PGN - NULIDAD - Vulneración por desconocimiento del principio de investigación integral

Señores

MAGISTRADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero

E. S. D.

Ref: proceso 29639

Procesado: José Omar Puentes Delito: extorsión agravada en grado de tentativa Señores Magistrados: El Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal el 12 de marzo de 2007 condenó a José Omar Puentes a la pena principal de prisión de noventa y tres meses de prisión como responsable del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, multa de 50 salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y le negó el sustituto penal de la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Se dispuso además que pagara dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ofendida.

El defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra la presente decisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Superior de Ibagué –Sala penalinstancia que el 22 de noviembre de 2007 confirmó en todas y cada una de sus partes la sentencia recurrida. Inconforme con esta decisión el defensor del procesado presentó demanda de casación, la cual se declaró ajustada por reunir los requisitos mínimos legales y sobre la cual procede a conceptuar el Ministerio Público acerca de su viabilidad. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C.

1. SITUACIÓN FÁCTICA Fueron narrados en los siguientes términos por el juzgador de primer grado: “En los primeros días del mes de agosto de 2001 llegó a la casa de la señora CARMENZA CARDENAS LOZANO ubicada en la vereda Chagualá del Municipio de Coello finca el Tambo, un escrito extorsivo en el cual le exigían la entrega de un millón de pesos elaborado a máquina enviado supuestamente por las A.U.C.. En el mismo la conminaban a dejar el dinero a las seis de la tarde del día 5 de agosto en un lugar que identificaron como “detrás de la yuca” ubicado en las afueras de la vereda. “Inmediatamente el hijo de la extorsionada acudió ante el Gaula de la Policía Nacional quienes prepararon un paquete señuelo y se apostaron cerca al lugar de entrega hasta el cual llegó el menor ARNULFO CARDONA REYES de 14 años de edad y recogió dicho paquete siendo inmediatamente interceptado por la policía. El aprehendido le indicó a los uniformados que había sido enviado por el individuo llamado JOSE OMAR PUENTES quien fue inmediatamente capturado porque rondaba por el lugar. “

2. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en un plan operativo efectuado por el grupo Gaula Regional Ibagué el 5 de agosto de 2001 se capturó a José Omar Puentes, quien fue puesto a disposición de la fiscalía Sesenta Local de Ibagué, autoridad que el 8 de agosto de 2001 decretó la apertura de instrucción. Escuchado en diligencia de indagatoria

el 9 de agosto de 2001, se procedió a resolver su situación jurídica el 14 de agosto de ese año con medida de aseguramiento de detención preventiva, negándosele el beneficio de la libertad provisional. (fol. 4552 c.o.1). Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. La investigación pasó a la fiscalía Quinta Local de Espinal Tolima, quien el 19 de noviembre de 2001 sustituyó la medida de detención preventiva impuesta al procesado por detención domiciliaria. El 18 de diciembre de 2001 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de José Omar Puentes como presunto autor del delito de extorsión en la modalidad de tentativa.(fol. 140 a 145 c.o. 1). El defensor del procesado interpuso recurso de apelación del cual conoció la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, instancia que el 25 de abril de 2002 confirmó la resolución de acusación proferida por la fiscalía Quinta Local del Espinal. La etapa del juicio correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, instancia que el 14 de agosto de 2002 asumió el conocimiento. El 23 de septiembre de 2002 se remitieron las diligencias a los Juzgados Penales del Circuito del Espinal radicándose la actuación en cabeza del Juzgado Segundo penal del Circuito, oficina que dispuso el traslado a los sujetos procesales por el término de 30 días hábiles de conformidad con el artículo 400

del C. de P.P.. El 6 de diciembre de 2002 se remitieron las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Coello, autoridad que concedió la libertad provisional al procesado y en auto de 16 de mayo de 2003, remitió el proceso al Juzgado Penal del Circuito reparto y propuso colisión negativa de competencia. La actuación pasó al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, autoridad que el 29 de marzo de 2004 llevó a cabo audiencia preparatoria y el 2 de agosto de 2006 evacuó la vista pública. Mediante auto de 1 de febrero de 2007 remitió las diligencias a los Juzgados Penales del Circuito del Espinal (Tolima). El Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal profirió decisión condenatoria en los términos reseñados al inicio, la cual fue apelada correspondiéndole el estudio del recurso al Tribunal Superior de Ibagué, instancia que confirmó la decisión integralmente.

3. LA DEMANDA

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. 3.1. Primer cargo El actor con fundamento en la causal tercera consagrada en el artículo 207 del C. de. P.P. acusa que la sentencia de segundo grado fue dictada dentro de un juicio viciado de nulidad, por haberse incurrido en las etapas de instrucción y juzgamiento en comprobadas irregularidades que afectaron el debido proceso, ya que se omitió la práctica de pruebas importantes dentro de la actuación, vulnerándose el principio de investigación integral. Agrega que se quebrantaron

los artículos 306 numeral 2, 310, 234, 6, 7 y 20 del C. de P.P. ley 600 y los artículos 29 y 250 de la Carta política. En el desarrollo de la censura sostiene que la prueba de cargo tanto en la sentencia de primer como en la de segundo grado fue el testimonio del menor Arnulfo Cardona Reyes, el cual se recepcionó sin el lleno de requisitos pues no fue citado previamente para que los sujetos procesales, especialmente la defensa tuviese la oportunidad de controvertirlo, ya que la fiscalía se desplazó a la entidad correccional donde estaba el menor sin fijar fecha y hora, quedando el defensor sin datos para asistir a la diligencia. Igual sucedió con los testimonios de los agentes de policía señores Fredy Sandoval Barrios y Edgar Suzunaga Orozco, declaraciones que se recibieron sin fijar fecha y hora determinada para que las defensa los controvirtiera. En la sentencia se dice que los anteriores testimonios son plena prueba para establecer con certeza no solo la ocurrencia del hecho punible, sino su responsabilidad, y además de ellos se deduce o establece el hecho indicador de los indicios de presencia, oportunidad para delinquir y mala justificación. Estos indicios se deducen no de hechos conocidos y debidamente acreditados en el proceso, sino de estos testimonios recepcionados a la mera voluntad del ente instructor y sin llenar los requisitos de ley, pues la defensa no tuvo oportunidad de intervenir en su práctica. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. Agrega que su representado citó en su indagatoria a varias personas a las que les constaba el comportamiento que este ejerció previamente a su captura. El ente instructor al no ordenar la recepción del testimonio de todos y cada una de las personas que el hoy condenado citó en dicha diligencia, desconoció el artículo 234 del C. de P.P. y vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. El fiscal en el auto de apertura de instrucción violó flagrantemente el artículo 331 del C. de P.P. pues esta norma le exigía indicar las personas por vincular, que según la versión de los policías eran varios. No obstante, se limitó a vincular solamente a José Omar Puentes, a pesar de que había sindicaciones contra otras personas. A pesar de que fueran menores de edad el fiscal debió vincularlos en el auto de apertura, pues solo hasta que se demostrase con el registro civil de nacimiento o la prueba médico forense se establecería si el fiscal era competente o no, lo demás eran suposiciones, pero el instructor no hizo nada. Las irregularidades se presentaron en todo el curso del proceso. Así el señor Omar Puentes solicitó la recepción del testimonio de los señores Esperanza Girón Triviño, José Guillermo Santos Puentes y Leonardo Angarita Reyes, las cuales fueron ordenados por la señora fiscal a excepción del de Guillermo Santos Puentes, sin expresar los motivos por los cuales excluía este testimonio, pese a que era trascendental para la instrucción. Sostiene que la irregularidad no radicó en la exclusión de este testimonio, sino en que el ente instructor no agotó los medios que la ley otorga para que estos testigos cumplieran con su obligación,.así

fuese por la vía de la represión. Refiere que el fiscal incurrió en una irregularidad al cerrar la instrucción a sabiendas que había pruebas por practicar como el testimonio de Leonardo Angarita Reyes, Esperanza Girón y el de los señores Ignacio Pretel y Juan Gómez. De igual forma la fiscalía le recepcionó el testimonio a los policías Carlos Fernando Abendaño Acosta y Héctor Javier Marín Cabrera sin que hubiese un Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. acto que lo ordenara. Lo mismo sucedió con el testimonio de José Guillermo Santos Puentes, testimonios que fueron el fundamento probatorio para condenar a su defendido. Destaca que el cierre de la investigación no se le notificó al señor Puentes por error de la fiscalía, pues lo notificó en la cárcel Distrital de Ibagué, y como no estaba se terminó notificando al asesor jurídico, a pesar de que el instructor le había otorgado la detención domiciliaria. Posterior al cierre de instrucción, los señores del Cuerpo técnico de Investigación allegaron el dictamen pericial practicado a la máquina de escribir brother, en la que se hizo la carta extorsiva, dictamen del que no se corrió traslado al acusado y a su defensor tal como lo dispone el artículo 254 del C. de P.P. situación que vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. Agrega que la fiscalía 5 Local del Espinal Tolima calificó el sumario con resolución de acusación, sin que se hubiesen practicado las pruebas que solicitó el

procesado, vulnerando el principio de investigación integral según el cual es deber del funcionario investigar con celo tanto lo favorable como lo desfavorable al procesado. Cabe anotar que esta prueba testimonial era vital para la defensa de Puentes pues con esta se pretendía establecer que Puentes era inocente y que se encontraba en el sitio de los hechos por una mera coincidencia, pues el se desplazaba a su casa que queda aproximadamente a cien metros (100 mts) de donde se encontraba el paquete. La resolución de acusación no se le pudo notificar a su defendido por culpa de la fiscalía, por cuanto el sindicado ya no se encontraba en la cárcel, circunstancia que conocía la fiscalía 5 Local del Espinal Tolima porque fue la misma quien le sustituyó la medida de detención carcelaria por domiciliaria. El actor hace una sinopsis de lo ocurrido en la etapa del juicio resaltando que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué finalmente llevó a cabo la audiencia preparatoria en la que afirma que no había solicitud de pruebas Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. y ordena unas de oficio, afirmación contraria a la realidad procesal, por cuanto legalmente existía una solicitud de pruebas presentada dentro del término legal por uno de los defensores de Puentes. Se advierte que el juez vulneró el derecho de defensa pues el procesado se quedó sin pruebas para demostrar su inocencia, todo porque este que no revisó el expediente en todo su itinerario procesal. Dentro de dichas pruebas estaba la

inspección judicial con la cual se desvirtuarán los indicios de presencia y mala justificación y el indicio de mentira que sirvieron de presupuesto para dictar la condena. Adicionalmente se evidenciaría si era cierto que el señor Omar Puentes venía de donde la novia del señor Leonardo Angarita y se establecería la distancia existente entre el lugar de su captura y el lugar donde el hoy condenado jugaba cartas con el señor Ignacio Pretel y Juan Gómez, personas que fueron citadas a declarar y por omisión exclusiva del ente instructor no se practicaron. Sostiene que el ente acusador señor Fiscal Segundo especializado no era competente para intervenir en la audiencia de juzgamiento, pues a quien le correspondía acusar era al fiscal seccional delegado ante los Jueces del Circuito del Espinal, Tolima, pues quien dictó la sentencia fue el juez Segundo Penal del Circuito del Espinal. Es claro que si el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado remitió el proceso al Juzgado del Circuito del Espinal para no incurrir en nulidad por competencia, la actuación del Fiscal Segundo Especializado de Ibagué era nula. El actor refiere que se dictó la sentencia con total desconocimiento del artículo 232 del C. de P.P. que exige la necesidad de la prueba. Igualmente se inobservó el artículo 7 del C. de P.P. que consagra el principio del in dubio por reo , pues se dejaron de practicar pruebas que demostraban la inocencia de su defendido. Así mismo se desconoció el artículo 399 del C. de P.P. que señala que en caso del vencimiento del término de instrucción cuando no se hayan podido practicar

pruebas, la duda se resolverá a favor del procesado. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Solicita a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal casar la sentencia demandada y en su lugar declarar la nulidad del proceso desde la resolución en la que se ordenó cerrar la investigación. 3.2. Segundo cargo. El casacionista con fundamento en la causal tercera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P. señala que la sentencia de segundo grado se dictó dentro de un proceso viciado de nulidad por violación al derecho de defensa técnica. Sostiene que la defensa técnica es la acción real no formal, que implica ejercicios y acciones recursivas, discursivas, tratamiento de conceptos jurídico penales tanto en el orden sustantivo como en el procesal. En fin la defensa técnica significa ejercer oportuna y efectivamente todo el conocimiento que se tiene a favor de quien se defiende. No hay defensa cuando se presenta inactividad, pasividad e indefensión. No basta la simple designación o reconocimiento de un profesional del derecho en el proceso, sino que se exige de este actos para que la defensa sea real y efectiva y no se quede en el plano de lo nominal. Refiere que en el presente caso a su representado lo asistieron varios profesionales del derecho, unos de confianza, otros de oficio pero su inactividad o su actuar pasivo fue permanente durante todo el proceso configurándose la falta de defensa técnica. La inactividad defensiva se establece en las sucesivas sustituciones de los

poderes que hicieron los defensores del señor José Omar Puentes. Inicialmente el doctor Oscar Alberto Jarro Díaz inició la defensa de oficio, situación que se aprecia en la indagatoria (fol.67 c.o.1). Luego renuncia al poder, motivo por el cual el procesado le confiere poder de confianza al Doctor Ernesto Arévalo González (fol.68 c.o.1). Este profesional le sustituye el poder al doctor Manuel Guillermo Rincón Pérez (fol. 16 c.o.2) El doctor Ernesto Arévalo González le sustituye poder Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. al doctor Manuel José Nieto y este a su vez a Juan Carlos González (fol.75 co.2) y este a José Eduardo Lozano Rondón (folio 170 c.o.2) La inactividad en el presente proceso es clara y notoria. Es así que el hoy condenado José Omar Puentes mencionó en su indagatoria nombres de personas que lo acompañaban el día que se llevo a cabo su captura, pero la defensa no solicitó la recepción de dichos testimonios, incurriendo en una falencia vital para la defensa, pues las personas señaladas por el procesado podrían establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se encontraba el señor Puentes. Igualmente este mencionó a los señores Ignacio Prettel y Juan Gómez testimonios respecto de los cuales no insistió la defensa. El defensor también guardó silencio cuando el instructor cerró la investigación porque estaba perfeccionada, cuando lo correcto era que interpusiera recurso de

reposición para que el fiscal saneara la inadecuada actuación, pues la investigación no estaba perfeccionada, ya que faltaba practicar las pruebas que el sindicado y el procesado habían solicitado en forma personal y a través de sus defensores. La pasividad e inactividad de los defensores condujo a que dicha decisión quedase en firme y no se practicaran pruebas de vital importancia para demostrar la inocencia de Puentes. Cabe anotar que la fiscalía recepcionó en forma caprichosa e inoportuna los testimonios que obran en la actuación, testigos que llegaban sin cita previa a deponer, aspecto anómalo sobre el cual guardó silencio la defensa. Tampoco insistieron en las pruebas que estaban debidamente decretadas, no le exigieron al Fiscal que corriera traslado de la prueba pericial practicada sobre la máquina de escribir brother, con la que se elaboró la carta extorsiva. En conclusión los defensores en la parte instructiva no ejercieron la defensa en forma activa y real para impedir que al procesado se le profiriera resolución de acusación.: La defensa no activó el sistema probatorio para vincular a los verdaderos autores o cómplices del punible investigado a sabiendas de que los Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. policiales en su informe al igual que el menor Arnulfo Cardona Reyes señalaban a otras personas como participes del punible, entre ellos José Guillermo Santos Puentes y Juan Manuel Santos Puentes, quienes tenían que haber dado razón del

cargo que se le imputaban, si era cierto o no que el señor José Omar Puentes hacía parte del grupo extorsionista. En la etapa del juicio se observa que uno de los defensores solicitó la practica de pruebas dentro del término legal consagrado en el artículo 400 del C. de P:P., petición que debía resolverse en la audiencia preparatoria .Sin embargo debido a las reformas penales este proceso pasaba de un juez a otro, y cuando el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué llevó a cabo la audiencia preparatoria, erradamente afirmó que no había solicitud de pruebas pese a que la defensa anteriormente había elevado dicha solicitud en la que pedía la realización de una diligencia de inspección judicial y la práctica del testimonio del señor José Guillermo Santos Puentes persona a quien se señala junto con el procesado como quienes pagaron para hacer la carta extorsiva, convirtiéndose en cómplice o autor de los hechos investigados Tampoco se decretó la ampliación de la declaración de Arnulfo Cardona Reyes, que era necesaria en el sentido de establecer acerca de si su representado fue la persona encargada de llevar la carta extorsiva y porqué no fueron todos los vinculados a recoger el paquete. La actuación de los defensores se limitó a sustituirse los poderes y a reasumir los mismos, pero sin activar en forma real y efectiva la defensa, dejando en total orfandad a su representado, configurándose la causal establecida en el numeral 2 del artículo 306 del C. de P.P. El casacionista pide a la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal, casar la sentencia y en consecuencia declarar la nulidad del proceso desde la resolución

del cierre de la investigación calendada 19 de noviembre de 2001. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. 3.3. Tercer cargo. El actor con fundamento en la causal primera consagrada en el artículo 207 del C. de P.P.- violación indirecta de la ley sustancialdenuncia que el juzgador incurrió en error de derecho por falso juicio de legalidad, yerro que condujo al quebranto de los artículos 7, 232, 235, 276 y 399 del C.P.P: y artículo 29 de la Carta política En la demostración de la censura señala que el juzgador le confirió valor probatorio a varios medios de prueba irregularmente aportados como sucedió con los testimonios de Fredy Sandoval Barrios, Héctor Javier Marín Cabrera, Edgar Susunaga Orozco y Caros Avendaño Acosta, al igual que la declaración del menor Arnulfo Cardona Reyes, pruebas que se practicaron sin los requisitos que exige la ley. Estas pruebas no fueron decretadas en su debida oportunidad, es decir cuando se ordenó la apertura de instrucción y cuando se les citó no le fijaron fecha ni hora para su recepción, de donde se infiere que la defensa no tuvo oportunidad de controvertir la prueba testimonial. El actor refiere que el testigo debe ser citado en forma previa, porque si su práctica es inconducente el defensor debe pedir su rechazo. En este caso los testimonios se recepcionaron en forma sorpresiva asaltando la

buena fe de la defensa y cuando se le citó nuevamente igualmente incurren en el mismo error, aspecto que se vislumbra al revisar la constancia secretarial en la que ser afirma que el agente Carlos Avendaño Acosta se encargaba de traer al agente Héctor Marín, constancia efectuada el 1 de noviembre de 2001. No obstante las declaraciones fueron recibidas al día siguiente o sea el 2 de noviembre de ese año. El artículo 232 del C. de P.P. señala que las providencias deben fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso, pero en este evento las pruebas de cargo se recepcionaron a espaldas del procesado y su defensor. Agrega respecto del testimonio del menor Arnulfo Cardona Reyes que este debió ser remitido desde su centro de reclusión a la fiscalía, para que dentro del Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. ambiente natural y con la debida oportunidad la defensa del procesado lo contrainterrogara. Pero lo que hizo la fiscal, fue ordenar la prueba sin notificársela a los sujetos procesales, limitándose a ir al centro de reclusión y recepcionarla allí. Ante dicha irregularidad el defensor solicitó la ampliación de la misma para controvertirla, se decretó pero los mismos operadores impidieron su práctica. Al no tener la defensa la posibilidad de contradecir este testimonio, no puede considerarse como plena prueba, ni se le debe valorar, ya que lo contrario constituye un falso juicio de apreciación de la prueba.

Al no haberse desvirtuado lo manifestado por el procesado y hoy condenado pese a que existían pruebas que lo acreditaban, pero que no fueron practicadas debe aplicarse el artículo 7 en concordancia con el artículo 399 del C. de P.P. que señala que toda duda debe resolverse en favor del procesado, y aquí las pruebas recaudadas no generan certeza motivo por el cual debe darse aplicación a este principio. Culmina el cargo solicitando a la Honorable Corte, casar la sentencia demandada y en su lugar decretar la absolución del procesado José Omar Puentes.

4. CONCEPTO 4.1. Primer cargo El actor señala que se dictó la sentencia de segundo grado dentro de un juicio viciado de nulidad debido a que se omitió la practica de pruebas importantes lo que condujo al quebrantamiento del principio de investigación integral. Dicho yerros vulneraron el artículo 29 y 250 de la Carta Política y los artículos 2, 310, 234, 6, 7 y 20 del C. de P.P. ley 600.

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Cuando se denuncia la trasgresión del principio de investigación integral establecido en el artículo 20 de la ley 600 corresponde al actor no solo indicar que el juez fue inoperante por no decretar la prueba, sino que resulta fundamental la concreción de los medios de convicción no decretados por el funcionario, explicar razonadamente su conducencia por estar relacionados directamente con el objeto de la investigación, que son procedentes porque la legislación permite su

realización, y que es factible su practica. Además demostrar que el desconocimiento de este principio vulneró las garantías del procesado y que resulta de cierta entidad para viciar la actuación. En otras palabras se impone al actor patentizar los perjuicios que por dichas anomalías sufrió el procesado y los aspectos favorables para este en caso de reconocerse tal yerro. El casacionista sostiene que el procesado mencionó a varias personas en su indagatoria a quienes les constaba su comportamiento, pero la fiscalía no las citó. Se olvida el censor que la no verificación de todas las citas hechas en la indagatoria, no necesariamente conducen a la violación del principio de investigación integral. En efecto, para que haya una vulneración de dicho principio, es necesario en primer lugar señalar las pruebas omitidas, acreditar que el funcionario de forma arbitraria o caprichosa se negó a su práctica y la incidencia de dichas pruebas para darle un giro al fallo, aspectos que no demuestra el censor. Revisada la diligencia de indagatoria de Puentes en esta menciona a varios sujetos, entre estos a José Guillermo Santos Puentes, Juan Manuel Santos Puentes, Esperanza Girón, Ignacio Prettel y Juan Gómez, quienes si fueron citados por el funcionario instructor tal como se advierte en la actuación...(fol. 29 a 32 c.o.1) Así mediante resolución de 28 de agosto de 2001 se ordenó escuchar en declaración a José Guillermo Santos Puentes y Juan Manuel Santos Puentes quienes fueron citados a través de la Inspección Municipal de Policía de Coello, según oficio No. 6189 de 29 de agosto de 2001 (fol. 63 c.o.1). Los dos Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. comparecieron, pero solo rindió declaración José Guillermo Santos menor de edad, porque el segundo se negó a declarar.(cfr. folios 74 y 75 c.o.2 ) El defensor del procesado solicitó que se escuchara en declaración a Leonardo Angarita Reyes, Esperanza Girón Triviño y José Guillermo Santos Puentes. La fiscalía a través de resolución de 10 de septiembre de 2001 ordenó los testimonios de la señora Esperanza Girón Triviño y Angarita Reyes, para lo cual nuevamente acudió a la inspección Municipal de Policía de Coello (fol 71 c.o1). La Inspección Municipal de Policía de Coello mediante oficio No. 163 de 22 de septiembre de ese año informó que no había sido posible citar a Leonardo Angarita Reyes y Esperanza Girón Triviño porque el comunicado llegó después de la fecha en que estos tenían que presentarse.(fol. 76 c.o.1). En este caso no se logró la comparecencia de dichos testigos no por negligencia del instructor, sino por demoras en el correo. Nuevamente la fiscal ordenó mediante resolución de 26 de octubre de 2001 citar a las anteriores personas y adicionalmente a Juan Gómez e Ignacio Pretel, para lo cual nuevamente se acudió a la inspección de policía (fol.85 c.o.1) pero no comparecieron. La fiscal local el 19 de noviembre de 2001 clausuró la instrucción, acto que también fue criticado por el censor pues faltaba por practicar los anteriores testimonios, aspecto que en sentir de esta Delegada no constituye ninguna

irregularidad por cuanto para cerrar la instrucción, no es menester que el instructor haya practicado todas las pruebas ordenadas ni las que surjan de ellas, mucho menos las que soliciten las partes, pues la norma (artículo 393 del C. de P.P.) solo exige para tal acto que se cuente con la prueba necesaria para calificar o que haya vencido el término de instrucción. También reprocha el actuar de la fiscal por haber calificado el mérito del sumario con resolución de acusación sin haber practicado dichas pruebas, porque se vulneró el principio de investigación integral, afirmación errada por cuanto el grado de conocimiento que se requiere para proferir resolución de acusación es que esté demostrada la ocurrencia del hecho, que exista algún medio de prueba ya sea Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 14 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. confesión, testimonio, documento, peritación o cualquier otro medio de prueba que acredite la responsabilidad del procesado, es decir que exista la probabilidad de que el acusado es responsable, a diferencia del juicio en que es necesario que exista certeza para emitir una condena. Por esta razón, no es necesario que se agoten en la etapa instructiva todas las pruebas, pues precisamente en la etapa del juicio pueden decretarse pruebas en la audiencia preparatoria y e en el debate público. En el caso que nos ocupa se dictó resolución de acusación porque en la actuación obraba el testimonio del menor Arnulfo Cardona Reyes quien expuso bajo la gravedad del juramento que José Omar Puentes junto con José Guillermo Santos

le pagaron $30.000 para que el hiciera una carta a máquina, carta que precisamente fue la enviada a la señora Carmenza Cárdenas Lozano para extorsionarla. Igualmente, este menor señaló que después estos mismos lo contactaron para que fuera a recoger un paquete a un “guasimo grande” que hay al pie de la casa de Omar, que el paquete lo tenía que dejar ahí la señora Carmenza o el mayordomo. (fol. 39 c.o.1). De igual forma obran las declaraciones d