PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto que negó la solicitud de nivela

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que negó la solicitud de nivelación de la bonificación por compensación BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN-Marco normativo BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN-Beneficiarios De acuerdo con lo expuesto, el Gobierno Nacional, atendiendo criterios de equidad, expidió el Decreto No. 610 de 1998 -26 de marzo - (D. O. No. 43.268 de 30 de marzo de 1998):“Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”, con la única finalidad de equiparar la remuneración de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional, Fiscales del Tribunal Superior Militar, Fiscales ante el Tribunal de Distrito y Jefes de Unidad de Fiscalía ante el Tribunal de Distrito, con la percibida por los Magistrados titulares de las Altas Cortes del Estado. La citada bonificación, por mandato del artículo 1° del Decreto 1239 de 1998 -2 de julio - (D. O. 43.333 de 6 de julio de 1998), se amplió en cuanto a sus beneficiarios a “los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”. RÉGIMEN PRESTACIONAL-Competencia para su fijación por parte del

Congreso de la República y el Presidente de la República RÉGIMEN PRESTACIONAL-Aplicación en la rama judicial DERECHOS ADQUIRIDOS-Obligación de respetarlos por parte de la administración PRESCRIPCIÓN-En materia laboral

FALLOS DEL CONSEJO DE ESTADO-Efectos

2 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

R. I: No. 4288/13. SIAF: No. 2014 - 426289

Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO Nº. 464 – 2014 9 – XII - 2014

SIAF: 2014 – 426289

S e ñ o r e s J u e c e s

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “a”

CONSEJERO PONENTE: GÓMEZ ARANGUREN

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. No. 700012333000201300011 01 (R. I:

No.4288/13)

ACTOR : RAÚL E. VERGARA ALVIZ C. C. 92.499.339 de

Sincelejo

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL 2ª INSTANCIA Tema : Bonificación por compensación Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal

correspondiente, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, S. 2ª, Sub “a”, en virtud del recurso vertical de alzada interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primer grado proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, calendada al treinta (30) de agosto de 2013 (fls. 131 a 146), por medio de la cual accedió a la totalidad de las súplicas incoadas

I. PROBLEMA JURÍDICO La presente controversia se centra en establecer si el referenciado demandante VERGARA ALVIZ (Procurador Judicial II Administrativo, fls. 1314) tiene derecho al reconocimiento y pago “del retroactivo y demás implicaciones e incidencias en las prestaciones laborales, de la diferencia salarial de lo devengado como Procurador Judicial II y el 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, desde la fecha de posesión del actor, el 10 de octubre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, como lo dispone el Decreto 610 de 1998, montos que solicito se reconozcan indexados con base en el IPC del mes en que se causaron y el mes en que se produzca el pago”, tal y como lo determinó el fallo apelado.

1. Lo que se demandó a) Solicitud de invalidez El hoy, mentado ex servidor público, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 138 del Cpaca –Ley

3 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre –

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación 1437 de 2011 -1, a través de apoderado judicial especial deprecó “la nulidad del acto administrativo definitivo de fecha 24 de julio de 2012 –SG No. 3095 proferido por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago del retroactivo y demás implicaciones e incidencias, de la diferencia salarial de lo devengado como Procurador Judicial II y el 80% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, desde la fecha de posesión del actor, el 10 de octubre de 2.008 hasta el 31 de diciembre de 2.011” b) Restauración dineraria La consignada arriba, en el acápite de “problema jurídico”.

2. Base fáctica Como hechos que sustentan sus peticiones, la parte actora manifestó que prestó sus servicios, desde el diez (10) de octubre de 2008 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2011 como procurador judicial II administrativo de Sincelejo -3pj-ec - y que, por lo tanto, tal condición laboral administrativa, en los términos de comunicabilidad de circunstancias prevista en el artículo 280 constitucional, la habilita en sus pretensiones, motivo por el cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, la cual se le denegó a través del cuestionado acto administrativo (fls. 10 a 12).

3. Preceptiva conculcada y concepto de violación Estimó la parte demandante como disposición infringida la decisión adoptada por el CE el 14 de diciembre de 2011, dentro del exp. 110010325000200500244 01, C. P. ORJUELA GÓNGORA que dispuso la nulidad del Decreto 4040 de 2004 que había previsto, a cambio de la bonificación por compensación, la bonificación por gestión judicial en un monto inferior a aquélla y supeditada a unos términos de negociación improcedentes para con el instituido de los derechos adquiridos (fls. 1 a 8).

Previa la declaratoria de impedimento del servidor judicial MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ (12 de febrero de 2013, fl. 24), la demanda se admitió por acto del 11 de marzo de la misma anualidad (fl. 33).

4. Contestación Procuraduría General de la Nación Respondió el libelo introductorio proponiendo las excepciones de Prescripción de los derechos laborales reclamados (“...La prescripción de los derechos laborales reclamados se consumó, cuando dejó de transcurrir más de tres (3) años para convocar a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para poder acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa...”); de la Omisión en la petición de conciliación al no indicar la 1 Normativa aplicable en razón de la data de presentación del libelo, que lo fue el 24 de enero de 2013, como se lee al folio 7.

4 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre –

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación acción contenciosa o medio de control que ejercería el actor (“El peticionario no mencionó en el escrito de solicitud de conciliación qué acción o medio de control contencioso administrativo ejercería, siendo éste un requisito para presentar la conciliación extrajudicial, de conformidad con lo establecido en el literal e) del decreto 1716 de 2009, y que debió advertir el agente del Ministerio Público al momento de admitir la petición”); y, la de Omisión del convocante, de no haber manifestado bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación (“El demandante no cumplió con el requisito señalado en el literal i) del decreto 1716 de 2009, sobre la manifestación del convocante, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos, el cual también debió haber ser (sic) advertido por el procurador judicial a cargo del trámite conciliatorio al momento de aceptar la solicitud”) (fls. 49 a 52). A tiempo de alegar de cierre reitera la anterior posición (fls. 121 a 123).

5. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante su providencia del treinta (30) de agosto de 2013, adoptada escrituralmente2, y votada unánimemente,

accedió, a las súplicas de la demanda, para lo cual estimó que el debate giraba en torno a “LOS EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS

DICTADAS DENTRO DE LOS PROCESOS EN EJERCICIO DEL MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD SIMPLE –PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES CUANDO ELLOS DERIVAN DE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL -, razonando en lo pertinente: “…Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del anterior acto administrativo de carácter general y dado los efectos “desde entonces” que ostenta tal decisión judicial, es claro para esta Corporación que al actor le asiste el derecho al pago de la diferencia salarial, entre lo devengado en el mentado cargo, desde el 10 de octubre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, y el 30% de lo que durante el mismo lapso fue devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, esto de conformidad con el Decreto 610 de 1998. A lo anterior se arriba, ya que, al desaparecer de la vida jurídica el Decreto 4040 de 2004, se generó respecto de la situación laboral de RAÚL ENRIQUE VERGAR ÁLVIZ, el derecho a que desde el mismo momento de su vinculación, sus ingresos laborales se igualaran al ochenta 2 La audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Copaca, visible a los folios 65 a 67 y surtida el 22 de julio de 2013, encontró: (1) saneado el proceso, (2) no decidió, por falta de proposición, excepciones previas, (3) como controversia la de “Si al actor le asiste el derecho al reconocimiento y

pago del retroactivo sobre las diferencias salariales de conformidad con el Decreto 610 de 1998 y ajustar el respectivo ingreso mensual de acuerdo al 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de las altas cortes, desde la fecha de su posesión en el cargo de Procurador Judicial II, esto es el 10 de octubre de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2011, si el mencionado derecho de existir, prescribió, y si se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial” , (4) fallida la oportunidad conciliatoria, (5) no decidir sobre medidas cautelares, por silencio de las partes, (6) tuvo como material documental el arrimado con la demanda y decretó pruebas para establecer la diferencia salarial solicitada en el libelo introductorio, y, (7) fijó fecha para la audiencia de pruebas, la que se llevó a cabo el 5 de agosto de 2013 en la que dio por agotada dicha etapa y, además, concedió término para alegar de cierre (fls. 81-82). 5 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan anualmente los Magistrados de las Altas Cortes, y dado que tal y como se encuentra

acreditado se le pagó el 70% de tal suma, se le vulneró el derecho a la igualdad, ya que se le aplicó un régimen salarial diferente y desfavorable respecto de funcionarios que se encontraban en su misma categoría, conculcando con ello las disposiciones contenidas en los artículos 13 y 53 de nuestra Carta Política. Analizado lo dicho a la luz del concepto de la violación presentado, se reitera que es claro que efectivamente el acto administrativo demandado ha trasgredido las normas violadas pretendidas por el accionante, dado que el actor posee el derecho al pago del retroactivo deprecado, ya que así lo indica la normativa ya estudiada, de rango legal y constitucional, y la jurisprudencia...” (fls. 131 a 146).

6. Recurso de apelación A folios 151 a 153 el ente demandado –Procuraduría General de la Nación -, recurre la precedente providencia de mérito planteando los mismos argumentos expuestos a tiempo de contestar el libelo y de registrar el alegato de conclusión: Los derechos se encuentran prescritos.

El mismo argumento, a tiempo de registrar su escrito de conclusión (fls. 192 a 209).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En criterio de esta Agencia Fiscal, la decisión apelada debe ser CONFIRMADA pero por las razones de derecho que a continuación se precisan y consignan.

1. Asuntos objeto de examen De conformidad con el marco que determina el contenido de la alzada3, el sub lite se circunscribe a determinar si procede, frente al demandante, el reconocimiento de la bonificación por compensación –incluyendo la

bonificación por gestión judicial -, por aplicación de los postulados de la igualdad, de la favorabilidad laboral y de los derechos adquiridos e irrenunciables.

2. Análisis 2. 1. La bonificación por compensación. La bonificación de gestión judicial 3 “Según lo establecido en el artículo 357 del C. P. C., aplicable por expresa remisión del artículo 267 del C. C. A., el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, por lo cual el superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del mismo. Esta limitación a la competencia del juez de segunda instancia ha sido entendida como garantía de la non reformatIo in pejus , consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política. Sobre este tópico (sic) se ha pronunciado la sección 2ª del Consejo de Estado, a través de sus dos subsecciones…”. Sentencia de 8 de abril de 2010. exp. 250002325000200102811 01 (R. I: 1610708). C. P. ALVARADO ARDILA.

6 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación Con ocasión de la demanda de simple nulidad instaurada por el ciudadano PABLO JULIO CÁCERES CORRALES contra el Decreto 2668 de 1998, el CE, en sala de conjueces, con fecha 25 de septiembre de 2001, (Radicación

395/1999, M. P. doctor ÁLVARO LECOMPTE LUNA) declaró la nulidad de dicha norma reglamentaria, que había derogado los Decretos Nos. 610 y 1239 de 1998. (Creadores de la bonificación de compensación). Así las cosas, y como efecto lógico de la declaratoria de nulidad, los referidos Decretos 610 y 1239 de 1998 recobraron su vigencia, razón por la cual, en atención a la alzada propuesta, debe analizarse el impacto jurídico de su aplicación. Si bien es cierto la Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, no lo es menos, que corresponde al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en leyes marco, como es el caso de la Ley 4ª de 1992, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el mínimo de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. De acuerdo con lo expuesto, el Gobierno Nacional, atendiendo criterios de equidad, expidió el Decreto No. 610 de 1998 -26 de marzo - (D. O. No. 43.268 de 30 de marzo de 1998):“Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”, con la única finalidad de equiparar la remuneración de los Magistrados de los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional, Fiscales del Tribunal Superior Militar, Fiscales ante el Tribunal de Distrito y Jefes de Unidad de Fiscalía ante el Tribunal de Distrito, con la percibida por los Magistrados titulares de las Altas Cortes del Estado. La citada bonificación, por mandato del artículo 1° del Decreto 1239 de 1998 -2 de julio - (D. O. 43.333 de 6 de julio de 1998): “Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998”, se amplió en cuanto a sus beneficiarios a “los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”. 2. 2. El caso concreto Así las cosas, para el presente evento, ha de precisarse que el demandante RAÚL ENRIQUE VERGARA ÁLVIZ como Procurador Judicial II de Sincelejo, destacado ante el Tribunal Administrativo de Sucre (fIs. 13-14), si se encuentra, por esta específica condición laboral administrativa, habilitado para pedir, y que le sea reconocido y se ordene su liquidación y pago -en 7 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre –

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación cuantía porcentual del 80%, pero haciendo las compensaciones indexadas de rigor, olvidadas por el a quo -, la respectiva y particular aplicación de esta disposición salarial, vale anotar, la contenida en el revivido Decreto 610 de 1998, tanto por nulidad del acto derogatorio, Decreto 2668 de 1998, como por aplicación de los postulados arriba enunciados (condición más beneficiosa, igualdad y derecho adquirido con justo título), mas no por el régimen contemplado en el Decreto No. 4040/2004, que, como se sabe, fue declarado nulo por el CE. En efecto, por la comunicabilidad de las circunstancias favorables a que se refiere la asimilación de prerrogativas contenida en el artículo 280 constitucional4 que, genera, obviamente, un trato igualitario, es que el actor resulta derechohabiente de la citada cuantía Ahora bien, no es de recibo el argumento extintivo del derecho propuesto vía excepción por la accionada, pues, el derecho a la bonificación por compensación –en últimas la única figura de reajuste salarial a tener en cuenta - surgió a partir de la ejecutoria de la providencia del CE que declaró nulo el Decreto 4040/2004, esto es, que la consagrada bonificación por gestión judicial tuvo un momento efímero de aplicación. Por tanto, si la decisión judicial –refiérese a la adoptada el 14 de diciembre

de 2011, dentro de la rad. 110010325000200500244 01 (R. I. 10067/05) C.

P. ORJUELA GÓNGORA) causó firmeza el 27 de enero de 2012, es a partir de este día que, hacia atrás, ha de contarse el periodo trienal para que opere cabalmente el fenómeno prescriptivo, y, como se ha verificado que la petición de VERGARA ÁLVIZ se hizo el día 12 de julio de 2012 (fl. 89), respecto de una acreencia causada en el interregno del diez (10) de octubre de 2.009 al treinta y uno (31) de diciembre de 2011, resulta claro que los 3 años para que se genera la extinción del derecho no se causaron en su situación particular.

Precedentes jurisprudenciales Esta Procuraduría Delegada ha tenido oportunidad de referirse al tema y sus digresiones han tenido eco en las decisiones judiciales que pertinentemente han resuelto los casos, siendo de destacar:

1) ROBERTO BAYONA VERA vs RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - “... “El Decreto 610 en su parte considerativa, estipuló que para el año correspondiente a la primera apropiación presupuestal, una 4 “Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”. 8 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre –

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación vez que esta misma se apruebe, es decir para el año 1999, se aplicara un ajuste a los ingresos que iguale al 60% de aquello que devenguen por todo concepto los magistrados de altas cortes; para la vigencia fiscal siguiente, es decir para el año 2000, el ajuste igualaría al 70% y, por último, a partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, es decir el año 2001, ese porcentaje se elevaría al 80%. “En el mismo año 1998, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1239 adicionó el Decreto 610, extendiendo la aplicación del mismo a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y al Secretario Judicial del Consejo de la Judicatura. “Por consiguiente, se observa que la voluntad del gobierno en dicha época no fue otra distinta que la de crear la denominada “Bonificación por Compensación” como una prestación que, progresivamente, condujera en el interior de un contexto de igualdad, a brindar a los servidores de la rama judicial un reconocimiento especial por su labor. “... “En sus sentencias, el CE ha reiterado con claridad los efectos EXTUNC que producen sus decisiones cuando de actos administrativos se trata. En el caso de la nulidad que afectó el Decreto 2668, tal circunstancia se manifiesta en la vigencia que a

partir de allí retoman los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales se aplicarán en la forma en que venía haciéndose justo antes de la expedición del acto declarado nulo. “En dichos decretos se estableció que la “Bonificación por Compensación” equivaldría al 60% de lo que devengan los magistrados de las altas cortes y debía hacerse efectiva durante toda la vigencia fiscal siguiente sin restricción alguna, según lo preceptuado en los considerandos de tal disposición. “... “Hacia el año 2004, el gobierno expidió el Decreto 4040, creando una nueva bonificación denominada “Bonificación por Gestión Judicial”. Dicha nueva bonificación equivalía al 70% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes y podían acceder a ella quienes suscribiesen transacción, conciliación o desistieran con sus respectivos empleadores de los petitorios y las demandas en donde reclamasen la “Bonificación por Compensación”. 9 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación “Siendo así, coexistieron dos regímenes salariales distintos aplicables a algunos funcionarios de la rama judicial: el Decreto 610 y el Decreto 4040. “El Decreto 4040 fue declarado NULO en su totalidad por la Sala de Conjueces del CE mediante sentencia del 14 de diciembre de

2011... “Según la sentencia, este decreto también vulneraba el derecho a la igualdad, disminuía considerablemente la remuneración mensual de los funcionarios, y conminaba a que los mismos realizaran contratos de transacción o conciliaran sus derechos... “El decaimiento de un acto administrativo produce efectos extunc. Por consiguiente, al declararse nulo el Decreto 4040 vuelve a nacer idénticamente a la vida jurídica el Decreto 610. Siendo así, la “Bonificación por Compensación” contenida en el 610 se considera como un derecho vigente, adquirido y cierto para el actor. “En este orden de ideas, es evidente que la sentencia proferida por el tribunal del César el 1° de julio de 2010, objeto de la presente impugnación vertical, básicamente esbozo de manera anticipada los argumentos que esta Corporación consolidó a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040. “Los argumentos hasta aquí expuestos, y teniendo en cuenta que se encuentra debidamente acreditada la calidad de magistrado del demandante desde el 1° de noviembre de 2002 hasta el 15 de enero de 2003, llevarán a esta Sala de Conjueces a desestimar las razones del recurso de alzada y a confirmar el fallo proferido por el tribunal a quo. “Sin embargo, tal y como lo pone de presente el Ministerio Público, resulta necesario precisar que, en razón de la declaratoria de nulidad del 4040, se debe confirmar el fallo recurrido con fundamento en la vigencia del 610 y la aplicabilidad del mismo teniendo en cuenta la específica condiciona laboral

judicial del demandante, pero no en virtud del artículo 1° del 4040 como quedó señalado en el numeral 3° (sic) del fallo recurrido. “...”5 2) GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN vs RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – “... 5 Sentencia del 21 noviembre 2013. Exp. 200012331000200600333 02 (R. I: 0705/11). C. P. VEGA

PINZÓN.

10 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación “Como es bien sabido, mediante la sentencia de 25 de septiembre de 2001, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección 2ª del CE, se declaró nulo el Decreto 2688 (sic) de 1998 y volvió a tener fuerza ejecutoria el 610, que consagra la bonificación por compensación equivalente al 60% de todo lo que devengaran debía hacerse efectiva durante toda la vigencia fiscal siguiente. Ello, por supuesto, sin ninguna clase de condiciones, según lo preceptuado por los considerandos del mismo y por el artículo 3° del decreto in fine. “Idénticamente, esa norma reglamentaria consagró que dicha bonificación, durante las vigencias fiscales 200 y 2001, respectivamente, debía incrementarse en el 70% y el 80% a favor

de sus beneficiarios, y así hasta llegar a la igualdad económica concertada con el gobierno y los funcionarios de la justicia. El origen de esa concertación se halla contenido en las Leyes 10 de 1987 y 63 de 1988, que consagran la nivelación de salarios al 80% de los ingresos de los magistrados de las altas cortes. “... 2volviendo al caso sub lite en el sentir de esta Sala de Decisión ad quem, según lo que viene de explicarse, las disposiciones de los decretos en comento deben ser interpretadas de forma sistemática con la norma reglamentaria revivida por la jurisprudencia del CE, que según su artículo 4° deroga todas las que le sean contrarias, conforme lo dispone el artículo 30 del Código Civil. Todo lo anterior, buscando hacer efectivos los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la le4y aplicando con corrección las normas jurídicas, tal como lo ordena el artículo 2° del C. C. A. “Entonces, no tratándose de emolumentos distintos sino de montos diferentes de la misma prestación, lo que debe entenderse, en la práctica, es que con relación a los años 1999 a 2001, fechas en que operarían los aumentos progresivos de las normas revividas, en principio, el Estado aún adeuda a los funcionarios beneficiarios de la rama judicial la diferencia entre tales aumentos y los porcentajes establecidos, a título de bonificación por compensación. “Por consiguiente, cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de las personas, no puede la administración, por vía de reglamentación cercenar los derechos adquiridos por disposición constitucional o legal, que fue lo que se pretendió al

dictar las normas que han sido anuladas, por la misma jurisdicción contenciosa administrativa en las sentencias varias veces citadas en este fallo. 11 Proc. 3ª Delegada ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No. 464 de 2014 -9 de diciembre – Exp. No. 700012333000201300011 01

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Contencioso subjetivo de Raúl E. Vergara Alviz Vs. Procuraduría General de la Nación “...”6 Por la sustantividad del objeto pretendido –bonificación por compensación por sobre bonificación por gestión judicial – y por la comunicabilidad de circunstancias benéficas a las pretensiones del actor, procede la confirmación de la sentencia pero haciendo hincapié que menester se impone la declaratoria específica de las compensaciones, indexadas, a que haya lugar frente a los pagos ya efectuados. CONCEPTO En estos términos, esta Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado solicita comedidamente a la sala de conocimiento, que confirme el fallo recurrido con la precisión de inaplicabilidad de la previsión del Decreto 4040 de 2004 y, por tanto, disponga: ACCEDER a las súplicas del ex servidor VERGARA ÁLVIZ, pero precisando las compensaciones indexadas a que haya lugar, para evitar un enriquecimiento indebido y un empobrecimiento injustificado correlativo. De los señores consejeros,

CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado CGS / MDC 6 Sentencia del 29 IV 2014. Exp. 150012331000200700615 02 (R. I. 2617/11). C. P. CUEVAS

CUEVAS.