PGN - NULIDAD - Violación del derecho de defensa por inactividad del abogado

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. AUGUSTO I. IBAÑEZ GUZMÁN

E. S. D.

Ref: Casación No.27279

Procesado: Jorge Cabanzo Quintero Delito: acto sexual con menor de 14 años Honorables Magistrados: El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de 10 de mayo de 2006 condenó a Jorge Cabanzo Quintero a la pena principal de 50 meses de prisión como autor responsable de los delitos de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo. Igualmente le impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal y lo condenó al pago de cinco salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales. Así mismo le negó el subrogado de condena de suspensión condicional y el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria.

Esta decisión fue apelada por el defensor del procesado correspondiendo el estudio del recurso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, instancia que el 12 de octubre de 2006 confirmó la decisión de primer grado Inconforme con esta sentencia, el abogado de Jorge Cabanzo Quintero presentó demanda de casación, escrito que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penalmediante auto de 30 de abril de 2007 y sobre el cual procederá a emitir concepto esta Delegada acerca de su viabilidad.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Casación de Jorge Cabanzo Quintero

Rad No 27.279 La señora Nancy Castellanos Rivera formuló denuncia contra Jorge esposo de la señora que cuidaba a su pequeña hija quien fue objeto de tocamientos por parte del sujeto en el área genital e incluso actos de masturbación sobre la menor y otra compañera.

2. ACTUACION PROCESAL Con fundamento en la denuncia presentada por la señora Nancy Castellanos Rivera, la Fiscalía 228 de la Unidad de Delitos contra la libertad sexual el 25 de marzo de 1999 decretó apertura de instrucción (fol. 37 y 38 c.o.1) y ordenó librar orden de captura en contra de Jorge Cabanzo Quintero. El 28 de noviembre de 2000 fue emplazado (fol. 44 c.o.1) y el 13 de diciembre de ese año se declaró persona ausente. El 22 de abril de 2004 se resolvió la situación jurídica de Cabanzo Quintero con medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor responsable del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo y le negó el beneficio de libertad provisional.(fol. 52 a 57 c.o.1) El 10 de mayo de 2004 se clausuró la instrucción (fol,.67c. o.1) y el 4 de junio de ese año se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de Jorge Cabanzo Quintero como presunto autor responsable del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado y en concurso homogéneo y sucesivo. (fol. 70 a 75 c.o.1). El 19 de julio de 2005 se produjo la captura del señor Cabanzo Quintero.

La etapa del juicio correspondió al Juzgado veintisiete penal del circuito de esta ciudad, autoridad que el 3 de septiembre de 2006 asumió el conocimiento de la actuación, y corrió traslado a las partes para que solicitaran las nulidades y pruebas que consideraran pertinentes. El 28 de septiembre en aras de garantizar el derecho de defensa de Cabanzo Quintero se corrió nuevamente traslado a las partes y el 25 de octubre de 2004 se llevó a cabo diligencia de audiencia preparatoria (fol. 95 c.o.1). El 16 de febrero se realizó diligencia de audiencia pública (fol. 98 a 101 co..1) y el 25 de julio de 2005 se revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 al procesado y se ordenó su libertad inmediata. Contra esta decisión el representante de la fiscalía interpuso recurso de apelación del cual conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Bogotá, instancia que confirmó la de primer grado. El 10 de mayo de 2006 se profirió sentencia condenatoria en los términos reseñados al inicio, la cual fue apelada por la defensa, correspondiendo el estudio del recurso de alzada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, instancia que el 12 de octubre de 2006 confirmó en su integridad la de primer grado.

3. LA DEMANDA 3.1. Primer cargo

El demandante con fundamento en la causal tercera consagrada en el artículo 207 numeral 3 del C de P.P. expone que la sentencia de segundo grado fue proferida dentro de un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de defensa material del señor Jorge Cabanzo Quintero ya que no se le hizo comparecer al proceso para su vinculación mediante indagatoria y para que interviniera personalmente en la investigación y en el juicio a pesar de que tanto la fiscalía como el juzgado contaban con información, recursos humanos y materiales suficientes para lograr que compareciera ya fuese a través de órdenes de captura emitidas en debida forma, o mediante citaciones a su dirección correcta o a su abonado telefónico, pues en el expediente existía información clara y precisa al respecto. A pesar de esto no fue utilizada correctamente por las autoridades judiciales que conocieron de este asunto durante la investigación y el juzgamiento. En el desarrollo del cargo sostiene que en la Constitución Política de 1991 se elevó a la categoría de derecho fundamental el derecho a la defensa técnica y material durante todo el proceso, es decir que este debe operar no solamente en la instrucción sino también en el juicio. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Por eso el Código de Procedimiento Penal estableció como norma rectora el artículo 1 y garantizó la plena eficacia de este mandato superior en varios artículos como el 136,

137, 138 a 148, 322 y 352 a 363; igualmente la ley 600 de 2000 hizo lo propio en los artículos 2, 8, 126, 127,128 a 136, 324 y 332 a 342. En este caso todas esas garantías constitucionales y legales de defensa del señor Jorge Cabanzo Quintero fueron desconocidas por la fiscalía encargada de la investigación y por el juzgado porque desde el 21 de junio de 1997 (fols 16 y 17) cuando amplió la denuncia la señora Nancy Castellanos Rivera ya se sabía la dirección y el teléfono donde podía ser ubicado aquél para hacerlo comparecer mediante citaciones u órdenes de captura impartidas en debida forma en la cra 3ª No. 14-44 Barrio Bosa La Estación, información que fue ratificada por la investigadora del C.T.I.. No obstante, la primera orden de captura la No. 0100470 emitida el 1 de septiembre de 2000 como consecuencia de lo dispuesto en las resoluciones del 25 de marzo de 1999 y 31 de agosto de 2000 se libró con la siguiente dirección calle 11 No. 12-36 de la ciudad de Bogotá donde nunca ha trabajado ni residido el señor Cabanzo Quintero. Sin embargo, este error fue repetido en la orden de captura No. 0135018 expedida con ocasión de la medida de aseguramiento que el 22 de abril de 2004 se impuso al sindicado. Ese error imposibilitó la captura del señor Cabanzo Quintero para que se vinculara al sumario mediante indagatoria y para que en forma personal ejerciera su defensa material durante la instrucción. Igualmente el Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá, incurrió en tal error porque para

efectos del traslado establecido en el artículo 400 del C. de P.P. dirigió el telegrama al señor Cabanzo a la misma dirección calle 11 No. 12-36 de Bogotá, circunstancia que impidió al procesado saber de la existencia del juicio y de la necesidad que compareciera para que ejerciera su defensa material durante el mismo. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Estos errores en que incurrieron tanto la fiscalía como el juzgado constituyeron un error insubsanable que no puede convalidarse pues se está frente a una clara vulneración de la garantía fundamental de la defensa, siendo la única solución la nulidad. Sí la fiscalía y el juzgado hubiesen hecho uso adecuado de la información clara y precisa que existía en el proceso respecto de la dirección de Jorge Cabanzo Quintero es innegable que el procesado hubiera sido capturado para que rindiera descargos y personalmente ejerciera su defensa material o al enterarse del proceso hubiera designado un abogado de confianza para que lo defendiera, pero nada de eso fue posible. Agrega que no es cierto lo dicho por el juzgado acerca de que Cabanzo sabía que se adelantaba esta actuación, pues así se lo comunicaron a su compañera, la señora Ana Duarte, sin embargo se mantuvo en contumacia. Tampoco resulta cierto lo afirmado por el juzgado acerca de que el incriminado

enterado del hecho en razón de la manifestación de lo ocurrido por parte de la denunciante a Ana Duarte y del mismo informe rendido por el investigador del C.T.I. quien verificó su residencia en el lugar indicado por la señora Nancy Castellanos se abstuvo de comparecer. Estas afirmaciones se desvirtúan por cuanto no es cierto que se le haya comunicado a la señora Ana Duarte, esposa de Jorge Cabanzo Quintero la existencia de este asunto penal. Si bien es cierto la señora Nancy Castellanos afirmó que una vez que su menor hija lo enteró de lo ocurrido ella se desplazó a la casa de Jorge Cabanzo para hacerle el reclamo pero como este no atendió la reclamación la hizo a su esposa Ana Duarte, pero en ningún momento expresó que ella le haya hecho mención del proceso, al contrario literalmente dijo: “ella no sabe que yo tengo demandado al esposo. Por lo tanto, era imposible que el señor Jorge Cabanzo Quintero se enterara de la existencia de este proceso por conducto de su esposa Ana Duarte. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Ahora aunque a la señora Ana Duarte la fiscalía le envió un telegrama a la dirección correcta, no existe constancia de que esa comunicación hubiese sido recibida por ella. A esto debe añadirse que el telegrama que le remitió el juzgado a esta señora iba dirigido al barrio la Estancia de Bosa, cuando en verdad se trataba del barrio la

Estación. Si se aceptase que la señora Ana Duarte se hubiera enterado de la existencia del proceso, eso por si no constituía garantía de que Jorge Cabanzo lo supiera, porque ella pudo ocultárselo a este. Del informe de la investigadora del C.T.I. tampoco se desprende que Jorge Cabanzo tuviese conocimiento de la actuación penal. Lo que se dice en el informe es que la investigadora se trasladó a la residencia de Jorge N. ubicada en la carrera 3ª No. 14-44 Bosa la Estación y constató que en ese lugar residía el señor Cabanzo Quintero con su esposa, pero en el informe nunca se dijo que ella haya entrevistado a estas personas. Agrega que el Tribunal señaló que el derecho de defensa no se afectó porque el juzgado se hubiese equivocado enviando la citación a Cabanzo Quintero a una dirección distinta de la que aparecía registrada en el proceso como suya –carrera 3 A No. 14-44 Bosa La Estación, ya que en todo caso no residía en ese lugar, situación que se confirma con el hecho de que cuando se le capturó luego de culminada la audiencia pública, señaló como lugar de residencia la Vereda Santa Isabel el Encanto del municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca y porque cuando se le dejó en libertad al suscribir la diligencia de compromiso anotó como dirección de su residencia la carera 78 A Bis No. 59-40 Sur, Bosa, La Estación. El censor refiere que el ad-quem está equivocado porque no es verdad que Jorge Cabanzo se haya mudado del lugar donde residía, es más aún reside en el mismo

inmueble. Lo que sucede es que su familia tiene una finca en la zona rural del municipio de Mesitas del Colegio y con frecuencia Jorge fija allí su residencia para trabajar en las labores del campo, que era precisamente la actividad a la que se dedicaba cuando se le capturó. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Igualmente señala que la carrera 78 A Bis No. 59-40 Sur Bosa la Estación, que registró Jorge Cabanzo en la diligencia de compromiso cuando se le otorgó la libertad no es distinta a la carrera 3 A No. 14-44 Bosa, la Estación. Ambas direcciones corresponden al mismo inmueble lo que sucede es que esta última es la nomenclatura antigua que tenía Bosa desde que era un municipio anexo al Distrito Especial y la carrera 78 A Bis No. 59-40 Sur, Bosa la Estación es la nueva dirección. Por eso el Tribunal no tiene razón cuando en la sentencia de segunda instancia afirma que Jorge Cabanzo Quintero se mudó del sitio en el que supuestamente ocurrieron los hechos y por eso no fue posible ubicarlo. Tanto la fiscalía como el juzgado contaron con información veraz, idónea y suficiente, así como con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer comparecer a Jorge Cabanzo Quintero al proceso, con el fin de que rindiera indagatoria y diera respuesta a los cargos que se le formulaban, presentando pruebas en su favor y

controvirtiendo las que se exponían en su contra. Pero dichos entes no cumplieron su función vulnerando el derecho de defensa material del procesado. Esas graves omisiones del Estado, son trascendentes en las sentencias que se dictaron en primera y segunda instancia porque si al señor Cabanzo se le hubiese hecho comparecer. Al proceso con su única versión habría podido desvirtuar los cargos que se le formulaban. Así mismo pudo haber allegado pruebas en su favor, tales como los testimonios de su esposa Ana Duarte y de sus hijos Andrés, Álex y Gina Paola Cabanzo Duarte, quienes simultánea o alternativamente se ocupan del cuidado de los niños que eran dejados a Ana Duarte. Así mismo hubiesen señalado que tales niños nunca quedaron a solas con Jorge Cabanzo Quintero. Además debe recordarse que la denunciante sostuvo que Gina Paola Cabanzo Duarte fue violada por su propio padre Jorge Cabanzo Quintero aspecto que sería desvirtuado si el procesado hubiese comparecido al proceso. El casacionista culmina el cargo, solicitando a la Sala de Casación Penal decretar la nulidad de todo lo actuado a partir inclusive de la orden de Captura No. 0100470 librada Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 el 1 de septiembre de 2000 por la Fiscal 228 de la Unidad de delitos contra la libertad sexual en contra de Jorge Cabanzo Quintero.

Segundo cargo El demandante denuncia la violación al derecho de defensa técnica del señor Jorge Cabanzo Quintero durante la etapa de instrucción debido a que no obstante habérsele designado dos abogados como defensores de oficio, estos no hicieron absolutamente nada en defensa de los intereses del procesado, situación que repercutió negativamente en las sentencias de primera y segunda instancia. En el desarrollo del cargo refiere que la jurisprudencia penal colombiana tiene establecido que el ejercicio de la defensa técnica por parte del abogado que esta llamado a cumplir tal labor no necesariamente se realiza a través de actos materiales positivos como la solicitud de práctica de pruebas, la intervención en las mismas o la presentación de alegatos, porque la inactividad del abogado defensor puede obedecer a una estrategia defensiva . Sin embargo cuando en la actuación procesal se evidencia que la inactividad del defensor no obedeció a una estrategia defensiva, sino que se está frente al abandono total y absoluto de la gestión por razones de negligencia, irresponsabilidad o desidia del abogado se produce una vulneración al derecho fundamental a la defensa técnica , lo que origina una nulidad insubsanable prevista en los artículos 304. 3 del decreto 2700 de 1991 y 306 numeral 3 de la ley 600 de 2000, que se configura dentro de la causal tercera. Esta situación ha sido puesta de presente en varias decisiones como la sentencia de 29 de mayo de 2003, radicación 12940 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés, la de 15 de mayo de 2003 radicación: 15413 M.P. Dra Marina Pulido de

Barón, sentencia de 12 de noviembre de 2003 M.P. Jorge Quintero Milanés. En este caso se vulneró el derecho de defensa técnica por las siguientes razones: Desde el 13 de diciembre del año 2000 cuando se declaró persona ausente al señor Cabanzo Quintero se le designó como defensora de oficio a la doctora María Luz Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Arredondo Correa quien tiene su sede laboral en la ciudad de Fusagasugá Cundinamarca, edificio las Palmas, oficina 210. Sin embargo la defensora Arredondo nunca compareció al proceso a cumplir con sus deberes como defensora oficiosa del procesado, situación que obedeció a tenía su sede laboral en Fusagasugá, circunstancia que le impidió acudir a la fiscalía 228 Seccional de Bogotá. De lo anterior se colige que desde su vinculación como persona ausente el señor Cabanzo Quintero estuvo huérfano de defensa técnica no por negligencia, descuido, irresponsabilidad o desidia de la mencionada profesional del derecho, sino por la culpa de la fiscalía encargada del asunto porque no tiene sentido que una autoridad judicial designe dentro de un proceso que se lleva en Bogotá como defensor de oficio a un profesional que tiene su sede en Fusagasugá. Once meses después del nombramiento de la defensora Arredondo Correa, esto es el

22 de noviembre de 2001, al advertirse que no comparecería al proceso por obvias razonestrabajaba en una ciudad retirada de Bogotá-, se designó un nuevo defensor de oficio, que si bien tomó posesión del cargo el mismo día, en todo caso nunca volvió a atender el proceso, ni siquiera ejerció control sobre el mismo para integrar un verdadero contradictorio. Esta situación de orfandad es tan dramática que el defensor de oficio se posesionó el 22 de noviembre de 2001 (folio 51) y en el folio 52 obra la providencia de 22 de abril de 2004 en la que la fiscalía 228 Seccional de Bogotá, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Transcurrieron 2 años y cinco meses desde la fecha de nombramiento y posesión hasta la fecha de la providencia en la que se contiene la medida de aseguramiento, sin que el doctor Restrepo Isaza compareciera a la fiscalía para cumplir con sus deberes como defensor de oficio de Cabanzo Quintero. Cabe anotar que dicha inactividad no puede catalogarse como una estrategia defensiva sino como el más flagrante e intolerable abandono de la gestión que se le encomendó. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Este abandono no solo trascendió sobre la medida de aseguramiento sino que también se extendió a la fase precalificatoria por cuanto tampoco presentó alegato alguno

incluso no concurrió a notificarse de la resolución de acusación motivo por el cual la fiscalía lo reemplazó por otro defensor. Agrega que tanto el juzgador de primer grado como de segundo grado señalaron que tanto las garantías constitucionales como legales en cuanto atañe a Cabanzo Quintero fueron respetadas, afirmaciones que para el censor resultan equivocadas . De acuerdo a lo anteriormente reseñado es evidente que el procesado nunca tuvo defensa técnica en primer lugar porque se nombró una abogada que no trabajaba en esta ciudad; segundo porque se nombró un abogado que a pesar de tener su domicilio en esta ciudad no hizo el más mínimo esfuerzo por ejercer control sobre el asunto mucho menos para realizar actos positivos y que obedecieran a una verdadera controversia Desde su declaratoria de persona ausente en diciembre de 2000 hasta los actos de notificación de la acusación llevados a cabo en el mes de julio de 2004 esto es durante tres años y siete meses el procesado no contó con defensa técnica pues pese a que durante ese prolongado tiempo figuraron dos abogados como supuestos defensores de oficio suyo nunca actuaron y ni siquiera se presentaron para ejercer control y vigilancia sobre el proceso y mucho menos para ejecutar o provocar actos positivos de defensa, lo cual significa que sus designaciones como defensores de oficio del señor Cabanzo fueron meramente nominales y formales, pues la defensa técnica nunca se manifestó ni material ni eficazmente, desconociéndose dentro del proceso penal que la defensa debe ser integral, ininterrumpida, técnica y material.

Respecto del tercer defensor de oficio, este se notificó de la resolución de acusación, asistió a la audiencia preparatoria e intervino en la audiencia pública, pero su figuración fue meramente nominal y formal, pues se limitó a hacer acto de presencia pero sin materializar acto alguno encaminado a defender real y eficazmente al acusado. Adicionalmente su intervención en la vista pública fue fatal. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Refiere que esa inactividad de los defensores fue tan trascendental que si se hubiese ejercido la defensa técnica en los términos exigidos por la Constitución Política y por la ley los fallos de primera y segunda instancia tendrían que ser absolutorios, pues muchas pruebas aducidas a la actuación hubiesen demostrado la inocencia de Cabanzo Quintero. Como ejemplo está el dictamen del médico forense en el que no se hace claridad suficiente acerca de si la menor ciertamente fue víctima de alguna agresión sexual compatible con el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, pues en el examen se dice que no presenta huellas externas de lesión traumática reciente, que los genitales externos están normales, que tiene una dermatitis de contacto en labios mayores, himen anular íntegro no dilatable, ano de tono y forma normales, y no hay signos actuales de contaminación venérea. De este examen no se infieren prácticas sexuales abusivas con la niña. El único aspecto

que podría dar paso a formular alguna hipótesis sobre estas prácticas será la dermatitis de contacto que se diagnosticó a la menor. Sin embargo, esta dermatitis pudo originarse como causa del contacto de la ropa interior de la niña con esa área, o por elementos de aseo, como el jabón o restos de la orina de la propia infante o indebidas prácticas de aseo debido a residuos fecales en la zona. Por ese motivo fue que el fiscal ordenó remitir nuevamente a la menor al Instituto de Medicina Legal, para que determinara si ciertamente había sido objeto de abuso sexual. Los defensores debieron insistir en que se cumpliera lo ordenado en esa resolución o por lo menos debieron solicitar a la fiscalía que requiriera al médico que emitió el dictamen para que hiciera claridad acerca de si la dermatitis que halló en la niña necesariamente fue el resultado de alguna práctica sexual abusiva. De igual forma los defensores de oficio debieron realizar alguna gestión encaminada a lograr comunicación directa con el señor Cabanzo Quintero upes el expediente obraban suficientes datos para ubicarlo; también pudieron hacer comparecer a la esposa y a los tres hijos del señor Cabanzo para que suministraran información a las autoridades judiciales en torno a los hechos denunciados. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Igualmente, si se hubiese escuchado a la hija se habría hecho claridad acerca de que es absolutamente falso que su padre la hubiese violado como lo insinuó la denunciante.

Solicita que se decrete la nulidad de lo actuado a partir de al resolución de 13 de diciembre del año 2000 a través de la cual la fiscalía declaró persona ausente al señor Jorge Cabanzo Quintero y le designó como defensora a la doctora María Luz Arredondo Correa. Al igual que en el anterior cargo al decretarse la nulidad a partir del acto procesal referido, la acción penal quedaría prescrita por haber superado con creces, los términos que para el efecto señala la ley penal sin que exista resolución de acusación ejecutoriada, motivo por el cual debe procederse a decretar la nulidad por vía de casación. Tercer cargo El censor con fundamento en la causal tercera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P. denuncia que se vulneró el derecho de defensa técnica debido a que pese a que el procesado contó con defensor en la audiencia pública, dicha actuación no puede catalogarse como una diligente y adecuada defensa técnica. En el desarrollo del cargo señala que la intervención de Montes Oviedo en la audiencia pública, además de su escasa extensión, estuvo nutrida de “frases de cajón” deshilvanadas”, de confusión e incoherencia porque en todo el discurso se refirió al delito de violación en la modalidad de tentativa, cuando la acusación se formuló por un concurso homogéneo, sucesivo y agravado de actos sexuales abusivos con menor de 14 años consumados; incoherencias que también se evidenciaron cuando en su breve alegato de audiencia el doctor Montes se refirió a Jorge Cabanzo Quintero haciéndolo

aparecer como el compañero de la denunciante, la señora Nancy Castellanos Rivera y como el padrastro de Angie Viviana Poveda Castellanos, sin tener en cuenta que el procesado nunca fue ni compañero ni esposo de la señora Castellanos Rivera, pues su esposa es Ana Duarte Cabanzo. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 12 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Esto lo que demuestra es que el profesional Montes Oviedo intervino en la vista pública sin haber leído el expediente y en esas condiciones resulta inadmisible la postura del Tribunal, al pretender avalar esa intervención del defensor de oficio en la audiencia pública señalando que el defensor basado precisamente en la información que conocía solicitó la absolución del procesado. Revisada la intervención del doctor Montes en la audiencia pública no aparece petición en el sentido de que se profiera sentencia absolutoria en favor del señor Cabanzo Quintero: además no hizo ningún estudio serio del expediente y su contenido, encaminado a defender real, material y eficazmente al acusado, sino que su discurso se basó únicamente en las intervenciones de la fiscal y el representante del Ministerio Público, principalmente en lo que dijo aquella, quien fue la que dijo que Jorge Cabanzo Quintero era el esposo o compañero sexual de la denunciante y el padrastro de la supuesta víctima. Lo dicho por la fiscal en la audiencia pública acerca de que Cabanzo Quintero es el

padrastro de la menor Angie Viviana Poveda Castellanos dando por sentado que el supuesto atentado sexual si habría existido y que el padrastro de la niña tenía que ser responsable condujo a que el defensor de oficio quien ni siquiera había revisado el contenido del expediente, hiciera ese incoherente y confuso discurso . Es más expuso que tenía la experiencia en las relaciones de compañeros y compañeras en que las madres por animadversión, acusaban a su compañero de querer aprovecharse de los hijastros o hijastras con el fin de causarle daño porque no los quieren y por lograr que el compañero salga de la casa y así interrumpir las relaciones que se tiene con él, lo que es un elemento indicativo de que no conocía la investigación. En conclusión el señor Jorge Cabanzo Quintero no tuvo defensa técnica en la audiencia pública lo cual constituye una nulidad insubsanable. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal2@procuraduria.gov.co 13 Carrera 5 No 15-80 Pbx 5878750 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jorge Cabanzo Quintero Rad No 27.279 Si el procesado hubiese contado con una defensa técnica en la audiencia pública al menos se habría acreditado la presencia de serias y razonables dudas sobre la demostración del delito y la sentencia habría sido absolutoria. Pero nada de esto sucedió porque el defensor de oficio sencillamente no leyó el expediente y se limitó a seguir la línea de pensamiento de la fiscal, totalmente errónea. Solicita a la Corte que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir inclusive de la

intervención del defensor de oficio en la audiencia pública y disponga que esa diligencia se repita con la intervención de un defensor que cumpla su función con idoneidad, seriedad, diligencia y responsabilidad.

4. CONCEPTO El casacionista bajo la égida de la causal tercera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P. expone que la sentencia de segundo grado de 12 de octubre de 2006, fue proferida en un juicio viciado de nulidad. Esto en razón a que se vulneró el derecho de defensa material del señor Jorge Cabanzo Quintero, pues debido a yerros en la etapa de instrucción y juzgamiento atribuibles a los operadores judiciales, no fue posible que este compareciera personalmente a la actuación para ejercer el derecho de defensa material.

El derecho de defensa es una garantía de orden constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta Política, que puede ser tratada desde una óptica material entendida como la defensa que puede ejercer directamente el procesado interviniendo en las actuaciones, presentando pruebas y controvirtiendo las que se alleguen en su contra, alegando e inter