PGN - NULIDAD - Violación del debido proceso por desconocimiento del principio de legalida

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. José Leonidas Bustos Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Ricardo Mantilla Gálvis contra la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta que lo condenó como autor del delito de estafa agravada. Rad. nº 31.683 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios, Norte de Santander profirió el 2 de septiembre del 2008 sentencia condenatoria en contra del señor Ricardo Mantilla Gálvis como autor del delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa y le impuso la pena principal de seis años de prisión, multa de doscientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales; así mismo, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de seis años. El defensor del procesado interpuso recurso de apelación y decidió el recurso el Tribunal Superior de Cúcuta, quien mediante providencia del 4 de diciembre del 2008 confirmó integralmente la sentencia impugnada. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de casación por parte del defensor del procesado, con demanda que fue ajustada a las previsiones legales por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde al Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. 1 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.

HECHOS Relatados en la sentencia de segunda instancia así: “Se conoce de autos, que entre el 10 de mayo de 1997 y diciembre de 2002, los señores GLORIAN MARIN DE BORRERO, RICARDOMANTILLA GALVIS, IRMA MARIA LEAL LEMUS, LUZ STELLA CARDENAS VILLARRIAGA, ESPERANZA BARRERA y diciembre de 2002, los señores

GLORIAN MARIN DE BORRERO, RICARDO MANTILLA GALVIS, IRMA

MARIA LEAL LEMUS, LUZ STELLA CARDENAS VILLARRIAGA, ESPERANZA BARRERA y ELIZABETH YANETH CAICEDO JAIMES, especialmente en la jurisdicción de la municipalidad de Villa del rosario, a nombre de la organización no gubernamental denominada ASOCIACIÓN DE MUJERES URGBANA Y CAMPESINAS DE VILLA DEL ROSARIOAMURCAVIR ONGcreada en 1997, hicieron público en direccionamiento a la comunidad marginada, un proyecto de vivienda pro el sistema de autoconstrucción por la módica suma de $500.000.oo que debían consignar en el Banco de Bogotá mas la afiliación a dicho ente y la presentación de una serie de documentos, plan en el que participaron con sus aportes 993 menesterosos, pero trascurrido un tiempo dicho proyecto no se materializó, en tanto que su representante legal GLORIA MARIN fue asesinada junto con sus guardaespaldas el 03 de septiembre del año 2002. A continuación el asesor jurídico de la organización RICARDO MANTILLA GALVIS, a la postre Presidente de otra ONG llamado FUTURA COLOMBIA

fundada en 1997, hizo saber ante los aportantes que designaba como nueva directora a ELIZABETH CAICEDO JAIMES, descubriéndose seguidamente 2 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. que los fondos recaudados habían desaparecido, ante lo cual hizo saber que continuaría con el aludido plan de vivienda pero que sólo involucraría a la ONG FUTURA COLOMBIA y a quienes él escogería, exigiéndoles la misma consignación en el Bancafé; no obstante la comunidad de socios insatisfecha acudió en masa ante la Fiscalía para denunciar el hecho empezando por la señora MARINELDA ACANIO ORTIZ, siendo vinculados a la investigación tanto los miembros de AMURCAVIR como FUTURA COLOMBIA”. ACTUACIÓN PROCESAL El 23 de enero del 2003, se pone en conocimiento de la Fiscal Única Delegada de Villa del Rosario las numerosas denuncias que se colocaron en contra de los miembros de la junta directiva de la O.N.G. AMURCAVIR, por el presunto delito de estafa y se anuncia que son cerca de setecientas personas las afectadas con el hecho delictivo. El 10 de febrero del 2003 la Fiscal Única Local de Villa del Rosario considera que la cuantía del tipo penal de estafa continuada supera la suma de cincuenta millones de pesos, por tal razón remite las diligencias a la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito.

La Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios asumió el conocimiento del expediente y el 20 de febrero del 2003 profirió resolución de apertura de investigación previa en contra de los miembros de la Junta Directiva y representantes legales de la O.N.G.

“AMURCAVIR”.

3 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. En desarrollo de la investigación previa se recibieron nuevas y numerosas denuncias, así como se presentó un informe de trabajo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación. El 18 de marzo del 2003 la Fiscalía en consideración a que se recibieron 150 denuncias penales en contra de los miembros de la Junta Directiva de las ONG AMURCAVIR Y FUTURO COLOMBIA, por hechos que configuran el delito descrito en el artículo 246 del Código Penal denominado Estafa, la cual cuantifica en la suma de $75.000.000, ordena la apertura de instrucción en contra de los señores Irma María Leal Lemus, Luz Stella Villarraga, Esperanza Barrera, Ricardo Mantilla Gálvis, Dora Patricia Maldonado Peña, Elizabeth Yaneth Caicedo Jaimes y Damaris Pulido Bolívar, por lo que se dispone escucharlos en indagatoria. El 19 de marzo del 2003 se dispuso anexar a esta investigación penal otra investigación previa que se adelantaba por los mismos hechos y contra los mismos procesados. El 21 de marzo de 2003 se recibieron las indagatorias de las señoras Luz

Stella Villarraga, Elizabeth Yaneth Caicedo Jaimes, Dora Patricia Maldonado Peña, Irma María Leal Lemos, Esperanza Barrera Suárez, y del señor Ricardo Mantilla Gálvis. A todos los indagados se les imputó el delito de estafa. El 31 de marzo de 2003 la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo de Los Patios resolvió la situación jurídica de los indagados, en tal providencia, al establecer la calificación jurídica provisional la fiscalía señaló: 4 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. “Se procede por el punible contemplado en el TITULO VII, Capítulo Tercero, Art. 246 ESTAFA: “El que obtenga provecho ilícito para si o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Con las circunstancias de Agravación de los Art. 247 Num. 1. “La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando: El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social” y Art. 31 PAR único: “En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una

tercera parte “. Resolvió la fiscalía imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados Ricardo Mantilla Gálvis, Irma María Lemus, Luz Stella Villarraga, Esperanza Barrera y Elizabeth Yaneth Caicedo Jaime, por el delito de estafa con circunstancias de agravación, según la calificación jurídica provisional realizada. Se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de Dora Patricia Maldonado Peña. El defensor del señor Matilla Gálvis apeló la resolución que resolvió la situación jurídica de su representado y el expediente fue remitido a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, quien mediante resolución del 30 de mayo de 2003 se pronunció sobre las solicitudes de nulidad planteadas por el recurrente. Esto dijo el funcionario: “En lo que tiene que ver con la violación del principio de unidad procesal que alega el señor defensor, en dos aspectos, el primero por haberse acumulado las cientos de denuncias contra su defendido, cuando se han debido iniciar una investigación por cada hecho denunciado fijando la competencia en las 5 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. fiscalías locales dada la cuantía de cada una de ellas que no supera los seiscientos mil pesos y el segundo aspecto, por haberse fusionado las actividades desarrolladas por “AMURCAVIR” con las de “FUTURO COLOMBIA”, esta Delegada considera que no son admisibles los reparos que hace la defensa, pues en relación con el primer punto, como bien lo dice

la señor Fiscal a quo, la conducta imputada a los sindicados tiene que ver con un delito masa, ante la evidencia notoria del designio criminal que los animó, al promocionar entre las personas residentes en el Municipio de Villa del Rosario, en forma indeterminada y genérica, que cumplieran con los requisitos de tratarse de mujeres madre cabeza de familia y que carecieran de bienes inmuebles, para ilusionarlos con la adquisición de vivienda de interés social, supuestamente construida mediante el sistema de autoconstrucción, con dotación de materiales que serian pagados con el trabajo de los aportantes y el dinero que recogieran de organismos internacionales y políticos de la región (…) Luego, si la conducta imputada es la estafa cometida a un gran número de personas, se impone legalmente el principio de unidad procesal por mandato legal, pues se trata de un solo delito, con unidad de acción, que recae sobre una pluralidad de sujetos pasivos, perfectamente singularizados, pero que conforman una colectividad identificable y determinable (…).” Resolvió la Delegada ante el Tribunal confirmar la providencia impugnada. El 14 de mayo del 2003 se declaró persona ausente a la señora Damaris Bolívar y se le designó un defensor de oficio. 6 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Al considerar que se encontraba completa la investigación penal adelantada se ordenó su cierre parcial el 12 de agosto del 2003, se ordenó continuarla en relación con al señora Damaris Bolívar.

El 15 de diciembre del 2003 se calificó el mérito de la instrucción, se profirió resolución de acusación en contra de Ricardo Matilla Gálvis, Irma María Leal Lemus, Esperanza Barrera Suárez, Elizabeth Yaneth Caicedo Jaimes, Luz Stella Villarraga Cardona como coautores del delito de estafa con circunstancias de agravación. La decisión quedó ejecutoriada el 13 de enero del 2004. El 2 de febrero del 2004 se remitió el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios, una vez ejecutoriada la resolución de acusación. El 11 de febrero se ordenó la devolución de las diligencias a la fiscalía en atención a la petición presentada por la defensora de la señora Dora Patricia Maldonado, sobre quien no existió pronunciamiento en la parte resolutiva de la providencia que califico el sumario. El 16 de febrero del 2004 la Fiscalía corrigió el error por omisión cometido y precluyó la investigación a favor de Dora Patricia Maldonado Peña. Remitido nuevamente el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios, éste avocó su conocimiento el 1º de marzo del 2004 y ordeno dar aplicación al artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. Dentro del término respectivo el defensor del señor Ricardo Mantilla Gálvis solicitó la declaratoria de nulidad de la actuación procesal. La solicitud de nulidad fue resuelta en desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada el 7 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C. 19 de abril del 2004, consideró el despacho que no se presentaba ninguna de las irregularidades denunciadas por lo que no declaró la nulidad solicitada. La diligencia de audiencia pública se inició el 18 de octubre del 2005. Una vez finalizada la diligencia el Juzgado Promiscuo del Circuito de Los Patios profirió sentencia el 2 de septiembre del 2008, condenó al señor Ricardo Mantilla Gálvis, a la pena principal de seis años de prisión como coautor del delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, así mismo, lo condenó al pago de una multa de doscientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales; le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de seis años. En la providencia se absolvió a las señoras Irma María Leal Lemus, Luz Stella Villarraga, Esperanza Barrera y Elizabeth Caicedo Jaimes. Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación y el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Cúcuta, quien mediante providencia del 4 de diciembre del 2008 confirmó integralmente la decisión de primera instancia. Contra esta providencia se interpuso recurso extraordinario de casación. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Invoca el censor la causal tercera de casación, cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad. 8 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C. Las razones que esgrime el censor para plantear la nulidad son las siguientes: Violación del debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Se refiere a la resolución de acusación proferida en contra de su defendido y dice, que los hechos objeto de investigación se referían a una serie de denuncias penales ocurridas antes de la vigencia del Código Penal de 1980. Los temas planteados en dicha resolución tienen que ver con la situación descrita en el ordinal primero del artículo 247 de la Ley 600 de 2000, circunstancia de agravación de la estafa, y, la construcción del concepto del delito masa. Afirma que ninguna de estas situaciones figuraba antes del 2000. Señala que no resulta congruente calificar el mérito del sumario en contra de su representado como una estafa agravada y como un delito masa. Considera que por lo anterior se violó el derecho fundamental a la legalidad. Agrega el libelista que solicitó la cesación de procedimiento por extinción de la acción penal, en razón a la prescripción de ella. Sin embargo el término de prescripción se pretendió señalar con fundamento en la calificación, pero discute la calificación dada al hecho punible, en razón a que no estaba vigente la norma en el momento de ocurrencia de los hechos. Resultaba más favorable para el procesado que se considerara el término de prescripción señalado en el Código Penal del 2000 para el delito de estafa, término que ya corrió desde la resolución de acusación. El delito está prescrito y así debe declararse. 9 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Solicita a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada, o proferir la cesación de procedimiento correspondiente por la prescripción de la acción penal.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA EN LO

PENAL Prescripción Ninguna razón le asiste al procesado al sostener que la sentencia de segunda instancia fue proferida en un proceso viciado de nulidad, en tanto la acción penal se encontraba prescrita. De la relación establecida en la actuación procesal se extrae que la calificación se produjo el 15 de diciembre del año 2003 por parte de la Fiscalía Segunda Seccional de los Patios en la que acusa entre otros a Ricardo Mantilla Gálvis en calidad de coautores responsables del delito de estafa con las circunstancias de agravación establecidas en el texto de la providencia. Según aparece certificado por el Técnico Judicial de la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de los Patios (Norte de Santander) la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 13 de enero del año 2004. A partir de la anterior fecha, tenemos entonces que el delito de estafa agravado previsto en los artículos 246 y 247 del Código Penal, la circunstancia específica prevista en el parágrafo del artículo 31 del Código 10 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625

Bogotá D.C. Penal arroja los siguientes guarismos para calcular la fecha de prescripción de la acción penal. El delito base, esto es, la estafa tiene un lapso máximo legal de 8 años, esto es, 96 meses, término que también opera para delito agravado previsto en artículo 247 del Código Penal, en tanto la ley incrementó solamente el mínimo de la pena prevista al aumentarla de 2 a 4 años. Si al anterior término máximo de la pena prevista, se le incrementa una tercera parte por la circunstancia de agravación prevista en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, tendremos que esta fracción equivaldría a 32 meses, que sumados al básico, nos arrojaría un gran total de 128 meses, los cuales al ser reducidos a la categoría anual equivaldrían a 5 años cuatro meses, por manera que el término de prescripción, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación ( 13 de enero de 2004), nos arrojaría como fecha de extinción de la acción por este fenómeno el día 13 de mayo del año 2009, en consecuencia resulta evidente que aún este término no se ha cumplido, luego la jurisdicción no ha perdido el conocimiento de la causa por la circunstancia alegada. Incongruencia Tampoco le asiste razón al demandante, al sostener tuvo presencia un fenómeno de inconsonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, fundada en que los hechos materia de investigación fueron ejecutados durante la vigencia del decreto-ley 100 de 1980, época en la que no existía la

figura del delito de estafa agravada por las especificaciones del artículo 247 ordinal primero de la ley 600 de 2000, ni menos aún tenerlo como delito masa. 11 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Para responder este acometida debe indicarse que el procesado Ricardo Mantilla Gálvis se vinculó a la empresa “Amurcavir ONG” en el mes de septiembre del año 2001, fecha para la cual ya estaba vigente la nueva legislación, esto es, la ley 599 de 2000, cuya publicación fue realizada el 1° de julio del año 2001. Por manera que su conducta solo podía investigarse a partir de esta fecha en toda actividad desplegada durante su permanencia en la organización no gubernamental. Otros aspecto que resalta el Ministerio Público para desvirtuar la aparente falta de identidad entre la acusación y la sentencia, tienen relación con el interrogatorio formulado al acusado Ricardo Mantilla Gálvis durante la celebración de la declaración indagatoria celebrada el 21 de marzo de 2003, en la que la Fiscal Segunda de Delegada, le formuló el siguiente interrogante: “PREGUNTADO: Se le imputa a usted el punible de estafa a título de coautor al haber tomado parte de amurcavir para promocionar un proyecto de vivienda que nunca se ejecuto(sic) y con el cual dicho ente se apropio(sic) del dinero de personas que en su gran mayoria(sic) son de muy escasos recursos, lesionando con esto el patrimonio de estas personas, diga que

respionde(sic) a estos cargos? CONTESTO: Que es completamente falso asegurar que ayude a promocionar un proyecto de vivienda y muchisimos(sic) menos con la intencion(sic) de quitarle el dinero a la gente, primero por que(sic) cuando llegue(sic) a amurcavir que dicho proyecto de vivienda lo estaba patrocinado o coayudando(sic) el SENA y la universidad Francisco de Paula Santander, circunstancia que 12 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. me sirvio(sic) para imaginarme que era un proyecto viable y que estaba desarroallnadose(sic) con todas las de la ley, y si dos entes tan responsables como los mencionados, tienen a sus estudiantes laborando en ese proyecto, le elaboran la pagina web, corponor le entrega licencia, lo menos que puedo pensar es que sea un proyecto que pretenda perjudicar a alguien cosa diferente es, que fue lo que paso(sic) aquí, que la señora GLORA MARIN(sic), se aproveche de los dineros que se estaban consignado..” Del contenido de la interpelación se muestra la estructura y alcance de la acción objeto de investigación por parte de la organización de la cual el hacía parte, concretamente de ejecutar una conducta consistente en captar o acopiar masivamente dineros de mujeres cabeza de familia en forma general con la promesa de incorporarlas en un plan de vivienda que nunca fue llevado a cabo. Obsérvese que la pregunta incorpora varios elementos inconfundibles y

propios del delito masa, según el cual un sujeto activo a través de uno o varios actos, ejecuta un plan criminal dirigido a despojar de su patrimonio a una cantidad de personas indeterminadas, en tanto carecen de algún vínculo jurídico que, como en el caso concreto, lo representaban las madres cabeza de familia, de una localidad específica y de escasos recursos económicos. La idea de la acción antijurídica básica y desde luego su adecuación típica, fue comprendida por el procesado Mantilla Gálvis, no solo por su activa participación en la organización ya formada, sino por su condición profesional de abogado litigante, percepción y alcance que se materializa al dar la 13 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. respuesta y esquivar cualquier responsabilidad personal para atribuírsela de forma completa a la fallecida directora Gloria Marín. De suerte que a partir de la misma indagatoria el procesado tenía plena comprensión sobre la clase de hecho punible que se investigaba y del cual era objeto de imputación personal. Otro aspecto que cabe destacar para reafirmar que el procesado tenía plena representación de que le inquiría por un delito masa queda manifiesto al observar el texto de la providencia de 31 de marzo de 2003, dictada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Promiscuo de los Patios con la cual le fue definida la situación jurídica, en cuyos apartes cabe destacar los siguientes señalamientos: “Se procede por el punible contemplado en el TITULO VII,

Capítulo Tercero, Art. 246 ESTAFA: “El que obtenga provecho ilícito para si o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Con las circunstancias de Agravación de los Art. 247 Num. 1. “La pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años cuando: El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social” y Art. 31 PAR único: “En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte”. 14 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. El defensor al conocer el sentido de la decisión, mostró su desacuerdo interponiendo recurso de apelación, el que fue desatado por Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, quien mediante resolución del 30 de mayo de 2003 se pronunció sobre las solicitudes de nulidad planteadas por el recurrente con argumento cuyo contenido resulta importante destacar. Esto dijo el funcionario: “En lo que tiene que ver con la violación del principio de unidad procesal que alega el señor defensor, en dos aspectos, el primero por haberse acumulado las cientos de denuncias contra su defendido, cuando se han debido iniciar una

investigación por cada hecho denunciado fijando la competencia en las fiscalías locales dada la cuantía de cada una de ellas que no supera los seiscientos mil pesos y el segundo aspecto, por haberse fusionado las actividades desarrolladas por “AMURCAVIR” con las de “FUTURO COLOMBIA”, esta Delegada considera que no son admisibles los reparos que hace la defensa, pues en relación con el primer punto, como bien lo dice la señor Fiscal a quo, la conducta imputada a los sindicados tiene que ver con un delito masa, ante la evidencia notoria del designio criminal que los animó, al promocionar entre las personas residentes en el Municipio de Villa del Rosario, en forma indeterminada y genérica, que cumplieran con los requisitos de tratarse de mujeres madre cabeza de familia y que carecieran de bienes inmuebles, para ilusionarlos con la adquisición de vivienda de interés social, supuestamente construida mediante el sistema de autoconstrucción, con dotación de materiales que serian pagados con el trabajo de los aportantes y el dinero que 15 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. recogieran de organismos internacionales y políticos de la región (…) “Luego, si la conducta imputada es la estafa cometida a un gran número de personas, se impone legalmente el principio de unidad procesal por mandato legal, pues se trata de un solo delito, con unidad de acción, que recae sobre una pluralidad de sujetos pasivos, perfectamente singularizados, pero que

conforman una colectividad identificable y determinable (…).” Con estos y otros planteamientos análogos en punto a la tipicidad de la conducta, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cúcuta, confirmo la resolución que dictó medida de aseguramiento en primera instancia y en la que se advierte sin lugar a duda la vinculación a un proceso penal por la comisión de un delito masa en los términos indicados y conocidos indiscutiblemente por el acusado Mantilla Gálvis. En lo que tiene que ver con la resolución de acusación ha de señalarse que al concluir el análisis de la prueba efectuó la siguiente declaratoria: “Estas personas enunciadas abusando de su condición de Directivos de AMULCAVIR, no sólo obtuvieron un provecho ilícito a través (sic) de los dineros consignados por los denunciantes de este proceso, sino que para lograr sus fines, se valieron de artificio y engaño, surgiéndo así la figura delictiva de la ESTAFA que bien contempla el Código Penal en su artículo 246 (…) Bajo la circunstancia de agravación que consagra el artículo 247 numeral primero (…).”

Más adelante agregó: 16

Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. “(…) se hallan reunidos en su contra los presupuestos señalados por el Artículo 397 del C.P.P. para proferir en su contra RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN por el delito de ESTAFA con los agravantes reseñados precedentemente (sic)”.

Ya en la parte resolutiva de la acusación es reiterativa la providencia al imputarle a los acusados la comisión del delito de Estafa: “con circunstancias de agravación, según lo anotado en la parte motiva de esta resolución, particularidad que indica a las claras la omisión involuntaria en que incurrió el funcionario instructor, pero que surgía de bulto en tanto los actos precedentes y la descripción fáctica contenida en esta resolución reconocen el hecho punible como un delito masa. Y, al hacer la inclusión en estos dos acápites de las circunstancias de agravación se incluyen la consagrada en el artículo 247 numeral 1, y la del artículo 31 del Código Penal, en tanto el término es plural y no singular, más que como se ha dicho, tanto en la indagatoria como en al providencia que resolvió la situación jurídica se hizo expreso señalamiento a estas dos agravantes. Tan debatido estuvo este aspecto que el defensor del señor Mantilla durante la etapa del juicio solicitó la nulidad de la actuación al considerar que la fiscalía de manera irregular había acumulado indebidamente unos hechos punibles individuales o aislados a los cuales “ calificó el delito como de estafa con circunstancia se agravación punitiva” , afirmación que de manera inconcusa comprueba el supuesto fáctico del delito masa y las circunstancias plurales de agravación referidas al artículo 247 numeral 1 y 31 del Código Penal, en tanto eras las mismas que le habían sido indicadas tanto en la indagatoria como al resolverse su situación jurídica. Por manera que con este señalamiento hay un reconocimiento expreso sobre la tipicidad

17 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. y las circunstancias plurales de intensificación punitiva que le habían sido dadas a conocer. Sobre las anteriores condiciones debe entonces concluirse que la norma empleada por el ente acusador como referente para establecer la adecuación de su comportamiento a los elementos de un hecho punible, no podía ser otra que la ley 599 de 2000, con los factores punitivos propios de intensificación, los cuales respetan el principio de legalidad del delito y permitían la viabilidad de aplicar la agravante consagrada en el ordinal primero del artículo 247 de la ley 599 de 2000 y el parágrafo del artículo 31 de la misma obra, por manera que las censuras planteadas carecen de sustento. Los cargos, en consecuencia deben ser desestimados. PETICIÓN Los argumentos expresados resultan suficientes al Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal para solicitar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

GABRIEL RAMÓN JAIMES DURÁN

Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal 18 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C. Bogotá, D.C., 29 de abril de 2009 Radicación nº 31.683 19 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625 Bogotá D.C.