PGN - NULIDAD SANEABLE - Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumple su finalidad y n

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 095-01965-05

Disciplinado: Ana Patricia González Cabeza Cargo y Entidad: Asesora de Comunicación Gobernación del Cesar Quejoso: de oficio Fecha Queja: mayo 26 de 2005

Fecha Hechos: diciembre de 2004

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., julio 26 de 2007 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra ANA PATRICIA GONZÁLEZ CABEZA, Asesora de Comunicación de la Gobernación del Cesar, la cual fue sancionada en fallo del 30 de junio de 2006, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses.

1. ANTECEDENTES Mediante auto del 12 de mayo de 2005, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, remitió por competencia a la Procuraduría Regional del Cesar la parte pertinente de la investigación radicada con el No. 028-118012, para que se determinara la responsabilidad de los señores José Eliécer Salazar López y Ana Patricia González Cabeza, en sus condiciones de Secretario de Hacienda – ordenador del Gasto – y Coordinadora de la Oficina de Prensa del Departamento del Cesar, respectivamente, por las presuntas irregularidades en la contratación efectuada para la impresión del informe de Gestión del 2004 – plan de desarrollo

(Folios 321-339). La Procuraduría Regional del Cesar avocó conocimiento de las diligencias adelantadas en contra de los señores José Eliécer Salazar López y Ana Patricia González Cabeza, en sus condiciones de Secretario de Hacienda – ordenador del Gasto – y Coordinadora de la Oficina de Prensa del Departamento del Cesar, el 27 de mayo de 2005 y les asignó como radicado el No. 095-001965-05 (Folio 341). Por auto del 31 de agosto de 2005, la Procuraduría Regional del Cesar ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora Ana Patricia González Cabeza, en su condición de asesora de Comunicación de la Gobernación del Cesar (Folios 344-347).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 31 de octubre de 2005, la Procuraduría Regional del Cesar formuló un cargo en contra de la señora ANA PATRICIA GONZÁLEZ CABEZA, en su condición de Asesora de Comunicación del departamento del Cesar, en los siguientes términos: (folios 361-371) Haber procedido en su condición de servidora pública y abusando de la jerarquía funcional de su cargo, la naturaleza de sus funciones y la índole de sus responsabilidades, a impartir EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO SEGUNDA INSTANCIA órdenes y desplegar funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden, como quiera que ordenó la elaboración e impresión de mil (1.000) ejemplares del

documento informativo sobre el informe de gestión 2004 “Para Los Buenos Tiempos” Departamento del Cesar, sin haberse surtido de manera previa el respectivo procedimiento o trámite de ordenación del Gasto Público con el lleno de las formalidades que la ley exige, vale decir, decretó un gasto por valor de $14.500.000, sin la plena observancia de los requisitos legales básicos y desde luego con expresa desobediencia a los fines esenciales del Estado y principios de la función administrativa. Lo anterior evidentemente condujo a un estado de incertidumbre institucional al interior del ente territorial, toda vez que se trataba de legalizar hechos cumplidos, donde solo hasta el día 26 de mayo de 2005, es decir cinco (5) meses después, pudo llegarse a un acuerdo preliminar. El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6 y 209 de la Constitución Política; el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 numeral 8°, el principio de economía de que trata el artículo 25 y el principio de responsabilidad de que tratan los numeral 1 y 2 de artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Se tipificó la falta como una violación de los deberes consagrados en los numerales 1°, 2º y 10º del artículo 34 de la ley 734 de 2002. La falta atribuida a la disciplinada se calificó “inicialmente como GRAVÍSIMA de las contempladas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, pues intervino en la contratación de la impresión de los 1000 ejemplares de la revista en que se publicaba el informe de gestión del 2004 del departamento del Cesar, sin el

cumplimiento de los principios de la contratación. Por otra parte, se graduó la culpabilidad a título de culpa grave porque no tuvo el cuidado necesario requerido para el oportuno despliegue de sus actuaciones públicas, situación que presuntamente la condujo a incumplir con los deberes de todo servidor público.

3. DESCARGOS.

El apoderado de la disciplinada presentó memorial de descargos el 28 de noviembre de 2005 (folios 375-378). Indicó, el apoderado de la defensa que en versión rendida por su representada, ésta manifestó que fue el Gobernador del Cesar, su jefe inmediato, Hernando Molina Araujo, quien había dado la orden verbal de que se solucionara en forma urgente lo relacionado con la impresión de los mil ejemplares que contenían la gestión de su administración y esa era la única opción que su defendida tenía porque la impresión del informe era impostergable. Para demostrar la inocencia de su representada solicitó ampliar su versión, así como la declaración de los secretarios de Despacho que retrasaron los informes necesarios para consolidar el informe de gestión que se iba a imprimir, la de José Eliécer Salazar López, para que explique todo lo que sepa sobre los hechos y la ampliación de la declaración de la señora Luciana Padro. Finalmente, que se verificara la existencia del pacto de Transparencia entre el departamento del Cesar y la Vicepresidencia de la República y allegar el documento respectivo.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 31 de enero de 2006, el cual decidió sobre las pruebas de

descargos, la Procuraduría Regional del Cesar accedió a la práctica de las pruebas testimoniales y documentales solicitadas por el apoderado de la disciplinada, con excepción de los testimonios de los secretarios del despacho de la Gobernación del Cesar, por ser inconducente, improcedente e inoportuna, toda vez que el presunto incumplimiento de aquellos en la entrega oportuna de los informes no justifica que la disciplinada haya asumido atribuciones que no le correspondían (folios 380-382).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 17 de mayo de 2006, la Procuraduría Regional del Cesar corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo (folio 424).

El apoderado de la disciplinada presentó memorial de alegatos de conclusión, el 31 de mayo del 2006, en el cual expuso los mismos argumentos que se resumen en el recurso de apelación (Folios 427-434).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante fallo del 30 de junio de 2006, la Procuraduría Regional del Cesar decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando a la señora ANA PATRICIA GONZÁLEZ CABEZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.736.482 de Valledupar, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, en su condición de asesora de comunicaciones de la Gobernación del departamento del Cesar (folios 437-458).

Expuso la Procuraduría Regional del Cesar que las pruebas allegadas ilustran que la

señora Ana Patricia González Cabeza inició el proceso contractual cuestionado, solicitando las cotizaciones, de las cuales recibió dos; luego realizó el estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación de la edición de la revista Institucional de la Gobernación; posteriormente, con el aval del ordenador del gasto, el 21 de diciembre de 2004, solicitó el CDP a la Dirección General de Presupuesto, el cual fue expedido el 23 de diciembre del mismo año, con el número 5132, por la suma de $14.500.000 y finalmente, la disciplinada certificó el recibo a satisfacción de la elaboración de las mil revistas. Expuso el a quo, que conforme a lo afirmado por la señora Luciana Esther Padro, responsable de la elaboración e impresión de la revista que contenía el informe de gestión de la gobernación del Cesar del año 2004, fue contactada por la disciplinada en el mes de diciembre de 2004, y en forma verbal, le solicitó la elaboración de la revista y posteriormente cuando fue a realizar el trámite de cobro tuvo que esperar una conciliación ante el Procurador Judicial del departamento del Cesar. Hizo mención, además, a lo afirmado por la Secretaria General del departamento del Cesar, en el sentido de que se intentó afectar un rubro de inversión para la impresión del “informe de gestión del 2004 – plan de desarrollo”, lo que fue rechazado por ella por estar prohibido en el artículo 93 de la ley 617; finalmente fue afectada una cuenta de funcionamiento y cuando llegó la cuenta de cobro para elaborar el contrato u EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3

FALLO SEGUNDA INSTANCIA orden de prestación de servicios, devolvió toda la documentación porque se trataba de un hecho cumplido. Citó también, el contenido de la audiencia de conciliación extrajudicial del 26 de mayo de 2005, entre el departamento del Cesar y el señor Leonidas Gámez Mejía, en representación de Gráficas del Comercio, en la que se acordó el pago por los servicios prestados en la suma de $14.500.000, la cual se soportó en una cotización presentada por el prestador del servicio y certificaciones de la Gobernación del Cesar en donde consta la prestación efectiva del mismo. Conforme al análisis de las pruebas, consideró el a quo, que el comportamiento asumido por la señora GONZÁLEZ CABEZA se orientó en el sentido de que era inminente la presentación del informe para la rendición de cuentas, por tratarse del cumplimiento de un pacto suscrito con la Vicepresidencia de la República, lo cual descarta el dolo de su actuar, porque a pesar de que no se suscribió el contrato la conciliación no fue lesiva para la entidad, sino el reconocimiento de un servicio prestado. Aseveró el a quo que la funcionaria Ana Patricia González Cabeza incurrió en un comportamiento desacertado, constitutivo de falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes y la extralimitación en el ejercicio de sus funciones como servidora pública, por cuanto haciendo uso de su investidura de asesora de comunicaciones de la Gobernación del departamento del Cesar, procedió a ordenar sin contar con la atribución legal, de manera verbal y sin el cumplimiento de los requisitos del orden

presupuestal, contractual y demás de ley, un servicio institucional consistente en la elaboración e impresión de mil (1000) ejemplares del documento sobre el informe de gestión de 2004 “para los buenos tiempos” Departamento del Cesar. Además recibió a satisfacción dicho servicio sin que se hubiera adelantado el trámite de ordenación del gasto público con el lleno de las formalidades que la ley instituye, incurriendo en desobediencia a los fines esenciales del Estado. Expuso el Procurador Regional del Cesar, que se infiere de las pruebas, que la señora GONZÁLEZ CABEZA inició desde la Oficina de Prensa de la Gobernación del Cesar –bajo su responsabilidad-, un trámite contractual que no pudo concluir, porque la contratista debió acudir a otras instancias administrativas para satisfacer el pago del servicio prestado. Afirmó el fallador de primera instancia, que está demostrado que la disciplinada en representación de la Oficina de Comunicaciones del departamento del Cesar, surtió durante el mes de diciembre de 2004, el proceso precontractual para la impresión de mil (1000) ejemplares del documento sobre el informe de gestión de 2004 “para los buenos tiempos” Departamento del Cesar, hasta la solicitud del CDP, el cual fue expedido el 23 de diciembre de 2004. Posteriormente, sin haberse surtido el proceso formal de ordenación del gasto recibió a entera satisfacción el servicio previamente ordenado, en forma verbal, a la firma Gráficas del Comercio Ltda, situación que condujo a que la Secretaría de Gestión Administrativa Integral del Departamento, devolviera la documentación remitida desde la Oficina de Comunicaciones, toda vez

que se conformaba un hecho cumplido que imposibilitaba a través del conducto o trámite reglamentario el respectivo pago y por tal razón, solamente seis (6) meses EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4 FALLO SEGUNDA INSTANCIA después, en audiencia de conciliación extrajudicial del 26 de mayo de 2005, se pudo llegar a un acuerdo sobre el pago. Con este proceder la señora Ana Patricia González Cabeza, desconoció la aplicación de los principios rectores de la contratación estatal de transparencia, economía y responsabilidad. El primero de ellos, porque debió actuar sin desviación o abuso del poder y ejercer sus funciones exclusivamente para los fines previstos en la ley y en los manuales. El principio de economía porque debió interpretar los procedimientos contractuales para no seguir trámites distintos a los expresamente contemplados en el estatuto contractual y respetar los mecanismos de la actividad contractual que buscan el cumplimiento de los fines estatales. Y el principio de responsabilidad, porque estaba obligada a cumplir los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, una vez formalizada la orden de servicios; también debía proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pudieran verse afectados por la ejecución del contrato. Ante los planteamientos hechos por la disciplinada, quien afirma que ordenó el servicio cuestionado en cumplimiento de una instrucción impartida por su jefe inmediato, el Gobernador del Cesar, Hernando Molina Araujo, así como, que la revista era un soporte fundamental de la rendición de cuentas, por lo que buscó una

entidad que pudiera prestar este servicio en tiempo record, encontrando que Gráficas del Comercio estaba en condiciones de satisfacer la situación de emergencia, de lo cual puso en conocimiento al Gobernador quien ordenó proceder, por lo cual hizo la llamada telefónica a la señora Luciana Padro para informarle que el señor Gobernador había ordenado hacer el trabajo con su empresa, y por otra parte, que certificó la entrega de los ejemplares por razones de tiempo y la necesidad de los mismos, expresó el a quo, que no hay duda de que la intención de la disciplinada fue cumplir con el propósito institucional de la rendición de cuentas convenido con la Vicepresidencia de la República, pero no es atendible tal fundamento como justificación para lograr obtener determinados resultados colectivos, con expresa violación de los trámites y procedimientos que rigen la contratación estatal, de las competencias funcionales y de la inobservancia de los principios rectores y de los fines de la contratación. Para el a quo, el hecho de que la disciplinada hubiera recibido la orden de “proceder” por parte de su jefe inmediato, el gobernador del Cesar, tampoco justifica la evasión de los trámites y procedimientos reglamentarios de ordenación del gasto público con el lleno de las formalidades que la ley establece, en observancia de los fines esenciales del Estado y principios rectores de la contratación estatal. Tampoco la premura del tiempo para la publicación justifica el hecho de que la disciplinada, no hubiese estado atenta ante la Secretaría de Gestión Administrativa Integral, quien en virtud de su competencia, debía elaborar la

respectiva orden de prestación de servicios. Finalmente, no aceptó como causal de exclusión de responsabilidad, la colisión de deberes alegada por el apoderado de la disciplinada. Afirmó que la disciplinada incumplió el deber de someterse a la ley y en la prohibición de incumplirla, ya que con su comportamiento vulneró el artículo 209 de la Constitución Política, los artículos 24, numeral 8; 25, numerales 2 y 3, y el artículo 26, numerales 1 y 2, de la ley 80 de 1993, que tratan de los principios de EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 FALLO SEGUNDA INSTANCIA transparencia, economía y responsabilidad; así como los deberes contemplados en los numerales 1º, 2º y 10º del artículo 34 de la ley 734 de 2002. Tipificó la falta como gravísima de las establecidas por el legislador en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 y graduó la culpa como grave, por lo que dio aplicación al numeral 9 del artículo 43 del mismo estatuto.

7. APELACION El 21 de julio de 2006, el apoderado de la señora Ana Patricia González Cabeza, presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario del 30 de junio de 2006, con el fin de que éste se revoque y se archive la investigación disciplinaria adelantada en su contra, argumentando lo siguiente: (folios 462-469) Insistió la defensa que con fundamento en lo expuesto por la disciplinada en su

versión libre y espontánea, la única actividad desplegada por su representada fue darle cumplimiento a una orden verbal de su jefe inmediato, el señor Gobernador del Cesar, e indicar a la contratista que pasara por la Gobernación para que acordara con los funcionarios encargados de la contratación en el departamento, todo lo relacionado con el contrato. Así, efectivamente, la contratista acordó con el Secretario de Hacienda Departamental, José Eliécer Salazar el precio de la labor, hecho que fue corroborado por la propia contratista. La única opción que tenía su defendida en el momento de los hechos, era lograr la impresión de la revista de acuerdo a la orden verbal del Gobernador, por ello, solicitó a la señora Padro Daza, que acordara el precio de impresión con los funcionarios encargados en la entidad de los asuntos contractuales. Consideró la defensa que el auto del 31 de enero de 2006, es violatorio de la Constitución, porque en él se prejuzgó el resultado de las pruebas y los planteamientos realizados denotan la convicción del juzgador respecto de que su defendida había violado la normatividad disciplinaria, hecho reprochable porque las pruebas no tuvieron una valoración objetiva. Solicitó, que la segunda instancia escuche en declaración al señor José Eliécer Salazar, Secretario de Hacienda del departamento del Cesar, para verificar que fue él con quien la señora Luciana Padro, estableció el precio del servicio contratado por el departamento; prueba que fue solicitada y decretada en su oportunidad, pero no fue practicada, porque el declarante se excusó de su no asistencia, por lo que se

violó el artículo 29 de la Constitución Nacional, al ordenarse el traslado para alegar de conclusión, sin que se hubiera practicado la mencionada prueba. También solicitó al fallador de segunda instancia escuchar en declaración al señor Hernando Molina Araujo, Gobernador del Cesar, por considerarla de gran importancia para garantizar el derecho de defensa de la disciplinada, ya que fue èste el que ordenó a su representada que contratara la publicación del informe multicitado.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Expuso que la señora González Cabeza no actuó a espaldas de la administración departamental como lo manifestó la Secretaria General del departamento, porque como ya lo explicó su representada, actuó en desarrollo de una petición verbal del Gobernador, lo cual fue confirmado por Adiela Hinojoza, en declaración obrante en el proceso. Afirmó que en el fallo de primera instancia se sancionó a su representada por trasmitir a una contratista el ánimo y la voluntad de la administración de publicar mil (1000) ejemplares de la revista que contenía el informe de gestión en el año 2004, y además por haber recibido a satisfacción la ejecución de esta publicación, cuando en realidad no está probado que su poderdante se haya extralimitado en el ejercicio de sus funciones o que haya omitido el cumplimiento de un procedimiento. Por las irregularidades que se presentaron en el proceso, solicita que se decrete la nulidad de todo lo actuado desde antes del auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión y se decrete la recepción de los testimonios de los señores

Hernando Molina Araujo y José Eliécer Salazar, gobernador y secretario de Hacienda del departamento del Cesar, respectivamente. Afirmó que la orden de elaborar la impresión de los mil (1000) ejemplares de la revista en donde se presentaba la rendición de cuentas de la gestión de la Gobernación del Cesar, no fue dada por la señora Ana Patricia González, sino por una persona de mayor jerarquía y ello se concluye del oficio del 21 de septiembre del 2005 remitido por el Secretario de Hacienda del departamento del Cesar, José Eliécer Salazar López a su representada. Oficio en el que además se reitera la necesidad que tenía el señor Gobernador de que se hiciera la publicación del informe. Por otra parte, solicita que se aplique a su defendida la causal de eximente de responsabilidad por colisión de deberes, dado que en el momento de los hechos tuvo que decidir entre la orden dada por el señor Gobernador (su jefe inmediato), y el cumplimiento de unos procedimientos para la legalización de un contrato. Siendo la orden dada por su jefe inmediato, la que motivó su actuar, con el objeto de que éste pudiera cumplir con la publicación del informe de gestión del año 2004, y por ende, darle cumplimiento al Pacto de Transparencia suscrito con la Vicepresidencia de la República. Afirmó que en ningún momento ha existido la extralimitación de funciones de que habla el a quo, porque está probado que la actividad desplegada por su representada fue trasmitir una orden del Gobernador del Cesar a la contratista y ella actuó amparada en los postulados del principio de la buena fe, porque tenía el

convencimiento de que al trasmitir la voluntad del Gobernador, no incurría en ilícito disciplinario. Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Cesar y en subsidio, la declaratoria de nulidad de la presente investigación para que se ordene la recepción de los testimonios que el a quo no practicó en detrimento del derecho a la defensa de su defendida.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 27 de julio de 2006 fue concedido en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Ana Patricia González Cabeza (Folio 470).

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: 8.1 Competencia Conforme al literal c), numeral 1° del artículo 75 del decreto 262 de 2000, le corresponde conocer en primera instancia a los Procuradores Regionales, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos del orden departamental, como es el caso de la Asesora de Comunicación de la Gobernación del Cesar.

De acuerdo al numeral 4 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, le corresponde a las Procuradurías Delegadas conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean competencia de los Procuradores Regionales. Por otra parte, le corresponde asumir esta competencia, a las Procuradurías Delegadas para la contratación, cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación desde los actos preparatorios hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones

que de él surjan, conforme al inciso cuarto del artículo 19 de la resolución 0017 de 2000 y efectivamente, la conducta investigada se relaciona con irregularidades en el proceso de contratación del servicio de impresión del informe de gestión del departamento del Cesar del año 2004. 8.2 Hechos probados Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente se encuentran probados los siguientes hechos: 8.2.1. Certificaciones laborales - La Coordinadora de Gestión Humana de la Gobernación del departamento del Cesar, Martha Vilma Castro Muñoz, certificó que la señora Ana Patricia González Cabeza, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.736.482 de Valledupar, prestaba sus servicios a la Gobernación del departamento del Cesar, como Asesora de Comunicación código 105 grado 14 de la planta global desde el 1 de enero de 2004, hasta el 12 de enero de 2005, para el cual había sido nombrada por decreto 00001 del 1º de enero de 2004 y en el que se posesionó en esa misma fecha. En el año 2004 tenía una asignación mensual de $4.209.409. Fue nombrada en el cargo de Coordinadora, código 345, grado 08, adscrito al Despacho del Gobernador, mediante decreto 000022 del 3 de febrero de 2005 (Folios 297; 358-360). - Funciones del cargo (Folios 299-300) 8.2.2 Documentos atinentes al proceso precontractual de la elaboración de las 1000 revistas correspondientes al informe de gestión del año 2004.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA - Mediante oficio del 7 de diciembre de 2004, dirigido a la Tipografía y Litografía Ideal, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Ana Patricia González Cabeza, solicitó cotización del servicio de elaboración de 1.000 revistas, tamaño carta con carátula a color plastificada en propalcote de 240 gramos, con interior de 52 páginas a todo color en propalcote de 115 gramos (Folio 283) -Se allegó cotización por $15.000.000, pero, la fotocopia no es clara y no se identifica al proponente (Folio 284). - Gráficas del Comercio, también presentó cotización de la impresión de las 1000 revistas –Informe de Gestión-, el 10 de diciembre de 2004, por valor de $14.500.000 (Folio 285). - Estudio de conveniencia y oportunidad realizado por la señora Ana Patricia González Cabeza, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, en el que se definió como necesidad u objeto el cumplir, la presentación de informe de gestión, a través de la edición de una revista que contenga la información para darla a conocer a la ciudadanía y a los entes de control, cuya ejecución tendría un término de siete (7) días y se tasó el valor de la contratación en $14.500.000 (Folios 286-290). - El 21 de diciembre de 2004, la Coordinadora de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Ana Patricia González, solicitó la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal para cubrir la elaboración de 1000 revistas sobre el informe de gestión del 2004, por un valor de $14.500.000. Para el fin requerido se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No.2132, el 23 de diciembre de 2004, en el que se afectaba el gasto de funcionamiento 01-1-235-20 “impresos y publicaciones (Folios 291-292) - Certificado de disponibilidad presupuestal No. 5132 del 23 de diciembre de 2004, mediante el cual se afectó el rubro de gastos de funcionamiento denominado impresos y publicaciones (01-1-225-20) por valor de $14.500.000, para respaldar el gasto generado con el informe de gestión del departamento 2004Plan de Desarrollo, objeto de investigación. (Folios 108). - Mediante certificación sin fecha, la Coordinadora de la Oficina Asesora de Comunicaciones, indicó que recibió a satisfacción el servicio de la elaboración de 1.000 revistas sobre el informe de gestión del Gobierno departamental del Cesar del año 2004 (Folios 293). - Certificado de existencia y representación legal de la empresa Gráficas del Comercio Ltda, expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, en el que se observa que los socios de la misma son Luciana Esther Padro Daza y Leonidas Antonio Gómez Mejía, quien cumple las funciones de Gerente (Folios 294-296). - Mediante oficio del 5 de abril de 2005, el Gobernador del Cesar, Hernando Molina Araujo, informó que no existía contrato mediante el cual el departamento del Cesar

haya contratado la impresión del “informe de gestión del 2004 – Plan de Desarrollo”; pero si existe certificado de disponibilidad presupuestal No. 5132 expedido el 23 de diciembre de 2004, en el que se establece que la causación de ese gasto, de EXPEDIENTE 095-01965/05 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9 FALLO SEGUNDA INSTANCIA haberse afectado el presupuesto habría sido imputado a gastos de funcionamiento, en cumplimiento del artículo 93 de la ley 617 de 2000.(Folios 60-61). - En acta de visita especial practicada en la Oficina de Presupuesto de la Gobernación del departamento del Cesar, el 20 de abril de 2005, se dejó constancia de que no existía registro presupuestal correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 5132 del 23 de diciembre de 2004 (Folios 108-109) - Acta de audiencia de conciliación No. 245 del 28 de mayo de 2005, mediante la cual el departamento del Cesar concilió con Gráficas del Comercio Ltda, por la suma de $14.500.000, por concepto del servicio de impresión 1000 revistas que contenían el informe de Gestión del departamento año 2004 (Folios 354-355) 8.2.3 Declaraciones. 8.2.3.1 En exposición libre rendida por el señor Fernando Javier Paredes Daza, Coordinador de la Oficina de Presupuesto del departamento del Cesar, respecto del informe de gestión 2004, contenido en la revista, dijo que intervino en la expedición

del certificado de disponibilidad presupuestal No. 5132 del 23 de diciembre del 2004, solicitado por la oficina de Comunicaciones el 21 de diciembre del 2004, debidamente autorizado por el Secretario de Hacienda Departamental, como ordenador del gasto delegado. El trámite subsiguiente fue enviar el certificado de disponibilidad presupuestal a la oficina que lo solicitó, para que ésta se encargara de realizar con la Secretaría General – Unidad de Contratación-, los trámites respectivos; surtido este paso, la orden de servicios o el contrato debidamente firmado por las partes debía regresar a la Oficina de Presupuesto para que se expidiera el respectivo registro presupuestal, acto que no se surtió en este caso; por tal razón, el certificado de disponibilidad presupuestal expedido para este evento, fue cancelado al 31 de diciembre por el sistema para efecto de proceder al cierre presupuestal de la vigencia 2004 (Folios 122-124). 8.2.3.2 En diligencia de declaración bajo la gravedad del juramento rendida el 21 de abril de 2005, la se