PGN - NULIDAD - Violación al principio de investigación integral

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

M. P.: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de Casación (Rad. 21535) Mediante sentencia del 30 de mayo de 2003, el Tribunal Superior de Cartagena de Indias D. T. y C. confirmó sin modificaciones el fallo de calendas 12 del mismo mes y año que le fue adverso a Mercedes Amelia Rosales de Villegas, por medio del cual el Juzgado 5º Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial la condenó por el delito de Falsedad Material de Servidor Público en documento público.

El defensor interpuso el recurso extraordinario de casación contra la determinación judicial de segunda instancia, cuya demanda se admitió por el Órgano jurisdiccional competente y dentro del traslado correspondiente procede el Ministerio Público a conceptuar sobre su viabilidad, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, previa síntesis de la siguiente situación procesal. 1.- HIPÓTESIS DELICTIVA Se refiere a la formación o creación íntegra o total del Acta de Compromiso del 9 de noviembre de 1994, con la imitación servil de la firma del Alcalde Gabriel García Romero y de Tivisays Zambrano Orozco en su calidad de reina popular de la ciudad de Cartagena, que la obligaba a no asistir a eventos o reinados sin la autorización de ‘Corfiestas’. El documento en mención se aportó por la Directora de dicha Corporación, Mercedes Amelia Rosales Dager, para justificar dentro del trámite de una

acción de tutela la sustitución de aquella por la virreina popular.

2.- ACTUACIÓN PROCESAL

2 El hecho de la adulteración se denunció penalmente por una y otra, y también el Juzgado Civil que ordenó el examen grafo-técnico sobre dicho documento expidió copias de las diligencias con destino a la Fiscalía, que tras la indagación preliminar en averiguación de los autores de la firma espuria, finalmente inició una sola investigación, dentro de la cual, después de oírsela en indagatoria, dictó contra Mercedes Amelia Rosales Dager medida de aseguramiento de caución prendaría por el delito de Falsedad Documental. Se interpusieron por el defensor los recursos ordinarios de reposición y, en subsidio, el de apelación, pero la medida se mantuvo en firme por el funcionario judicial que la profirió y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior la confirmó en su integridad. Por decisión del 4 de febrero de 1997 se decretó el traslado a los sujetos procesales de los dictámenes periciales de calendas 10 de octubre de 1995 y 19 de marzo de 1996, ambos originarios del Departamento Administrativo de Seguridad – Seccional Bolívar, oportunidad procesal durante la cual demandó el defensor la comparecencia de los expertos grafólogos a efectos de que aclararan mediante interrogatorio aspectos y conceptos del contenido de los experticios, pero su solicitud se resolvió desfavorablemente e interpuesto contra esa determinación el recurso ordinario de reposición y, en subsidió, el de apelación, se mantuvo en firme por el servidor judicial que la dictó a la par que la confirmó el superior.

Con la apertura de la investigación se admitió la condición de actora civil de Tivisays Zambrano Orozco, y a instancia de su representante judicial se ordenó el embargo y secuestro del vehículo marca Mazda de placas GND945 de propiedad de la sindicada. El Banco Superior por intermedio de apoderado promovió incidente de levantamiento de dicha medida cautelar, del cual posteriormente desistió, y el bien finalmente se desembargó por la constitución de una póliza de garantía. Reasignado el proceso a la Fiscalía 16 Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, una vez agotada la instrucción y tras la negativa de revocar el cierre de la misma que propuso la parte defendida para que se practicaran algunas pruebas, el mérito probatorio del sumario se calificó mediante providencia del 12 de diciembre de 1997 con Resolución de Acusación por el delito de Falsedad Material de empleado oficial en documento público. Estimó el ente acusador que el documento redargüido de falso efectivamente no correspondía a la verdad porque “no tuvo real existencia”, ya que a su juicio, sin lugar a dudas, por la imposibilidad de desconocer la prueba pericial y la pluralidad de indicios había quedado demostrado que las rubricas de la reina popular y del Alcalde no pertenecían a ellos. 3 Según su entendimiento, en este caso “el acta cuestionada se equipara a un documento público, tanto en sus formalidades como en su contenido, pues ella engendra derechos y obligaciones y su carácter deviene del sujeto u órgano que la produce, ya sea en su creación ó para otorgarle autenticidad”.

Se rechazó la comisión de otras conductas delictivas tales como el Prevaricato por Acción y el Fraude Procesal y se dispuso que la procesada sólo debiera responder “por la modalidad del artículo 218 del C.P. y no por falsedad ideológica en documento público como tampoco por el uso, ya que su conducta no se adecua a estos preceptos.” En expresa referencia a dicha norma penal aludida, se expresa que “el concepto de Falsedad material tiene como características en sus modalidades genéricas, que se cree un documento total o parcialmente por fuera de la realidad, que atañe a su contenido como a la firma del mismo y por adulteración total o parcial de un documento legitimo.” El defensor apeló de la anterior determinación y además de controvertir tanto la existencia material del hecho por la ausencia de la plena prueba grafológica como la prueba indiciaria de responsabilidad, puso en cuestión la condición de servidora pública de la procesada alegando la inexistencia jurídica del ente ‘Corfiestas’ por falta de publicación en la Gaceta correspondiente del Acuerdo Distrital que la creó, basado en todo lo cual insiste en su solicitud de preclusión en relación con cualquier hipótesis delictiva. Por el contrario, también en ejercicio del derecho de impugnación, el apoderado de la parte civil demandó la adición del procesatorio de los delitos de Fraude Procesal, Falso Testimonio, Encubrimiento (por favorecimiento), Falsa Denuncia y Concierto para Delinquir, y; por último, el Ministerio Público solicitó se tuviera en cuenta el uso del documento como agravante con incidencia en la punibilidad. En respuesta de las demandas anteriores, la Fiscalía Primera Delegada ante

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por medio de la providencia del 26 de enero de 1999, mantuvo la modalidad delictiva de Falsedad Material de Servidor Público en documento público, descartó el agravante del uso, pero en cambio, adiciona al delito contra la Fe Pública la conducta punible de Fraude Procesal y en ese único sentido modifica el llamamiento a juicio. En la fase procesal del juicio que correspondió adelantar inicialmente al Juzgado 4º Penal del Circuito, a instancia del defensor se decretó la nulidad parcial de lo actuado por no haber sido la procesada interrogada en relación con el supuesto fáctico del punible de fraude procesal y se dispone la ruptura de la unidad procesal para que se adelante por separado la investigación en relación con este ilícito. 4 Por impedimento del titular del despacho judicial que asumió el conocimiento del juzgamiento, el rito procesal del debate oral finalmente lo celebró el Juzgado 5º Penal de la misma categoría, que dispuso su suspensión porque no habían sido practicadas las diligencias solicitadas durante la apertura del juicio a pruebas, y una vez reanudado dictó la sentencia del 12 de marzo de 2000 por medio de la cual condenó a la procesada por el delito de Falsedad Material de Empleado Oficial en Documento Público a la pena de prisión de tres años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso y al pago de la cantidad de doscientos salarios mínimos legales mensuales por los perjuicios de carácter moral causados con la infracción. Se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la

ejecución de la pena por un período de prueba garantizado mediante caución de tres salarios mínimos legales mensuales En virtud de recurso de apelación por medio del cual la defensa insistió en la falta de pruebas del hecho material y de certeza sobre la autoría de su defendida, el Tribunal Superior de Cartagena mediante la suya del 30 de mayo de 2003 la confirmó en su integridad. 3.- LA IMPUGNACIÓN Previa a la respectiva demanda en escrito separado justifica la admisión discrecional por la Corte, por la necesidad de la unificación de la jurisprudencia nacional sobre tres aspectos: (1) La certeza que genera la peritación en fotocopias de un documento; (2) El alcance del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal en relación con el mérito probatorio de las informaciones extraprocesales de la Policía Judicial; y (3) Si el simple uso constituye de plano indicio de autoría de falsedad documental. Las garantías del derecho fundamental de no ser condenada con ausencia de prueba sobre la certeza de la apocrificidad del documento redargüido de falso. Con la presentación de la demanda explica en cambio que la casación ordinaria es posible por haber sido impuesta la pena de acuerdo con la norma anterior que señalaba una sanción máxima de diez años para el delito por el cual se condena, la cual excede los ocho años que establece el nuevo estatuto adjetivo como requisito de procedencia del recurso extraordinario, pero finalmente deja librado al juicio de la Corte determinar su naturaleza.

4.- LAS CENSURAS.

A nombre y representación de la única procesada se interpone el recurso

extraordinario de casación por varios motivos: 5

4.1.- CARGO PRIMERO.

Al amparo de la causal tercera de casación, dos motivos de nulidad presenta el casacionista contra las sentencias de primera y segunda instancia en su unidad jurídica: 4.1.1.- Falta de motivación: Destaca que este vicio se presenta cuando el juzgador no fundamenta la decisión o lo hace de manera deficiente o contradictoria, y apela a la autoridad de decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En su concepto, el artículo 170 del Código de Procedimiento Penal que determina los requisitos que debe contener toda sentencia, entre otros, de acuerdo con la jurisprudencia el deber del juzgador de expresar las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, se incumplió: 4.1.1.1.- Por la sentencia de primer grado: Porque pese a la probabilidad de la duda que admite en relación con la materialidad del ilícito, por el carácter de indicio contingente que surge del hecho de la prueba grafológica sobre una copia del documento que debía ser completado con otros indicios o contraindicios, estos últimos tienen que ver con el aspecto del uso y la responsabilidad de la acusada, lo cual nada tenía que ver con la prueba de la falsedad. Así mismo se ignora cómo el juzgador estima que se prueba la falsificación del documento y la autoría de la sindicada por el sólo hecho de que fue la persona que lo usó. 4.1.1.2.- Por la sentencia del Tribunal: Porque de manera dilógica acepta que la falsedad se acreditó con la peritación sobre una copia y también sobre el original del documento.

No obstante esta ambivalencia afirma que el dictamen pericial es contundente, y por ello se ignora como esa estimación puede socavar las conclusiones de otra peritación que demuestran la falta de patrón definido de la firma de la supuesta víctima. Señala que podía discutirse la peritación grafológica de la firma de Tivisays Zambrano Orozco, pero no la del Alcalde, con lo cual según el Letrado admite el juzgador que no tenía seguridad de la falsedad en cuanto a la rubrica de ella, y así termina barajando hipótesis sólo que la opción escogida adquiere una firmeza indubitable. 6 Se desconoce con fundamento en cuales pruebas se afirma como conclusión la autoría de la acusada, cuando existe en cambio una peritación que niega la posibilidad de tal aserto. 4.1.2.- “Falta de investigación integral (Violación al derecho de defensa).” Subraya como de conocimiento común que el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal hace obligatoria la práctica de la prueba pericial sobre documentos originales siempre que ello fuera posible y recuerda decisiones de nulidad de la suma autoridad judicial, aún de oficio, por la omisión de la prueba pericial sobre el sindicado para establecer su eventual inimputabilidad. El artículo 234 del estatuto procesal penal que exige al funcionario agotar de modo integral la investigación, afirma que se infringió en este caso porque la prueba grafológica sobre el documento original nunca se practicó, a pesar de la insistencia a lo largo de sus declaraciones de la propia acusada, y del defensor en todas las etapas del proceso.

Indica que la misma se decretó y se dispuso remitir toda la documentación necesaria al perito grafólogo del Instituto de Medicina Legal en Bogotá, lo cual significaba que no se trató de una prueba innecesaria o pueril, pero que el juzgador de primera instancia a pesar de que suspende el trámite de audiencia pública para que finalmente fuera evacuada, omitió el envío del documento original. En su concepto se desconoce el derecho de defensa cuando pedida y decretada una prueba, ésta no se practica Califica el examen grafológico sobre este documento de prueba “reina, eficaz y necesaria”, y cuestiona que se la hubiera reemplazado por la grafotecnía realizada sobre las fotocopias antes del sumario como un simple informe de policía, en su propósito de repudiar que no obstante esa imperdonable omisión, se hubiera supuesto la existencia de una falsedad. Añade que si no existe prueba pericial sobre el documento original no puede haber sentencia de condena y por ello se precisa anular la sentencia para que se cumpla lo ordenado y luego proceder de nuevo a la audiencia de juzgamiento. 4.2.- “CARGO SEGUNDO (Violación indirecta de la ley sustancial. Error de derecho por falso juicio de convicción).” Indica que al dictamen pericial practicado por un funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad y sobre el cual se fundamenta 7 básicamente la sentencia, se le dio un valor que le niega el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Según el censor ese supuesto trabajo pericial no podía jamás sustentar una sentencia de condena porque nada más se trató de un simple informe

policivo que de ningún modo podía adquirir trascendencia probatoria como indicio ni como documento. Destaca que el funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad ‘DAS’, por propia iniciativa y de acuerdo con las informaciones de la joven Tivisays Zambrano Orozco se dio a la tarea de visitar juzgados, notarias e inspecciones en busca de otros documentos distintos del acta de marras para realizar el cotejo de firmas, y de esas pesquisas terminó emitiendo su concepto no obstante que no se sabe que documentos vio o cómo los ubicó. En su sentir, suprimida esta experticia técnica ningún otro motivo quedaba para declarar responsable a la procesada, y así demerita la vocación del resto de caudal probatorio para sustentar una sentencia de condena, porque la duda misma que dejó entrever el propio Gabriel García sobre la autoría de su firma cuando afirmó que de ser suya debió estamparla de prisa, impedía que la conclusión sobre su uniprocedencia que estableció la prueba grafotécnica se admitiera sin reparos, y en cambio obligaba a que se confrontara con otras firmas signadas en las mismas condiciones y no con otras suscritas en forma serena o tranquila. Afirma, entonces, que se quebrantó el derecho de defensa de la sindicada consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y 232 del Código de Procedimiento Penal. 4.3.- “CARGO TERCERO.- Causal Segunda, Violación indirecta de la ley por falso juicio de legalidad (Error de derecho).” Ataca la validez jurídica de la misma prueba pericial, de manera subsidiaria,

en caso de que no se comparta que se trata de un simple informe policivo y carece por tanto de valor legal. Anuncia que la referida prueba no cumplió con sus exigencias legales, porque el experto que la practicó actuó de manera distinta a lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, que en cuanto a los requisitos dispone que el perito “deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial”. En concreto señala que el servidor público si tomó muestras manuscritas a la reina Tivisays Zambrano Orozco, no lo puso de manifiesto y menos las aportó para su posterior confrontación judicial, y en general que se excedió del cometido de la comisión por que no estaba facultado para recibir 8 documentos aportados en la privacidad de su conversación con aquella o para buscarlos en los sitios donde ella indicó. Entiende que se infringieron los artículos 257 del Código de Procedimiento Penal que exige la seguridad de la cadena de custodia, el 29 de la Constitución Política en cuanto declara nulas de pleno derecho las pruebas ilegalmente aportadas o practicadas y el 232 del primero de los ordenamientos por medio del cual se dispone que toda providencia debe fundarse en prueba legal y regularmente aportada al proceso. Pide que se excluya dicha prueba y, en consecuencia, se dicte la sentencia de reemplazo de absolución, porque suprimida como único medio que acredita la falsedad, no existe ningún otro motivo o razón para acreditarla. 4.4.- “CARGO CUARTO.- Violación indirecta de la ley sustancial por quebranto a la norma que dispone el in dubio pro reo (Art. 7º

C.P.P.)” Sin desconocer el carácter ambivalente e hipotético de la elocubración por medio de la cual dice se llega a la certeza, el Letrado pese a que admite que las sentencias aluden a la existencia de factores dubitativos, por la vía de la violación indirecta denuncia los siguientes errores de hecho, por falso juicio de existencia. Comienza por negar el examen grafológico sobre el original y que a su juicio creyó (supuso) el Tribunal que existía, tras lo cual afirma que se atribuyó la autoría de la falsedad a la procesada: (1) Por no tener en cuenta los sentenciadores el experticio técnico del 19 de marzo de 1996 cuya conclusión fue “que no es posible encartar ni descartar el accionar de la sindicada”; (2) Omitió la prueba que revela lo contrario de la afirmación de que fue la sindicada la primera que hizo aparecer el documento apócrifo, ya que fue precisamente la propia Tivisays Zambrano la que anexó a la acción de tutela copia del acta; (3) También de ésta su atestación contenida en el cassette cuando admitió que conoció el documento en borrador; (4) Que no fueron conocidos por los juzgadores los testimonios de Lester González y Concepción Silva de Díaz quienes atestiguan que en presencia de ellos la reina popular suscribió el acta de compromiso; (5) No advirtió, por omisión de la existencia de la prueba grafológica No. 38962 del 5 de diciembre de 2001, que no se pudo determinar la uniprocedencia general que en relación a su

grafía se requería por no tener Tivisays Zambrano un patrón fijo para firmar y en ese orden mal podía otro perito sin abundante material patrón, concluir lo contrario; (6) Por último, omitió analizar que la supuesta víctima cambió de firma en la Inspección y la Notaría. Sostiene que de haber sido relacionadas todas estas pruebas el sentido del fallo hubiera sido diferente. 9 En relación con la prueba indiciaria que construyó la sentencia impugnada dice que se pretendió comprobar al mismo tiempo tanto la falsedad misma como la responsabilidad que le cabe a la procesada, y sobre la conclusión de la autoría de la falsedad que se le atribuyó a la sindicada denuncia los errores de hecho que se enuncian a continuación: a) A partir de la circunstancia de haber sido ella la primera que hizo aparecer el documento apócrifo, según manifiesta la ataca desde el hecho indicador porque debido a un falso juicio de existencia supone el juzgador algo que no existe: No fue la sindicada sino la propia reina popular la que anexó el acta a la acción de tutela que promovió; b) Por guardar el acta según los testimonios de Lester González y Concepción Silva, dice que propone un falso juicio de identidad porque ninguno de estos declarantes afirma que la acusada guardó sin la firma de la joven Tivisays Zambrano el documento, sino todo lo contrario; c) Debido a su condición de única interesada en la falsedad, en relación con lo cual denuncia un error de hecho por falso raciocinio, porque en su concepto igual la sindicada tenía interés para encubrir el incumplimiento de su compromiso;

d) La falsedad de la firma del Alcalde permitía inferir que la otra de la reina Tivisays Zambrano también lo era, en su entendimiento refleja un falso juicio de existencia porque la base para afirmar lo primero era del todo equivocada, y también de raciocinio porque la experiencia, por el contrario, indicaba que la persona que desea falsificar algo que le interesa se cuida de no adulterar otros aspectos del documento más sencillos que le pueden servir de soporte de la autenticidad del documento; e) Su mala justificación por el empecinamiento de negar la falsedad, llevó a un error de existencia porque la alteración que no se acreditó en modo alguno se dio por hecho, y también de raciocinio porque corresponde a una falsía que la infirmación de la culpabilidad de manera insistente represente prueba de la responsabilidad, porque la experiencia indica que la persona inocente siempre mantendrá su postura de ajenidad respecto de la imputación. Su responsabilidad por el uso del documento falso, es una afirmación a juicio del recurrente que contiene un falso juicio de existencia “porque la sindicada no usó el acta, no la entregó a manos ajenas”, y también de raciocinio porque la experiencia demostraba que no siempre la persona que usa un escrito es la misma que lo falsifica. Concluye que de haber sido observados en el análisis de los juzgadores todos estos elementos, se imponía la aplicación de la duda a favor de la sentenciada. 10

5.- ALEGATO APRECIATORIO DE OPOSICIÓN.

El representante de la parte civil repara que la demanda no cumple con los requisitos necesarios y consustanciales al recurso extraordinario que se interpone, porque omite la presentación de una argumentación coherente

dirigida a demostrar la intervención discrecional de la Corte para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de algún derecho fundamental. La califica de precario memorial y de alegato destinado más a controvertir una prueba respetable y contundente como son los experticios grafo-técnicos que jamás fueron objetados en las instancias por la defensa. Solicita, en consecuencia, que se inadmita y se devuelvan las diligencias al Tribunal de origen.

6.- CONCEPTO.

Sin parar mientes que también el recurrente insinúa la procedencia de la casación ordinaria por la aplicación favorable de la ley anterior, la pretensión del actor civil es a todas luces infundada porque así lo haya hecho en escrito separado nada obsta para que se tenga incorporado a la demanda su alegato de justificación acerca de la procedencia de la casación discrecional, y cualquiera sea la naturaleza del recurso extraordinario es evidente que admitido el conocimiento por el Órgano Jurisdiccional competente, no queda otra opción que la resolución del mismo, previo concepto del Ministerio Público, el cual se expone en los siguientes términos. En lugar del sistema de tarifa probatoria que rigió en el pasado, el legislador consagró el método de apreciación libre, en virtud del cual estableció que los elementos de la conducta punible se pueden demostrar con cualquiera de los medios de prueba al igual que la responsabilidad, en el entendido, obviamente, que se los aprecie en su conjunto, respete las reglas de la sana critica, exponga razonadamente el mérito que se les asigna y en su práctica se oriente por la búsqueda de la verdad real. Este principio de libertad probatoria, conforme al cual se conviene que no

existen pruebas específicas de determinado elemento o circunstancia del delito, el Letrado lo hace ceder a la praxis judicial cuando se trata en particular de la investigación de la falsedad documental, en la que dice no es posible suplir la prueba pericial ante la necesidad de la búsqueda de la verdad. 11 Siguiendo este orden de ideas, el actor enrededor del examen grafo-técnico que echa en falta sobre el original del documento redargüido de falso para establecer o no el carácter apócrifo de la firma o rubrica de la reina popular Tivisays Zambrano Orozco, gira toda su argumentación en relación con todos y cada uno de los cargos contra la determinación judicial de responsabilidad de la procesada. Es menester, para la cabal comprensión del tema propuesto, precisar ante todo que la experticia de grafología por medio de la cual el perito del Departamento Administrativo de Seguridad ‘DAS’ determinó que la firma de Tivisays Zambrano Orozco era el resultado de una imitación servil estuvo referido a una fotocopia sin autenticar, la misma que la reina popular allegó con su demanda de tutela al Juzgado Civil, y que su vez recibió adjunta al escrito mediante el cual se le comunicaba la decisión por parte de ‘Corfiestas’ de encargar a la señorita Sumerlex Mendoza Luna de la representación de las autoridades distritales en los diferentes eventos programados durante las festividades del 11 de noviembre. En efecto, el Órgano jurisdiccional cognoscente de la acción de tutela la admite por medio de auto del 27 de septiembre de 1995, y al día siguiente, conforme lo había ordenado, envía al Departamento Administrativo de Seguridad “x-copia de

documentos anexados a la Acción de Tutela… Y EN LOS QUE APARECE LA FIRMA DE LA CITADA” (Tivisays Zambrano Orozco). De lo explicitado surge que por tratarse de una fotocopia informal enviada a la reina popular y aportada por ésta a un trámite judicial, en relación y sobre ella no cabe la afirmación de una conducta delictiva de falsedad documental pública o privada porque se estableció que contenía la imitación servil de la firma de aquella ya que para que tuviera relevancia jurídica o el mismo valor probatorio que el original requería de su autenticación o reconocimiento ante notario. Se determinó entonces pericialmente que no correspondía a quien se hacia aparecer como su autora la firma de un documento sin eficacia probatoria ninguna. La conclusión pericial de la presencia de una firma falsa en ese documento fotocopiado, tampoco probaba por si sola la misma adulteración del cual se tomó, porque no es un imposible que por medio de técnicas, tales como proyección, calco, armado por superposiciones, etc. sobre fotocopias se hagan aparecer signos que no registra el original. Sólo cuando Mercedes Rosales de Villegas en su condición de Gerente de ‘Corfiestas’, responde el 2 de octubre siguiente a lo solicitado por el Juzgado Civil en ejercicio de su derecho de defensa, anexa la copia autenticada del acta de compromiso del comentario a la actuación judicial adelantada con relación a la acción de tutela, sin embargo, sobre este nuevo documento no se ordenó ni se practicó examen grafo-técnico. 12 Sobre el original del documento que aportó también la misma sindicada

dentro de la investigación penal, si se practicó una nueva experticia pero sólo para establecer la imitación servil de otra de sus firmas, la del Alcalde Distrital. En efecto, se advierte que el 21 de noviembre de 1995 en la ampliación de su denuncia Mercedes Amelia Rosales Dager manifestó en relación con la reina popular Tivisays Zambrano Orozco que por haber participado en otro evento sin el aval de ‘Corfiestas’, ella “incumplió a esta tercera cláusula que hago entrega formal de la (sic) original del acta de compromiso”, de lo cual dejó expresa constancia el funcionario interrogador: “En este estado la denunciante presenta un documento titulado acta de compromiso fechado en Cartagena a 9 de diciembre (o noviembre) de 1994 cuya copia fue aportada por la declarante Tivisays Zambrano Orozco”. Posteriormente, el 7 de marzo del año siguiente en la Resolución de Apertura de instrucción, se ordenó también en forma clara y expresa: “2) Practíquese peritaje grafológico sobre el acta de compromiso fechado en Cartagena el 9 de noviembre de 1994, aportado por la señora MERCEDES ROSALES DE VILLEGAS, con el objeto de establecer si la firma que en ella aparece como del Alcalde Mayor de Cartagena, GABRIEL A. GARCÍA ROMERO, realmente corresponde a este señor.” (subrayas fuera de texto). En el oficio No. 10724 de la misma fecha anterior dirigido al Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad se hace alusión a la remisión del acta de compromiso mencionada y también se refiere el perito grafólogo

como material de estudio dubitado al “Acta de Compromiso elaborada sobre papel membreteado de la CORPORACIÓN FIESTAS 11 DE NOVIEMBRE, de todo lo cual surge que sobre el cotejo del documento original tuvo origen el concepto del experto mediante el cual concluye que la rubrica del doctor Gabriel García Romero, Alcalde Mayor de Cartagena, no fue estampada por él”, y de otro extremo se puso de manifiesto la imposibilidad de descartar que la falsificación de la firma fuera obra de la señora Mercedes Rosales Dager. Es por esta razón que el Tribunal consideró, según se copia textualmente, que: “…la falsedad investigada en la presente actuación no está constituida únicamente por la imitación servil de la firma de quien funge como parte civil, sino también por la del señor GABRIEL GARCÍA ROMERO, Alcalde Mayor de Cartagena en ese entonces, también signatario del documento falseado, con la diferencia de que en esta segunda hipótesis delictual si se practicó el dictamen grafológico sobre el documento original, arrojando como resultado irrebatible la falsificación de su firma.” 13 En lugar, subraya el recurrente la forma como el Tribunal creyó que existía prueba grafológica sobre el original del documento y, a renglón seguido, niega categóricamente que esto último sea cierto. E