PGN - NULIDAD SIMPLE - Solicitud del ministerio público de no acceder a nulidad de resoluc

NULIDAD SIMPLE-Solicitud del Ministerio Público de no acceder a nulidad de Resolución del Ministerio del Interior al constatarse ejercicio de potestad reglamentaria de segundo orden de los Ministros En relación con el primer cargo, observa esta Delegada su infortunio, en virtud a que el acto enjuiciado no desatiende el artículo 109 de la Ley 2166 de 2021 sobre su vigencia, habida cuenta que fue el mismo legislador quien conjuró una situación temporal existente con anterioridad a la fecha de vigencia de la norma precitada; vale decir, que por una única vez, para efectos de las elecciones de directivos y dignatarios de la organización comunal (año 2021 – 2022) se realizaría el proceso electoral conforme al cronograma anterior, debido a su aplazamiento con ocasión a la pandemia COVID 19 Con todo, se precisó, que si bien situaciones fácticas sobrevinientes y de fuerza mayor provocaron una modificación respecto de las fechas predispuestas por la norma superior para las elecciones, habida cuenta de su imposible cumplimiento, en el entender del despacho, es en este tipo de circunstancias cuando deviene legitima la facultad reglamentaria de segundo orden del Ministro con la finalidad de conjurar la situación anómala, que en sede legislativa y desde presidencia era imposible remediar con la celeridad y precisión técnica requerida. De otra parte, se concluyó que no era acertado indicar que, a través del artículo 2 del acto enjuiciado se “revivió” la Ley comunal derogada, habida cuenta, que este fue expedido con sustento en la facultad reglamentaria de segundo orden que ostentan los ministros

Frente a los cargos de falsa motivación y expedición irregular, este Ministerio Público, constató su inexactitud, como quiera que la norma que alude a artículos derogados no era el acto enjuiciado sino una norma superior, lo que además era insustancial, pues una interpretación con efecto útil permitía dilucidar que la función asignada al Ministerio de velar porque las organizaciones comunales apliquen los principios que rigen la ley comunal, debía entenderse referida a la nueva ley comunal Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 4 de mayo de 2023. Concepto No. 2023-05-N-068. Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Sustanciadora Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN NO.: 1001-03-28-000-2022-00329-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE (LEY 1437 DE

2011 C.P.A.C.A).

ACTOR: JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ Y OTRO

DEMANDADO: RESOLUCIÓN No. 108 DEL 26 DE ENERO

DE 2022, PROFERIDO POR EL MINISTERIO DEL

INTERIOR.

TRÁMITE: FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: POTESTAD

REGLAMENTARIA DE SEGUNDO ORDEN DE LOS

MINISTROS.

Respetada Magistrada,

Dentro del término concedido mediante auto del 31 de marzo de 20231, procedo a intervenir como agente del Ministerio Público dentro del trámite del proceso de la referencia, en el que se discute la legalidad de la Resolución No. 108 del 26 de enero de 2022, proferido por el Ministerio del Interior.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos relevantes. 1.1.1. Mediante la Ley 743 del 5 de junio de 2002, se fijaron los parámetros de organización y funcionamiento de los organismos de acción comunal y, se determinó el procedimiento de elección de sus directivos. 1 Auto que resuelve excepciones previas, fija el litigio, decreta pruebas y dispone dictar sentencia anticipada.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.2. Con sustento en dicha normativa, el Ministerio del Interior convocó el 22 de septiembre de 2021 mediante la Resolución 1513, a los organismos de acción comunal a escoger a sus dignatarios, estableciendo, entre otras, las reglas para la conformación de los tribunales de garantías electorales y el calendario electoral (artículo 6). 1.1.3. En ese interregno, el 18 de diciembre de 2021 se expide la Ley 2166 que moderniza la normatividad relativa a los organismos de acción comunal, entre otras, el proceso para la elección de sus dignatarios, derogando expresamente la Ley 743 de 2002, que

había servido de base para la expedición de la Resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021. 1.1.4. Se precisa que el artículo 36 de la Ley 2166 de 2021, introdujo nuevas reglas para definir la fecha de elección de los referidos dignatarios, lo que llevó al Ministerio del Interior a proferir el acto acusado, vale decir, la Resolución 108 del 26 de enero de 2022 el cual en su artículo 1º modificó el artículo 6º de la Resolución 1513 del 2021 en cuanto al calendario electoral. 1.1.5. Finalmente, se esgrime que en el artículo 2, el acto demandado, estableció que los demás parámetros eleccionarios contemplados en la Resolución 1513 del 2021, conservaban su vigencia e integridad. 1.2. Cargos de la demanda. 1.2.1. Infracción de norma superior y expedición irregular Se afirma que la Resolución 108 del 26 de enero de 2022, desconoció el artículo 109 de la Ley 2166 de 2021 que dispone sobre su vigencia, indicando que rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga la Ley 743 de 2002 y demás normas que le sean contrarias; ello, por cuanto, en contravía de ese precepto, la Resolución 108 de 2022 dio nuevamente vida a la Ley 743 de 2002, a pesar de su derogatoria expresa, al conservar la integridad y vigencia de la normatividad contenida en la Resolución 1513 de 2021, cuya expedición tuvo como sustento la ley derogada, tal y como se expresó en el artículo 2º del acto administrativo

demandado. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Asimismo, se indicó que, a través del artículo 2 de la Resolución 108 del 26 de enero de 2022, se “revivió” la Ley 743 de 2002, con el mantenimiento de los efectos jurídicos de la Resolución 1513 del 2021, que fue un desarrollo de esa última ley. 1.2.2. Falsa motivación Para los actores el acto administrativo acusado incurrió en esta causal, por cuanto en sus considerandos se hizo alusión a los artículos 3 y 20 de la Ley 743 de 2022, derogados por la Ley 2166 de 2021 que, en su cuerpo, prescribía un listado mucho más amplio de principios, que no se avenía a los esgrimidos en la mencionada Ley 743. Además, se esgrime la utilización del ordinal 1º del artículo 2.3.2.2.27 del Decreto 1066 de 2015, aunque se trataba igualmente de una norma derogada por el artículo 109 de la Ley 2166 de 2021, pues traía a colación algunos mandatos de la Ley 743 de 2002. 1.2.3. Expedición irregular. Este cargo se fundamentó en los mismos planteamientos que sustentan el cargo anterior de falsa motivación. 1.3. Fijación del litigio. De conformidad con la providencia del 31 de marzo de 2023, el despacho de la magistrada

sustanciadora fijó el litigio en los siguientes términos: “Si con la expedición del acto demandado se incurrió en la infracción de las normas superiores en que debía fundarse, esto es, los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 20, 29, 38, 40, 83, 84, 103, 113, 115, 209, 228, 229, 238, 270, 311, 369, y 315 numerales 1, 2, y 3 de la Constitución Política, toda vez que se mantuvo vigente el contenido de la Resolución 1513 del 2021, la cual se fundamentó en la Ley 743 del 2002, normativa derogada por la Ley 2166 de 2021. Si el acto administrativo demandado se encuentra afectado de nulidad por falsa motivación y expedición irregular, toda vez que, en sus consideraciones, se hizo referencia a los artículos 3º y 20 de la Ley 743 del 2002 y 2.3.2.2.2 del Decreto 1066 del 2015, los cuales presuntamente fueron derogados por la Ley 2166 del 2021” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 1.4. Pronunciamiento sobre excepciones previas, decreto de pruebas, fijación del litigio, traslado para alegar de conclusión y sentencia anticipada.

En el precitado auto del 31 de marzo de 2023, luego de considerar procedente acudir a la

figura de la sentencia anticipada, el despacho ponente tomó las siguientes decisiones i) se abstuvo de pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación a la demanda, como quiera que los argumentos giraron en defender la legalidad de acto administrativo demandado, situación que refiere al fondo del asunto -excepción de mérito-, y, por lo tanto, debe ser resuelta en la sentencia. ii) fija el litigio en los términos establecidos con anterioridad. iii) incorpora al expediente con el valor legal que les corresponda los documentos aportados por las partes y requiere al apoderado del Ministerio del Interior, para que allegue de manera efectiva al expediente, la prueba anunciada en la contestación de la demanda, consistente en la comunicación del 23 de diciembre de 2021, suscrita por el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, la cual manifestó constituye el antecedente administrativo del acto demandado, iv) ordena a la Secretaría de la Sección Quinta, correr traslado a los sujetos procesales y demás intervinientes de las pruebas por el término de 3 días, cuando las mismas se encuentren debida e integralmente incorporadas al expediente, v) ejecutoriadas las decisiones anteriores, ordena correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Si bien, no existe un traslado concreto al Ministerio público en la parte resolutiva de este proveído, en el último inciso del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 in fine, se prevé que en “las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público

presentar el concepto si a bien lo tiene”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO.

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sala Electoral, determinar, si es procedente declarar la nulidad del acto censurado; vale decir, la Resolución 108 del 26 de enero de 2022, emitida por el Ministerio del Interior. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 5 Para tal efecto, resulta necesario analizar brevemente i) la competencia de la Sala Electoral en el presente caso, ii) la potestad reglamentaria, iv) la facultad reglamentaria de segundo orden de los Ministerios y, v) el análisis del caso concreto. 2.1.1. Competencia. La Sala Electoral es competente para tramitar este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.12 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021, al tratarse de la nulidad de un acto administrativo expedido por un ministro del despacho el cual ostenta la calidad de autoridad del orden nacional. 2.1.2. La potestad reglamentaria.3 La potestad reglamentaria como atribución constitucional, tiene su origen en el artículo 189 numeral 11 de la C.P. y su finalidad es la ejecución adecuada de las leyes, dentro de los

límites fijados por la Constitución. Sobre el particular, es importante traer a colación la sentencia C-028 de 1997, en la que la Corte Constitucional indicó los límites materiales de la potestad reglamentaria y señaló: "La potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley. Sin embargo, esta facultad no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley, es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador." En la sentencia C-509 de 1999, la Corte Constitucional de forma explícita sobre la facultad reglamentaria, indicó: 2 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1.De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional …”. 3 Este apartado sigue en su integridad el Concepto No. 2022-03-N-029 del 9 de marzo de 2022, Rad. 110010328-000-2022-00011-00.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 "A ese respecto, la Corte afirma que la potestad reglamentaria de las leyes, que se ha confiado al Presidente de la República, puede ser ejercida por éste en cualquier momento, con la sola restricción que le impone la propia Carta -y que es de índole sustancial-, consistente en que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y efectividad de la ley".

Términos que fueron acogidos en las sentencias C-512 de 1997; C320 de 1999 y C-1005 de 2008, en las que quedó estableció que la facultad reglamentaria no es absoluta, por cuanto encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley. En ese sentido, no se puede alterar o modificar el contenido y espíritu de la ley; reglamentar leyes que no ejecuta la administración; ni reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al legislador, por cuanto dicha potestad reglamentaria se caracteriza por ser un atributo indispensable para que la administración cumpla su función de ejecutar la ley de manera adecuada. Esa atribución constitucional tiene una condición especial, pues está supeditada al principio de reserva de ley material; esto es, a la existencia de un dominio exclusivo de regulación por parte del Congreso mediante lo dispuesto en la Ley, lo cual implica: i) que el legislador

no puede renunciar a su potestad legislativa en favor de una autoridad administrativa y ii) la autoridad administrativa no puede asumir las facultades que constitucionalmente le han sido conferidas al legislador. Sobre el particular, también se ha pronunciado el Consejo de Estado, en el sentido de señalar las reglas que se deben tener en cuenta al momento de ejercer la potestad reglamentaria: “Respecto a esta potestad, se han identificado las siguientes características: i) Conlleva el ejercicio de una función administrativa. ii) Tiene como propósito precisar y detallar la ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente. iii) Finaliza con la expedición de actos de carácter general y abstracto, los cuales, en el caso del Presidente de la República, reciben el nombre de decretos reglamentarios. iv) El acto que resulta no es una nueva ley, sino un acto complementario de esta. v) Promueve la organización y el funcionamiento de la administración. vi) Representa un mecanismo de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo. vii) Facilita la inteligencia y entendimiento de la ley por parte de la administración y los administrados. viii) No puede ejercerse en el caso de materias que deben necesariamente regularse a través de una ley. ix) No es absoluta, en virtud de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 encontrarse Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 limitada. En esta dirección, la jurisprudencia ha señalado que no es posible ejercer la potestad reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su ejecución (límite por necesidad). Asimismo, se ha indicado que entre más detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar la norma. En el mismo sentido, entre menos detallada sea la ley, mayor será el campo de actuación del Ejecutivo. Con todo, el límite más importante para el ejercicio de la potestad reglamentaria es su subordinación a la ley, tanto desde el punto de vista jerárquico como sustancial. En consecuencia, a través de la potestad reglamentaria no es posible ampliar, restringir, modificar o contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia), así como tampoco limitar o impedir la realización de los fines perseguidos por esta. Por ende, en el ejercicio de su función reglamentaria, el Ejecutivo no puede adicionar nuevas disposiciones”.

No obstante lo anterior, si bien la potestad reglamentaria por disposición constitucional le corresponde al Presidente de la República y tien sus límites en la condición jerárquica y sustancial de la ley; eso no quiere decir que las demás autoridades administrativas dentro de su ámbito de competencia y nivel de subordinación jerárquica y normativa, no puedan

adoptar medidas de carácter general a fin cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a su cargo. En efecto, como lo que se busca es convertir en realidad lo establecido en la ley, se deben utilizar los mecanismos administrativos para materializar el contenido normativo; esto es, “el enunciado abstracto de la ley… [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real” (C805 de 2001). Lo que se traduce en la conexión entre la potestad reglamentaria y la expedición de decretos, resoluciones o circulares, las cuales se pueden tornar imprescindibles para la ejecución de la ley. Por un lado, Corte Constitucional en la sentencia C917 de 2002 y luego en la providencia C-1005 de 2008, ha reconocido a los organismos y a las autoridades que, en la jerarquía administrativa, suceden al Presidente de la República, una cierta competencia regulativa, de carácter residual, accesorio o auxiliar, que los habilita para insertar la voluntad del legislador en las últimas posibilidades de aplicación de la norma general. En escala sería de la siguiente manera: el presidente de la República expide criterios para la debida observancia de la voluntad del legislador y la autoridad subordinada debe emitir la regulación para concretar esa determinación. En otros términos, se procede desde los Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 9 aspectos más amplios, a las consideraciones, aplicaciones y detalles concretos por el ejecutor. V.gr. Los ministros. Por otro lado, la Corte Constitucional también legitimó la posibilidad que la rama legislativa con un lenguaje amplio le reconozca a la autoridad administrativa competente un margen suficiente para el desarrollo específico de algunos de los supuestos definidos en la ley, con el propósito de concretar la aplicación de ciertos preceptos legales a circunstancias diversas y cambiantes. Siendo consecuente con la esencia de un Estado regulador, como lo es el Estado de Derecho (C-265 de 2002). De forma más clara y específica se pronunció en la sentencia C1005 de 2008, donde reconoció que existían ciertas competencias de regulación para órganos administrativos diferentes, inclusive, de los ministros del despacho. Sobre el particular, expuso: “En apoyo de su punto de vista ha traído la Corte a colación el pronunciamiento elaborado por el Consejo de Estado de conformidad con el cual el Presidente de la República es, ciertamente, el titular constitucional de la potestad reglamentaria, pero ello no quiere decir que dentro de su ámbito de competencia y nivel de subordinación jerárquica y normativa, las demás autoridades administrativas no pueda adoptar medidas de carácter general a fin cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a su cargo, de donde, como titulares de autoridad administrativa, están investidas de las facultades o potestades propias de la administración, dentro de las cuales está justamente la reglamentaria. De allí que los actos administrativos generales pueden

emanar de cualquier autoridad administrativa, en lo que concierna a los asuntos a su cargo” (C-1005 de 2008). La fuente de dicha argumentación es una sentencia expedida por el Consejo de Estado en el año 2000. En aquella, en los mismos términos expuestos por el Tribunal Constitucional, expone que, si bien el Presidente de la República gozaba de la facultad reglamentaria, conforme con las disposiciones constitucionales, también resultaba claro que las demás autoridades administrativas podían adoptar regulaciones acordes a sus competencias, con el fin de cumplir con lo mandado por reglas superiores. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 Así las cosas, se puede concluir lo siguiente:

1. La tarea de regulación dentro del Estado colombiano inicia con la facultad del Presidente de la República para reglamentar las leyes, de conformidad con el artículo 189 numeral 11 de la Constitución. ii. La función de regulación se puede entregar por la Constitución o por el Legislador a otras entidades u órganos, los cuales pueden expedir actos administrativos para reglamentar áreas de su competencia, siempre y cuando se sometan a los criterios del legislador y lo dispuesto por la Constitución. iii. Los Ministerios tiene facultad de regulación, la cual tiene como frontera la existencia previa de un contenido material o legal que pueda ser regulado, inclusive, trazado por el Legislador o por el Presidente de la República en el marco

de su potestad reglamentaria, sumado a la observancia subsiguiente de la legislación y la Constitución. 2.1.3. Potestad reglamentaria derivada o de segundo grado de los Ministerios. Sin perjuicio de lo mencionado con anterioridad, sin mayores elucubraciones, se advierte que la misma Carta en el artículo 208 establece la potestad reglamentaria en cabeza de los ministros, al preceptuar que “Los ministros, bajo la dirección del Presidente de la República están autorizados para dictar normas de carácter general, en ejercicio de la potestad reglamentaria, es decir, fijar la políticas atinentes a su Despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. La Sección Primera4 del Consejo de Estado ha precisado que la potestad reglamentaria que ostentan los Ministerios es derivada o de segundo grado y se ejerce, en todo caso, frente a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, con criterio residual y subordinado. 4 En Sentencia del 29 de julio de 2010, dictada en el proceso con radicación núm. 11001-03-24-2002-00249-01, C.P. Rafael

E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 “[R]esultaría absurdo pretender que el Presidente de la República estuviese obligado a

ejercer de manera personal y directa sus facultades reglamentarias en todos y cada uno de los ámbitos de la gestión pública. Ante esta realidad incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y estrategias de descentralización, delegación y desconcentración, así como la conformación de sectores y de sistemas sectoriales de gestión se hace imprescindible para garantizar el correcto desempeño de la administración pública. En ese sentido, desconocer a los Ministros la facultad de expedir reglamentaciones en materias que son propias de sus Despachos, resultaría contrario a los principios de racionalidad, celeridad, eficacia y economía previstos en el artículo 209 de la Carta y a los lineamientos de la Ley 489 de 1998. Al fin y al cabo y como bien se anota en la precitada providencia5: “El principio del efecto útil de las normas obliga a desechar esa interpretación pues de acogerse, se haría nugatoria la competencia que constitucionalmente corresponde a los Ministros conforme al artículo 208 de la Constitución. Una interpretación contraria produciría la hipertrofia de la administración, haría ineficiente la toma de decisiones, e impediría al Ministro del ramo desempeñarse como jefe de la administración en su respectiva dependencia. La Administración Pública requiere día a día de una más ágil capacidad para satisfacer las demandas ciudadanas. Ello supone que el proceso de toma de decisiones y de ajuste a las condiciones cambiantes de las políticas públicas se haga a través de procedimientos ágiles”. A este respecto, resulta pertinente reiterar las consideraciones prácticas que expuso la Sala en la sentencia citada:

“A la anterior justificación jurídica, no está demás agregar las de tipo práctico, tales como la necesidad de que quien tiene a su cargo la dirección de las actividades de aplicación y cumplimiento de las normas aduaneras, pueda impartir las instrucciones generales y las interpretaciones que las circunstancias requieran, con la oportunidad y la agilidad que la situación lo amerite. Además, dada la inmediación y el dominio técnico jurídico que de manera especial se presume de quienes tienen a cargo el manejo directo de tales asuntos, se entiende que son las autoridades más idóneas para impartir esas instrucciones. Se sale de los parámetros y principios de la administración moderna y de la complejidad del Estado colombiano, pretender que aún este tipo de reglamentación deba ser expedido por el Presidente de la República, más cuando son tantas las materias y los niveles jerárquicos en que ello se requiere, que generaría una concentración y dilación a todas luces contraria a los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, para cuyo cumplimiento, justamente, el mismo artículo prevé los mecanismos de la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” (Las negrillas son propias del texto) En síntesis, ha dicho la jurisprudencia de la misma sección6 que el ministro del ramo está facultado para dictar reglamentos o actos administrativos de contenido general en los asuntos 5Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, rad. 11001-03-24-000-2002-00254-01, Sentencia del 13 de septiembre de 2007.

6 Sección Primera, CP Guillermo Vargas Ayala, Rad. 11001-03-24-000-2010-00119-00, Sentencia del 20 de noviembre de 2014. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 de su competencia, “con sujeción a la ley y al reglamento y sin rebasar el ámbito de regulación normativa de una y otro”. 2.1.4. Análisis del caso concreto.

El actor depreca la nulidad de la Resolución 0108 del 26 de enero de 2022, expedida por el Ministerio del Interior “por la cual se modifica el artículo 6 de la Resolución 1513 del 22 de septiembre de 2021 y se dictan otras disposiciones sobre la elección de Dignatarios y Directivos de los Organismos de Acción Comunal”, por los cargos de i) infracción de norma superior en que debía fundarse,7 al mantener vigente el contenido de una regulación8 fundamentada en la Ley 743 del 2002, normativa derogada por la Ley 2166 de 2021, ii) falsa motivación y expedición irregular, habida cuenta que en su motivación se alude a una normatividad9 derogada por la Ley 2166 del 2021. De entrada, en términos similares a los expuestos al descorrer la solicitud de medida cautelar,10observa esta Delegada precipitación en los cargos planteados en virtud a que la Resolución 108 del 26 de enero de 2022, no desatiende el artículo 109 de la Ley 2166 de

2021, como quiera que esta nueva ley comunal, luego de actualizar los lineamientos para la formulación e implementación de la Política Publica de los Organismos de acción comunal y de sus afiliados, y delimitar en su artículo 36 que a partir del 2021 la elección de dignatarios se llevarían a cabo un año antes de la elección de corporaciones públicas territoriales, determinó transitoriamente lo siguiente: “Parágrafo transitorio. Para efectos de las elecciones de directivos y dignatarios de la organización comunal, en el año 2021 - 2022 se realizará por única vez el proceso electoral conforme al cronograma previsto en el artículo 6 de la Resolución 1513 del 22 de septiembre del 2021, debido al aplazamiento de este proceso con ocasión a la pandemia COVID 19 ". (Lo resaltado es nuestro) Así las cosas, como se aprecia, fue el mismo legislador quien reguló una situaciones temporal existente con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 2166 de 2021; vale decir, que por una única vez, para efectos de las elecciones de directivos y dignatarios de la organización comunal, en el año 2021 - 2022 se realizará el proceso electoral conforme al cronograma 7 Se señalan transgredidos los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 20, 29, 38, 40, 83, 84, 103, 113, 115, 209, 228, 229, 238, 270, 8 Resolución 1513 del 2021. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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