PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto que niega reajuste de pensión d

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que niega reajuste de pensión de empleado del Fondo de Prestaciones del Congreso RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL CONGRESO-Marco legal RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Desarrollo jurisprudencial En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES las restantes expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, relativas al régimen pensional de los congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable, en el entendido que: (i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo. (ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. (iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso. (iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013. RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Factores salariales RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO -Ingreso base de liquidación RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Reajuste especial

Sobre la aplicación del reajuste especial, en algunos casos de ex Congresistas y en otros de ex Magistrados, inicialmente, la Corte Constitucional en sentencias T456 de 1994, T-214 de 1999, entre otras, sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 4ª de 1992 y 6º del Decreto 1359 de 1993, el reajuste pensional debía corresponder al 75% de lo devengado por un Congresista en ejercicio en el año 1994. Se argumentó también en favor de dicha tesis, que si las pensiones de Congresistas y Magistrados, estos últimos por homologación, no podía ser inferior al 75% de lo devengado por un Congresista al momento en que se decretara la misma no podía generarse un trato diferente Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda frente a los ex Congresistas y ex Magistrados, so pena de incurrir en una conducta discriminatoria, sin embargo, posteriormente, en la Sentencia SU-975 de 2003 , la Corte modificó su tesis, respecto al porcentaje y base que debía tenerse en cuenta para efectuar el referido ajuste (…). RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Requisitos para el reajuste RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Derechos adquiridos frente al reajuste especial Indicó la Sala, en dicha oportunidad, que los ex Congresistas y ex Magistrados que a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 eran pensionados, se

encontraban amparados por regímenes pensionales especiales que fijaban sus propias reglas de edad, tiempo y cuantía para acceder y cuantificar el reconocimiento pensional, sin embargo, la Ley 4ª de 1992, y el Decreto 1359 de 1993, pretendieron disminuir la diferencia generada entre los ex Congresistas y ex Magistrados pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, respecto de quienes desempeñaran los mismos cargos con posterioridad a dicha fecha, a quienes por razones objetivas se les incrementaron sus salarios y prestaciones, sin que ello implicara una equiparación absoluta pues es claro que se trataba de grupos diferenciados, que desempeñaron sus cargos bajo ordenamientos jurídicos diversos. En tal sentido, precisó que el reajuste especial en referencia, no se erige en un reconocimiento pensional diverso del que previamente le fue otorgado al beneficiario del mismo sino que, constituye un reajuste especial previsto en consideración a la desigualdad que surgió entre el monto de las pensiones de los Congresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992. RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESO-Regulación legal sobre excongresistas frente al reajuste especial Así, concluyó que para efectos del reajuste especial de ex Congresistas ha de atenerse a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994; esto es, el reajuste pensional al que tienen derecho por una sola vez los ex Congresistas y ex Magistrados asciende al

50% del promedio de las pensiones devengadas por los Congresistas para el año 1994, interpretación que se enmarca dentro de la facultad que tenía el Ejecutivo en desarrollo de la Ley Marco de salarios y prestaciones y atiende la diferenciación existente entre ex Congresistas y Congresistas, que impide un trato igualitario. Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial a continuación la Sala procede a reiterar la postura ya fijada en la sentencia mencionada, por las precisas razones que se expondrán.” (…). Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 191 - 2015

SIAF: 2015 - 146404

Bogotá D. C. 8 de mayo de 2015 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón

E. S. D.

Expediente : 250002325000200800229 03 (3758-2014)

Actor : FONPRECON Demandado : Arcesio Sánchez Ojeda Asunto : Pensión de jubilación Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho, lesividad Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, en virtud del recurso de apelación

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 2ª.- Subsección “A”, por la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (Folios 481 a 500)

I. DEBATE PLANTEADO El Fondo de Previsión Social del Congreso demanda de la justicia especial la declaración que el Sr. Arcesio Sánchez Ojeda no tenía derecho al reajuste especial del 75% del ingreso promedio mensual devengado por un congresista en el año de 1994, ni el reajuste de los años 1992 y 1993, ni a los intereses de mora reconocidos en la Resolución 1618 del 30-12-1996; posición contraria manifiesta la parte demandada que afirma que tales reajustes y reconocimientos tuvieron origen en el Decreto 1359 de 1993 (Art. 17) y en las sentencias 456 del 21-10-1994 y 463 de 1995 de la Corte Constitucional, por lo que era imposible que se hubiera transgredido el artículo 17 de la ley 4ª de 1992.

Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda

1. Pretensiones En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho – Acción de Lesividad –, por intermedio de apoderado judicial especial, Dr. Jorge

Enrique Combatt Ruiz, demandó, con expresa solicitud de suspensión provisional, la nulidad parcial de las Resoluciones: 1601 del 30-12-1994; No. 43 del 7-2-96 y; 1618 30-12-1996; por las cuales se ordenó un reajuste de la pensión mensual vitalicia de jubilación del Dr. Arcesio Sánchez Ojeda en un 75% de ingreso mensual promedio devengado por un congresista en el año de 1994 (la primera); se ordenó reconocer el reajuste especial del 75% a partir del 1-1-92 (la segunda) y; se ordena reconocer intereses de mora sobre el reajuste del 75% a partir del 3-6-92 y hasta el 30-12-1994. Que se declare que el demandado no tenía derecho al reajuste especial del 75% del ingreso devengado por un congresista en el año de 1994; no tenía derecho al reconocimiento y pago del reajuste especial para los años 1992 y 1993 en 75% del ingreso mensual promedio devengado por un congresista en el año de 1992; que no tenía derecho al reconocimiento de los intereses de mora que le fueron reconocidos. Que se ordene al demandado reintegrar el mayor valor por los reajustes mencionados ($1.013’649.694,32), desde el 1-1-92 hasta cuando se cumpla el fallo; igualmente respecto de los intereses moratorios pagados desde el 36-92 al 30-12-1993 en cuantía de $66’546.760,32, , sumas debidamente actualizadas con el I.P.C. certificado por el D.A.N.E. Que mientras se decide el asunto se suspendan provisionalmente los actos

administrativos acusados de nulidad parcial y se ajuste la mesada a $8’158.585 que es la que realmente debe recibir el demandado; pero que para proteger los derechos fundamentales de éste se le siga pagando la suma indicada hasta cuando se decida el proceso.

3. Hechos relevantes Al Dr. Arcesio Sánchez Ojeda le fue reconocida pensión de jubilación por la

Resolución No 8 del 16-01-1991, en cuantía de $435.082,45, efectiva partir del 20 de julio de 1990. Solicitó se le aplicara la sentencia T.456 del 21-10-94, es decir, para que se le reconociera un reajuste del 75% del promedio devengado por un congresista en 1994 ($4’308.968) a lo que se accedió mediante la Resolución 1514 del 29-12-1994, por lo que se le incrementó la mesada hasta en el monto de $3’231.726. Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda Luego solicitó que el reajuste se le aplicara para los años 1992 y 1993, a lo que se accedió mediante la Resolución 43 del 7-2-1996, conforme a los contenidos de la sentencia T-463 del 17-10-1995. Después pidió se le reconocieran los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a lo que se accedió con efectividad desde el 3 de junio de 1993, mediante la Resolución 1618 del 30-12-1996, por un

monto de $66’546.760,32. Hizo cuadro de los mayores valores pagados año tras año desde el 1-1-94 hasta el 29-02-08, a lo que le suma los intereses moratorios pagados, lo que arroja un total de $1.013’649.,32 (folios 204-205).

4. Normas violadas La entidad de previsión social demandante indicó que se infringieron los artículos 17 de la Ley 4ª de 1992; 17 del Decreto 1359 de 1993; 7º del Decreto 1293 de 1994 y; 141 de la ley 100 de 1994. Error de derecho por falta de aplicación.

Bajo la cita del artículo 17 de la ley 4ª de 1992 y apartes de las sentencias T456 de 1994 y T464 de 1995, confrontadas con otros apartes de la sentencia del C. de E. M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora; señaló que la norma excluyó los reajustes de las pensiones y se refirió expresamente a las pensiones y sustituciones pensionales, por lo que tratándose de figuras diferentes el Gobierno podía reglamentar esas instituciones de manera diversa. Explica que si el Gobierno hubiere querido poner en igualdad de condiciones los reajustes pensionales con las sustituciones y las pensiones mismas, estaba facultado para hacerlo por la ley 4ª de 1992, pero en realidad el Decreto 1359 de 1993 reguló el tema limitando el incremento o reajuste de los pensionados congresistas que disfrutaran del beneficio antes de la ley 4ª

de 1992 a que en ningún caso sus mesadas serían inferiores al 50% de lo que percibieran los congresistas o quienes tuvieran derecho a pensión en 1993. Los artículos 17 del Decreto 1359 de 1993 ni 7º del Decreto 1293 de 1994 fueron declarados inexequibles ni nulos; por lo que FONPRECON, en aplicación del artículo 230 superior, no tenía por qué aplicar sentencias de tutela claramente contrarias a la ley y respecto a las cuales se les podía Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda interpretar que tenían efectos inter partes. Este criterio se le aplicó al tema al reajuste desde el año de 1992. Al no tener el demandado derecho al reajuste, menos aún lo tenía para favorecerse del pago de intereses moratorios; además no podían reconocerse por cuanto el artículo 17 del Decreto 1359 citado en su último inciso ordenó que los reajustes tendrían efectos fiscales a partir del 1-11994 y porque el Fondo de Previsión paga puntualmente las mesadas pensionales. Pidió suspensión provisional de los actos demandados parcialmente, en atención a que violaban manifiestamente las normas citadas como infringidas.

5. Contestación de la demanda El demandado, representado judicialmente por el Dr. Hernando Pinzón Ávila, compareció oportunamente a la litis y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual adujo las excepciones de: Caducidad de la acción

(“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del Decreto (sic) caduca a los 4 meses contados a partir de la notificación del acto administrativo”); Prescripción (“De todas y cada una de las obligaciones causadas en la medida en que han transcurrido más de 3 años desde el momento en que se presentó la demanda”); Falta de legitimación en la causa (“debido a que la pensión fue asumida por la Caja Nacional de Previsión y por la Caja de Previsión social de Nariño, de ahí que no pueda pretender la totalidad de las devoluciones pedidas”); Inexistencia de soporte legal para pedir la rebaja de las pensiones y sus reajustes (“así lo previó el artículo 17 de la ley 4ª de 1992”); buena fe del demandado (“conforme lo prevé el artículo 136-2 del C.C.A.); presunción de legalidad (debido a que el propio Fondo de no ser legales los actos acusados podría revocarlos) y; der inepta demanda (por no indicarse con precisión la nominación de la parte demandada). Sobre los hechos manifestó que eran ciertos, salvo el cuarto en lo correspondiente a que los reconocimientos realizados se ajustaron a las normas reguladoras del tema. En el acápite de las “Razones de la defensa”, manifestó que el Fondo demandante pensionó al Dr. Sánchez Ojeda y asumió las cargas económicas y la asistencia médica; que reajustó la pensión en un 50% dando aplicación al artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y luego hizo un nuevo reajuste del

Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda 75% a partir del 1-1-1994, conforme a las sentencias de la Corte Constitucional. Después se reconoció ese reajuste pero retroactivamente a los años de 1992 y 1993, conforme a la sentencia 463 de 1995, que ordenó el reajuste desde el 1-1-92. Reconoció también los intereses moratorios en acatamiento del artículo 141 de la ley 100 de 1993 en concordancia con un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del C. de E. (radicación 841). Si la Corte dijo que el artículo 17 de la ley 4ª de 1992 establece claramente el reajuste pensional del 75%, es imposible la violación del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y del 7º del Decreto 1293 de 1994, pues éstos pretendieron limitar ese reajuste legal.

6. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante providencia del 25 de abril de 2013, declaró no probadas las excepciones y accedió parcialmente a las pretensiones respecto a la Resolución 1601 del 30-12-1994 y, la nulidad de las Resoluciones 43 del 7-21996 y 1618 del 30-12-1996; igualmente declaró que el demandado no tenía derecho al reconocimiento de los intereses de mora por reajuste de los años

1992 y 1993 y, ordenó reliquidar el reajuste con el 50% de lo que hubieren recibido los congresistas por mesada pensional en relación con lo percibido por el demandado a partir del 1-1-1994; negó las demás pretensiones. Consideró dicha Corporación en relación con las excepciones propuestas que se trataba de mecanismos de defensa que atacaban la prosperidad de las pretensiones por lo que debían resolverse con el fondo del asunto, salvo la de caducidad, sustentada en que la entidad puede demandar sus propios actos en el término de dos años, contados desde su expedición y en este caso pasaron más de 10 años. Cito el artículo 136 del C.C.A. y explicó que la norma no dejaba duda que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se trata de reconocimiento de prestaciones periódicas la administración puede intentar la acción en cualquier tiempo, como ocurrió en este caso, que de la lectura de los actos acusados se deduce su relación con las prestaciones periódicas; por lo que la excepción no prospera. Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda Relacionó el material probatorio obrante en el proceso, que no fue más que las Resoluciones atacadas. Planteó como problema jurídico que si era procedente para el Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso aplicar sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, con efectos erga omnes, para reconocer un

reajuste pensional en monto del 75% de lo devengado por un congresista de la época (1992-1993) y no del 50%. Transcribió las consideraciones de las Resoluciones acusadas y observó que el objeto para proferirlas fue el de reconocer el reajuste especial a la pensión del demandado, según lo establecido por el Decreto 1359 de 1993, en porcentaje del 75% del ingreso mensual promedio devengado en esa época por un congresista, llevándolo a efectividad desde el 1-1-1992 con el reconocimiento de los correspondientes intereses de mora, con fundamento en las sentencias T-456 de 1994 y T-463 de 1995 de la Corte Constitucional como del concepto emitido por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social. Trajo apartes de la sentencia de tutela T-456 de 1994 y de allí derivó que la ley 4ª de 1992 es una ley marco que estableció respecto a las pensiones que los reajustes y las sustituciones de los Senadores y Representantes a la Cámara, no podían ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio de un congresista, monto que debía tenerse en cuenta para reajustar las pensiones de los tutelantes Becerra García y López Cabrera, sin atender a la fecha de reconocimiento frente a la ley marco mencionada, pues se vulnerarían los derechos a la igualdad y al debido proceso. El Fondo accionante le dio un efecto erga omnes a la sentencia de tutela referida, para proferir las Resoluciones atacadas; dicha interpretación no es compartida por la Sala, pues la revisión de la sentencia de tutela produce

efectos hacia las partes y por tanto la violación a los derechos fundamentales alude únicamente a la parte lesionada y a la que produjo tal infracción, tal como lo señala la sentencia T-583 del 26-07-2006 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. En el fondo del asunto se observa que la parte demandante interpretó erradamente los fallos de la Corte Constitucional. Estableció como Problema Jurídico que si hubo vulneración de la norma en la cual la entidad fundó el reajuste pensional al Sr. Arcesio Sánchez Ojeda, a pesar de que a éste se le hubiere reconocido la prestación antes de la ley 4ª de 1992 y se consagró un reajusta para esos casos del 50%. Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda Transcribió el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y su modificación por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994, de donde estableció que el monto del reajuste especial de pensiones de los congresistas pensionados antes de la ley 4ª de 1992, es un porcentaje del 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas actuales de esa época, no del 75% como lo entendió e hizo efectivo el demandante. En el caso de estudio; al demandado se le reconoció su pensión de jubilación mediante la Resolución 8 del 18-01-1991 expedida por el Fondo de

Prestaciones Sociales del Congreso, cuyo monto fue del 75% del promedio mensual de sueldos devengados en el último año de servicios en cuantía de $435.082,45; así es evidente que el demandado se pensionó antes de la vigencia de la ley 4ª de 1992, que fue promulgada el 19-12-1992. Por esa razón su pensión podía reajustarse en el valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas en ejercicio en esos momentos, conforme a las previsiones de los artículos 17 y de los Decreto 1359 de 1993 y 1293 de 1994, correspondientemente; motivo para declarar la nulidad parcial de la Resolución 1601 del 30-12-1994. En relación con el pago retroactivo al 1-1-1992 del reajuste pensional y los interese de mora generados por tal lapso, llegó a conclusiones similares al anterior tema, en cuanto la parte demandante interpretó erradamente la sentencia T-463 de 1995, con lo cual la Sala no estuvo de acuerdo, por cuanto como se explicó atrás, quienes se pensionaron antes de la vigencia de la ley 4ª de 1992 tenían derecho a que se le reajustara hasta el 50% de lo devengado por un congresista en ejercicio en ese tiempo, lo cual se haría efectivo a partir del 1-1-1994. Por lo anterior, la Resolución 43 del 7-2-1996 que concedió el reajuste con retroactividad al 1-1-1992 debe declararse nula. En sentido similar la Resolución 1618 del 30-12-1996, que reconoció intereses moratorios para

los años 1992 y 1993, se fundó en concepto emitido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el que no constituye más que una expresión, juicio, opinión o dictamen sobre la interpretación de normas jurídicas, por lo que no son sino orientaciones a las que no pueden acogerse los administrados, pues la autoridad que puede interpretar la ley y darle el carácter de obligatoriedad es e legislador, razón para afirmar que la decisión del Fondo para expedir ese acto administrativo fue errado por desconocer la normas positivas aplicables al caso y por ende esa Resolución 1816 citada será declarada nula. Sobre el reintegro del mayor valor de los pagos efectuados por el reajuste reconocido erróneamente, éste será negado por cuanto no se probó si hubo Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda mala fe para obtener el beneficio prestacional, ni obran pruebas que indiquen fraude, maniobras o actos ilegales con esa finalidad.

6. Apelación El apoderado del demandado; Sr. Arcesio Sánchez Ojeda apeló la decisión de primera instancia (folios 501 a 533), escrito en el que defendió sus posturas y planteó que debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad por haberse infringido el acto legislativo 1 de 2005, artículo 1º, inciso segundo; que los actos administrativos atacados por la demanda fueron expedidos en ejercicio del principio de confianza legítima; que la acción

lesividad era improcedente y; que de las excepciones propuestas sólo se atendió la de caducidad, por cual deben estudiarse las restantes. En lo sustantivo los planteamientos son los siguientes: 1.- Explicó las nociones de la excepción de inconstitucionalidad y la hizo consistir en la infracción a la disposición citada, cuyo texto expresa: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. Sostiene que por haberse presentado la demanda después de la fecha de expedición de ese Acto Legislativo, tiene aplicación la excepción propuesta. Al bajarse el monto del reajuste pensional mediante actuación de la autoridad competente, no procede ahora reducir el valor de la mesada que viene recibiéndose, pues así lo ordena la C.P. y ésta es norma de norma según su propio artículo 4º, así es que no se pueden bajar los montos establecidos por los procedimientos legales adelantados. Agregó que ello es así y es imperativo, pues el Acto Legislativo fue enfático y por ello usó la expresión “por ningún motivo”. 2.- Se infringió el principio de confianza legítima, como extensión del principio de la buena fe que es; en el sentido de contrariarse lo aceptado en el momento de la expedición de los actos acusados, pues se encontraba interpretado por la Corte Constitucional que el reajuste era del 75% de lo ganado por los congresistas en ejercicio, de ahí que los actos administrativos

expedidos bajo esa égida deben mantenerse incólumes por adecuarse a la tesis jurídica aceptada en la época; la cual es el fundamento de la demanda, pues ésta se funda en las sentencias de tutela que dieron origen a las decisiones hoy enjuiciadas. Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda 3.- Afirma que la acción de lesividad es improcedente porque los actos acusados se dictaron conforme a la ley 4ª de 1992 y a las sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, por lo que se expidieron conforme a derecho y eso hace improcedente la acción incoada. Además fue ejercida en forma extemporánea, después de 16 años, pues el artículo 136 limita a las entidades para demandar sus actos a dos años. La parte demandante no acepta que se hayan recibido pagos en exceso, pues fueron ajustados a la ley. 4.- Referente a las excepciones, frente a la de caducidad, explica que el artículo 136 del C.C.A. contiene contradicción entre dos normas especiales, el numeral 2º y el numeral 7º, lo cual pone el asunto en las reglas de interpretación de la ley 57 de 1887 y bajo estas debe aplicarse la norma posterior así sea del mismo ordenamiento y, por otra parte el numeral 7º es más especial que el 2º en cuanto éste se dirige a los administrados y al Estado, en cambio el 7º se dirige exclusivamente al Estado; además en la

interpretación de las fuentes formales del derecho deben aplicarse las normas favorables al trabajador. Por lo anterior se caducaron, ateniéndose a las explicaciones de la sentencia y la aplicación del numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. las pretensiones segunda a séptima, pues no tiene relación con prestaciones periódicas. Reiteró que no fue conformado el Litis consorcio necesario porque la pensión del demandado es pagada por 3 instituciones, CAJANAL, la Caja de Previsión de Nariño y FONPRECON, por lo que en la hipótesis de la demanda se pretenden restablecimientos del derecho únicamente para ésta, lo cual dejaría a las demás instituciones con las que se comparten la pensión por fuera, razón por la cual debió integrarse el contradictorio. Citó apartes de providencias del C. de E. y la Corte Constitucional en apoyo de su posición, sin precisar las relaciones de hecho y sentido de las decisiones. Explica que debió declarase probada la excepción de inepta demanda porque no se explicó en qué consistió la violación del artículo 17 de la ley 4ª de 1992, por no haberse indicado quien es la parte demandada y, por incoherencia entre los hechos de la demanda y las pretensiones. Por el primer aspecto no hubo explicación del concepto de violación del artículo 17 mencionado y, por el contrario esta acción es la que viola tal disposición. Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda

No hubo coherencia entre los hechos y las pretensiones porque éstas, de la 2ª a la 7ª, solicitan declaraciones que no están contenidas en acto administrativo alguno, razón por la que no fueron demandados. En tercer lugar, en parte alguna de la demanda se expresa que el demandado es el Sr. Arcesio Sánchez Ojeda. La excepción relativa al fondo del asunto, esto es, que la demanda está en contravía del contenido del artículo 17 de la ley 4ª de 1992 y de los artículos 1º, 5º y 6º del Decreto 1359 de 1993, pues la primera de las normas previó que los reajustes de las pensiones de congresistas no serían inferiores al 75% de lo que ganara un parlamentario por todo concepto. Por último reitera que lo intentado con esta acción es violatorio del artículo 17 recién citado y del 141 de la ley 100, como se explicó atrás en los antecedentes.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Es criterio de esta Agencia del Ministerio Público que el fallo apelado debe ser CONFIRMADO, por las siguientes razones.

Por diversas argumentaciones intenta la parte demandada justificar y legitimar los pagos recibidos en exceso, so pretexto de decisiones judiciales e interpretaciones de la ley 4ª de 1992 a favor de los intereses de dicha parte; pero en realidad jurídica el asunto no puede dejarse llevar al campo de la ley 4ª mencionada, pues es un hecho incontrastable que el Dr. Sánchez Ojeda se pensionó desde el 16 de ener4o de 1991, esto es, incluso antes de

la vigencia de la C.P. y más aún de la ley 4ª de 1992, hecho que permite despejar dudas sobre la aplicación de las normas que el demandado estima afectadas con la impetración de la acción, en cuanto la ley 4ª de 1992 está sujeta al principio de legalidad, como todo en el ordenamiento jurídico colombiano, esto es, rige hacia el futuro. El artículo 17 de la ley 4ª de 1994, establece: ARTÍCULO 17. (Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE) El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo Proc. 3ª Del. Consejo Estado Exp. No. 250002325000200800339 03 (3758-2014) Concepto No. 191-2015 Fondo de previsión Social del Congreso V. Arcesio Sánchez Ojeda concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores