PGN - NULIDAD - Violación al debido proceso por falta de investigación integral

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. AUGUSTO IBAÑEZ GUZMAN

E. S. D.

REF.: Casación de JOSE IGNACIO LEON VERGARA por el delito de Acto sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso material homogéneo. (Rad. 28.072) El Tribunal Superior de Antioquia en sentencia del 28 de noviembre de 2006, confirmó el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, en contra de JOSE IGNACIO LEON VERGARA por el delito de Actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso material y homogéneo, que lo condenó a la pena de sesenta (60) meses de prisión, a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término de la pena principal y al pago de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a título de daños y perjuicios, sin concederle el beneficio de la suspensión condicional de la pena. 1.- HECHOS La señora AMPARO MARTINEZ, progenitora de la menor STEFANIA FLOREZ MARTINEZ de ocho (8) años, formuló denuncia ante la Comisaría 18 de Familia la cual dio traslado a la Fiscalía General, por los actos sexuales abusivos así como la inducción a prácticas sexuales de que fue objeto su hija impúber, acaecidos en la casa de habitación ubicada en el barrio Centenario de la ciudad de Bogotá en que residieron durante los meses de octubre de 2002 a febrero de 2003, de todo lo cual

tuvo conocimiento por la información que le entregó la profesora del Colegio Baraya, centro educativo donde cursaba tercero elemental la menor. Hechos por los cuales fue vinculado el señor JOSÉ IGNACIO LEÓN VERGARA. (fls 2 a 6 c.o

1. 2.- SINOPSIS PROCESAL.  Con fecha abril 10 de 2003 la Comisaría 18 de Familia remite a la Fiscalía General URI de Ciudad Bolívar la denuncia instaurada por la señora AMPARO MARTINEZ MUÑOZ, contra JOSE IGNACIO LEON VERGARA por los hechos acaecidos con su hija de 8 años STEFANIA FLOREZ MARTINEZ en la casa de inquilinato en que residían, referidos a actos sexuales abusivos así como la inducción a prácticas sexuales a partir de la exhibición de películas pornográficas. (fls. 2-9 c.o. 1) 2  Queja a la que se acompañó la valoración psicológica tanto de la menor como de su hermana en la cual la profesional concluyó: “Estefanía refiere situación de abuso sexual reiterado por inquilino de casa donde vivían, la cual se consolidó cuando existió imposición de secreto el cual se develó en colegio por temas dirigidos a la prevención del abuso.

Como consecuencia del abuso la niña experimentó un despertar temprano de la sexualidad, que la llevó a tener actividades masturbatorias. Así como una difícil relación con la figura de autoridad que representa la mamá cuando la obediencia ante sus ordenes se perdía por el interés de la niña en mantener las ganancias que le proveía su presunto agresor. La relación de Stefanía con el presunto agresor la llevó a experimentar

que los niños pueden mantener interacción con los adultos como iguales, rompiendo límites de autoridad y respeto, donde la norma está ausente y prevalece el juego, la diversión y el interés por el placer que puedan generar las actividades”.  La Fiscalía 328 URI de Ciudad Bolívar Delegada ante los Jueces Penales Municipales, dispuso el 23 de abril de 2003 el inicio de la investigación previa, ordenando diferentes diligencias entre ellas un examen por parte del Instituto de Medicina legal a las menores, así como una diligencia de allanamiento a la residencia de JOSE IGNACIO LEON VERGARA (fl.10)  El Instituto de medicina Legal conceptuó sobre examen físico de la menor STEFANIA FLOREZ el 23 de abril de 2003 (fl. 25 c.o. 1).  Con fecha junio 19 de 2003 se dispuso formal apertura de Instrucción. Ordenando entre otras diligencias, la vinculación de JOSE IGNACIO LEON VERGARA mediante indagatoria, la cual se recepcionó el 22 de junio del mismo año, sindicado que se mostró ajeno a los hechos y manifestó que se trataba de una calumnia en su contra y de una difamación. (fls. 28 a 39 c.o. 1)  Los días 10 y 23 de abril de 2003 así como el 6 de octubre de 2004 se escuchó en declaración a la niña STEFANIA FLOREZ MARTINEZ, quien al ser interrogada refiere situaciones relacionadas con actividad sexual del procesado en su presencia e igualmente haber visto películas pornográficas en su habitación, así como haber participado de los juegos que JOSE IGNACIO

realizaba con ella y otros niños que ella llama “caballito”.  Con fecha 23 de julio de 2004 se resolvió la situación jurídica del sindicado imponiendo en disfavor suyo, medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de concurso de actos sexuales con menor de 14 años, 3 agravado por la edad de la víctima, sin beneficio de la libertad provisional, ordenando su captura.  El 13 de diciembre de 2004 se calificó el mérito sumarial con resolución de acusación en contra de JOSE IGNACIO LEON VERGARA por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado y en concurso, respecto de la menor Stefania Florez Martínez.  El proceso en la causa fue avocado por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta capital el 19 de enero de 2005 y se dispuso el trámite del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal a los 21 días del mes de enero.  Se adelantó audiencia preparatoria el 15 de marzo de 2005, inició la audiencia pública el 28 de abril de 2005, continuó el día 26 de mayo y concluyó el 7 de junio de 2005, vista pública en la cual se recepcionaron entre otras diligencias, la declaración de la madre de la menor AMPARO MARTINEZ y el testimonio requerido por la defensa de MARIA DOLORES ZEA, así como la evaluación siquiátrica de JOSÉ IGNACIO LEÓN entre otras diligencias. (fl. 11, 30, 80, 98 y ss c.o. 2).  Con fecha 12 de julio de 2005 se profiere fallo por el Juez Octavo Penal del

Circuito en el cual se condena al señor JOSÉ IGNACIO LEÓN VERGARA, como responsable a titulo de autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo. Imponiendo una pena de sesenta (60) meses, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, al pago de cinco (5) S.M.L.V. a titulo de daños y perjuicios. Sin concederle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fl. 134 a 150).  La Sentencia proferida fue recurrida en primer término por el procesado quien desistió de la alzada y en segundo lugar por el defensor del procesado, impugnación que por descongestión fue resuelta por el Tribunal Superior de Antioquia en el sentido de confirmarla mediante fallo del 28 de septiembre de 2006. (fl. 5).  En términos de ley el procesado designó un nuevo abogado de confianza quien interpuso recurso extraordinario de casación y cuya demanda fue declarada ajustada el 1 de octubre de 2007.

3.- LA DEMANDA.

El casacionista propone dos cargos así: 4

PRIMER CARGO: propuesto al amparo del numeral tercero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 por haberse dictado la sentencia en un proceso viciado de nulidad por violación al derecho y garantía del debido proceso.

CITA COMO NORMAS VIOLADAS: los artículos 2, 13, 29, 46, 37 y 250 de la Constitución Nacional, legalizados en los artículos 2, 5, 9, 10, 20, 24, 232, 234 y

306, numeral segundo, del C.P.P. y los artículos 1 y 9 del Estatuto de la Administración de Justicia (Ley 270/96). Inicia el censor la demostración del cargo refiriéndose a los deberes de la administración de justicia en aras de condenar a quien efectivamente se le ha demostrado que vulneró un bien jurídico tutelado y afirmando que existe ausencia de imparcialidad para descubrir la prueba. Sostiene que en el proceso seguido contra JOSE IGNACIO LEON se omitió realizar la investigación integral, en razón a que no resulta posible habérsele dado plena credibilidad a las declaraciones mendaces de una niña de 8 años y con base en ellas dictarse la sentencia. Aduce que como quiera que la menor Estefanía mencionó el nombre de otros niños a quienes igualmente les constaban los hechos nada se hizo para verificar tales afirmaciones. Descalifica lo dicho por JENNIFER, la hermana de STEFANIA, de quien dice que nada le consta, y que ella se enteró mucho tiempo después cuando ya no vivían allí. Indica cada una de las diligencias que en su sentir fueron omitidas en el proceso como el requerimiento a la madre de las menores para que estas asistieran al examen psiquiátrico ordenado por la Fiscalía, lo propio respecto a establecer si en efecto JOSE IGNACIO estaba operado para la época de los hechos como el lo refirió en su injurada. Igualmente indica el censor que se omitió revisar el entorno familiar de la menor, teniendo en cuenta que tenía un padre alcohólico y su progenitora era trabajadora sexual, entorno que es propicio para que la menor tuviera una conducta indebida y

no por abuso sexual. Insiste en que la sentencia se dictó con base en el dicho de la menor toda vez que su progenitora y su hermana desvirtuaron el dicho de la niña. De lo expresado deriva que con ello se desconoció el debido proceso, puesto que no hubo imparcialidad respecto del fallador, considera que hubo un trato desigual para el procesado al no considerar su condición de indefensión mental, pues se trataba de un disminuido psíquico, por lo que debió verse como a un inimputable 5 teniendo en cuenta su historial de esquizofrenia, quebrando con ello el debido proceso. Aduce que no se investigó tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado, insiste en que tanto las declaraciones de la madre de la menor como de su hermana no ratifican el dicho de Stefania por cuanto se enteraron de los hechos cuando ya no vivían en la casa. Aduce que el propietario del inmueble declaró no haber visto nada anormal y que lo propio testificó Maria Dolores vecina del mismo inmueble. Concluye, que no existía certeza de la conducta punible, lo que se traduce en un deficiente servicio de la administración de justicia que hace nulo el proceso por afectación sustancial en tanto que no existían los medios de convicción suficientes para condenar. Refiere que las irregularidades evidenciadas en el proceso no son saneables; que está presente la duda y que se condenó a un procesado que al ser disminuido psíquico tenía la condición de inimputable, situación ésta reconocida por la ley y la constitución. En consecuencia solicita se declare la nulidad de las sentencias casándolas y “decretando la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de apertura de

investigación”, por lo que debe reenviarse el proceso a la etapa procesal en donde se ordenó la apertura de investigación. CARGO SEGUNDO planteado como subsidiario. Propuesto al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por lo que: “acusa las sentencias impugnadas de ser nulas por violación al principio, derecho y garantía de debido proceso por falta de defensa técnica en aspectos sustanciales.” Cita como normas violadas: el Art. 29 C. N., artículos 8 y 306-3 de la Ley 600 de 2000. En punto de la demostración dice el libelista que la defensa técnica de JOSE IGNACIO LEÓN no fue ininterrumpida, dado que se cambió en repetidas ocasiones de defensor, todos los cuales desprotegieron ostensiblemente al procesado, “ya que se encontraban presentes en el debate pero ajenos e inactivos” por lo que permitieron que la declaración mendaz de una menor fuera el sustento de la sentencia condenatoria de un hombre disminuido física y psíquicamente respecto del cual estaba acreditada su inimputabilidad. Considera que la decisión está basada en suposiciones y manifiesta que la defensa omitió la existencia en el expediente de pruebas que acreditaran el dicho 6 de STEFANIA el cual, al contrario, fue desvirtuado con el testimonio de su progenitora AMPARO, de su hermana JENIFER, como del propietario del inmueble y la otra inquilina, dado que a ninguno les consta que tales hechos se hubieran presentado y además obra el dictamen medico legal en que se concluye que los genitales de la menor estaba normales todo lo cual demuestra que no es cierto que

el procesado “la haya manipulado en la vagina o que la menor se masturbaba”. En relación con la existencia de películas pornográficas con las cuales se dice indujo a la menor a prácticas sexuales, afirma el libelista que la defensa “se dejó arrinconar” por cuanto se demostró que las cintas no existían, lo cual se determino en la diligencia de allanamiento por lo que no se corroboró el dicho de la impúber. Considera el casacionista que erró la defensa al no haber solicitado los testimonios de los menores que citaba ESTEFANIA para con ellos demostrar la inocencia del procesado, y que a pesar de no existir se permitió que fuera condenado JOSÉ

IGNACIO LEON.

Toma el censor la valoración realizada en el fallo de las declaraciones de ESTEFANIA, AMPARO y JENNIFER, para decir que ninguna de sus afirmaciones se corroboró en el proceso, aunado a que la progenitora y JENNIFER se contradicen en las diferentes salidas procesales, y que si los profesionales del derecho hubiesen solicitado las declaraciones de las personas que las mismas citan se habrían desvirtuado sus afirmaciones. Aduce que se omitió por parte de la defensa solicitar un examen que permitiera determinar si le resultaba posible al procesado tener erecciones, con lo cual se habría establecido si lo dicho por la menor en punto de los actos de masturbación del procesado eran o no ciertos. E igualmente para desvirtuar la descripción que del miembro viril de JOSE IGNACIO LEÓN hizo la menor. Afirma el censor que no resulta posible que si tantas personas fueron afectadas por JOSE IGNACIO, y participaron de los juegos, en ultimas resulta que se le

condenó sólo con el dicho de ESTEFANIA, quien le contó a la profesora del colegio lo que generó el presente proceso; para concluir que si nadie declaró es porque no vieron nada o porque tales afirmaciones no son ciertas, siendo ello una omisión en la defensa técnica absoluta de quienes cumplieron con ese rol. Aduce que tampoco se realizaron las solicitudes pertinentes en aras de demostrar que se trató de una conducta acaecida en diferentes oportunidades para edificar el concurso homogéneo. Indica que se permitió por parte de los togados que condenaran a JOSÉ IGNACIO LEÓN a pesar de no haberse llevado los dictámenes respecto de la salud mental 7 de la niña, como tampoco los reconocimientos que le realizaron en la EPS y desatendiendo además la situación de esquizofrenia del procesado, por lo que de haberse realizado un defensa técnica real ininterrumpida, no se habría condenado a un inocente. Finaliza el censor sosteniendo que se condenó a un inimputable, a un inocente y la razón está dada en virtud de la ausencia de defensa técnica, real e ininterrumpida que se evidencia en el proceso. Teniendo en cuenta que esa falencia nunca fue convalidada por el procesado, por lo que no queda otro remedio procesal que repetir la investigación y el juicio declarando la nulidad del proceso a partir de la apertura de investigación, casando las sentencias recurridas, para garantizar el derecho de defensa y que pueda ser tratado el procesado conforme a su condición. 4.- CONCEPTO En primer lugar considera la Delegada que, tal y como lo ha sostenido esa alta Corporación, cuando no se dan los presupuestos de procedibilidad de la casación

ordinaria como en el caso que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, debe proponerse un fundamento en orden a justificar el recurso la casación, por virtud del principio de limitación y conforme la naturaleza rogada del mismo.1 Con todo, entiende el Ministerio Público que a pesar de tal omisión por parte del casacionista, una vez declarada ajustada la demanda la Corte dio paso a la casación discrecional en el presente proceso. EN RELACIÓN CON EL PRIMER CARGO Acusa el censor la sentencia partiendo de que conforma con la de primera instancia una unidad inescindible, para decir que una y otra son violatorias del debido proceso, fundamentalmente por no haberse realizado una investigación integral y además por haber desconocido entre otros principios, que se estaba frente a una persona disminuida mentalmente que imponía un trato diferencial respecto de este. Ahora bien, desconoce el casacionista que los fallos que se acusan en sede de casación, llegan a la Corte precedidos de las presunciones de legalidad y acierto, de lo que surge que estos son obligatorios y eficaces, lo cual impone para el libelista proponerse a desvirtuarlas probando la existencia de vicios de hecho o de derecho y demostrar su trascendencia, empero en todo caso, sometido a lo dispuesto en las causales expresadas en la ley; a los requisitos de lógica formal y jurídica, así como a los presupuestos que la ley señala. Debe respetarse entonces el principio de la congruencia que demanda una presentación equivalente entre lo 1 Crf. Auto : 22721 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 15/09/2004

8 enunciado en el cargo, su demostración y la conclusión; además del principio de no contradicción como el de la unidad temática, que comportan una proposición jurídicalógica; entendiendo que los planteamientos al interior de una misma censura no deben ser entre sí excluyentes, así como no incluir en el desarrollo de un mismo reproche argumentaciones ajenas a las que constituyen su objeto. Si bien es cierto, una vez admitida la demanda de casación o declarada ajustada ha de entenderse de manera tácita que los vicios de técnica que ésta presente se dan por superados para dar paso al estudio de fondo, no puede dejar de advertir la Delegada que en relación con este primer cargo propuesto por el libelista, surge una evidente contradicción, en tanto que acusa la decisión por considerar que se violó el debido proceso y edifica la nulidad básicamente en punto de la falta de investigación integral, como de imparcialidad del fallador; empero en la demostración del cargo, entre otros aspectos lo que materializa es la situación de inferioridad psíquica del procesado para decir que debió ser tratado como inimputable equivocando en ese sentido la vía de ataque. De lo anterior resulta que estaría de frente una incongruencia entre lo enunciado en el cargo, su demostración y su conclusión, lo cual descarta de entrada la prosperidad del ataque, en tanto que el censor no hizo la tarea conforme le correspondía y esto no puede ser suplido por la Delegada ni por la Corte. Ha dicho esa alta Corporación cómo debe proponerse el ataque cuando se invoca la nulidad del fallo en punto de la trascendencia y en tratándose de la violación al principio de investigación integral:

“2. El principio de la trascendencia, rector de las nulidades -Art. 310-2 del C. de P. Penalen lo que dice relación con el instituto de la casación discrecional, significa que argumentativamente debe mostrarse la entidad de esos vacíos probatorios en cuanto limitan al máximo el ejercicio de la garantía fundamental que se dice violada. Valga decir, podría convenirse en la importancia desincriminatoria de la prueba que se echa de menos, e inclusive admitirse, apriorísticamente, que ella favorecía al procesado.

3. Cuando la nulidad que se reclama está referida a la violación del principio de investigación integral, tiene dicho la Corte que no basta enumerar las pruebas supuestamente omitidas, sino que es preciso señalar su fuente, conducencia, pertinencia y utilidad, amén de su incidencia favorable a los intereses del procesado frente a las premisas conclusivas del fallo, esto es, su aptitud para refutar la incriminación, descartar la responsabilidad, invocar la aplicación de diminuentes punitivas y, en general, procurar situaciones beneficiosas a la pretensión defensiva; puesto que, como también lo ha señalado la Sala, la no práctica de determinada diligencia no constituye, per se, quebrantamiento de la garantía fundamental que se reputa violada, 9 comoquiera que el funcionario judicial dentro de la órbita de sus atribuciones y conjugando los criterios de economía, celeridad y racionalidad, está facultado para decretar, bien de oficio, ora a petición de los sujetos procesales, solamente la práctica de las pruebas que sean de interés para la investigación, procurando siempre el mejor conocimiento de la verdad. Por consiguiente, la omisión de diligencias inconducentes, dilatorias, inútiles o

superfluas, no constituye menoscabo al derecho de defensa, o en su caso, al debido proceso.” Ahora bien, adentrándonos en el estudio de la causal de nulidad propuesta, y de acuerdo con la apreciación personalísima que realiza el censor sobre las pruebas, no se compadece con el plexo procesal lo afirmado por él, en punto de que no se dio la investigación en términos que permitieran arribar a la conclusión de demostración de la realización de la conducta punible, como de la responsabilidad del procesado, dado que tanto el juez de primera instancia de manera juiciosa, como el fallador de segunda instancia contaban con los medios de prueba que permitían determinar la existencia del punible como la responsabilidad del enjuiciado. Es necesario resaltar que para la investigación de delitos como el que hoy ocupa la atención de la Corte, su demostración generalmente emerge a partir de la prueba indiciaria antes que de la prueba directa como en otros eventos ello por la naturaleza del bien jurídico que protege. Sin embargo, debe destacarse que en el presente proceso se cuenta con declaraciones que de una forma coherente ratifican el abuso de que fue víctima ESTEFANIA FLOREZ MARTINEZ, las cuales se valoraron en ejercicio de la facultad del juez en punto de la sana crítica y en armonía con las inferencias lógicas a partir de pruebas indiciarias, en tanto que unas y otras conforman el todo procesal Asevera el censor que las sentencias se soportaron en conjeturas derivadas de la declaración de Estefanía y desvirtuadas por las testigos su hermana JENNIFER y su “propia mamá AMPARO” quienes manifestaron: la primera de ellas que no

presenció nada y la segunda que no podía denunciar lo que no le constaba. Sin embargo, ha de decirse que las dos citas no pueden mirarse de manera aislada del cuerpo mismo de la declaración que se refuta para afirmar amañadamente que contradicen lo declarado por la menor víctima del abuso. En efecto en el proceso se cuenta con los testimonios de la menor STEFANIA, de su hermana JENNIFER y de la madre de ambas AMPARO, De quienes se duele el censor que se contradicen en las diferentes salidas procesales, lo cual riñe con la realidad probatoria, pues por el contrario las declarantes han sido contestes, y puntuales en relación con lo que cada una vio o escuchó de frente a lo vivido por la pequeña ESTEFANIA. Valga decir, no es contradictorio que se ofrezcan declaraciones más o menos amplias por un mismo testigo, precisamente por que es de la naturaleza de la prueba que se cite las veces que sea necesario para 10 puntualizar aquellos temas o materias que no están suficientes aclarados, no para repetir una y otra vez lo declarado, pues es deber del Juez excluir las preguntas que ya han sido contestadas en la misma diligencia o indiligencia anterior (inciso 5º, art. 207, C.P.C) y el debate se centra en punto del conocimiento que afiance cada afirmación, para eso se contrainterroga un testigo. Ahora bien, sostiene la demanda para desacreditar el dicho de la menor ESTEFANÍA que el dictamen de medicina legal a ella realizado, no refiere que la misma presente desgarros o afectación visible, empero olvida el casacionista que

el delito por el cual se procesó y condenó a JOSE IGNACIO LEON VERGARA fue por el consagrado en el artículo 209 que trata de los actos sexuales abusivos diversos al acceso carnal, por lo que no puede en lógica sana pretender que un comportamiento de esta naturaleza, examinada luego de un tiempo la víctima, muestre señales visibles de afectación o desgarro, pues de ser ello así la conducta podría estar adecuada a otro tipo penal que no es el caso. En relación con el DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL DE STEFANIA folio 25 se tiene que: “El hallazgo del himen semilunar integro no dilatable sin desgarros lo que indica que no ha sido desflorado. Esfínter anal con tono normal y forma normal no hay signos clínicas de contaminación venérea. Anatomía genital externa normal femenina para la edad del paciente”. Lo anterior no excluye la manipulación que se haga sobre el cuerpo de la menor referida especialmente a tipo caricias incluso en la zona genital, ya que estas mismas por lo regular no conllevan ningún tipo de fuerza (violencia física) que pueda ser manifiesta con signos físicos. Es claro que la caricia es una sensación placentera no generadora de dolor (el dolor si es sensación displacentera) y no generadora de signos físicos. De otra parte el tejido de las áreas genitales es muy vascularizado y esto conlleva a tener una alta capacidad de reparación de tal forma que si hubiese existido con la caricia alguna acción de fuerza que hubiese dejado huellas como edema equimosis o hematomas, en esta área estas lesiones tienen tiempo de reparación muy rápidos casi en términos de horas. Esto haría que para el momento de un

examen ulterior días o semanas después no se encuentre ningún tipo de huella. Lo anterior de frente a lo probado en el expediente permite afirmar validamente que no se descarta que haya habido tocamientos por parte del JOSE IGNACIO para con la menor, ni tampoco que ella misma hubiese realizado caricias sobre su cuerpo, a partir del aprendizaje que el procesado le guió de manera física y a través de la exhibición de películas. Ahora bien, no resulta acertado decir que el presente asunto se encuentra viciado de nulidad por violación al debido proceso por falta de investigación integral, por el hecho de no haber traído las declaraciones de los menores que mencionó STEFANIA de manera reiterada, de un lado por desconocer su paradero y de otro 11 por que el dicho de la niña estuvo ratificado por cada uno de los testigos presentes en el proceso como JENNIFER, quien es enfática en manifestar que entre los menores que entraban a la habitación de “Don José” estaba ESTRELLA, CHEYENE y lo propio refieren los otros declarantes en la medida en que uno a uno reconocieron que a la habitación de JOSE IGNACIO LEON ingresaban menores incluso del vecindario, como lo refiere la señora MARIA DOLORES quien informó que veía ingresar a un niño pequeño de una casa vecina, declaraciones con las cuales se descarta el dicho del procesado en cuanto a quienes ingresaban eran sus nietos, y al contrario ratifican lo declarado por la víctima, en igual sentido declaró el señor PEDRO dueño del inmueble, quien informó haber visto ingresar entre otros a ESTEFANIA al dormitorio del procesado, visitas que no compartía, en

punto de haberle dicho al procesado que ello no le parecía bien. Es así entonces que no puede decirse que la falta de tales declaraciones deje sin piso probatorio el fallo de condena proferido en contra de JOSE IGNACIO LEON, no es la abundancia de pruebas las que demuestran o no la responsabilidad de una persona respecto de una conducta, es el poder suasorio que tienen los medios de prueba con que cuente válidamente el fallador en el proceso y los cuales permitan superar cualquier duda y generar la certeza para proferir un fallo condenatorio, como en el caso de autos, en el que se contaba con suficiencia de prueba y abundantes razones las cuales fueron esgrimidas en la sentencia, merced a haberse logrado reconstruir la verdad de lo acontecido en la casa en que habitaba

JOSE IGNACIO LEÓN.

Decir que no haber insistido en el examen psiquiátrico de la menor es una falencia que afecta el debido proceso, no resulta cierto ni ataca la legalidad del fallo producido, pues ello sería desconocer que en todo caso existe una valoración por parte de la funcionaria especializada adscrita a la Comisaría 18, psicóloga que en primer término evaluó la niña y concluyó que había sido victima de abuso sexual y que precisamente por tales prácticas había perdido la noción de respeto hacia a los mayores y los veía como iguales. De otra parte porque en la investigación además obra el examen físico que complementa el dictamen del daño sufrido por la menor, los cuales fueron valorados en conjunto con las declaraciones. Por último, no es cierto, se insiste, que la madre de Stefanía como su hermana

hayan desvirtuado el dicho de la pequeña, pues cosa muy diferente es decir como lo afirma la madre que no vio al procesado abusando de su menor hija, empero si dio cuenta de haber escuchado a gritos en el inmueble las expresiones de ESTRELLA en torno a la molestia que tuvo “Don José” porque ella no realizó actividades sexuales con él, eso la hace ni más ni menos que una testigo directa de tal hecho que confirma el proceder desviado del procesado, igualmente da cuenta que a la niña ESTRELLA, por tales hechos la mamá la castigó y que de noche abandonaron el inmueble. Lo cual ha de valorarse al margen de que no supiera que su propia hija estaba siendo afectada sexualmente, pues según lo 12 indicó al proceso del haberlo sabido “había desbaratado” a ese señor. Ahora, al aducir que Jennifer no vio los abusos de que fue victima Stefanía, no es cierta tal afirmación en los términos en que lo hace el censor, pues si bien es innegable que ella afirma no haber visto los tocamientos a STEFANIA ni que el procesado le exhibía películas no aptas para su edad, no es menos cierto que si ratificara el abuso al manifestar que ella fue llamada por su hermana Stefania al cuarto del procesado y este estaba desnudo, ello constituye un abuso, igualmente da cuenta de haber visto las películas pornográficas en el cuarto de JOSE IGNACIO, también dijo haber visto entrar y salir a los otros niños como CHEYENE, los veía frente al televisor observando películas de sexo. Ratificó igualmente haber visto el afiche con el desnudo que tenía el procesado en el baúl. Refirió también que su amiga

Estrella le contaba lo que pasaba con el procesado y la actividad sexual que tenía, sie