamblea Departamental de Risaralda que indicó que era facultad de la entidad territorial, a través del gobierno departamental, incluir los gravámenes de derechos de publicidad y reserva, que no se deben entender como impuesto, sino como regulación del monopolio establecida por la asamblea departamental. En el caso que nos ocupa, el artículo 21 de la Ordenanza 397 de 2014, refiriéndose al contenido de los convenios o contratos, en los numerales 10 y 11 establece la inclusión de la compensación y la participación económica en el precio de venta, respectivamente. Lo anterior, es válido, sin desconocer que es una potestad que tiene el departamento de celebrar los convenios y los contratos sobre los licores respecto de los cuales ejerza el monopolio. Además, en los términos del artículo 63 de la 5 Sentencia de 26 de julio de 2017, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Bsto, Expediente 19706 Expediente 25275 9 Ley 14 de 1983, para la introducción de licores destilados nacionales o extranjeros al departamento, es necesario obtener un permiso que sólo se otorga una vez celebrados los convenios y que en ellos se establezca la participación porcentual del departamento en el precio de venta del producto. En cuanto al artículo 22 de la referida ordenanza, para realizar un pronunciamiento sobre su legalidad, es importante remitirnos al texto de las normas en que se funda: .- Artículo 63 de la Ley 14 de 1983, compilado por el artículo 123 del Decreto 1222

de 1986. En desarrollo del monopolio sobre producción, introducción y venta de licores destilados, los departamentos podrán celebrar contratos de intercambio con personas de derecho pública o de derecho privado y todo tipo de convenio que dentro de las normas de contratación vigentes permita agilizar el comercio de estos productos. Para la introducción ventas de licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre los cuales el departamento ejerza el monopolio, será necesario obtener previamente su permiso, que sólo lo otorgará una vez se celebren los convenios económicos con las firmas productoras, introductoras o importadoras en los cuales se establezca la participación porcentual del departamento en el precio de venta del producto, sin sujeción a los límites tarifarios establecidos en esta Ley. (negrillas de la Delegada) Señalo el Consejo de Estado, en el fallo que sirvió de fundamento a la sentencia de primera instancia, que la norma habilita a los departamentos a celebrar toda clase de convenios para agilizar el comercio de los productos objeto del monopolio. Debe resaltarse, en relación con esta disposición que, en la exposición de motivos de la Ley 14 de 1983, se indicó: «En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados, los departamentos podrán celebrar convenios que permitan facilitar el comercio de estos productos, obteniendo previamente del departamento correspondiente permiso para la introducción y venta de las bebidas alcohólicas sobre las cuales ejerza el monopolio, una vez se celebren los acuerdos respectivos, para los cuales no existe obligación de sujetarse a los límites tarifarios que se proponen a fin de que estas entidades puedan

conseguir unos términos más ventajosos»6 (Subrayas fuera de texto) En ese sentido, el establecimiento del monopolio no está sometido a un límite tarifario sino que, la finalidad perseguida por el legislador, era permitir que los entes territoriales que optaran por la explotación del monopolio consiguieran mayores ingresos a través de los convenios que debían celebrar las firmas introductoras, productoras o importadoras que decidan introducir o comercializar licores destilados en aquellos departamentos donde se haya optado por el monopolio. (…) 6 ANALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Martes 3 de mayo de 1983. Año XXVI – No. 22. Pág. 424 Expediente 25275 10 Ahora bien, frente al argumento de la parte actora según el cual, se trata de una renta de naturaleza tributaria, la Sala precisa que la norma acusada dispone que el Departamento “podrá” pactar derechos de explotación o regalías, lo cual deja este tipo de cobro por fuera del ámbito tributario, toda vez que carecería del elemento obligatorio que caracteriza el cobro de los tributos y, por lo demás, se reitera, no existe prohibición para pactar este tipo de derechos en los contratos de participación. A contrario sensu, en el caso que nos ocupa, no es posible llegar a la misma conclusión por cuanto el artículo 22 de la ordenanza 397, estableció la compensación económica y determinó que los convenios interadministrativos de intercambio de licores y los contratos de producción, introducción y comercialización, deberán incluir el pago de la compensación económica correspondiente del 2% de una UVT por cada botella convertida a 750 cc

ingresada al Departamento. Adicionalmente, establece su distribución, sujeto pasivo y plazo para el pago. Con lo anterior, la norma acusada dispone que el Departamento deberá incluir el pago de la compensación económica en los convenios administrativos de intercambio de los licores y los contratos de producción, introducción y comercialización, indicando su tasa, la base gravable y el plazo para su pago, con lo cual este cobro estaría dentro del ámbito tributario, por convertirse en obligatorio para todos aquellos que vayan a firmar convenios o contratos relacionados con actividades propias del ejercicio del monopolio en cabeza del departamento. No indica lo anterior, que la contribución económica no pueda ser pactada en los mencionados convenios o contratos, es solo que dicha facultad de los departamentos en modo alguno habilita a la Asamblea Departamental para elevar la contribución a tributo. Por lo anterior, es de recibo el reparo de la recurrente en cuanto que la Asamblea, mediante ordenanza, no puede establecer tributos que no estén creados por la ley. El Principio de legalidad en materia tributaria, establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Este principio, obliga observar el numeral cuarto del artículo 300 de la Constitución Política según el cual, corresponde a las Asambleas Departamentales decretar los tributos y las contribuciones departamentales conforme a la Ley. Por lo anterior, la nulidad reclamada del artículo 22 de la ordenanza objeto de

estudio, está llamada a prosperar por exceder los límites impuestos por la Constitución y la Ley. No obstante, dicha nulidad no afecta las compensaciones pactadas en convenios o contratos, pues el departamento legalmente está facultado para hacerlo. Por lo expuesto, la Procuraduría Sexta Delegada solicita a la Honorable Sala proceder a revocar la sentencia de 31 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en lo relacionado con el artículo 22 de la Expediente 25275 11 Ordenanza 397 de 2014, frente al cual procede declarar su nulidad y mantener la decisión de denegar las pretensiones de nulidad respecto de los artículos 18, 20 y 21 de la mencionada ordenanza, en los términos expuestos por esta agencia del Ministerio Público en el presente concepto. De los Señores Consejeros,

ANTONIO JOSE NÚÑEZ TRUJILLO

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado

Proyectó: Clara Martínez