PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Actos de la procuraduría que destituyó e in

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Actos de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó funcionario del Municipio de Florencia Por las razones expuestas en precedencia, este delegado del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, solicita respetuosamente a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 28 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda. SANCIÓN DISCIPLINARIA-Legalidad y garantías fundamentales del debido proceso PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-En materia disciplinaria/PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Fundamento constitucional/PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Jurisprudencia La Constitución Política en sus artículos 6, 122 y 123 establece el principio de responsabilidad de los servidores públicos, que de manera general indican que serán responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Conforme con ello, el artículo 122 ordena que, para ejercer cargos públicos, previamente se deberá prestar juramento en el sentido de cumplir y defender el ordenamiento jurídico. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-721 de 2015, indicó: FALTAS DISCIPLINARIAS-Clasificación Concordante con las definiciones del Código Civil, la Ley 734 de 2002, en su título V, estableció la clasificación de las faltas disciplinarias, así como los tipos de sanción a

imponer. Según esa clasificación y conforme a la fundamentación del grado de responsabilidad en cada caso particular, para determinar cuándo procede destitución, suspensión, multa o amonestación escrita, previó que dependerá si el elemento subjetivo de la conducta se clasifica con dolo o culpa, y para este último caso define la culpa gravísima, grave y leve en el parágrafo único del artículo 44, así: De manera tal que si bien la clasificación taxativa de las faltas gravísimas, así como el amplio catálogo de incumplimiento de deberes, omisiones y acciones susceptibles de ser catalogadas como faltas graves o leves, determinan el tipo de la sanción disciplinaria a imponer, también se deberá establecer en el procedimiento disciplinario si el sujeto disciplinario actuó de manera dolosa o culposa y conforme a las definiciones antedichas, para aplicar la sanción correspondiente, atendiendo el principio de proporcionalidad y para las faltas gravísimas del artículo 48 de la Código Disciplinario Único, ejecutadas con dolo o culpa gravísima, se impondrá la destitución e inhabilidad general. Entre tanto, para las faltas graves realizadas con dolo o culpa gravísima se impondrá la suspensión e inhabilidad general, la suspensión para las faltas graves culposas, la multa en los casos de faltas leves dolosas y la amonestación escrita en el caso de las faltas leves ejecutadas de manera culposa. Finalmente ha de tenerse en cuenta que el numeral 6 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en que se fijan los criterios de gravedad o levedad de las faltas disciplinarias,

contempla la figura de la confianza, al indicar: RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Conlleva el examen exhaustivo de las pruebas el grado de responsabilidad, y las circunstancias especiales que rodean a la conducta del disciplinado GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO-En materia disciplinaria La exigibilidad de las garantías propias del debido proceso tanto en actuaciones judiciales como en las de carácter administrativo ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia nacional a partir del mandato del artículo 29 de la Constitución Política. Es así como el Consejo de Estado, en sentencia dictada el 14 de febrero de 2019, expediente 11001-03-25-000-2014-00073-00(0140-14), hizo énfasis en que el debido proceso en las actuaciones administrativas debe ser garantizado en aras de preservar los derechos fundamentales del disciplinado, la seguridad jurídica y el control de la potestad estatal disciplinaria. PROCESO DISCIPLINARIO-Trámite, aspectos sustanciales y formales FALLO DISCIPLINARIO-Fundamentos facticos y jurídicos El artículo 170 de la Ley 734 de 2002, es preciso en indicar que los fallos disciplinarios deberán estar debidamente motivados, para cuyo efecto deberán contemplar los siguientes requisitos formales y sustanciales, los cuales se verifican en el presente caso, así: i) Plena individualización e identificación del investigado, aspecto plenamente esclarecido a partir del auto de apertura de investigación y el pliego de cargos, en que se señala la condición de subdirector técnico del Instituto municipal de obras

civiles y en cumplimiento de las funciones del cargo actuó en la etapa precontractual de la licitación. ii) Relación de los hechos que dan origen a la investigación disciplinaria, los que están claramente establecidos en las principales piezas procesales, orden de indagación preliminar, auto de apertura de investigación, pliego de cargos y los fallos de primera y segunda instancia, como hechos, antecedentes. Y iii) Análisis de las pruebas en que se fundamentó el fallo. Sobre este aspecto de fundamental relevancia, se constituye la motivación fáctica de la decisión disciplinaria, en que no solo se refiere a la relación enunciativa de los medios de prueba allegados al expediente disciplinario sino a su valoración bajo las reglas de la sana critica, de los cuales se evidencian las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos investigados, así como los elementos de prueba que dan lugar a la imputación sobre violación del deber sustancial y el grado de responsabilidad del investigado, entre los que se trae a colación lo señalado en el fallo de segunda instancia 2 ILICITUD SUSTANCIAL-Hubo afectación a los deberes funcionales sin justificación alguna, se inobservó principios constitucionales y legales ANTIJURIDICIDAD FORMAL-Tipificación de determinada conducta atentatoria del correcto ejercicio de los deberes propios del funcionario/ANTIJURIDICIDAD MATERIAL-Violación de los principios que rigen la administración pública En consecuencia, en lo que atañe al control integral, ha de concluirse que en este caso el acto objeto del medio de control a resolver, atendió los deberes de motivación fáctica y jurídica, conforme a las normas que regulan el proceso

disciplinario y la facultad sancionadora de la Procuraduría General de la Nación, la cual se ejerció dentro del término de los cinco años previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que la participación en la fase precontractual imputada al actor, numeral 31 del artículo 48 de la misma ibidem, concluye con la suscripción del contrato, es decir, el 13 de diciembre de 2010 y el fallo de primera instancia es del 30 de septiembre de 2015, notificado personalmente al investigado el 2 de octubre de 2015, a su apoderado el 7 siguiente, e incluso tomando como fecha de ejecutoria la de des fijación del edicto del notificación al otro disciplinado en este proceso, el 10 de noviembre de 2010, notificación que se realizaron dentro de los 5 años. SANCIÓN DISCIPLINARIA-Se encuentra debidamente motivada 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2022-310191

Concepto No. 059 Bogotá, D. C.,13 de junio de 2022 Doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Consejera ponente Sección Segunda (Subsección B) Consejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 18001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)

Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Trámite Apelación sentencia

Tema: Disciplinario (destitución e inhabilidad) Respetada consejera de Estado: Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. El señor Óscar Mauricio Ossa Vargas, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad de los actos administrativos de 30 de septiembre de 2015 y 6 de julio de 2017, por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación la sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad por el término de 10 años, en su condición de subdirector técnico del Instituto Municipal de Obras Civiles de

4 Florencia. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, el reconocimiento de perjuicios materiales y morales. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ejerció el cargo de subdirector técnico del Instituto Municipal de Obras Civiles del municipio de

Florencia, Caquetá, hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que en ejercicio de sus funciones participó en el proceso de contratación que concluyó con la firma del contrato 126 de 13 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el estudio, diseño y contracción parcial del sistema de alcantarillado y optimización del acueducto municipal del mencionado ente territorial. Que el 4 de abril de 2011 fue radicada queja ante la Procuraduría Regional del Caquetá por presuntas irregularidades en la celebración del aludido contrato, por lo que se dio inicio a indagación preliminar con el propósito de determinar la existencia presuntas irregularidades de carácter disciplinario y los funcionarios involucrados. Así pues, se tramitó la investigación disciplinaria que determinó que el actor es responsable del cargo imputado, que culminó con la sanción objeto del presente medio de control. que conforme con las fechas señaladas en el pliego de cargos como hechos constitutivos de irregularidades de la etapa precontractual, solicitó a la demandada que declare la prescripción de la acción disciplinaria y archivo de las diligencias, petición que fue negada en el acto sancionatorio de segunda instancia. 1.1.3 Fundamentos jurídicos. Citó como normas infringidas por los actos demandados los artículos 29 de la Constitución Política; y 29, 30, 143 y 165 de la Ley 734 de 2002. Argumentó que los actos sancionatorios desconocen el derecho al debido proceso por violación del principio de congruencia entre el pliego de cargos y los fallos disciplinarios, que indicó que el actor participó en la etapa precontractual del contrato en que agregaron otras actuaciones,

mientras que en los cargos solo se indicó que en esa etapa el investigado realizó los estudios previos y suscribió un concepto. Además, contados los términos desde la fecha en que suscribió los documentos a la fecha en que quedaron ejecutoriados los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia transcurrieron más de 5 años, por lo tanto, la acción disciplinaria esta prescrita. 1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al indicar que la falta disciplinaria imputada en el pliego de cargos es claramente coherente con los fallos disciplinarios y que, el investigado tuvo clara la naturaleza y efectos de las actuaciones cuestionadas, respecto de las cuales ejercició oportunamente el derecho de defensa y contradicción. En cuanto a la prescripción de la acción, afirma que en el escrito de apelación y solicitud de nulidad se reconoce expresamente que fue notificado dentro del término legal.

1.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

5 El Tribunal Administrativo del Caquetá, con sentencia de 28 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda al encontrar que no operó la prescripción, pues la conducta imputada es de ejecución continuada y se perfecciona o concluye con la adjudicación y suscripción del contrato el 13 de diciembre de 2010 y que el fallo de primera instancia se le notificó en edicto desfijado el 2 de octubre de 2015. En relación a las acusaciones sobre incongruencia entre el pliego de cargos y

el fallo de segunda instancia, indicó que los hechos expuesto en este último, no son nuevos cargos sino que se trata de la relación de hechos tendientes a aclarar la solicitud de nulidad planteada por el apelante, por lo que no se puede interpretar que se hayan adicionado conductas al pliego de cargos, si se tiene en cuenta que el cargo único que le fue imputado es claro y conciso en indicar que el actor participó en la etapa precontractual que conllevó a la celebración del contrato ya mencionado. Finalmente estimó que los actos administrativos demandados reúnen los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta endilgada, y que la sanción impuesta corresponde a las previstas en el Código Disciplinario Único para las faltas gravísimas. 1.4 RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, en que reitera los argumentos de la demanda: (i) violación del debido proceso por variación del pliego de cargos imputado y adicionados en el fallo de segunda instancia alterando los actos concretos de intervención del actor en la etapa precontractual; y (ii) la prescripción de la acción se relaciona claramente con la imputación de actos concretos debidamente fechados de manera que al verificarse la notificación personal surtida a través del apoderado del actor, esta ocurrió el 10 de noviembre de 2015 y si los hechos en que se fundamenta ocurrieron en los meses de septiembre y octubre de 2010, se configura la prescripción. Reitera que la estrategia del fallo de

segunda instancia consistió en ampliar la participación del investigado en otras actuaciones no señaladas en el pliego de cargos para aludir la extinción de la acción disciplinaria.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico en el presente asunto consiste en determinar si la sanción disciplinaria conculcó las disposiciones constitucionales y legales que sustentan las garantías fundamentales del debido proceso en asuntos disciplinarios por variaciones al pliego de cargos y por haberse proferido la sanción fuera del término legal que así lo faculta. 2.2 MARCO JURÍDICO 2.2.1 Principio de responsabilidad en materia disciplinaria

6 La Constitución Política en sus artículos 6, 122 y 123 establece el principio de responsabilidad de los servidores públicos, que de manera general indican que serán responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Conforme con ello, el artículo 122 ordena que, para ejercer cargos públicos, previamente se deberá prestar juramento en el sentido de cumplir y defender el ordenamiento jurídico. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-721 de 2015, indicó: Además con el régimen disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”; propósito que está en armonía con lo preceptuado en el artículo 209 de la C.P., porque como se expresó antes, sin un sistema punitivo dirigido a

sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional.[75] El artículo 209 Superior dispone que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y que la administración tendrá un control interno conforme a la ley. […] En un Estado Social de Derecho el Derecho disciplinario no es un mero instrumento para controlar la conducta de los servidores públicos, sino que constituye un instrumento que permite el establecimiento de deberes orientados constitucionalmente a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y el derecho de los ciudadanos al correcto funcionamiento de la administración pública: En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública”[80]. Bajo este entendido, el derecho disciplinario tiene dos finalidades esenciales que se encuentran estrechamente vinculadas: (i) desde el punto de vista interno permite asegurar el cumplimiento de los deberes

del cargo de los funcionarios públicos, mientras que (ii) desde el punto de vista externo busca garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y de los principios de la función pública. 7 En el marco del ejercicio del poder sancionador del Estado, el principio de responsabilidad implica que el sujeto vinculado procesalmente solo podrá responder por sus acciones u omisiones y que el hecho de que eventualmente puedan ser influenciados por la convicción generada en razón de las relaciones de confianza, lealtad, dependencia, conocimiento o autoridad, se verán determinados como elementos de juicio que confluyen a demostrar que la conducta está motivada por terceros involucrados, al respecto la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 21 de marzo de 2002, radicado 12.124, precisó: Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esta implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición naturalmente de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de

la vigilancia debida. (subrayas fuera de texto) Eventualmente, de conformidad con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como de los elementos probatorios allegados al proceso disciplinario, podrá evaluarse si el investigado actúa con pleno conocimiento de que su conducta vulnera las disposiciones legales y reglamentaria que lo rigen, o si obró de manera negligente con inobservancia de las reglas del cuidado elemental que su gestión le impone, por constreñimiento y/o bajo la convicción de que su conducta se ajusta a las disposiciones legales y reglamentaria, es decir, si la conducta fue dolosa o culposa, y en este mismo contexto, si la culpa fue gravísima, grave o leve. En materia disciplinaria, la definición de los grados de responsabilidad deriva su sustento jurídico del artículo 63 del Código Civil, según el cual: La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no Eventualmente, de conformidad con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como de los elementos probatorios allegados al proceso disciplinario, podrá evaluarse si el investigado actúa con pleno conocimiento de que su conducta vulnera las disposiciones legales y reglamentaria que lo rigen, o si obró de manera negligente con inobservancia de las reglas del cuidado elemental que su gestión le impone, por constreñimiento y/o bajo la convicción de que su conducta se ajusta a las disposiciones legales y reglamentaria, es decir, si la conducta fue dolosa o culposa, y en este mismo contexto, si la culpa fue gravísima, grave o leve.manejar los negocios ajenos con aquel

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles 8 equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Concordante con las definiciones del Código Civil, la Ley 734 de 2002, en su título V, estableció la clasificación de las faltas disciplinarias, así como los tipos de sanción a imponer. Según esa clasificación y conforme a la fundamentación del grado de responsabilidad en cada caso particular, para determinar cuándo procede destitución, suspensión, multa o amonestación escrita, previó que dependerá si el elemento subjetivo de la conducta se clasifica con dolo o culpa, y para este último caso define la culpa gravísima, grave y leve en el parágrafo único del artículo 44, así: PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave

cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. De manera tal que si bien la clasificación taxativa de las faltas gravísimas, así como el amplio catálogo de incumplimiento de deberes, omisiones y acciones susceptibles de ser catalogadas como faltas graves o leves, determinan el tipo de la sanción disciplinaria a imponer, también se deberá establecer en el procedimiento disciplinario si el sujeto disciplinario actuó de manera dolosa o culposa y conforme a las definiciones antedichas, para aplicar la sanción correspondiente, atendiendo el principio de proporcionalidad y para las faltas gravísimas del artículo 48 de la Código Disciplinario Único, ejecutadas con dolo o culpa gravísima, se impondrá la destitución e inhabilidad general. Entre tanto, para las faltas graves realizadas con dolo o culpa gravísima se impondrá la suspensión e inhabilidad general, la suspensión para las faltas graves culposas, la multa en los casos de faltas leves dolosas y la amonestación escrita en el caso de las faltas leves ejecutadas de manera culposa. Finalmente ha de tenerse en cuenta que el numeral 6 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en que se fijan los criterios de gravedad o levedad de las faltas disciplinarias, contempla la figura de la confianza, al indicar: Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad.

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2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbación del servicio.

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. (Subrayas fuera de texto). De esta disposición se deduce que el establecimiento de la responsabilidad disciplinaria conlleva el examen exhaustivo de las pruebas que en su integridad verifiquen de manera precisa el grado de responsabilidad, así como las circunstancias especiales que rodean a la conducta del disciplinado, a fin de hacer efectiva la prohibición de la respetabilidad objetiva, señalada en la Carta Política y el artículo 13 del CDU. 2.2.2 Garantía del debido proceso en materia disciplinaria La exigibilidad de las garantías propias del debido proceso tanto en

actuaciones judiciales como en las de carácter administrativo ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia nacional a partir del mandato del artículo 29 de la Constitución Política. Es así como el Consejo de Estado, en sentencia dictada el 14 de febrero de 2019, expediente 11001-03-25-000-2014-00073-00(0140-14), hizo énfasis en que el debido proceso en las actuaciones administrativas debe ser garantizado en aras de preservar los derechos fundamentales del disciplinado, la seguridad jurídica y el control de la potestad estatal disciplinaria. Ese pronunciamiento es relevante en tanto hizo una compilación de las principales garantías del debido proceso como se muestra a continuación: Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio. La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal 10 disciplinaria. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que

durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la

independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con 30 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 2.3 CASO CONCRETO En atención al deber de control pleno e integral de las actuaciones disciplinarias proferidas por la demandada, se procederá al estudio de las garantías del debido proceso y a la verificación del cumplimiento del deber de motivación y cumplimiento de requisitos formales y sustanciales de los fallos disciplinarios sujetos al presente medio de control, en los siguientes términos: 2.3.1 Trámite del proceso disciplinario, aspectos sustanciales y formales. La acción disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación tuvo inicio en la queja presentada el 4 de abril de 2011 por presuntas irregularidades en la contratación celebrada por el municipio de Florencia, para el «Estudios, diseños y construcción parcial del sistema de alcantarillado y optimización del sistema de acueducto del Municipio de Florencia, Caquetá», de que da cuenta el contrato 126 de 13 de diciembre de 2010, por un valor de $9.538.521.883, lo que