PGN - NULIDAD - Se rechazarán de plano las que no se funden en ninguna causal

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 025-42208/00

Disciplinado: ADOLFO MONCALEANO y otros

Cargo: Alcalde Municipal de Girardot Quejoso: De oficio Fecha queja: 10 de septiembre de 1999

Fecha hechos: 30 de julio de 1998

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2003

I. ASUNTO Procede el Despacho a RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa de la sancionada MARIA ASTRID GRIMALDO SUÁREZ, contra el fallo de primera instancia proferido el 11 de julio de 2003, por la Procuraduría

Departamental de Cundinamarca.

II. ANTECEDENTES Y SÍNTESIS DE LA DECISIÓN CONFUTADA Con fundamento en las actas de las visitas especiales practicadas a las diferentes dependencias del Municipio de Girardot, mediante auto del 27 de septiembre de 1999, se dispuso la práctica de pruebas en indagación preliminar y con autos de 8 y 22 de octubre de 1999, se ordenó apertura de investigación disciplinaria, con auto de febrero 9 de 2000, formularon cargos (FL. 2499 a 2580), y con proveído de marzo 13 de 2000 resolvieron sobre las pruebas solicitadas en los descargos (FL. 3125 a 3129); mediante Resolución 0126 de agosto 4 de 2000 proferida por la Procuraduría Departamental de Cundinamarca, que fue declarada nula por este Despacho, por falta de motivación (FL. 3575 y SS), se falló en primera instancia el proceso

disciplinario; y con providencia de julio 11 de 2003, se falla nuevamente la investigación en primera instancia (FL. 3682 y SS). La condición de servidora pública de la sancionada se acreditó en el proceso con los documentos que obran a folios 1330,1333 y 2041 del expediente. La Procuraduría Departamental de Cundinamarca en fallo de primera instancia declaró probados y no desvirtuados, los cargos endilgados a la Doctora MARIA ASTRID GRIMALDO, al considerar que dio visto bueno a los contratos que en cada caso se señalan, cuando estos adolecían de las irregularidades acreditadas en el proceso, con la prueba que como sustento para cada uno se menciona, situación que la hacen incursa en falta disciplinaria, pues la función que cumplía, como jefe de la oficina jurídica del municipio de Girardot, le imponía el deber específico de estudiar todos y cada uno de los contratos, antes de que fueran firmados por el respectivo ordenador del gasto, para garantizar su transparencia, idoneidad y apego a las normas que sobre contratación rigen en Colombia. Que ningún sentido tiene la labor que le fue asignada a la oficina jurídica de revisar los actos y contratos antes de su suscripción, si la revisión omite verificar que los contratos cumplan con los requisitos exigidos. Que las afirmaciones exculpatorias relativas a enervar su responsabilidad por falta de experiencia y error invencible, no 1 eran de recibo, porque era su deber dar aplicación taxativa a los presupuestos contractuales establecidos en la ley 80/93 y decretos reglamentarios.

La responsabilidad disciplinaria, se dedujo de los cargos formulados así: Cargo 1: Usted en la calidad indicada aprobó, visó y/o permitió la celebración y ejecución de los contratos interadministrativos 105 y 068 de obra con la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. COODETER, el 30 de julio de 1998, por valor de $ 253'113.063.00, y del 21 de junio de 1999, por valor de $ 122'852.948.00; presuntamente violando los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, igualdad, economía y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 855 de 1994. (...) En el Convenio 068 de 1999, cuyo objeto es la construcción de la segunda etapa del muro de contención vía El Malecón, entre la carrera 10ª y 11 de la línea 6, línea 5 A y línea 4, sobre la margen derecha del Río Magdalena del Municipio de Girardot, cuyo plazo de ejecución era de cinco meses: a) Aprobó y visó el contrato sin que existiera el estudio de suelos previo. Situación esta irregular, ya que con el estudio de suelos se analiza la capacidad portante, es decir, la capacidad que tiene el suelo para resistir o soportar las estructuras que se construirán garantizando su estabilidad y buen comportamiento en problemas tales como socavación, erosión, movimientos de tierra, etc., también en el estudio de suelos se analiza el tipo de cimentación, se hace el cálculo estructural y se calculan las cantidades de obra de los diferentes ítems para la construcción de la obra a adelantar.

b) Aprobó y visó el contrato donde se utilizó el mecanismo de la contratación con las cooperativas, permitiendo evadir el proceso de licitación pública, que por la cuantía de la contratación era necesario, sin que se hubiese cumplido con el deber de selección objetiva que conduce a obtener el ofrecimiento más favorable al Municipio y a los fines que se buscan. c) Suscribió e inició el convenio sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal previo. Sobre tal conducta la primera instancia señaló que no había sido desvirtuado, en la medida que la cláusula general de contratación administrativa obliga la selección del contratista en forma objetiva, preservando los principios de transparencia, responsabilidad y planeación, que fueron omitidos en la selección de los contratistas con quienes se suscribió los contratos 105 y 068 de 1998 y 1999 respectivamente. Que el deber de la investigada no consistía en obedecer las órdenes del jefe y dejar pasar los procesos contractuales sin ejercer un estricto control sobre todos, sino en ejercer la revisión desde el punto de vista jurídico a todos los procesos contractuales y post-contractuales, función cuyo incumplimiento genera reproche disciplinario, por el incumplimiento de los deberes propios del cargo establecidos en el artículo 2 C, numeral 8º del Decreto Municipal 032 del 26 de enero de 1998; y 2 D. 1 numeral 3º del Decreto Municipal 017 de enero 18 de 1993. La justificación relativa a la ambigüedad del cargo, no fue aceptada, pues en forma clara y expresa cada cargo indica qué contratos no fueron objeto del cumplimiento del deber funcional a su cargo, cuales las circunstancias especificas y las pruebas

2 que lo acreditan, las cuales no fueron desvirtuadas. Con esta conducta se consideraron infringidos además de los artículos del Manual de Funciones citados, los preceptos contenidos en los artículos 6º, 123, 124, y 209 de la Constitución Política; numeral 3º del artículo 23, artículo 24 numerales 1º y 8º; artículo 25 numerales 1º, 31, 6º y 12; artículo 26 numerales 1º y 3º; artículo 29 y 41 inciso 2º de la Ley 80 de 1993; artículo 2º y 3º del Decreto 855/94; artículo 71 del Decreto compilatorio 111 de 1996, y los deberes y las prohibiciones consagrados en los numerales 1º, 2º, 3º y 22 del artículo 40 y 7º y 33 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995. Cargo 2: Usted en la calidad indicada aprobó y visó el Convenio Interadministrativo No. 035 de suministro con la Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda. "COINCO LTDA., el 8 de marzo de 1999, por valor de $460'000.000.00, plazo de ejecución de dos meses, ampliado mediante Convenio Adicional No. 1 en 80 días, contados a partir del 30 de abril de 1999; presuntamente violando los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, igualdad, economía y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 855 de 1994. a) Aprobó y visó el contrato sin que existieran los estudios respectivos que

permitieran soportar técnicamente las decisiones acerca de la mejor alternativa para el Municipio de Girardot, para implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales. b) Aprobó y visó la contratación con la cooperativa, evadiendo el proceso de licitación pública, que por la cuantía de la contratación era necesario, sin que se hubiera cumplido con el deber de selección objetiva que conduce a obtener el ofrecimiento más favorable al Municipio y a los fines que se buscaban. c) Suscribió e inició el convenio sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal previo. El a quo lo considera probado el cargo, porque no se allegó prueba documental que indicara la existencia de los estudios técnicos fundamento de las decisiones adoptadas dentro del Convenio No. 035 del 8 de marzo de 1999 celebrado con COINCO, ni se demostró el tramite de un proceso de licitación pública, que era el obligatorio para la selección del contratista, por la cuantía. Con tal conducta consideró infringidas las mismas normas antes señaladas. Cargo 3: Usted en la calidad indicada aprobó, visó y, o, permitió la celebración y ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica con GABRIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ en el año 1998 y 1999, al parecer legalizando hechos cumplidos y con violación del régimen de inhabilidades. Se encontraron múltiples conceptos jurídicos emitidos por el contratista, anteriores a la suscripción de dichos contratos. Al parecer se trató de favorecer a GERMÁN

ALONSO AMAYA AFANADOR, hermano del entonces Secretario de Salud de Girardot, RAFAEL ANTONIO AMAYA AFANADOR. 3.1. En el contrato sin número del 25 de noviembre de 1998, por valor de 12'000.000.00, plazo de ejecución de 1 mes, cuyo objeto fue la prestación de 3 servicios profesionales de Asesoría Jurídica, suscrito con GABRIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: a) Aprobó, visó y aceptó la contratación y emisión de múltiples conceptos jurídicos en desarrollo del contrato en mención, suscritos conjuntamente entre el contratista y el doctor GERMÁN ALONSO AMAYA AFANADOR, hermano del RAFAEL ANTONIO AMAYA AFANADOR, que se desempeñaba como Secretario de Salud del Municipio. b) Aprobó y visó el contrato cuando se había Incumplido con el deber de selección objetiva. c) Aprobó y viso el contrato sin verificar previa a la contratación, la expedición del certificado sobre la inexistencia en la planta de personal idóneo para desempeñar la labor contratada. d) Permitió la ejecución sin que se hubiera contratado y sin que se encontrara aprobada la póliza de garantía. Se evidencia que antes de la suscripción del contrato el 25 de noviembre de 1998, ya se estaban emitiendo conceptos jurídicos y que antes de la aprobación de la Póliza de Garantía mediante Resolución No. 163 del 21 de diciembre de 1998 se emitieron otros conceptos. e) Aprobó y visó el contrato sin contar con el certificado de

disponibilidad presupuestal previo. 3.2 En el contrato No. 07 del 15 de enero de 1999, por valor de $38'000.000,oo plazo de ejecución de 11 meses, objeto la prestación de servicios profesionales de Asesoría jurídica, suscrito con GABRIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: a) Aprobó y visó el contrato y en calidad de supervisora del contrato, permitió y aceptó la emisión de múltiples conceptos jurídicos en desarrollo del contrato en mención, suscritos conjuntamente entre e! contratista y el doctor GERMÁN ALONSO AMAYA AFANADOR, hermano del RAFAEL ANTONIO AMAYA AFANADOR, quien para la fecha de la celebración del contrato en mención, aún se desempeñaba como Secretario de Salud del Municipio y a quien se le aceptó la renuncia mediante Decreto 016 del 29 de enero de 1999. b) Aprobó y visó el contrato cuando se había Incumplido con el deber de selección objetiva. c) Aprobó y visó el contrato, sin verificar que previa a la contratación se hubiera expedido el certificado sobre la inexistencia de personal idóneo y suficiente en la planta de personal, para desempeñar la labor contratada. Al respecto se encontró certificación del 19 de febrero de 1999, fecha posterior a la suscripción del contrato (15 de enero de 1999), suscrita por la Jefe del Departamento Jurídico. d) Como supervisora del contrato permitió la ejecución sin que se encontrara aprobada la póliza de garantía. e) probó y visó el contrato sin contar con el certificado de disponibilidad 4 presupuestal previo.

EL fallador de primer grado no acogió el argumento de que los contratos efectivamente fueron elaborados en la oficina de la sancionada, pero en los términos ordenados por el alcalde, quien además hizo la selección del contratista, pues aceptar tal situación, implicaría que al Jefe de la Oficina Jurídica no le asistiera el deber de garantizar la legalidad de los procesos contractuales en la administración, cuando es una verdadera obligación detectar las irregularidades o violación de los principios que rigen la contratación, evitar tales conductas y regirse estrictamente por lo normado en la ley de contratación pública. Que no tiene sentido la existencia de una oficina jurídica, sino vela por la aplicación estricta de la ley, por el mantenimiento de la legalidad en los procedimientos adoptados, ni cuida y previene al ordenador del gasto para que no incurra en conductas que traigan consecuencias disciplinarias, fiscales y penales, como en el presente caso. Las normas señaladas como infringidas, son las mismas que para los anteriores cargos. Cargo 4: Usted en la calidad señalada, aprobó, visó y/o permitió que se suscribiera el contrato 001 del 9 de marzo de 1999 de prestación de Servicios Profesionales, Tecnológicos, Técnicos y Personal con experiencia en todas las Secretarías del Municipio, con la Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado en Salud de Girardot, COOSAGIR, por un valor aproximado mensual de $130'000.000.00, presuntamente violando, entre otros, los principios de transparencia, economía y el deber de selección objetiva, por las siguientes razones: a) Aprobó y visó el contrato sin verificar previa a la contratación que se

hubiera adelantado el estudio de conveniencia del objeto a contratar y las necesidades de personal del municipio, a efecto de poder determinar el valor aproximado de la erogación de las disponibilidades presupuéstales y el proceso de selección que debía seguirse, y así dar cumplimiento al principio de economía. b) Aprobó y visó el contrato permitiendo que se omitiera adelantar el proceso de selección a través de concurso público, violando los principios de transparencia y responsabilidad," c) Aprobó y visó el contrato de prestación de servicios en mención cuando su verdadera finalidad es la de servir de intermediario en la contratación de personal en educación, salud y demás áreas de la función pública y así mantener una nómina paralela en el municipio por fuera de la planta de personal, situación vedada para los entes municipales. d) Aprobó y visó el contrato sin verificar plenamente la expedición del certificado de inexistencia de personal idóneo y suficiente en la planta de personal para desempeñar la labor contratada. e) Aprobó y visó el contrato, sin verificar que se invitó a cotizar el 24 de 1999, teniendo como limite para la presentación de las propuestas el 9 de marzo del mismo año, sin constancia de fijación en un lugar visible de la entidad, por un término no menor de dos días; contrariando lo establecido en el Decreto 855 de 1995, en el sentido de que la invitación a proponer debe colocarse por el 5 término no menor de dos días. f) Permitió la ejecución del contrato sin el cumplimiento del requisito establecido en la Ley 80 de 1993, consistente en que para la ejecución se

requiere de la aprobación de la garantía, por cuanto en la visita efectuada al Departamento Jurídico, se anexo vinculación del personal; se determinó que el 10 de abril ingresaron a prestar el servicio 89 personas, con anterioridad a la fecha de expedición de la garantía, única fecha que es posible tomar como referencia, en razón de que de la documentación que fue objeto de decisión en la visita efectuada al Departamento Jurídico, no se encontró la aprobación de la póliza. g) Permitió la ejecución del contrato sin que aprobara la póliza única, requisito indispensable para la ejecución de las obligaciones del contrato de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993 y en el Decreto 679 de 1994. h) Aprobó y visó el contrato sin que contara con el certificado de disponibilidad presupuestal previo. El a quo lo considera probado y no desvirtuado, no acepta el argumento de defensa, relativo a que el contrato No. 001 del 9 de marzo de 1999 cumplió con los aspectos de forma y que el visto bueno lo colocó con el fin de indicar que se llenaban los requisitos exigidos por el alcalde de contratista y precio, pero no los legales. Dado que era obligación de la inculpada verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en la ley y no los exigidos por el alcalde y hacer una revisión no meramente formal, sino analizar sustancialmente y de fondo toda la actuación contractual. El cargo es sumamente claro en indicar el aspecto de certeza de la responsabilidad de la implicada, en la medida que indica la omisión funcional en el cumplimiento del deber al cual estaba obligada la jefe de la oficina jurídica. Las normas señaladas

como infringidas, son las mismas que para los anteriores cargos. Cargo 5: Usted en la calidad indicada aprobó y visó aproximadamente 27 contratos con instituciones educativas con ánimo de lucro, desatendiendo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 77 del 19 de mayo de 1999 celebrado con el Departamento de Cundinamarca, cuyo objeto fue consolidar la educación preescolar y básica en el Departamento -Municipio de Girardot, en el cual se estableció, que los contratos se encontrarían sujetos a la normatividad de la ley 80 de 1993 y también el deber de selección objetiva. En dicho Convenio se le asignó al Municipio de Girardot la suma de 559'539.696.00 para ejecutar e invertir en el mismo, bajo su entera responsabilidad y de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, demás normas vigentes y artículo 8º de la ley 60 de 1993. Obligación que no se cumplió. a) Aprobó y visó los contratos en mención, sin que se hubiera adelantado ningún proceso que garantizara el deber de selección objetiva. b) Aprobó y visó las contrataciones en referencia sin que se contara con los certificados de disponibilidad presupuestal previos 6 Señala el fallador de primer grado que el cargo no es ambiguo en la medida que no se limita a emplear las expresiones aprobó y visó sin sustento de motivación alguno, porque se señalan todas las circunstancias que fundan la afirmación. En segundo término, no se acredito el trámite de un proceso que garantizara el deber de

selección objetiva, como tampoco se allegó el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente y cita como normas infringidas, las mismas que para los anteriores cargos. Cargo 6: Usted en la condición señalada revisó y no prestó la oportuna asesoría jurídica en el proceso de conformación de la Empresa Pública de Aseo Municipal, ERAS, con evidentes irregularidades, de diversa índole, a saber:

1. No contaba el Alcalde Municipal con las facultades debidamente otorgadas por el Concejo Municipal. El Acuerdo número 016 del 8 de julio de 1996, "Por medio del cual se faculta al Alcalde de Girardot, para crear una Empresa Estatal y/o asociarse, o contratar con una compañía nacional o extranjera para la recolección, reciclaje, tratamiento y disposición final de las basuras y se dictan otras disposiciones".

2. Revisó y no prestó asesoría jurídica en el proceso y conformación de la Empresa de Aseo Municipal, presuntamente violando entre otros los principios de igualdad, imparcialidad, publicidad y el deber de escogencia objetiva con fundamento en los cuales se debe desarrollar la función administrativa. a) Revisó y permitió que el proceso de conformación de ERAS, se adelantara sin que se hubieren establecido y dado a conocer previamente, unos procedimientos claros sobre las condiciones que debía cumplir los oferentes que quisieran participar en la conformación de la empresa de aseo municipal, tanto en la parte procedimental, técnica y jurídica de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 7 de la Resolución 03 de 1995 de la Comisión

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

b) De los documentos sin fecha, denominados "Términos de Referencia para el concurso para seleccionar el socio que conforme la empresa de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos para el municipio de Girardot" y "cronograma" para los mismos efectos, se infiere como fechas de apertura y cierre el 13 de abril de 1998, y como condiciones para participar, todas las sociedades y asociaciones que se ajusten al diagnóstico del servicio de aseo de aseo de 60 folios elaborado por el CYPED Ltda., Consultoría y Dirección de Proyectos. c) Mediante la resolución 029 del 20 de abril de 1998, acta de adjudicación, se estableció el orden de elegibilidad, el primer puntaje lo obtuvo el grupo conformado por Ecopijaos y otros. d) Inexistencia de datos sobre informe, donde hayan quedado plasmados los procedimientos y evaluaciones de las propuestas, suscrito por el comité evaluador. Por lo que los oferentes no tuvieron la oportunidad de controvertir los factores de las evaluaciones. Para la Procuraduría Regional de Cundinamarca, el desempeño de la jefatura jurídica del municipio, le exigía el cumplimiento de los deberes asignados al cargo, desde el momento de la posesión, en especial el deber de atender los procesos 7 jurídicos que adelantara la administración, por ende la alegada falta de competencia y conocimiento para su desempeño no la eximen de responsabilidad. Las normas señaladas como infringidas, son las mismas que para los anteriores cargos. Cargo 7: Usted en la calidad indicada aprobó y visó las contrataciones de enero a

diciembre de 1998 y de enero a julio de 1999 sin contar con los certificados de disponibilidad presupuestal previos. Se encuentra probada la falta, por cuanto la autenticidad y veracidad de las declaraciones hechas en el Oficio D.J. 486 del 7 de octubre de 1999, sobre la falta de disponibilidad presupuestal en los contratos que allí se señalan no fue desvirtuada. Las normas señaladas como infringidas, son las mismas que para los anteriores cargos. Las faltas disciplinarias se calificaron en forma definitiva como graves y se imputaron a titulo de responsabilidad con culpa, luego del juicio de valor sobre el actuar típico y antijurídico; y de la actividad intelectiva y volitiva desarrollada por la disciplinada, que hace evidente que actuó en forma negligente, imperita e imprudente y con violación a los reglamentos, con ausencia de circunstancias de atenuación de responsabilidad, pues en la función de la doctora GRIMALDO SUÁREZ, concurría el deber de previsión de evitar que se adelantaran los procesos de contratación en la forma que se hizo, violando los principios establecidos de la selección objetiva y otros señalados en su oportunidad, por lo que la conducta cumple con los elementos intelectivos de la culpa, el conocimiento, la falta de previsión y la confianza en poder evitarlo. Las conductas ejecutadas por la Jefe del Departamento Jurídico de la Alcaldía Municipal de Girardot (Cundinamarca), ocasionaron mal ejemplo a la comunidad, desmedro a la administración y fueron consideradas graves, pues entratándose de procesos contractuales, los procedimientos se encuentran taxativamente consagrados

en la ley, son de orden público y estricto cumplimiento, negando como justificantes las ordenes recibidas por el ordenador del gasto, pues de este modo se aceptaría como normal y generalizada toda pretermisión de la ley bajo el supuesto de recibir órdenes. La sanción impuesta fue de multa equivalente a noventa (90) días del salario que devengaba.

III. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE LA NULIDAD DEL PROCESO Considera la libelista que en el evento de que no se acepten sus argumentos de apelación y no se absuelva a su poderdante, se deberá proceder a decretar (sic) la nulidad del proceso, por la existencia de irregularidades que se pueden resumir así: 8 1.- En la etapa previa a la indagación preliminar.- Porque el Procurador General de la Nación mediante Resolución 009 de septiembre 9 de 1999 autorizó a las asesoras Claudia Garzón y Gloria Cáceres para adelantar audiencia pública en Girardot en cumplimiento de los artículos 62 y 63 de la Ley 80/93 y para tramitar la investigación disciplinaria correspondiente, hasta antes de proferir el fallo de primera instancia como lo contemplan las reglamentaciones internas sobre la materia. Sin embargo, las asesoras antes de proferir el auto de indagación preliminar practicaron visitas especiales a la Oficina de Personal, a la Oficina jurídica y a la Secretaria de Obras Públicas municipales; y recepcionaron declaración a Germán Alonso Amaya, probanzas que luego fueron tenidas en cuenta para la formulación del auto de cargos, no obstante que fueron practicadas antes de la apertura de indagación preliminar.

Así también, porque el artículo 63 de la Resolución 106/98 contempla un trámite posterior a la celebración de las audiencias públicas que en este caso no se surtió, ya que no se corrió traslado de las denuncias de la comunidad a quienes aparecieron implicados en la comisión de conductas antijurídicas. 2.- En la etapa de investigación disciplinaria.- Porque fue irregular la acumulación a esta investigación de los expedientes 025-29120, 025 186499 y 154-31716/99, dado que para la fecha en que se efectuaron las acumulaciones no se cumplían los requisitos de procedibilidad que señala la ley 200, situación que puesta en conocimiento de las asesoras, argumentaron que se trataba de incorporaciones, figura que no existe en el proceso disciplinario. 3.- En la etapa de descargos.- Porque al descorrer traslado a los cargos planteo algunas solicitudes de nulidad que fueron resueltas por las asesoras, negando sus pretensiones, lo que consideró arbitrario y rayano en el prevaricato, pues en su sentir carecían de competencia para resolver su solicitud. También porque negaron la práctica de pruebas solicitadas en defensa de su procurada. 4.- En la etapa posterior al fallo de primera instancia.- Porque no se le notificó la declaratoria de nulidad del fallo de primera instancia, ordenada por este Despacho. DE LA FALTAS PROBADAS Y NO DESVIRTUADAS Con relación al cargo 1 afirma que su defendida nunca aprobó la celebración de los contratos cuestionados, que se limitó a visarlos, esto es, a revisar que vinieran firmados por quienes debían hacerlo, pero que no intervino en la selección de los

contratistas, ni en su adjudicación. A su oficina pasaron sin anexos y firmados por el alcalde y el secretario de Despacho correspondiente. El alcalde desde el inicio de sus administración ordenó a los jefes de cada dependencia elaborar los contratos requeridos en cada Secretaria y verificar la disponibilidad, situación que se materializó en el municipio con la expedición de la Resolución 008/99, que anexó a los descargos. Que los contratos 068 de julio 22 de 1997, 071 del mismo año y 114/99, 063/99, fueron elaborados en despachos diferentes de la oficina jurídica, quedándole imposible desaprobarlos luego de firmados por el superior. Razón por la que no puede afirmarse que actuó en forma negligente. 9 Con relación al cargo 2 manifiesta que los contratos con COINCO no pasaron por la Oficina Jurídica, pues el documento, no lleva su firma y además fue elaborado en otro despacho. Sobre el cargo 3 manifiesta que su apoderada ejercía la representación judicial del municipio ante las autoridades judiciales de Girardot, Fusagasuga y Bogotá, como consta con las resoluciones de desplazamiento, también tenia permiso para hacer una especialización en Bogota, y cuando asistía a la oficina se limitaba a revisar el texto de los contratos, para verificar los requisitos de forma, pues estos eran elaborados por el asistente o asesores externos; y a impartir las ordenes para hacer los avisos de los procesos, ocupaciones que le impedían estar pendiente de todos los contratos que le alcalde ordenaba celebrar. En relación con la falta de pólizas del contrato afirma que estas existían y se

encuentran anexas al expediente. Y que su vida social se desarrollaba en círculos diferentes de los Secretarios de Salud, por lo que desconocía el parentesco de este con el contratista y tampoco estaba en condiciones de conocer que contratos le enviaban al alcalde de cada Despacho municipal. Sobre el cargo 4 acepta que el contrato con COOSAGUIR fue visado en la oficina jurídica, previa selección del contratista por el Alcalde y reunía todos los requisitos legales de acuerdo a su cuantía, pero le resultaba imposible a la sancionada saber cuando se había iniciado su ejecución, pues el contrato era de la Secretaria de Gobierno, como se acredita con las ordenes de prestación de servicios impartidas con posterioridad, que superaron el monto del contrato y hacían exigible la licitación pública y que fueron visadas por una funcionaria de nombre Pilar. Sobre el cargo 5 afirma que no existió irregularidad en la celebración de los 27 contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, pues la Gobernación que fue la que se percato del yerro anexó un otrosí aclaratorio, el cual se ver en el anexo 3 de descargos. Sobre el cargo 6 manifiesta que la oficina jurídica no intervino en la elaboración del contrato, pues como el mismo Alcalde lo señaló al folio 2226 estuvo asesorado por la firma CYDEP Ltda., empresa de consultaría y dirección de proyectos para esta contratación y que solo en forma casual intervino en la elaboración de un acta pero de manera casual, sin que esto le hubiera permitido ninguna ingerencia. Sobre el cargo 7 reitera su afirmación de descargos en el sentido de reconocer que

no existía certificado de disponibilidad presupuestal previo a la realización de los contratos, lo que no significaba que no existiera apropiación presupuestal, que el requisito se constataba previamente por cada secretaria de acuerdo al tipo de contrato, que el aporte del certificado le correspondía al Alcalde, pero no se acostumbraba anexar el documento, sino que telefónicamente se solicitaba información sobre la existencia de la partida presupuestal, porque los encargados del manejo presupuestal consideraron que el artículo 83 de la norma orgánica, solo exigía certificado de registro presupuestal para los actos administrativos y