PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Auto inbitorio

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 014 – 2.005 17 - I - 05

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: Dr. JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N° 1505 – 2.004

ACTORA : ANA CRISTINA PÉREZ BARRETO

DEMANDADO : CAPRECOM – REGIONAL BOLÍVAR

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL 2ª INSTANCIA Procede esta Delegada, dentro de la oportunidad legal, a emitir concepto en el proceso de la referencia que conoce la Sección Segunda, Subsección “B” del Honorable Consejo de Estado, en virtud al recurso de apelación interpuesto por la parte oficial demandada en contra del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Sucre, el día 24 de septiembre de 2.003, por el cual se accedió a las súplicas de la demanda, concretadas en declarar la nulidad del escrito de fecha 2 de noviembre de 1.999, expedido por el Director Territorial de Caprecom -Regional Bolívar -, que denegó la petición relacionada con la declaratoria de relación de trabajo y el indexado reconocimiento, liquidación y cancelación de prestaciones sociales. (fl. 12).

I. ANTECEDENTES La ciudadana demandante ANA CRISTINA PÉREZ BARRETO, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del

C.C.A., modificada por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1.989, a través de apoderado especial, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del citado ente territorial, con el fin de obtener la nulidad del predicho acto administrativo, por el cual se le negó el reconocimiento de relación laboral y el pago, ajustado, de las prestaciones sociales y demás sumas dejadas de percibir, las que fueron solicitadas, en ejercicio del derecho 2 de petición en interés particular. El texto del libelo introductorio corre de los folios 1 a 7. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la actora se declarara que no ha existido solución de continuidad de los servicios prestados y se condenara a Caprecom Sucre, a reconocer y pagar, dentro del término consagrado en el artículo 176 del Decreto 01 de 1.984 y conforme a lo preceptuado por los artículos 177 y 178 del C.C.A., y, de manera indexada, por el interregno comprendido entre el 13 de diciembre de 1.991 hasta el 31 de julio de 1.997: “(..) todas las sumas correspondientes a: a. Auxilio de Cesantías. b. Intereses sobre el auxilio de Cesantías. c. Primas de alimentación. d. Vacaciones. e. Prima de navidad. F. Auxilio mensual de movilización. G. Auxilio mensual de transporte. H. Y demás emolumentos dejados de percibir inherentes a su cargo..y se reembolsen los aportes que debían hacerse para seguridad social….” La accionante citó como normas violadas los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución

Política; 7° del Decreto 1950 de 1.973; y, 75 del Decreto 1042 de 1.978, sin perjuicio de desconocer, el acto acusado, las pautas jurisprudenciales sobre el tema, vale decir, las que informan plenamente la supremacía de las realidades sobre las formalidades de la contratación de servicios personales. Relató la actora como sustentó fáctico, que desde el 13 de diciembre de 1.991 se vinculó laboralmente a CAPRECOM E.P.S., a través de una orden de prestación de servicios para desempeñar labores como Auxiliar de Archivo y Correspondencia y, que la relación laboral se extendió hasta el 31 de julio de 1.997, lapso durante el cual prestó sus servicios de manera personal, cumpliendo en forma estricta las órdenes que le impartía el empleador y cumpliendo el horario de trabajo, recibiendo a cambio una remuneración, pero que al vencimiento de la relación le quedaron adeudando los valores correspondientes a las prestaciones sociales: primas, subsidios, auxilio de cesantía, intereses y bonificaciones, por lo que peticionó, recibiendo como respuesta el acto que ataca por medio de la acción contenciosa subjetiva. De igual manera, la actora argumentó, respecto del concepto de violación, que: “El Acto Administrativo acusado, escrito de 02 de noviembre de 1999, proferido por el Director Territorial de “CAPRECOM” Regional Bolívar, está falsamente motivado, en la medida 3 en que considera que no hubo vínculo de naturaleza laboral con la demandante” y por lo tanto resulta improcedente el reconocimiento y cancelación de los conceptos

deprecados”. Corresponde precisar que en presente asunto se dieron todos y cada uno de los elementos que integran la relación de trabajo, según la Honorable Corte Constitucional: Actividad personal del trabajador, subordinación y retribución como contraprestación del servicio. (Sent. C-555, Dic06/94). Por tanto, al configurarse los elementos propios (art. 23 C.S.T.) de la relación laboral la consecuencia inmediata es el reconocimiento de los salarios y prestaciones causados a favor del trabajador….Es decir, que el Acto Acusado se aparta tajantemente de la realidad al considerar falsamente que no se está frente a una relación de orden laboral sino, frente a otra relación que no se precisa, entre otras cosas, cual es. De allí que el acto deba ser retirado del ordenamiento jurídico y restablecido el trabajador demandante con el pago de los derechos salariales y prestacionales que le han sido negados. 2. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Con la expedición del acto administrativo acusado “CAPRECOM”, menoscaba el principio mínimo Constitucional de la igualdad en materia laboral (art. 13 y 53 C.P.) pues, con este acto, se desconoce que la actividad personal y subordinada realizada como Auxiliar de Archivo y Correspondencia, corresponde a actividades propias de la función administrativa de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones. En ese orden de ideas, existen en la planta de personal de “CAPRECOM” Sucre, personal vinculado en forma regular, nombrados y posesionados) que cumplen funciones similares, análogas o parecidas a las cumplidas por mi defendido, eso sí con salarios y

prestaciones sociales oportunos como ordena el texto constitucional. Existe, entonces un trato discriminatorio laboralmente hablando sin que se presente una causa de justificación jurídicamente atendible. En este caso concreto, la Honorable Corte Constitucional ha conceptuado que es al patrono o empleador a quien corresponde probar la justificación de su conducta discriminatoria para con el empleado. El principio Constitucional de la igualdad debe interpretarse en concordancia con el artículo 25 C.P. que ordena una “especial protección” para el trabajo humano, lo que indica que existiendo prestación efectiva de un servicio, debe brindársele especial trato a esa persona (trabajador). La protección se hace efectiva garantizando al empleado el pago de salarios y prestaciones sociales de manera oportuna…3. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Primacía de la realidad. En lo laboral y laboral administrativo, cuando existen datos provenientes de la realidad se deben preferir a las informaciones contenidas en el papel…El principio enunciado, 4 aplicado al sub litem, va encaminado a desentrañar la realidad propia de la relación laboral y hacerla prevalecer sobre los formalismos (órdenes de trabajo). Resulta de lo expuesto que el acto acusado quebranta el principio constitucional de la realidad (art. 53 C.P.), por tanto su nulidad surge manifiesta. 4. VIOLACIÓN DEL DECRETO 1950 DE 1973: Preceptúa el artículo 7° del Decreto 1959/73: “en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones

públicas de carácter permanente”. El actor desempeñaba una función pública asistencial y lo hizo ininterrumpidamente desde el 13 de diciembre de 1991 hasta el 31 de julio de 1997, por tal razón, las ordenes de prestación de servicios se desnaturalizaron y se convirtieron en una relación de trabajo de índole administrativa, la cual es negada sin argumentos por 2CAPRECOM” en el Acto Administrativo acusado. 5. VIOLACIÓN DEL DECRETO 1042/78: “…Las entidades de la Rama Ejecutiva tendrán una planta de personal necesaria de acuerdo a sus funciones…”., la actuación administrativa de “CAPRECOM”, que se traduce en el acto administrativo demandado revela una violación a la disposición citada, en la medida en que se celebraron órdenes de prestación de servicios con mi poderdante para cumplir funciones permanentes dentro de las actividades ordinarias de “CAPRECOM”, desconociendo darle cumplimiento a la disposición Constitucional que ordena “Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera”. (art. 125 C.P.).” (fls. 1 a 7. Negrillas y subrayas de su original).

II. INTERVENCIÓN PARTE PASIVA No se contestó la demanda por parte de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM E. P. S., ni la entidad oficial llamada a juicio alegó de conclusión.

Constancias secretariales al respecto, obrantes a los folios 56 y 71.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2.003, decidió declarar la nulidad del oficio demandado.

5 Se ocupó la Sala de Decisión del tema central de debate analizando la prueba testimonial –de un solo testigo - allegada debidamente al plenario, y, considerando, con apoyo jurisprudencial emanado de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 28 de octubre de 1993), Corte Constitucional (Sentencia del 19 de marzo de 2000. Exp. D1430. M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA), como del Consejo de Estado (Sentencia del 19 de marzo de 1999. Rad. 17.080. M.P. Dr. CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA), que: “(…) La Sala estima que para destrabar la litis, se resolverá el siguiente problema jurídico, en el que se centra la decisión de fondo: ¿Tiene la accionante derecho a percibir prestaciones sociales, no obstante que su vinculación a la Administración se dio por órdenes de prestación de servicios? Para el Tribunal la respuesta es SI, si tiene derecho la señora ANA CRISTINA PÉREZ BARRETO, a recibir prestaciones sociales por la labor desempeñada a pesar de haber sido vinculada por sendos Contratos de Prestación de Servicios, y no por contrato laboral, porque si bien la Ley 80 de 1993 artículo 32 Numeral 3 prescribe….”, existe claridad jurisprudencial al respecto por parte de las Altas Cortes, donde (sic) se ha resaltado y tenido como fundamento el principio de la “la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones jurídicas”…En este caso específico se encuentran presentes los elementos de todo contrato de trabajo para con ello configurar una relación laboral, de la cual se deriva el derecho a prestaciones

sociales, los cuales son la correspondiente remuneración y la prestación personal del servicio, elementos estos sobre los cuales no hay duda de que se hicieron presentes, al igual que el elemento subordinación por cuanto la señora ANA CRISTINA PÉREZ BARRETO, sí cumplía con un horario de trabajo, este hecho está debidamente demostrado con las planillas de control de horario de llegada y salida obrante a folios 13 al 43 del expediente, las cuales no fueron controvertidas por lo que tienen plena eficacia probatoria de que la actora llegada (sic) a las 8 de la mañana y salía a las 12 pasado meridiano y regresaba a las 2 de la tarde y concluía labores a las 6 de la tarde. Igualmente a folio 44 del plenario aparece un MEMORANDO suscrito por el Director Álvaro Florez en donde (sic) se les recuerda a los funcionarios de CAPRECOM el horario de entrada. Sobre el hecho de acatamiento de órdenes tenemos la declaración rendida por el testigo RAFAEL POSADA OCHOA quienes (sic) tienen conocimiento de la causa por haber laborado con la actor (sic)…Por lo tanto para esta Corporación es claro, el principio constitucional laboral de primacía de la realidad sobre las formalidades donde la administración no puede ampararse en este tipo de 6 vinculaciones par evitarse el pago de prestaciones sociales que legalmente le corresponde asumir, pues lo que realmente importa es el predominio y la preponderancia de la verdad, autenticidad y certeza sobre las exigencias y procedimientos instituidos por aquélla al vincular a sus servidores públicos. Consecuencialmente con lo expuesto, a la actora le corresponde que se le cancele lo

pertinente por concepto de prestaciones sociales, sin embargo se explica que jurisprudencialmente se maneja el criterio de que el pago de las prestaciones sociales, a las personas vinculadas a través de desvirtuadas órdenes de prestación de servicios, se hace a título de indemnización o como reparación del daño,…” (fls. 73 a 83).

IV. IMPUGNACIÓN La parte demandada, por intermedio de apoderado especial apeló, manifestando, en lo substancial, que las órdenes de prestación de servicios no fundamentan un vínculo laboral, pues: “En las órdenes o contratos de prestación de servicios es claro que los contratistas sólo tendrán derecho a lo expresamente convenido, sin generar relación laboral de ninguna clase y que la vigilancia y coordinación del servicio, no es digno de subordinación o dependencia, toda vez que es una obligación del Estado, vigilar y coordinar el desarrollo y ejecución de todos los contratos que se suscriban para realizar los fines del Estado, así mismo, el servicio tuvo que haber prestado en horas de funcionamiento de la empresa, en forma eficiente y oportuna, tiempo en que la entidad desarrolla sus actividades…Es también acertado repetir, que el servicio que prestó la demandante, no estaba ni aún lo está, en el organigrama de “CAPRECOM” E.P.S.” para la zonal Sincelejo por eso, no podemos hablar de contrato o vínculo laboral, mi representada actuó de buena fe y se ciñó a lo establecido en la Ley 80 de 1993. De ninguna manera, esto impide que “CAPRECOM E.P.S.” como contratante, pueda dirigir, vigilar o simplemente ejercer la coordinación del servicio contratado, por lo que

todo contrato implica obligaciones mutuas para las partes, tal como lo establece el inciso segundo del Artículo 3° de la Ley 80 de 1993. Esta vigilancia o coordinación, no pudo efectuarse en horas no laborables de la entidad, pues el servicio que se contrató debía ser prestado durante esas horas. Honorables Magistrados, en todo contrato administrativo intervienen dos partes o sujetos: La administración pública, que siendo competente actúa en función administrativa, y el particular, que como persona natural o jurídica, cuando sea el caso, con capacidad, interviene en la contratación. Como punto 7 proclive se desprende que las partes o sujetos que intervienen, necesariamente deben estar dotadas, en su orden, de competencia y capacidad como lo norman los artículos 2° y 6° de la Ley 80 de 1993, además otro de los requisitos que la legislación colombiana regla para que el acto contractual genere obligaciones, es el consentimiento: consensus, que lo constituye el acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo asunto…En ningún contrato de prestación de servicios se pacta asignaciones básicas mensuales. La demandante recibió HONORARIOS fijados en una cláusula, por la prestación de sus servicios. Para recibir sus honorarios, debió tramitar una cuenta de cobro. Este trámite no corresponde al de un vínculo laboral, en este caso, el trabajador no tramita cuenta para cobrar sus salarios, toda vez que estos son entregados de acuerdo con el valor pactado por mensualidad, pero teniendo en cuenta, que el contrato de prestación de servicios, contiene un valor total, es decir no es un valor indefinido, y este valor se divide por la cantidad de meses que se va a contratar y

así obtenemos el valor de los honorarios por mes. Esta cláusula o modalidad de pago, es otra de las diferencias de un contrato de prestación de servicios con uno laboral… Cabe resaltar que el acto administrativo contenido en el escrito calendado 09 de diciembre de 1999 (sic), proferida (sic) por CAPRECOM, no es nulo por cuanto no recae sobre él ninguno (sic) de las causales de anulación del acto en comento como son: aLa violación o quebrantamiento de un precepto superior, debido al acto administrativo demandado, bLa expedición del acto demandado por funcionario incompetente, cLa expedición del acto administrativo en forma irregular, esto es, sin el debido cumplimiento de las exigencias legales para su existencia, validez y eficacia. DLa falsa motivación del acto administrativo demandado, esto quiere decir que existiendo la obligación de dar los motivos por los cuales la administración toma la decisión, se aleguen hechos o circunstancias que no corresponden a la realidad o no se relacionan directamente con la clase de decisión que se adapta (sic). EEl desvío de poder en la decisión que el acto administrativo contiene…” (Igualmente, negrilla y subrayado del original). Así mismo, el impugnante alude a las normas del estatuto contractual relacionadas con la definición de entidades, servidores y servicios públicos, los fines de la contratación estatal, los derechos y los deberes de las entidades estatales y la normatividad aplicable a los contratos estatales. (fls. 85 a 90). 8

V. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

En criterio de la Procuraduría Tercera Delegada, en lo material, la recurrida sentencia debe ser REVOCADA, conforme al análisis que adelante se consignará. 6. 1. Problema jurídico. La discusión del tema, en esta segunda instancia, se centra en verificar, sí en el sub judice se hallan reunidos a cabalidad los 3 elementos esenciales que sustentan la relación laboral y, por consiguiente, determinan el reconocimiento y pago, a título de indemnización, de las prestaciones sociales reclamadas en las pretensiones, conforme a las jurisprudencias esbozadas por el A Quo. No obstante lo anterior, que se refiere al objeto material o tema central de la controversia, desde ya dirá la Procuraduría Delegada que la actuación procesal que finalizó con la providencia que se recurre, incurrió en yerros de trámite, en deficiente valoración probatoria, y, en desatender la obligación oficiosa de declarar las prescripciones que observare. El primer auto que dictó el Tribunal Administrativo de Sucre lo fue el del 27 de junio de 2.000, que ordenó subsanar la demanda, so pena de su rechazo (fls. 48 y 49), y, el segundo proveído (también de sustanciación), lo fue el calendado al 21 de noviembre de la misma anualidad (fl. 51), sin que obre prueba del diligenciamiento adelantado por el apoderado de la demandante para subsanar lo criticado en el primer auto. Otro yerro, verificable del repaso y análisis del proceso, es que el Tribunal no ordenó la

consulta de la providencia que se apeló, cuando al tenor de lo establecido en el inciso tercero del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998: “ (…) En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la Entidad Pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses…”. En efecto, como se dejó reseñado en el acápite II de este concepto, la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones “CAPRECOM E.P.S.”, NI COMPARECIÓ AL

PROCESO NI ALEGÓ DE CONCLUSIÓN.

9 Igualmente, aunque sobre este aspecto se volverá dentro del análisis conceptual, incurrió en deficiente valoración probatoria al estimar, ante el silencio de la entidad oficial demandada, que las simples fotocopias del derecho de petición (fls. 9 a 11) y de la relación de entradas y salidas del personal adscrito a aquélla, en el que involucró a la demandante (fls. 13 a 43), eran plena prueba de la relación laboral, sin criticar o sopesar, en lo más mínimo, que, en primer lugar, no eran los documentos idóneos para determinar el vínculo deprecado por la accionante, porque se dejaron de solicitar, para tan importante tarea, las órdenes de prestación de servicios; en segundo término, que la historia que dan cuenta las citadas piezas, no es permanente o ininterrumpida; y, en tercer lugar, que sólo hacían relación por unos meses de los años de 1.996 y 1.997, sin

advertir que la reclamación pecuniaria cubría el lapso del 13 de diciembre de 1.991 al 31 de julio de 1.997; y, por último, que una sola declaración no puede generar un derecho de la magnitud como el accionado. Faltó, así mismo, el tribunal de primera instancia, al deber de declarar oficiosamente la prescripción trienal de las pretensiones laborales solicitadas, en el caso eventual que a ellas se tuviera derecho. (art. 164, inciso 2° C.C.A.). Dilucidado lo anterior, se estudiará lo substancial de la materia, teniendo en cuenta el contenido de la alzada. 6. 1. 1. Relación laboral. Elementos sustanciales. Estipula el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo que para predicar la existencia del contrato de trabajo es imperativo que concurran: 1. Actividad personal del trabajador (voluntariedad); 2. Continuada subordinación y dependencia respecto del empleador; y, 3) Salario como contraprestación por los servicios personales prestados. Reunida la tríada de elementos se presume que hay relación laboral la que estaría regida por un contrato de trabajo, conforme a la previsión contenida en el artículo 24 ibídem. A su vez, tratándose de las relaciones laborales de derecho público, esto es, las estatutarias y reglamentarias, la Constitución Política prevé que no habrá empleo que no tenga detallados los deberes y las obligaciones, y que para acceder a los cargos es 10 necesario el nombramiento y la posesión que colocan al trabajador en una situación de acto condición pues las funciones se encuentran previamente reguladas. (art. 122 C.

Po.). Por su parte, el artículo 123 del Estatuto Superior clasifica los servidores públicos, mientras que el 124 se dedica a remitir a la ley la determinación de la responsabilidad y la manera de hacerla efectiva, en tanto que el sistema de administración de personal por carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción se encuentra en el artículo 151. Aún así, no para ser considerado empleado público, sino para el reconocimiento y pago, a título de indemnización, de prestaciones sociales equivalentes a las que reciben aquéllos, en procura del respeto de la primacía de la realidad objetiva o sustancial sobre las formalidades de la contratación de servicios personales y a la aplicación e interpretación favorable de las fuentes formales del derecho, conforme al artículo 53 de la Carta Política, el desarrollo jurisprudencial había construido la teoría según la cual reunidos los 3 elementos distintivos de la relación laboral –que se identifica con el contrato de trabajo-, ha de prosperar dicho reconocimiento. Una de tales manifestaciones del mencionado proceder doctrinario, a guisa de ejemplo, se observa en la ponencia de la doctora ANA MARGARITA OLAYA FORERO, en sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil dos (2002), Actor: Néstor González Camelo. “La Corte Constitucional en sentencia C-154 del 19 de marzo de 1.997, señaló claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dijo al respecto. “Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación

del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. “Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 11 propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. “En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.” En sentencia de fecha 14 de septiembre de 2000, dentro del radicado número 04752000, la mencionada consejera ponente doctora ANA MARGARITA OLAYA FORERO,

actor: Myriam del Carmen Salas Pamo, se trató un tema relacionado, con el que aquí ocupa la atención, y en los apartes pertinentes, se dijo: “1.- DEL VÍNCULO DE LA ACTORA CON EL MUNICIPIO Y EL DERECHO A LA IGUALDAD. “Según la certificación expedida por el Alcalde del Municipio demandado, visible a folios 254 y 255 del cuaderno No. 2 y los contratos que obran a folios 256 a 227 del mismo cuaderno, la actora laboró como docente al servicio del Municipio de Páez Belalcázar, desde el 1º de febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1998. “En los citados contratos se estableció que la demandante debía prestar sus servicios profesionales y personales en funciones propias del magisterio como docente, para atender la formación integral de la comunidad escolar; no obstante, fue pactado en dichos contratos, que éstos no generaban relación laboral ni pago de prestaciones sociales. “De lo anterior se infiere que la labor docente no es independiente, sino que el servicio se presta personalmente y está subordinado al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación. “De otra parte, en la sentencia C-555 de 1994, la Corte Constitucional expresó, respecto de la actividad que ejecutan los docentes al servicio de la educación oficial, vinculados por contrato de servicios: “...Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-temporales, no parece existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-empleados públicos. Si no se encuentra una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea

12 razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya referidas, la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración, prestaciones, derechos y obligaciones), es más favorable para los docentes-empleados públicos...” “Hasta tal grado no existen diferencias entre los dos supuestos estudiadosactividad de los docentes temporales y actividad de los docentes -empleados públicos -, que la única particularidad que exhiben los últimos respecto de los primeros es la de recibir un trato de favor emanado del régimen legal, cuya aplicación exclusiva, en estas condiciones, queda sin explicación distinta de la concesión de un privilegio. Lo que a menudo constituye la otra cara de la discriminación, cuando ella es mirada desde la óptica de los excluidos...” “Ahora bien, el principio consagrado en el artículo 53 de la C.P. conforme al cual las relaciones de trabajo se sujetan a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, es preciso interpretarlo en armonía con el artículo 13 ibidem., que consagra el principio a la igualdad. “Respecto del derecho a la igualdad, ya la Corte Constitucional ha desarrollado numerosa jurisprudencia, en la cual ha precisado sus matices y contenido, por lo que basta en este proveído recordar que si bien la igualdad se predica entre iguales, no se exige el mismo trato cuando hay razones objetivas no arbitrarias, para establecer regímenes diferentes entre los sujetos de las normas. “En este proceso no encuentra la Sala demostrada que exista diferencia alguna en los efectos que deben, necesariamente, derivarse de la llamada

vinculación contractual de la actora en condición de docente temporal y la actividad desplegada por los docentes - empleados públicos del Municipio, teniendo en cuenta que la demandante laboraba en los mismos establecimientos educativos y desarrollaba la misma actividad material; además, el servicio era prestado de manera permanente, personal y subordinada. “Así las cosas, concluye la Sala que la demandante se encontraba en la misma situación de hecho predicable de los educadores incorporados a la planta de personal de la entidad territorial. Sin duda alguna, el servicio no se regulaba por un contrato de prestación de servicios sino que, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral, el cual impone la especial protección del Estado en igualdad de condiciones a la de los docentes de planta, según términos de los artículos 13 y 25 de la Carta, razón por la cual el acto acusado resulta anulable. “2.- DEL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES “La actora, a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene al pago de los salarios y prestaciones sociales correspondientes a un empleado público docente municipal desde el momento de su vinculación y 13 que el tiempo servido sea tenido en cuenta para efectos del pensionales y del escalafón. “Una de las consecuencias de la relación laboral es el derecho a que se reconozcan las prestaciones sociales que el régimen aplicable tenga previstas para el servidor público. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 de la C.P. en tanto consagra el principio de irrenunc