PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra liquidación de revisión por la cual

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra liquidación de revisión por la cual se determinó impuesto de industria y comercio y se resolvió recurso de reconsideración IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Tarifa que debe ser aplicable ACTOS ADMINISTRATIVOS-Sanción por inexactitud impuesta en estos se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener/CONTRIBUYENTE-Liquidó impuesto con tarifa errada Este Ministerio Publico considera que, la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, atendiendo a que la entidad demandada liquidó el aludido impuesto de manera incorrecta, además de lo anterior, la contribuyente liquidó el impuesto con una tarifa que no correspondía, no existe la diferencia de criterios de interpretación, que argumenta la recurrente, la tarifa a pagar en este caso por concepto de impuestos de industria y comercio correspondió al 6x1000 y no del 3x1000 como erradamente sostiene la empresa demandante, teniendo en cuenta que los ingresos bimestrales percibidos para la vigencia 2013 fueron superiores a 3000 SMMLV. por tal motivo no se estructura la diferencia de criterios a que hace referencia el recurrente respecto a la sanción por inexactitud y en tal sentido este cargo no es llamado a prosperar. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Procedencia de esta según regulación legal CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-A Entidades Estatales según sentencia del Consejo de Estado CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Se requiere que se encuentren acreditadas Al revisar la actuación procesal, esta Agencia encuentra que la demandante no aportó

material probatorio alguno, no obran los documentos, ni certificación que soporten la existencia de las costas y expensas procesales ni su causación, dentro del proceso, no se cuenta con prueba que indique los gastos en los que incurrió dentro de la actuación procesal, motivo por el cual el presente cargo no está llamado a prosperar, no se acreditaron las costa en las que incurrió la Caja de Compensación Familiar

CONFAMILIAR.

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D.C. 7 de abril de 2022 Doctor

MILTHON CHAVES GARCIA

Consejero Ponente – Sección Cuarta

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 22 - 105

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 41001233300020170021801

Actor: CAJA DE COMPENSACION DEL

HUILA COMFAMILIAR

Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA Honorable Señor Consejero: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y las Resoluciones 371 de 2005, 041 de 2020 y 038 de 22 de enero de 2021, expedidas por el Procurador General de la Nación, esta Agencia del

Ministerio Público procede a emitir concepto, dentro del trámite de la segunda instancia, en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Actos Demandados El apoderado judicial de LA CAJA DE COMPENSACION DEL HUILA COMFAMILIAR, en uso del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la demandada, a saber: La Liquidación de Revisión número 2016LOR00001 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual le determinaron a la Caja de Compensación Familiar del Huila, los impuestos de Industria y Comercio

Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801 JACDV/CPRR 3 e igualmente complementarios y sanciones a pagar por el año gravable 2013. La Resolución número 073 del 31 de enero de 2017 proferida por la Secretaría de Hacienda Municipal del citado municipio mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración propuesto contra la liquidación anterior y que confirmó en toda la liquidación. A título de restablecimiento del derecho, solicita se deje en firme la declaración y liquidación privada de los impuestos presentados por la Caja de Compensación Familiar por el año Gravable 2013. De manera subsidiaria solicita se declare la nulidad de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración propuesta contra la liquidación oficial de revisión antes indicada y A título de Restablecimiento del derecho, se ordene a

la Secretaría de Hacienda, proceda a resolver el recurso de reconsideración atendiendo el debido proceso y se decrete la Inspección Tributaria solicitada, sin perjuicio de que se declare la existencia del silencio administrativo positivo. La Demanda Solicita la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N 2016LOR00001 de 4 de septiembre de 2016 y de la Resolución N 073 del 31 de enero de 2017, por medio de las cuales se realizó liquidación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros del año gravable 2013, al declarar que las cifras declaradas corresponden a la realidad y que en relación a la tarifa impositiva se debió aplicar la de 3x1000 y no del 6x1000, así como la improcedencia de la sanción por inexactitud. Sostuvo que la Administración se equivocó por las siguientes razones: i) Inaplicación de los artículos 465 y 474 del Estatuto Tributario; ii) Violación Directa de los artículos 521, 522, 523, 525, 565, 566 y 567 del E.T. Municipal; iii) Improcedencia de la aplicación de la tarifa de 6x1000 al hipermercado COMFAMILIAR que no es un almacén de cadena, siéndole aplicable la tarifa del 3 x 1000 así lo establece el acuerdo 008 de 2011 expedido por el Concejo Municipal de Neiva; iv) Improcedencia de la imposición de la sanción por inexactitud. 3.Contestación de la Demanda El municipio de Neiva, mediante apoderado allegó el escrito de contestación de la demanda mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda y

solicitó que se desestimaran. Advirtió respecto de los ingresos del contribuyente una diferencia por valor de $ 84.157.733.000, y que una vez revisado el balance de prueba obtuvo ingresos promedio por valor de $ 14.831.857.701, en el primer bimestre de 2013, en consecuencia, la tarifa que debió aplicar para gravar los ingresos obtenidos por el hipermercado en el municipio de Neiva es del 6 x 1000. Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801

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4 Explicó que el Acuerdo Municipal 050 de 2009, en su artículo 50 señaló actividades económicas y diferenció supermercado e hipermercado y en su 74 reglamento actividades económicas y tarifas, con el 6x1000 gravó supermercados e hipermercados, supertiendas y almacenes de cadena, dando el mismo trato a supermercados e hipermercados. Refirió que el acuerdo 037 de 2010, modificó el artículo 74 del Acuerdo 050 de 2009, señalando a los hipermercados, supertiendas, almacenes de cadena con tarifa de 6x1000 y que el contribuyente obtuvo para el año fiscalizado 2013, ingresos brutos mayores o iguales a 3000 salarios mínimos mensuales vigentes, ingresos superiores al mínimo requerido para la aplicación de la tarifa en mención. Indicó que es procedente la sanción por inexactitud y que la totalidad de los ingresos declarados en Neiva por COMFAMILIAR, así como los ingresos

obtenidos en otros Municipios, no corresponden a los ingresos declarados como ingresos declarados y no declarados en el año 2013. 4.- De las consideraciones del Tribunal Administrativo de Huila, Sección para proferir la Sentencia de veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020). El Tribunal centro su análisis en determinar si era procedente la nulidad de la Liquidación de Revisión número 2016LOR00001 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual le determinaron a la Caja de Compensación Familiar del Huila, los impuestos de Industria y Comercio y Complementarios de Aviso y Tableros, del periodo gravable 2013, y de la Resolución numero 073, del 31 de enero de 2017, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración propuesto contra la liquidación anterior que confirmó la misma, proferida por la Secretaria de Hacienda Municipal. Señaló que no era necesario proferir auto admisorio frente al recurso de reconsideración y por ende no se requería notificar a la empresa contribuyente por que la autoridad fiscal territorial estaba facultada para resolver de plano el recurso de reconsideración acorde al art 505 del Estatuto Tributario Municipal y Art. 726 del Estatuto Tributario Nacional. Indica que no era necesario practicar la Inspección Tributaria atendiendo en primer lugar a que ya se había practicado esta diligencia a la Caja de Compensación contribuyente, sin que fuera necesaria una segunda y a que el recurso se resuelve de plano, lo que significa que no requiere la practica de pruebas o realizar diligencia alguna. Refiere que no hay falsa motivación, pues contrario a lo que sostiene la Caja de Compensación demandante, la explicación sumaria se efectuó dentro de los

actos administrativos demandados que contienen los aspectos facticos y jurídicos en que se motivó, cumpliendo con el principio de correspondencia. Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801

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5 Advierte el Tribunal que los ingresos percibidos en los municipios donde tiene sus agencias COMFAMILIAR, no hacen parte de la base gravable del Municipio de Neiva, para determinar el Impuesto de Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros1, así los ingresos que percibió la demandante fuera de Neiva por valor de $175.753.583.774, no podían disminuirse a la suma de $ 91.595.850.000 como realizó la Secretaría de Hacienda en la Liquidación Oficial de Revisión demandada, por lo anterior declaró la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión y de la Resolución No 130 del 9 de Febrero de 2017, por establecer una base gravable errada para determinar el impuesto a para por la contribuyente. Respecto a la tarifa a pagar, debido a la actividad comercial misma, de venta de alimentos, productos agrícolas, insumos agropecuarios, ropa, calzado, medicamentos en supermercados hipermercados y supertiendas y almacenes de grandes superficies es del 6x1000 y no del 3x1000 debido a que la tarifa contemplada en el acuerdo 050 de 2009, se calcula por los ingresos brutos percibidos por el contribuyente durante el bimestre de cada año gravable en

cuanto realice dicha actividad comercial. En el caso de COMFAMILIAR los ingresos superaron los 3.000 S.M.L.V. y que la empresa contribuyente realizó la liquidación aplicando la tarifa de 3x1000 y no aplicó la correcta que correspondía a 6x1000. En virtud de los ingresos bimestrales percibidos para la vigencia 2013, por tal motivo consideró que no le asistía razón a la recurrente y procedió a realizar la liquidación respectiva. Finalmente, respecto a la aplicación de la sanción por inexactitud consideró que era procedente, pero que no debía calcularse en el 160% y procedió a calcularla aplicando el principio de favorabilidad en el 100%. Como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, debido a que solo se afectó la Liquidación Oficial respecto de la base de la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros del año 2013 y efectuar la reducción de la sanción por inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad. La Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILAR mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila de veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), solicitando que revoque la sentencia de primera instancia dentro del expediente de la referencia fundando su solicitud en los siguientes aspectos: (i) Improcedencia de la sanción por inexactitud (ii) Indica que la tarifa aplicable es el 3 X1000 y no el 6X1000.

1 Frente al marco de aplicación del Estatuto Tributario de Neiva, advirtió que acorde al artículo 2° del Acuerdo 050 de 2009, sus disposiciones rigen en ese municipio y el Artículo 6° hace referencia al Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros como tributo directo, que es obligatorio acorde al Art 53 de la norma en comento, que se impone a todas las actividades industriales, comerciales, de servicios financieros que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados con establecimiento de comercio o sin ellos. Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801

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6 El Tribunal Administrativo de Huila, mediante providencia de dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), atendiendo a solicitud de corrección efectuada por el apoderado de la parte demandante corrigió los numerales primero y segundo de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de mayo de 2020, en los siguientes términos: “(…) PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión No. 2016LOR00001 del 14 de septiembre de 2016 y de la Resolución No. 073 del 31 de enero de 2017, proferidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Tableros y la sanción a pagar por el año gravable de 2013 a cargo de la

Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR, corresponde a la liquidación efectuada por esta Corporación así: (…) II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de La Liquidación de Revisión número 2016LOR00001 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual le determinaron a la Caja de Compensación Familiar del Huila, los impuestos de Industria y Comercio e igualmente complementarios y sanciones a pagar por el año gravable 2013. y de La Resolución número 073 del 31 de enero de 2017 proferida por la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración. Precisado lo anterior, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir concepto en los siguientes términos, refiriéndose a los puntos materia de inconformidad expuestos por la parte apelante, en su recurso de apelación, contra la Sentencia de veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Huila. 2.1. Tarifa Aplicable Esta Agencia del Ministerio Publico observa que la tarifa a pagar por este tributo en razón de la actividad comercial de venta de alimentos, productos agrícolas, insumos agropecuarios, ropa, calzado, drogas y medicamentos, en supermercados, hipermercados, supertiendas, almacenes de cadena y grandes superficies2, es del 6X1000 y no del 3x1000, debido a que la tarifa contemplada 2 La Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Externa 005 del 23 de febrero de 2011, definió Gran

Almacén: “2.11.1 Definición de gran almacén: Todo establecimiento de comercio que venda bienes de consumo masivo al detal y cuyos ingresos brutos bimestrales sean iguales o mayores a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tales como almacenes de cadena, almacenes por departamentos, supermercados e hipermercados. La anterior definición reemplaza la señalada en el numeral 2.3.2.1, literal c), del presente título.” De igual forma la Superintendencia de Industria y comercio – SIC, en concepto No. 13-225984-00002-0000 del 18 de

noviembre del 2013, se precisa lo siguiente: Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801 JACDV/CPRR 7 en el Acuerdo 050 de 2009, se calcula por los ingresos brutos percibidos por el contribuyente durante el bimestre de cada año gravable en cuanto realice dicha actividad comercial. Es necesario precisar que se consideran “gran almacén” los establecimientos de comercio que vendan bienes de consumo masivo al por menor y, que sus ingresos sean iguales o superiores a tres mil salarios mínimos en un periodo de dos meses, resaltando que para el año 2013, la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR del Huila, obtuvo ingresos brutos muy superiores al mínimo requerido, pues según lo arrimado al procesos se advierte que en los periodos bimestrales de la vigencia 2013 obtuvo ingresos promedio de $14.831.857.701,

los cuales superan los ingresos brutos bimestrales de 3.000 salarios mínimos legales mensuales y por ende la contribuyente debió liquidar el 6X 1000 y no el 3X 1000, por tal motivo este cargo no es llamado a prosperar. 2.2. Sanción por inexactitud El artículo 647 del E.T., entre los hechos que establece como sancionables con inexactitud, consagra la inclusión de pasivos inexistentes, entre otros, y en general, la utilización de datos o factores falsos o equivocados en las declaraciones tributarias de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Este Ministerio Publico considera que, la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, atendiendo a que la entidad demandada liquidó el aludido impuesto de manera incorrecta, además de lo anterior, la contribuyente liquidó el impuesto con una tarifa que no correspondía, no existe la diferencia de criterios de interpretación, que argumenta la recurrente, la tarifa a pagar en este caso por concepto de impuestos de industria y comercio correspondió al 6x1000 y no del 3x1000 como erradamente sostiene la empresa demandante, teniendo en cuenta que los ingresos bimestrales percibidos para la vigencia 2013 fueron superiores a 3000 SMMLV. por tal motivo no se estructura la diferencia de criterios a que “Lo anterior nos indica que se deben cumplir dos requisitos para ser considerado “gran almacén”, acorde con la instrucción de la Superintendencia. Por un lado, debe ser un establecimiento de comercio que venda bienes de consumo masivo al por menor y, por otro, que sus ingresos sean iguales o superiores a tres mil salarios mínimos en un

periodo de dos meses. Quienes cumplan estos requisitos, serán considerados “gran almacén”. (…) Ahora bien, lo que efectuó la Circular 005 de 2011, fue un cambio en la definición, pues anteriormente, la Circular Externa No. 10 de 2001 (Circular Única) expedida por esta Superintendencia, definía “Gran Almacén”, de la siguiente forma: “Sociedad, establecimiento, almacén de cadena, almacén distribuido por departamentos, supermercado, hipermercado y punto de mercadeo de productos de las Cajas de Compensación Familiar, o conjunto de ellos cuando conformen un mismo partícipe, una de cuyas actividades principales implique ofrecer al público para que sean adquiridos, bienes por medida, sea al por mayor o al detal, cuyos ingresos brutos bimestrales sean mayores o iguales a tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales. Ahora bien, lo único que realizó la citada Circular 005 fue cambiar la definición, sin embargo, el texto que continúa lo que hace es establecer la metodología para su definición y ello no fue modificado ni derogado por esta circular, en consecuencia, el siguiente texto está vigente: Para determinar los ingresos brutos se tendrán en cuenta todos los ingresos de los establecimientos de un mismo gran almacén y los bimestres se contarán como se señala para la presentación del impuesto de industria y comercio. La entidad que en un bimestre adquiera la condición de gran almacén, la conservará durante seis (6) bimestres más, contados a partir del último en que sus ventas así lo hubieran determinado…” Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado

Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801 JACDV/CPRR 8 hace referencia el recurrente respecto a la sanción por inexactitud y en tal sentido este cargo no es llamado a prosperar. No obstante, el artículo 282 de la ley 1819 de 2016 estableció: el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior (parágrafo 5º). La sanción por inexactitud establecida en el artículo 647 del E.T. era del 160% calculado sobre la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la Liquidación Oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable, sin embargo, dicha sanción se redujo al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, de acuerdo con la modificación realizada por el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 648 del E.T. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la conclusión a la que arribó la primera instancia, que comparte esta Agencia del Ministerio Publico, reconociendo la aplicación del principio de favorabilidad, por cuanto la sanción del nuevo artículo 648 del E.T. sería más favorable, reduciendo del 160% al 100% la sanción por inexactitud, se considera respetuosamente que debe aplicarse la sanción del

100%. 2.3.- Procedencia de condenar en costas y Agencias en Derecho. La parte demandante sostiene que es procedente la condenar en costas, al Municipio de Neiva, es del caso recordar que, el artículo 188 del Estatuto Tributario del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del código de procedimiento civil” De igual forma, el Artículo 365 del CPACA establece: “(…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. Frente a este aspecto, la Corte Constitucional, al estudiar el tema de la exención de condena en agencias en derecho a favor de la Nación y las entidades territoriales previstas en el artículo 1, numeral 198 del Decreto de 1989, se refirió a las prerrogativas públicas en la Constitución Política en los siguientes términos: Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co 4100123330002017002 1801 JACDV/CPRR 9 […] la legitimidad de un privilegio público depende de que éste pueda ser adscrito al cumplimiento o la satisfacción de alguna de las finalidades que la Carta Política le ha confiado al Estado.

Adicionalmente, la específica configuración - usualmente legal - que adopte la prerrogativa pública de que se trate debe adecuarse a los postulados del principio constitucional de proporcionalidad (C.P., artículo 5°), según el cual ésta deba ser útil y necesaria respecto de la finalidad que persigue y no comprometa bienes constitucionales más importantes que los que busca promocionar o proteger “y a Renglón seguido estableció: (…). en esta sentencia se estudió que a la exención de condena en costas a favor de ciertas entidades públicas le ha sido atribuida la finalidad de conceder un privilegio a esos entes estatales por el hecho de serlo, es decir, en razón de su "peculiar personalidad", de su "personalidad pública" o por la garantía del “interés general” que, a los mismos, corresponde cumplir. Aparte de estas finalidades, no ha sido avanzado un fin alternativo directamente comprometido con el cumplimiento de alguno de los objetivos específicos que la Constitución adscribe al Estado. […] En principio parecería que nada, distinto al hecho de que la parte vencida es el propio Estado, sirve para explicar la excepción estudiada. En opinión de la Corte, según lo visto en párrafos anteriores, estas finalidades son contrarias al esquema axiológico que encuadra el ejercicio del poder público establecido en la Carta Política (v. supra) y, por tanto, carecen de toda legitimidad. (…) Si el legislador considera importante evitar ciertos gastos – como el pago de las agencias en derecho de la parte que ha vencido en un juicio contra las entidades públicas mencionadas -, no puede hacerlo obligando a quien

ha resultado lesionado por culpa del Estado a asumir la correspondiente carga. Si ello se permitiera, se estaría aceptando que la sociedad entera se beneficie de una carga impuesta a una persona que, adicionalmente, ha sido víctima de una actuación u omisión ilegítima por parte del Estado. En suma, el sujeto que ha sufrido una lesión por causa de las autoridades públicas debe asumir integralmente una carga económica que de otra manera no hubiera tenido que soportar, a fin de beneficiar a la comunidad. Lo anterior vulnera abiertamente el principio de distribución equitativa de las cargas públicas y, en consecuencia, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta. Con base en esos mismos argumentos, puede concluirse que no le asiste la razón a la UAE - DIAN, al interpretar que por el solo hecho de estar implícito el interés público en la gestión de recaudo de los tributos, necesariamente se le deba exonerar de la condena en costas.” Ahora bien, frente a la codena en costas y expensas procesales a entidades Estatales, la Sección Cuarta de la Honorable Corporación, en sentencia del 9 de septiembre de 2021, C. P., DR. Julio Roberto Piza Rodríguez, expuso: “Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso-administrativa se debe disponer sobre la condena en costas, salvo que en el proceso «se ventile un Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 www.procuraduria.gov.co

4100123330002017002 1801 JACDV/CPRR 10 interés público»; respecto de lo cual los precedentes de esta Sección han precisado que esa expresión se circunscribe al trámite de las acciones públicas, no a los procesos suscitados entre particulares y el Estado, aun cuando versen sobre cuestiones impositivas. Lo anterior, porque no puede concluirse que por «el solo hecho de estar implícito el interés público en la gestión de recaudo de los tributos, necesariamente se le deba exonerar de la condena en costas». Esta Agencia no comparte lo expuesto por la recurrente, respecto a la condena en costas y expensas procesales pues se requiere que se encuentren acreditadas, conforme ha sostenido el Honorable Consejo de Estado de manera reiterada.3 Este análisis debe realizarse de manera conjunta con la causación y comprobación de las costas y expensas procesales, en las que incurrió la entidad demandada, atendiendo a que para que proceda una condena en costas, es indispensable que su causación se encuentre probada y debidamente certificada dentro del proceso. Advierte esta Agencia de Ministerio Publico que la demandante no aparto las pruebas mediante las cuales se pudiera acreditar que se causaron costas y en este caso la condena solo procede en la medida en que se encuentren probadas en el proceso, acorde a lo normado en el numeral 1 y 8 del Artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 y el Artículo 188 del CPACA. En primer lugar, observa esta Delegada que, la condena en costas surge de la derrota de una parte en el proceso o de la decisión desfavorable del recurso

interpuesto, y esas costas y agencias en derecho deben estar debidamente soportadas dentro de la actuación procesal. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-143 de 2013, siendo Magistrado Ponente el doctor Mauricio González Cuervo, expuso: “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo

365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. (Subraya y negrilla de la Sala). 3? Sentencia de 30 de Agosto de 2016, expediente 20508, siendo Consejera Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia de 26 de Julio de 2017, expediente 20647, siendo Consejera Ponente Stella Jeanette Carval Basto, y Sentencia de 3 de Junio de 2021, expediente 24339, siendo Consejero Ponente Julio Roberto Piza

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11 Al revisar la actuación procesal, esta Agencia encuentra que la demandante no aportó material probatorio alguno, no obran los documentos, ni certificación que soporten la existencia de las costas y expensas procesales ni su causación, dentro del proceso, no se cuenta con prueba que indique los gastos en los que incurrió dentro de la actuación procesal, motivo por el cual el presente cargo no está llamado a prosperar, no se acreditaron las costa en las que incurrió la Caja de Compensación Familiar CONFAMILIAR. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente,

III. CONCLUSIÓN De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, esta Procuraduría Delegada solicita respetuosam