PGN - NULIDAD - Violación del debido proceso por no haberse definido la situación jurídica

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN Ref. Casación interpuesta por el defensor de JAIRO HERNÁN CARDONA RUIZ, procesado por el delito de fraude procesal. Rdo. Nº 27443.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 15 de diciembre de 2006, mediante la cual el Tribunal Superior de Armenia confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad que condenó a Jairo Hernán Cardona Ruiz a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión al hallarlo penalmente responsable del delito de fraude procesal.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE En denuncia penal formulada el 17 de mayo de 2002, el señor Samuel de Jesús Ospina Torres afirmó que Jairo Hernán Cardona Ruiz, a quien demandó laboralmente por el pago de prestaciones derivadas de un contrato de trabajo, al momento de contestar la demanda se opuso a las pretensiones y planteó como excepción el pago total de lo adeudado, lo cual sustentó con un recibo de pago falso por valor de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1.450.000), no siendo suya la firma que aparece en el mismo.

Mediante resolución del 26 de agosto de 2004, la Fiscalía Once Seccional de Armenia decretó la apertura de investigación penal y ordenó la vinculación mediante indagatoria de Cardona Ruiz. Ante la imposibilidad de ubicar al sindicado Jairo Hernán Cardona Ruiz, quien se

mudó de habitación, desconociéndose su dirección y teléfono1, el 23 de noviembre 1 Folio 71 Cuaderno 1. Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz de 2005 la citada Fiscalía lo declaró persona ausente y le designó defensor de oficio. El 6 de febrero de 2006, la Fiscalía le dictó resolución de acusación a Cardona Ruiz como autor de fraude procesal, concediéndole continuar en libertad, previa suscripción de diligencia compromisoria, decisión confirmada el 23 de marzo de 2006 por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Armenia, al resolver el recurso de apelación impetrado por la defensa. La etapa del juicio se adelantó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia, despacho que una vez adelantadas las audiencias preparatoria y de juicio, el 26 de septiembre de 2006 dictó sentencia condenatoria de primera instancia, cuyo principal resultado se consignó inicialmente. Al ser impugnada por la defensa, el Tribunal la confirmó integralmente, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2006, contra la cual se interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación.

2. LA DEMANDA 2.1 Primer Cargo Con base en la causal tercera de casación se acusa la sentencia impugnada de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, por irregularidades que afectan el debido proceso, concretamente por no haberse definido la situación jurídica del procesado, a pesar de que la pena mínima establecida así lo imponía.

Sostiene que la Fiscalía omitió definir la situación jurídica del procesado Jairo

Hernán Cardona Ruiz en el trámite de la investigación, pues luego de la declaratoria de persona ausente dispuso el cierre del ciclo instructivo, procediendo luego a calificar el mérito del sumario. Tal omisión constituye afectación objetiva del artículo 354 del C. de P. Penal (Ley 600 de 2000), el cual dispone que se debe resolver situación jurídica en los eventos en que sea procedente la detención preventiva, la cual se encuentra regulada en el artículo 357 numeral 1º al disponer que esa medida de aseguramiento procederá cuando el delito tenga prevista pena de prisión, cuyo mínimo sea o exceda de cuatro años. Tal monto es el que 2 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz precisamente prevé el artículo 453 del C. Penal para el autor del delito de fraude procesal. Estima que está comprobada de manera objetiva la configuración del yerro, sin que sea necesario someter dicha transgresión de la ley procesal a los criterios que orientan la declaración de nulidad, en particular del principio de trascendencia. Sostiene que de acuerdo con los precedentes judiciales citados en la demanda, cuando se trata de un vicio de rito que compromete la estructura lógica del proceso, la Corte participa del criterio de que no es necesario someter el yerro a criterios como el de trascendencia, porque se considera sustancial por sí misma la irregularidad, bastando la mera comprobación objetiva de su ocurrencia, como sucede con las lesiones al derecho de defensa. Por el contrario, los vicios de garantía exigen para su admisión que se compruebe el error y la trascendencia del

mismo. No obstante lo anterior, el actor considera que el yerro es trascendente, toda vez que la omisión en la resolución de situación jurídica privó al procesado Cardona Ruiz de ejercer algunas de las garantías derivadas del debido proceso, dentro del lapso comprendido entre el momento omisivo hasta el término de traslado para alegar, inclusive, como las de apelar dicha decisión si le era desfavorable, contradecir la prueba que sustentó dicha decisión, presentar por sí mismo alegatos de conclusión, ni constituir apoderados de confianza, quedando librado al azar el ejercicio del derecho de defensa, siendo garantía única del procesado someterse a los rigores de la sentencia anticipada, con la consabida rebaja de pena. Señala que la no resolución de situación jurídica afecta la estructura lógica del proceso, resultando ineficaces los actos decisorios posteriores que dependían de la existencia material y jurídica de tal decisión, por lo que solo la nulidad resulta idónea, no como sanción, sino como instrumento para brindarle legalidad al proceso. Con base en lo anterior, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada, y anular la actuación a partir de la resolución que ordenó el cierre de la investigación, con 3 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz el fin de que se imprima al proceso la estructura prevista en la ley 600 de 2000, y se restablezcan así los derechos y garantías quebrantados por la omisión de la Fiscalía. 2.2 Segundo Cargo Alega el actor que la sentencia se dictó en un proceso viciado de nulidad por

violación del debido proceso, derivada de la infracción al principio de investigación integral. Señala que, con miras a establecer la autoría del documento redargüido de falso, se imponía someter a contradicción la prueba sumaria aportada por la defensa del procesado, relativa a una declaración extrajuicio rendida por el denunciante ante Notario Público, donde además de retractarse, explica los motivos que lo llevaron a ello, siendo determinante establecer si mintió cuando formuló la denuncia o al hacer la declaración extrajuicio. De igual modo, el testimonio de Octavio Cardona, de quien se afirma que fue la persona que le pagó la acreencia laboral al denunciante, por lo que era importante haberle interrogado por los pormenores de ese acto y de la negociación en general, lo cual incluía detalles de la firma del documento tachado de falso, contribuyendo a constatar la verosimilitud de la retractación del denunciante Samuel Ospina Torres. Alega el libelista que los falladores de instancia no le dieron importancia a las citadas pruebas, a pesar de la necesidad de su practica para clarificar si el procesado es responsable o no del delito imputado. El recurrente solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, ordenar la nulidad de la actuación a partir del cierre de la investigación, inclusive, ordenando la práctica de las pruebas omitidas, tanto las decretadas como la no decretadas, al igual que todas las necesarias para respetar el principio de investigación integral. De modo subsidiario, solicita que la nulidad se decrete a partir de la audiencia preparatoria. 4 Casación Nº 27443

Jairo Hernán Cardona Ruiz

3. EL CONCEPTO 3.1 Primer Cargo No le asiste razón al libelista al solicitar la anulación de la actuación, apoyado en la supuesta violación del debido proceso originada en la omisión del fiscal instructor de resolver la situación jurídica del señor Jairo Hernán Cardona Ruiz.

La Corte ha sido reiterativa al señalar que no toda irregularidad en el trámite procesal implica su ineficacia, pues la anulación sólo procede en casos donde resulte ostensible e insalvable la afectación de derechos fundamentales o de la estructura del proceso, a la luz del principio de trascendencia que orienta la declaración de las nulidades, previsto en el artículo 310, numeral 2º, de la Ley 600 de 2000. Cuando se alega la violación del debido proceso, como sucede en el caso presente, se debe plantear y demostrar la configuración de una irregularidad sustancial que afecte la estructura legal del proceso de modo que se alteren las bases fundamentales de la investigación o del juzgamiento. El proceso penal está compuesto por una serie de formas y pasos lógicos, ordenados de manera sucesiva hacia la obtención de la verdad histórica relacionada con la comisión de un delito y la deducción de la responsabilidad del imputado, mediante la aplicación de la norma jurídica que resuelva el consecuente conflicto. La sistemática del proceso establece que algunos trámites constituyen presupuesto de la actuación subsiguiente, de modo que los vicios que afecten gravemente una formalidad de esa naturaleza implican la declaratoria de nulidad procesal, como sucede cuando se resuelve situación jurídica sin que se haya dado la vinculación formal del imputado, o cuando se realiza la calificación de la

investigación sin que se haya clausurado la misma, etc. Para determinar la incidencia de una irregularidad en la estructura del proceso, se debe acudir básicamente al análisis de la finalidad específica de la formalidad en cuestión, lo cual revela su importancia dentro del contexto procesal, y a la 5 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz consideración en concreto de los efectos que generó desde la perspectiva de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley. De acuerdo con el artículo 354 de la Ley 600 de 2000, la situación jurídica deberá ser definida en los casos en que proceda la detención preventiva, y ésta, según el numeral 1º del artículo 357 ibídem, debe aplicarse cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro años. En cuanto a la finalidad de la medida de aseguramiento, el artículo 355 ídem, señala que procede para “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.” Ahora bien, el delito de fraude procesal, consagrado en el artículo 453 de la Ley 599 de 2000, tiene prevista pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, razón por la cual, en el presente caso, la Fiscalía Once Seccional de Armenia ha debido resolver la situación jurídica de Jairo Hernán Cardona Ruiz, a

quien mediante resolución del 23 de noviembre de 2005 declaró persona ausente2, y el 6 de febrero de 2006 le profirió resolución de acusación como presunto responsable del delito de fraude procesal3. Si bien es claro, como lo alega el casacionista, que la Fiscalía instructora incurrió en error in procedendo al omitir resolver la situación jurídica del procesado vinculado formalmente a la investigación, en opinión de esta Procuraduría Delegada tal irritualidad no comporta entidad suficiente para considerar que a través de ella se afectó de manera grave la estructura del proceso, o que se lesionaron derechos o garantías fundamentales del procesado. En efecto, la resolución de situación jurídica no constituye dentro de la estructura del proceso penal consagrado en la Ley 600 de 2000, presupuesto para la adopción de una decisión subsiguiente, de manera tal que la omisión en su proferimiento pueda predicarse como afectación determinante de la estructura procesal por ausencia de las bases fundamentales de la investigación penal. El 2 Folio 75 Cuaderno 1. 3 Folios 87 a 91 Cuaderno 1. 6 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz censor no precisa cuáles son los actos procesales posteriores al momento de la resolución de situación jurídica, que en su concepto dependen de la existencia material y jurídica de tal decisión, lo cual sí justificaría la anulación procesal que pretende. De igual modo, desde la óptica de los fines que legalmente regulan la imposición de la medida de aseguramiento de la detención preventiva, resumidos básicamente en impedirle al procesado seguir delinquiendo y evadir o entorpecer

la acción de la administración de justicia, tampoco resulta imperativa la adopción de tal determinación, como se infiere del hecho de que ni siquiera en la resolución de acusación la Fiscalía instructora ordenó la privación de la libertad del procesado, toda vez que, por el contrario, dispuso que continuara en libertad, debiendo eso sí, suscribir diligencia compromisoria4. Por otra parte, el estudio de los efectos nocivos que, según el actor, causó la omisión de resolver situación jurídica a las garantías procesales del señor Cardona Ruiz, tampoco evidencia una objetiva y real afectación de las mismas, como a continuación se señala. El libelista encamina su argumentación hacia la presentación hipotética de unos perjuicios causados por la imposibilidad que tuvo el procesado y su defensa técnica de impugnar la resolución de situación jurídica en la eventualidad de que ella le hubiera sido desfavorable. Ciertamente, resulta absurdo presentar como argumento de sustancialidad de la irritualidad el sostener que no se permitió impugnar una decisión adversa, la cual nunca se profirió. También sostiene el censor que al no haberse resuelto situación jurídica no se permitió al procesado presentar por sí mismo alegatos de conclusión, constituir apoderado de confianza, quedando librado al azar el ejercicio de su derecho de defensa, siendo garantía personal del procesado someterse a sentencia anticipada. El recurrente no señaló de qué manera la omisión de la resolución de situación jurídica impidió al procesado el ejercicio de los citados derechos y garantías, pues 4 Folio 91 Cuaderno 1. 7 Casación Nº 27443

Jairo Hernán Cardona Ruiz lo que se advierte es que fue su propio comportamiento, al no acudir a los llamados de la Fiscalía y ser vinculado procesalmente como persona ausente, el que lo marginó del ejercicio de su derechos. Además, nada le impedía ejercer su derecho de postulación de defensor de confianza, pues en cualquier momento podía hacerlo y remover así el defensor de oficio designado por la Fiscalía, como en efecto lo hizo el 25 de enero de 2006 al otorgarle poder a la doctora Paula Andrea Calderón Orozco, quien acto seguido interpuso y sustentó recurso de apelación contra la resolución de acusación5. En cuanto a la posibilidad de que el procesado se hubiera sometido a sentencia anticipada, resulta acertado el razonamiento del Tribunal al señalar que si la voluntad del procesado Jairo Hernán Cardona Ruiz era admitir responsabilidad en el delito de fraude procesal y, de ese modo acogerse al citado mecanismo de terminación anticipada del proceso penal, así lo hubiera manifestado cuando rindió versión libre. Sin embargo, en esa oportunidad negó toda vinculación suya en el delito imputado, afirmando que los recibos aportados por él al responder la demanda que originó el proceso ordinario laboral, fueron firmados por el señor Samuel Ospina Torres6. Además, la versión que ofreció en su indagatoria tampoco comporta asunción de responsabilidad penal alguna, pues fácticamente traslada la autoría del hecho naturalístico a su padre Octavio Cardona, de quien afirma que la persona que le canceló al señor Ospina Torres el dinero que Jairo Hernán le adeudaba con motivo de la liquidación del contrato laboral. Como puede verse, en

sus intervenciones siempre trató de evadir su compromiso penal, sin que sea válido afirmar ahora que se le privó de su interés de acogerse al citado mecanismo de terminación anticipada del proceso. Por las anteriores razones, el cargo no debe prosperar. 3.2 Segundo Cargo Tampoco acierta el actor al plantear la violación del debido proceso, originado en la supuesta violación del principio de investigación integral, por la no práctica de 5 Folios 100 a 105 Cuaderno 1. 6 Folio 13 Cuaderno Tribunal. 8 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz algunas pruebas que de haberse allegado al proceso habrían modificado el sentido del fallo. El principio de investigación integral, de consagración constitucional (artículo 250) y legal (artículo 20 Ley 600 de 2000), impone al funcionario judicial un criterio de objetividad e imparcialidad en la búsqueda de la verdad procesal, lo que se traduce en la práctica y aducción, con igual celo, de las pruebas que incriminan al procesado, y de las que lo exoneran o disminuyen su responsabilidad. Se vulnera este principio, con efecto trascendente para el proceso, cuando la prueba con racional contundencia y relevancia para efectos de la demostración de la responsabilidad o inocencia del procesado, deja de practicarse porque el funcionario de manera arbitraria la niega, o limita su actividad investigativa de oficio a la búsqueda de pruebas incriminatorias, o la encauza, con evidente parcialidad, exclusivamente en uno u otro sentido. No debe perderse de vista que la formación del acervo probatorio se orienta por el objetivo central del proceso, el cual apunta a establecer la verdad de los hechos y

la responsabilidad o inocencia del procesado, de modo que el funcionario sólo debe ordenar y practicar las pruebas que objetivamente resulten pertinentes y conducentes a ese propósito. En el caso objeto de estudio, el demandante alega que la irregularidad consistió en que los funcionarios judiciales, de una parte, no sometieron a contradicción la declaración extrajuicio del señor Samuel de Jesús Ospina Torres, en la que ante un Notario se retractó de su denuncia inicial, y de otra, que no se escuchó en declaración al señor Octavio Cardona, padre del procesado Jairo Cardona Ruiz. No sobra recordar que el presente proceso se inició con la denuncia penal formulada el 17 de mayo de 2002 por el señor Samuel de Jesús Ospina Torres en la que afirma que habiendo prestado sus servicios personales en la administración de una finca al señor Jairo Hernán Cardona Ruiz, surgió una diferencia entre las partes, por lo que le formuló una demanda de carácter laboral. Que en la contestación de la misma el señor Cardona Ruiz presentó dos recibos de pago, 9 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz uno por $50.000, dinero que efectivamente recibió, y otro por $1.450.000, cuyo valor no le fue entregado, y en el cual se falsificó su firma. Revisado el expediente se observa que las pruebas aludidas por el casacionista fueron solicitadas por la defensa en escrito presentado de manera extemporánea al término probatorio del juicio. Sin embargo, en la audiencia preparatoria la Juez de conocimiento ordenó, de oficio, la práctica del testimonio del denunciante

Samuel de Jesús Ospina Torres7, el cual no se pudo practicar en la audiencia pública al no haberse hecho presente8, diligencia probatoria que tenía por finalidad, según lo afirmara en la sentencia, que el denunciante certificara sobre la veracidad de su retractación llevada a escrito en Notaría Pública. Ciertamente, como lo afirmara la Juez a-quo en su sentencia, el escrito de retractación del señor Ospina Torres, carece de todo valor demostrativo, al resultar contrario a la evidencia procesal, “por cuanto salta a la vista que es una declaración amañada o arreglada; porque cómo es posible que el ofendido cuatro años después de ocurridos los hechos exprese que sí le fue cancelada la suma dineraria que dio origen a esta investigación, certificando como veraz el documento que en primera instancia tachó de falso.”9 Finalmente, en relación con la declaración del señor Octavio Cardona, no obran elementos de juicio dentro del proceso que permitan de manera objetiva y racional afirmar que su práctica resultaba contundente para efectos de demostrar la inocencia del procesado, pues la justificación que de la misma presenta el actor no corresponde a nada distinto que a un intento estéril por darle respaldo a la coartada que finalmente expuso el procesado, según la cual, fue el señor Octavio Cardona, su padre, quien le pagó al señor Samuel de Jesús Ospina Torres, como infructuosamente se hizo constar en la retractación antes aludida. En efecto, como lo consignara la Juez de primera instancia, no resulta creíble tal explicación, pues en su primera intervención, en versión libre recibida el 27 de

septiembre de 2002, esto es, cuatro meses después de denunciado el hecho10, el 7 Folio 135 Cuaderno 1. 8 Folio 158 Cuaderno 1. 9 Folio 191 Cuaderno 1. 10 Folios 30 a 31 Cuaderno 1. 10 Casación Nº 27443 Jairo Hernán Cardona Ruiz ahora condenado Cardona Ruiz aceptó que fue él quien elaboró el recibo de pago por cuantía de $1.450.000, el cual presentó luego ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia para sustentar su respuesta a la demanda presentada por el señor Ospina torres, afirmando que este último lo firmó en su presencia. No obstante, el 6 de septiembre de 2006, después de cuatro años de ocurridos los hechos, sin ninguna justificación válida cambió su versión, al sostener en su indagatoria (recepcionada en la audiencia pública) que quien canceló las prestaciones sociales del señor Ospina Torres fue su padre Octavio Cardona.11 Las anteriores razones son suficientes, a juicio de esta Delegada, para concluir que no se configuró la violación del principio de investigación integral, por lo que el cargo debe ser desestimado.

4. PETICIÓN En consecuencia, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO JARAMILLO DÍAZ

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., mayo 20 de 2009 Exp. Nº 166/07 JGJD/jgb 11 Folio 156 Cuaderno 1. 11