PGN - NULIDAD - Sólo es viable decretarse hasta antes de proferir fallo de segunda instanc

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-110417-2004 Disciplinado y/o investigado Hernán Román Calderón Cargo y entidad Presidente Telecom Quejoso De Oficio Fecha Queja X-2002 Fecha Hechos Agosto 2002 Asunto Fallo Primera Instancia Bogotá, 6 de marzo de 2007

I. ASUNTO.

Perfeccionada la investigación disciplinaria radicada con el número 162-110417 adelantada contra el doctor HERNÁN ROMÁN CALDERON, en calidad de Presidente de Telecom, y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación, procede éste Despacho a proferir fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES: De oficio y con base en la queja presentada por la Gerente Departamental de la Empresa de Telecom, esta Delegada ordenó el 16 de diciembre de 2004, apertura de investigación disciplinaria, contra el doctor HERNÁN ROMÁN CALDERON, en su condición de Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones –Telecom-, por las presuntas irregularidades en la que éste pudo incurrir al decretar la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada contra JESUS CORONADO ROMERO, la cual ya había culminado con fallo de primera instancia debidamente ejecutoriado (folio 32 y

siguientes del cuaderno original No.1). La notificación de la aludida decisión se ordenó por este Despacho a través del auto de fecha junio 22 de 2005 (folio 128 del cuaderno original No.1). Posteriormente mediante decisión calendada el 24 de noviembre de 2005 se

formularon cargos en contra del implicado (folios 135 y siguientes del cuaderno original No.1), la cual fue notificada al disciplinado, quien dentro del término legal presentó sus descargos –enero 30 de 2006- (folios 151 y siguientes del cuaderno original No.1). Mediante auto de fecha septiembre 13 de 2006 se dispuso correr traslado para efectos de presentar los alegatos de conclusión (folios 162 y siguientes del cuaderno original No.1), decisión que fue notificada por estado el día 19 del mismo mes y año. El implicado no compareció a la notificación personal y tampoco presentó alegatos de conclusión.

III. CARGOS: Mediante auto de fecha noviembre 24 de 2005, se formuló el cargo único en contra

de HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, que textualmente dice: “Cargo Único: 1 En la investigación disciplinaria adelantada en el expediente No. 41001355-2002, contra el servidor público JAIRO DE JESUS CORONADO ROMERO, mediante fallo de fecha julio 30 del mismo año, se le impuso como sanción disciplinaria la terminación del contrato de trabajo, celebrado con la empresa de Telecomunicaciones – TELECOM -, decisión que se dio a conocer y se notificó mediante audiencia pública llevada a cabo el 2 de agosto de 2002, contra la cual no se interpuso recurso alguno, quedando legalmente ejecutoriada según constancia allegada, el 5 de agosto de 2002. No obstante lo anterior, en su condición de Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones –TELECOM-, el día 12 de agosto de 2002, procedió a decretar

la nulidad dentro del expediente No. 41001355-2002, a partir inclusive del fallo que impuso como sanción disciplinaria la terminación del contrato del implicado JAIRO DE JESUS CORONADO ROMERO, a sabiendas que a dicha acción sólo hay lugar en el curso de la actuación disciplinaria, acorde con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley 734 de 2002, procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la misma Ley hasta “antes de proferirse el fallo definitivo” y para el caso, dicho momento procesal ya se había consolidado, por cuanto el fallo proferido se hallaba debidamente ejecutoriado. Los requisitos de la solicitud de nulidad, la declaratoria oficiosa, las causales y efectos de la misma, definidos en los artículos 146,144, 143 y 145 de la ley 734 de 2002, respectivamente, determinan inequívocamente que la finalidad de la aludida acción es la de corregir y reponer la actuación disciplinaria, cuando hubiere lugar a ello, a partir del momento en que se presente la causal, salvaguardando las pruebas allegadas y practicadas legalmente. Por consiguiente, la legitimidad de la acción nulidad está condicionada a diversos presupuestos, tales como la existencia de la acción disciplinaria y a que no se haya proferido fallo definitivo, los cuales al parecer no estaban satisfechos en la actuación, materia de cuestionamiento en el presente caso, por cuanto existía un fallo de primera instancia debidamente ejecutoriado, respecto del cual no se interpuso recurso alguno. En las circunstancias descritas al funcionario competente, solamente le resultaba

viable determinar si se daban o no los supuestos legales para la revocatoria directa de la decisión y proferir el fallo sustitutivo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la ley 734 de 2002 y en el parágrafo del artículo 123 de la misma ley. Las exigencias presupuestales que se deben satisfacer para efectos de la acción de nulidad y de la revocatoria, no sólo son diferentes sino claras y precisas, por cuanto el contenido de las normas que las regulan, es explícito, por ende no da lugar a interpretaciones extensivas ni restrictivas. Aunado a ello la nulidad se contrae a un acto de carácter declarativo, que origina nuevas actuaciones jurídicas, en tanto que la revocatoria es un acto de naturaleza constitutiva, derivada de la discrecionalidad que tiene la propia administración, para el retiro definitivo de una decisión que ha producido efectos generales o individuales, concretos y personales; por lo tanto la nueva situación jurídica, que se crea como consecuencia de la revocatoria directa, se torna perdurable por cuanto el acto revocado no producirá más efectos en el futuro. 2 El acto a través del cual se profirió la nulidad, al parecer, no solo desconoció requisitos inherentes a dicha acción, sino que además conllevó la obstrucción del cumplimiento del fallo que había determinado la desvinculación del servidor público JAIRO DE JESÚS CORONADO ROMERO, como consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta, en calidad de Auxiliar de Telecomunicaciones de TELECOM, puesto que según la prueba allegada, este permaneció en el cargo hasta cuando presentó su renuncia, como consecuencia del reconocimiento de pensión de

jubilación decretado a partir del 30 de noviembre de 2003” (folios 137 y 138 del cuaderno original No.1). Los hechos descritos se tipificaron como falta disciplinaria en los artículos 34, numerales 1, 2, y 35 numeral 1 y 24 de la ley 734 de 2002, que en lo pertinente dicen: “Artículo 34. DEBERES Numerales 1 “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución....las leyes....2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que....implique abuso.” Artículo 35. PROHIBICIONES Numeral 1 “Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución...las leyes... 2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas. 24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución” Pruebas: El cargo único endilgado al implicado se soportó en las siguientes pruebas: -Copia del fallo de primera instancia, de fecha 30 de julio de 2002, proferido en expediente No. 41001355-2002, contra JAIRO DE JESUS CORONADO ROMERO, mediante el cual el Gerente Departamental de Telecom Huila, le impuso como sanción la terminación del contrato de trabajo celebrado en calidad de Auxiliar de

Telecomunicaciones de Telecom (folios 99 a 120 del cuaderno original No.1) -Copia de la audiencia pública llevada a cabo el dos de agosto de 2002, diligencia en la que se dio a conocer y se notificó el citado fallo, en la cual no estuvo presente el implicado ni su apoderado (folio 123 al 126 del cuaderno original No.1) -Copia de la constancia de ejecutoria del fallo de fecha julio 30 de 2002, proferido en el expediente No. 41001355-2002, notificado por estrado en la audiencia pública llevada a cabo el 2 de agosto del mismo año, respecto de la cual no se interpuso recurso alguno (folio 127 del cuaderno original No.1) -Copia de la resolución No 0298, de agosto 12 de 2002, mediante la cual el doctor HERNAN ROMÁN CALDERÓN, declaró la nulidad de “todo lo actuado a partir inclusive de la providencia del treinta (30) de julio del año en curso” dentro de la 3 actuación contenida en el expediente radicado con el No. 41001355, adelantado contra JAIRO DE JESUS CORONADO ROMERO; así mismo ordenó “la reinserción de la solicitud de revocatoria directa al expediente para que valorada por la administración una vez se reponga la actuación que vulnera el derecho de defensa” (folio 97 del cuaderno original No.1) -Copia del oficio de fecha noviembre 6 de 2003, por medio del cual el señor JAIRO DE JEÚS CORONADO ROMERO, renunció al cargo de AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES I, como consecuencia del reconocimiento de su pensión

de Jubilación (folio 86 del cuaderno original No.1) -Copia de la Resolución No. 2270 de fecha octubre 8 de 2003, mediante la cual el Ministerio de Protección Social reconoció la pensión de jubilación al señor JAIRO DE JESÚS CORONADO ROMERO (folios 87 al 90 del cuaderno original No.1) Al rendir los descargos el implicado no solicitó pruebas y ésta Delegada tampoco ordenó de oficio ninguna, por lo tanto las mismas serán apreciadas integralmente y valoradas conforme a la sana crítica del testimonio, para efectos del fallo que se adoptará conforme a derecho.

IV. DESCARGOS: El implicado HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, al rendir sus descargos acepta haber suscrito el acto administrativo que decretó la nulidad, el cual es materia de reproche, señalando que “contaba con profesionales encargados de…preparar los proyectos de resolución de segunda instancia y que pasaban a consideración del Presidente de la Empresa…Esa organización me daba la confianza y garantía de que los actos administrativos que me presentaban a consideración cumplían con los requisitos legales…Quiero reiterarle que no soy abogado y por tal razón me apoyé en la estructura antes mencionada y basado en el principio de confianza en los funcionarios competentes e idóneos que me asesoraban…Si como lo califica usted señor Procurador expedí un “acto inoportuno”, mi intención…no fue violar la ley “

(folio 155 del cuaderno original No.1). “…De otra parte si cometí un error al expedir la resolución tantas veces mencionada

y la nulidad fue inoportuna, como lo señalé anteriormente, este acto se expidió precedido de buena fe…” (folios 156 bis del cuaderno original No.1). “…es importante señalar que tengo bien presente las circunstancias en que se presentaron en relación con los hechos objeto de la investigación, más no los argumentos jurídicos por los cuales se acudió a declarar la nulidad…” (folio 157 del cuaderno original No.1). Informa el implicado que recuerda que los motivos por los cuales se profirió la aludida resolución de nulidad, estaban soportados en que muchos funcionarios de Telecom que trabajaban en los cerros en los cuales se encontraban instaladas las torres de Telecom, fueron objeto de amenazas, razón por la que muchos fueron trasladados de sus sitios de trabajo, circunstancias que llevaron a concluir que la denuncia presentada por el señor JAIRO DE JESÚS CORONADO no era falsa. Además en la investigación adelantada contra el mencionado trabajador quien prestaba sus servicios en la Empresa de Telecom, no se tuvo en cuenta que se 4 había trasladado a Bogotá para informar sobre los hechos relacionados con las amenazas, por ende se violó el debido proceso al declarar el abandono de su cargo e imponerle sanción, razón por la cual no se podía tolerar esa injusticia por lo tanto si el acto fue inoportuno “su objetivo fue lícito, no medió el dolo o la intención de ocasionar un daño…por el contrario obre de buena fe…” (folio 160 del cuaderno original No.1).

V. DEL TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 92 de la ley 734 de 2002, ésta Delegada mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2006, dispuso correr traslado del proceso a los sujetos procesales, para efectos de la presentación de los alegatos de conclusión (folio 162 del cuaderno original No.1). En virtud de lo anterior la dependencia de la Procuraduría General de la Nación, encargada de surtir las notificaciones, libró las correspondientes citaciones a las direcciones suministradas por el implicado (folios 166 y 167 del cuaderno original No.1), sin embargo no fue posible la notificación personal, por cuanto no compareció, y, en consecuencia se notificó la citada decisión por Estado (folio 168 del mismo cuaderno). Así pues, el único medio de defensa que utilizó el implicado fue el escrito de descargos, a través del cual consignó los argumentos probatorios y jurídicos en los que sustentó sus exculpaciones, las cuales serán objeto de análisis, al momento de la valoración integral de la prueba.

VI. DEL FACTOR DE LA COMPETENCIA: No obstante que los hechos materia de la presente investigación son de carácter administrativo, ésta Delegada tiene la facultad para proferir el fallo que en derecho corresponde, en virtud de la competencia especial asignada por el señor Procurador General de la Nación en proveído de fecha septiembre 22 de 2004 (folio 29 del

cuaderno original No.1).

VII. CONSIDERACIONES Para efectos de imponer sanción disciplinaria, debe estar probada la materialidad de la infracción y responsabilidad del implicado, por consiguiente demostrada la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que conllevan a imponer la sanción

respectiva, en virtud de la certeza de que el resultado del cual depende la existencia del hecho imputado es consecuencia de la conducta de acción o de omisión que se le endilga al disciplinado. De la apreciación integración de las pruebas allegadas en el curso de la investigación, y de la valoración de las mismas se determina fehacientemente la existencia de los hechos que dieron origen a la investigación y que conllevaron a la formulación del cargo único atribuido al implicado HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, en su condición de Presidente de la Empresa Telecom, así como también la culpabilidad de éste frente a los mismos, por consiguiente se fundamenta en ellas la decisión a través de la cual se impone la respectiva sanción, como consecuencia del correspondiente fallo sancionatorio. Esta Delegada procede para tal efecto a analizar 5 y determinar la existencia de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad del implicado, en los términos siguientes: Tipicidad de la falta disciplinaria: La tipicidad es un elemento del hecho irregular, que constituye un requisito imprescindible para imponer sanción disciplinaria, por cuanto nadie puede ser castigado por una conducta que al momento de su realización no esté tipificada como falta (artículo 4 de la ley 734 de 2002). En el presente caso, la falta que se endilga al doctor HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, en su condición de Presidente de la Empresa de Telecom, deriva del acto administrativo del cual da cuenta la Resolución 0298, que en tal condición profirió el 12 de agosto del año 2002 (folio 97 del cuaderno original No.1), a través del cual

decretó la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada contra JAIRO DE JESÚS CORONADO ROMERO, en calidad de trabajador de la referida Empresa, que había culminado con fallo sancionatorio (folios 99 a 120 del cuaderno original No.1) debidamente ejecutoriado, según constancia que obra a folio 127 del mismo cuaderno, pruebas que demuestran con certeza la materialidad de los hechos y que determinan por lo tanto que no era viable la nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la ley 734 de 2002. Por consiguiente, el implicado incurrió en la prohibición legal de incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución, tipificada en el artículo 35, numeral 24 de la ley 734 de 2002, norma ésta que le fue citada en el correspondiente auto de cargos. Pues inequívocamente está demostrado que al proferir la nulidad de la actuación procesal, que se hallaba ejecutoriada y que daba cuenta del proceso disciplinario adelantado contra JAIRO DE JESUS CORONADO ROMERO, se incumplió la decisión final a través de la cual se había proferido en su contra el fallo que determinó como sanción la terminación del contrato de trabajo, obstaculizando así la ejecución del mismo, por cuanto el citado trabajador continúo laborando hasta su retiro en condición de pensionado en el año 2003 (folio 83 del cuaderno original No.1).

Antijuricidad de la conducta: En desarrollo del sentido general de lo antijurídico desde el punto de vista represivo,

legalmente se definen los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y de quienes en calidad de particulares cumplen funciones públicas, por ende su desconocimiento ubica al autor en el campo de una conducta irregular. Cuando se ejecuta una conducta que se tipifica como falta disciplinaria hay una antijuridicidad específica que conlleva la aplicación de una sanción, sin embargo existen conductas justas, las cuales hacen parte de las descripciones de las causales de justificación, cuyos comportamientos no sólo son tolerados sino reconocidos como justificables y por ende en ellos no hay nada indebido. En torno a la conducta que se le endilgó al doctor HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, se reitera está tipificada la falta disciplinaria fundamento del auto de cargos, y el comportamiento constitutivo de la misma es injusto y reprochable por ende no se estructura respecto de él ninguna causal de justificación, razones jurídicas por las 6 que se concluye que el comportamiento del disciplinado afectó el deber funcional sin justificación alguna (artículo 5 de la ley 734 de 2002); y, por ende está determinada inequívocamente la ilicitud sustancial de la conducta endilgada al implicado, respecto de la cual se ha demostrado con certeza su materialidad. De la culpabilidad del implicado: Mientras que la antijuridicidad se refiere a las causales que desde el punto de vista externo de la conducta la justifican, la culpabilidad se contrae a analizar el interior de la misma, para efectos de la búsqueda del elemento sujetivo de la infracción, cuyo fundamento esencial se advierte en el conocimiento del hecho y en la voluntad de realizarlo, a partir de la capacidad que tiene el sujeto disciplinable para ejecutar el

acto que le imputa, como ocurre respecto del doctor HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, de quien no es predicable ningún estado de inimputabilidad. La resolución calendada el 12 de agosto de 2002, mediante la cual el aquí implicado decretó la nulidad de una actuación procesal que había culminado, y, cuyo fallo definitivo se hallaba ejecutoriado, permite inequívocamente colegir que el doctor HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, desconoció intereses protegidos por el ordenamiento estatal y que son constitutivos de un “bien Jurídico”, como en efecto lo es el deber funcional que le prohibía de manera expresa “incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución” . En efecto el artículo 144 de la ley 734 de 2002, imponía de manera contundente hasta que momento procesal dentro de una actuación disciplinaria puede decretarse su nulidad, señalando concretamente que es viable hasta antes de proferir fallo de segunda instancia; de modo que, proceder como aconteció en el caso que originó la presente investigación, a proferir acto administrativo el 12 de agosto de 2002, a través del cual se dispuso la nulidad de la actuación disciplinaria, cuando ya había hecho tránsito a cosa juzgada la decisión final, que ordenó como sanción la terminación del contrato del trabajador JAIRO DE JESÚS CORONADO ROMERO, conlleva indudablemente al incumplimiento de la misma, obstaculizando por consiguiente su ejecución, pues conforme a la resolución No. 2270 de octubre 8 de

2003, CORONADO ROMERO permaneció laborando hasta su retiro por pensión. Pruebas éstas que constituyeron el soporte del cargo único endilgado al implicado (folio 138 del cuaderno original No.1). La voluntad tiene una finalidad que se llama intención, por ello no se pueden apartar la una de la otra, porque inevitablemente la primera es intrínseca al fin, siendo necesario determinar para efectos de la responsabilidad disciplinaria, la existencia de la voluntad o intención para concluir si el comportamiento endilgado al implicado fue realizado a título de dolo o culpa, para lo cual imprescindiblemente es necesario analizar los motivos, las circunstancias, los fines etc., que condujeron al resultado de la conducta materia de reproche. En el caso subjúdice, es claro que el implicado en su condición de Presidente de la Empresa de Telecom, suscribió el acto administrativo, por medio del cual indebidamente declaró la nulidad de una actuación procesal, que conforme a las razones analizadas ya había hecho tránsito a cosa juzgada, comportamiento éste que inclusive acepta el disciplinado, en forma calificada, por cuanto si bien señala que ocurrió, también lo es que dijo no ser abogado y que confió en la asesoría de los 7 funcionarios encargados de proyectar y revisar las decisiones que entraban a su Despacho, entre ellas, el acto administrativo soporte del comportamiento materia de reproche, concluyendo que evidentemente se incurrió en un error al declarar la nulidad, pero que tal actuación la ejecutó de buena fe, por ende sin el ánimo de

menoscabar los deberes funcionales. Las exculpaciones del implicado, rendidas al presentar los descargos, no lo relevan de su responsabilidad administrativa como Presidente de la Empresa Telecom, por cuanto la nulidad objeto de cuestionamiento, se emitió contraviniendo claramente lo dispuesto en el artículo 144 de la ley 734 de 2002, y si bien es cierto no es abogado, también lo es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, distinto es que dicha circunstancia pueda ser considerada, para efectos de determinar finalmente la gravedad de la falta y grado de culpabilidad, calificados provisionalmente en el auto de cargos, cuyos factores inciden directamente en la tasación de la sanción disciplinaria, empero, no en la exoneración de responsabilidad, derivada de su culpa por asunción. Alega el disciplinado un error invencible, sin embargo, tenía el deber de informarse jurídicamente ante la existencia de una norma legal que regulaba la procedencia de la nulidad, y a pesar de la norma expresa la contrarió, sin que aparezca prueba de cual fue su diligencia y esfuerzo en enterarse sobre l legalidad del asunto, por ello su falta de esfuerzo, o de diligencia (valga la redundancia) hace que su error fuera superable y por ello actuó con culpa, porque el error era vencible. La culpa por asunción, ha señalado el doctor Edgardo Maya Villazón, “bien sirve como herramienta para la solución de los casos, en los cuales los servidores públicos tratan de ampararse en su propia negligencia en el conocimiento, y así con el

argumento de su ignorancia, pretenden justificar los desmedros sufridos por el bien general…” “La culpa por asunción implica así, que quien asume voluntariamente el reto de administrar lo público, se sabe competente e idóneo para ello, de suerte que la afectación sustancial del deber funcional, cuyo origen se encuentra en la ignorancia normativa, puede ocasionar responsabilidad disciplinaria” “…se respetan los principios constitucionales de dignidad humana y culpabilidad, al excluirse la responsabilidad objetiva, pero se advierte al Servidor que la simple negligencia en conocer e informarse suficientemente sobre los deberes de su cargo – lo que acarrea ignorancia de los mismosfundan su posible responsabilidad disciplinaria” “Así las cosas, el CDU asienta la idea de que el servicio público en cuanto condición de subsistencia del Estado social de derecho, precisa de personas suficientemente idóneas y capacitadas y que, por lo mismo, quien aspire a defender, propiciar o proteger intereses ajenos, puede incurrir fácilmente en responsabilidades de tipo disciplinario, por su nuda negligencia en conocer sus deberes” (Dogmática del derecho disciplinario del doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, tercera edición, Diversidad Externado de Colombia, año 2004, página 369). Argumentó el implicado que los motivos que condujeron a declarar la nulidad, se derivaron de la violación del debido proceso en la actuación disciplinaria que se adelantó contra JAIRO DE JESÚS CORONADO ROMERO, quien fue afectado por las amenazas de la guerrilla existente en la región donde laboraba como trabajador de Telecom, razón por la que no asistió a su lugar de trabajo, por ende injustificable

la decisión de sancionarlo con la terminación del contrato. 8 Al respecto, se tiene que el aspecto de las amenazas, fue materia de análisis en el fallo que le impuso la sanción al señor CORONADO ROMERO (folios 112 y siguientes del cuaderno original), las cuales no fueron objeto de recibo, considerando que en el actuar del allí disciplinado se presentaba el abandono del cargo de manera injustificada. De modo que, no hay lugar a predicar violación del Debido Proceso, como consecuencia del desconocimiento de hechos constitutivos de fuerza mayor, derivados de las amenazas de las que se dijo fue víctima CORONADO ROMERO, porque tales hechos no fueron ajenos a la actuación disciplinaria que se adelantó en su contra, contrario sensu, se controvirtieron y se desestimaron. Por las razones anotadas, quedan sin soporte los motivos de justificación en los que se pretendió justificar la declaratoria de nulidad, dado que la única actuación viable, una vez culmina una actuación procesal disciplinaria, si se dan los presupuestos formales para ello, es la revocatoria, la cual no puede obedecer a la voluntad caprichosa del funcionario competente para ello, sino que deben estar demostrados y por ende probados los supuestos jurídicos en los que se sustenta y se profiere tal decisión, de lo contrario sencilla y llanamente no hay lugar a la misma. Así las cosas, se tiene que indiscutiblemente obran en el proceso, las pruebas que con certeza, permiten determinar que el resultado materia del cuestionamiento, que dio lugar a la estructuración del cargo único endilgado al implicado, es producto de

su actuar, derivado de la expedición de un acto administrativo que declaró la improcedente nulidad de una actuación procesal, cuya decisión final se hallaba en firme, la cual acepta el implicado haber suscrito, señalando que fue proyectada por sus asesores en quienes confiaba, por cuanto los consideraba idóneos para proyectar lo pertinente, por ende la avaló sin reparo alguno dado que no es abogado, su profesión es la de ingeniero. Señala el doctor Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada “La culpabilidad”, tercera emisión, librería Temis, año 1988, página 87, que: “tanto el dolo como la culpa son especies de la culpabilidad, debemos reconocer que una y otra tienen su raíz en la sique del hombre y que respecto de ambas intervienen las esferas intelectiva y volitiva de la personalidad; la culpa supone, entonces, un comportamiento voluntario que se orienta conscientemente hacia una finalidad determinada; solo que esta finalidad – a diferencia de lo que ocurre con el actuar dolosoo constituye una meta penalmente indiferente…o configura un hecho antijurídico en cuyo desarrollo emergió la culpa…En cualquiera de los dos casos esa actitud consciente de la voluntad da lugar a la verificación de un hecho típico y antijurídico, es decir, configura un acontecimiento subsumible en el tipo penal y mediante él vulnera indebidamente el interés jurídicamente protegido” En torno al comportamiento que se cuestiona al implicado, ésta Delegada analiza las circunstancias personales y aquéllas que dan cuenta de su actuación, que permiten

colegir que en efecto el implicado no es abogado, que ostentaba la calidad de Presidente de la Empresa de Telecom y que en tal condición, contaba con asesores que le proyectaban las decisiones que entraban a su Despacho por competencia, entre ellas el acto administrativo a través del cual se decretó la nulidad de la actuación disciplinaria del señor JAIRO DE JESÚS CORONADO, que ya había 9 hecho tránsito a cosa juzgada, confiando plenamente en sus colaboradores y por consiguiente en los proyectos de las decisiones, respecto de las cuales, como en el caso materia de análisis, por no ser profesional en el campo del derecho, no contaba con los conocimientos suficientes para controvertirlos. Los generadores de la culpa, señala el tratadista citado en la obra enunciada, página 95, usualmente se originan en “la imprudencia, la negligencia, la impericia y la violación de las normas legales”. En lo que atañe a la última modalidad citada, dice que: “Tal inobservancia genera culpa en la medida en que tenga por causa una conducta voluntaria del actor, ya sea que haya querido conscientemente transgredir el mandato o que simplemente lo haya ignorado” (página 99). Como ya se dijo la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, y en el caso de autos, de las circunstancias que giran en torno a los hechos, se concluye que el resultado producto de la conducta irregular atribuida al implicado, no es derivado de su actuar doloso, éste surge de su actuación culposa, modalidad en la cual se soporta con certeza su culpabilidad y consiguiente responsabilidad disciplinaria, que lo hace

acreedor a la respectiva sanción disciplinaria, como consecuencia de la falta que finalmente conforme a las pruebas aportadas, y fundamentalmente de las circunstancias que rodean los hechos, se determina es grave y culposa. Claro es entonces que, inequívocamente la conducta endilgada al señor HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, en su condición de Presidente de Telecom, es típica, antijurídica y culpable; además, el resultado del hecho soporte de la conducta irreg