PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra liquidación oficial de revisión qu

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra liquidación oficial de revisión que modificó declaraciones de impuesto de industria y comercio y se impuso sanción por inexactitud IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Tiene lugar cuando de forma directa o indirecta se realiza cualquier actividad industrial, comercial o de servicios IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Elementos del hecho generador según regulación legal IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Tiene lugar cuando de forma directa o indirecta se realiza cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, según regulación legal ACTIVIDAD COMERCIAL-Constancia con que se realiza con miras a ser gravada, según Sentencia de Unificación del Consejo de Estado SANCIÓN POR INEXACTITUD-Se debe revocar en el sub examine

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PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., abril 20 de 2022 Doctor Milton Chaves García Consejero Ponente – Sección Cuarta

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto 22 - 116

Radicación: 2500023370002017-00430-01

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Constructora y Desarrollo Bolívar S.A.S

Demandado: Secretaría de HaciendaDirección Distrital de

Impuestos

Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Resolución de Liquidación Oficial de Revisión No. 836DDI053396 del 7 de octubre de 2015, mediante la cual se modificaron las declaraciones del Impuesto de industria y Comercio por los bimestres 2º, 3º, 4º y 5º de la vigencia 2013 y se impuso sanción por inexactitud. Y la Resolución No. DDI064767 del 8 de noviembre de 2016, que resolvió el Recurso de Reconsideración.

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1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Constructora y Desarrollo Bolívar S.A.S solicita que se declare la nulidad de la Resolución de Liquidación Oficial de Revisión No. 836DDI053396 del 7 de octubre de 2015, proferida por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuesto de Bogotá, mediante la cual se modificaron las declaraciones del Impuesto de industria y Comercio por los

bimestres 2º, 3º, 4º y 5º de la vigencia 2013 y se impuso sanción por inexactitud. Y la Resolución No. DDI064767 del 8 de noviembre de 2016, proferidas por la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, mediante la cual se resolvió el Recurso de Reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare la firmeza de la Declaración presentadas en los periodos en cuestión, y que la actora no adeuda suma alguna. 1.1.a. Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan:

I. La actora presentó sus Declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio por los bimestres de la vigencia de 2013, y el 31 de octubre de 2014, la Oficina de Fiscalización, Producción y Consumo ordenó iniciar investigación tributaria por los bimestres 1ro a 6to.

II. El 18 de diciembre de 2014, la demandada realizó visita a las instalaciones de la actora, indagando sobre su objeto social, la depuración de la base gravable del Impuesto en cuestión, y las deducciones por concepto de operaciones no gravadas.

III. La actora allegó información respecto de la causación y registro de los ingresos por dividendos recibidos durante la vigencia 2013. Y el 25 de febrero de 2015, la entidad practicó nueva visita solicitando información en relación con la operación a partir de la cual recibió dividendos durante

el periodo de 2013.

IV. El 12 de mayo de 2015, la demandada profirió Requerimiento Especial No. 2015EE103166 por medio de la cual propuso modificar las Declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio de los bimestres 2º, 3º, 4º y 5º de la vigencia de 2013. El 13 de agosto de 2015, la actora dio respuesta y corrigió las declaraciones, negando las modificaciones por el

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MAAM bimestre 3º, y aceptando la modificación por los bimestres 2º (parcialmente), 4º y 5º de 2013.

V. El 7 de octubre de 2015, la entidad profirió la Resolución de Liquidación Oficial No. 836DDI053396, en la que determinó la depuración del impuesto de Industria y Comercio por los bimestres 2º, 3º, 4º y 5º de la vigencia de 2013. El 9 de diciembre de 2015, la actora interpuso Recurso de Reconsideración, recibiendo respuesta confirmatoria el 8 de noviembre de 2016, mediante la Resolución No. DDI064767. 1.1.b. Fundamentos jurídicos y concepto de la violación Disposiciones vulneradas : Art. 83 C.P.; Art. 20 C.Comercio; Arts. 32 y 35 Ley 14 de 1983; Arts. 32, 34, 41

y 42 Decreto 352 de 2002; Art. 195 Decreto 1333 de 1986; Art. 1 Acuerdo 21 de 1993.

Concepto de la violación: ---(i). Nulidad de los actos demandados por falsa motivación, al desconocer que la compañía realizó dos tipos de inversiones, unas temporales de renta variable, como parte del desarrollo de su objeto social, y otras permanentes, ajenas al mismo. La entidad consideró que todas las inversiones en compra de acciones hechas por la actora se deban en el giro ordinario de sus negocios (inversiones temporales de renta variable), concluyendo que todo los ingresos percibidos hacían parte de la base gravable del Impuesto de Industria, sin distinguir aquellas compras de acciones para su posterior vente y aquellas adquiridas con el animo de permanencia constitutiva de activos fijos. La actora ostentó la titularidad de dos tipos de acciones, uno con relación al cual se desarrolló la actividad comercial de intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, sobre el cual se declaró el impuesto en cuestión, y otro, sobre el cual se mantuvo la tenencia pasiva de acciones en sociedades nacionales, sobre la cual no se dio un ejercicio profesional propio de actos de comercio.

La demandada indicó, que como la actora había determinado un objeto social amplio, todas los dividendos de las inversiones realizadas en desarrollo del mismo, corresponderían al ejercicio de una actividad comercial para efectos del Impuesto de Industria y Comercio, lo cual se constituye en una falsa motivación positiva. Igualmente se presenta una falsa motivación negativa, al omitir los hechos según los cuales ciertos dividendos eran producto de inversiones con el

animo de permanencia, sin ejercer actos de comercio, siendo mas bien actividades esporádicas, lo que además, se encuentra probado con los asientos contables y el balance general.

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MAAM ---(ii). Nulidad de los actos demandados por infringir/inaplicar las normas en que debían fundarse, al gravar rentas pasivas. La entidad determinó la sujeción pasiva al Impuesto a partir de la determinación del objeto social de la actora, y de la ausencia de exclusión de los dividendos de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio. Señaló que fueron gravados los dividendos por las inversiones permanentes constitutivas del activo fijo, contrariando los arts. 32 Ley 14/83, 32,34,42 y 42 Decreto 352/02, 95 Decreto 1333/86 y 1 Acuerdo 21/83. Según estas normas, dicho impuesto recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio. La autoridad determinó que el hecho generador del impuesto se concretizaba con la realización de actividades comerciales, comprendidas en el num. 5, art. 20 del C.Comercio, según el cual, tienen carácter mercantil “la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones”. La actora afirma que los actos comerciales

descritos en dicho artículo deben implicar el ejercicio habitual y profesional de la actividad correspondiente, y darse en el giro ordinario de sus negocios, por lo que los dividendos percibidos por inversiones permanentes y esporádicas en sociedades no estarían gravados. Afirma, que esta ya es una subregla establecida por el Consejo de Estado (5 marzo/99, exp. 9086). ---(iii). Nulidad de los actos demandados por indebida interpretación del art. 20 C.Comercio, 32 y 34 Decreto 352/02, y 32 y 35 Ley 14/83. La no habitualidad y profesionalidad con que se ejerce la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales no se traduce en un acto de comercio, gravado con el Impuesto de Industria y Comercio; por el contrario, la entidad asegura que las actividades descritas en el art. 20 C.Comercio pueden realizarse de forma permanente u ocasional, lo cual es indiferente para los fines de ser gravadas. ---(iv). Vulneración del art. 83 C.P., al atentar contra la confianza legítima. Se vulnera la confianza legítima al no aplicarse la jurisprudencia existente sobre casos similares, en detrimento de igual forma del derecho a la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de buena fe; específicamente, las sentencias 3412 del 21 de agosto de 1992, 4209 del 25 de septiembre de 1992, 9086 del 5 de marzo de 1999, 18263 del 19 de marzo de 2011, 18277 del 17 de noviembre

de 2011, 18383 del 2 de febrero de 2012, 18663 del 12 de septiembre de 2013 y 18750 del 20 de noviembre de 2014. ---(v). Vulneración por inaplicación de los arts. 32, 34, 41 y 42 -Decreto 352/02. La entidad concretizó el hecho generador del impuesto con el simple análisis de la delimitación del objeto social de la compañía registrado en el certificado de la Cámara de Comercio; así, todo ingreso derivado de las inversiones, temporales como permanentes, era considerado como percibido en el desarrollo de actos de comercio, toda vez que el objeto social comprende la realización de actividades que en caso de materializarse se encontrarían gravadas.

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MAAM ---(vi). Vulneración por inaplicación de los arts. 4 -Ley 169/96 y 7 CGP, al pretermitir la doctrina probable. Según jurisprudencia del Consejo de Estado, los dividendos obtenidos por las acciones permanentes que no se enajenan en el giro ordinario de los negocios, no se encuentran gravados con el impuesto en cuestión. En ese sentido, la pretermisión de la interpretación realizada por dicho órgano, que constituye doctrina probable respecto del presente caso, configura una violación al derecho de defensa e igualdad, así como la doctrina probable

consagrada en las normas en mención. ---(vii). Vulneración por falta de aplicación de los arts. 711 y 730 E.T., arts. 96 y 104 – Decreto 807/93, art. 29 C.P, y art. 3 CPACA. El art. 96 – Decreto 807/93, en concordancia art. 711 E.T., consagró el principio de correspondencia entre la declaración tributaria, el contenido fáctico y jurídico del acto administrativo preparatorio, y el acto administrativo de determinación oficial, lo cual también ha sido extendido por el Consejo de Estado sobre la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración; principio que a su vez constituye una garantía al debido proceso y al derecho de defensa. Señala que, a contrastar el fundamento a partir del cual la demandada concluyó la discusión administrativa, con el desarrollo realizado a lo largo de dicho proceso, se evidencia en forma expresa que la declaración tributaria no relacionó ingresos por rendimientos financieros, y que los presupuestos de hecho y de derecho establecidos por la autoridad a lo largo de la discusión administrativa no versaron sobre la existencia de unos rendimientos financieros. Así, se constituyó una nueva premisa de hecho y de derecho ajena a la discusión tributaria, sobre la cual no se pudo ejercer el derecho de defensa de la etapa administrativa. ---(viii). Los actos cuestionados vulneraron los arts. 113 -Decreto 807/93, 742 E.T., 42 CPACA, 167 CGP, 29 C.P, al no sustentarse en elementos probatorios controvertibles. Los actos administrativos se sustentan en presunciones

inexistentes y pretermitieron la naturaleza jurídica de las actividades realizadas por la actora; por el contrario, se valen de juicios de valor desprovistos de legalidad, acudiendo a la lógica y a inferencias, contrariando los art. 742 E.T., art. 113 Decreto 807/93 y art. 42 CPACA que indican que las decisiones de la administración deben fundarse en hechos probados. Agrega que las presunciones deben constar en disposiciones normativas especiales, lo que no sucede frente al caso en concreto, esto es, a que la percepción de dividendos conlleve la realización de actividad comercial. ---(ix). Vulneración por aplicación indebida del art. 117 – Decreto 807/93, no aplicable al caso. Señala que la administración consideró que no era necesario contar con plenas pruebas para la determinación oficial del impuesto, al encontrarse facultada para aplicar indicios y presunciones según el art. 117 – Decreto 807/93; norma que estima solamente aplicable cuando no se demuestren los ingresos brutos registrados en la declaración, a través de la

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MAAM contabilidad llevada en debida forma. Para el caso lo que se discute no son los ingresos brutos declarados, sino los valores incluidos en el renglón “BDDeducciones, exenciones, actividades no sujetas”. ---(x). Vulneración por inaplicación de los arts. 2 – Decreto 807/93, 59 -Ley

788/02, 683 E.T., 95 num. 9 C.P. La actora considera que, se le esta exigiendo más allá de las cargas determinadas por la ley y la normatividad territorial, lo cual atenta contra el espíritu de justicia tributaria, al imponerle impuestos por actividades no constitutivas del hecho generador. ---(xi). Los actos demandados son ilegales al imponer una doble tributación, contrariando el art. 363 C.P. La doble tributación se da por las cargas impuestas a los dividendos obtenidos por la tenencia pasiva de acciones, no obstante haber tributado en cabeza de la sociedad que repartió los dividendos; es decir, que CYD Bolívar recibió los dividendos de manera pasiva, sin realizar actividad comercial, y que las sociedades que pagaron los dividendos tributaron en la jurisdicción de Bogotá por el impuesto de Industria y Comercio. De ahí que no sea procedente gravar ingresos que comportan el mismo beneficio económico, y que se originan en el mismo hecho económico. ---(xii). Indebida aplicación del art. 96 CPACA, al confundir el recurso de reconsideración presentado por parte de la demandante con una solicitud de revocatoria. La Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, en su artículo 4 hace referencia erróneamente al art. 96 CPACA, impartiéndose el trámite de revocatoria directa al recurso de reconsideración, y señalando que la actora no podía, en esa medida, demandar dicha Resolución ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ---(xiii). Improcedencia de la sanción por inexactitud al no configurarse hecho

sancionable, y desconociendo una manifiesta diferencia de criterios del derecho aplicable. No es procedente la sanción debido a la ausencia de hecho sancionable, en la medida en que no se dan los presupuestos de hecho y de derecho. La compañía declaró la totalidad de ingresos gravados por concepto del impuesto en cuestión, y no incluyó datos falsos, incompletos o equivocados. Agrega además que, su interpretación jurídica frente a los requisitos establecidos en los arts. 34 -Decreto 352/02, art. 520 Código de Comercio y la jurisprudencia del Consejo de Estado, indica para que la intervención como asociado en la constitución de sociedades sea considerada un acto de comercio es necesario que se realice de manera habitual y profesional, por lo que esta presente la diferencia de criterio con la administración. 1.2. Contestación La demandada asegura que, la compañía inscribió en la Cámara de Comercio en su objeto social actividades de carácter mercantil, entre las que se encuentra

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MAAM inversiones de todo tipo de negocios; en esa medida, son actividades realizadas en el giro ordinario de sus negocios, debiendo contabilizar los ingresos provenientes de las mismas como ingresos operaciones, y por ende, los productos susceptibles de ofertar son activos movibles, lo cual esta en conformidad con el propósito para el cual fue creado, el cual es competir dentro

del mercado de inversiones. Manifiesta que, lo que determina la sujeción al gravamen es que se lleva a cabo cualquier actividad que pueda ser calificada como industrial, comercial o de servicios. Igualmente, no se exige que la actividad sea ejercida de manera profesional, exclusiva, habitual o continua. De otro lado, la base gravable del tributo la conforman la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba el contribuyente por el ejercicio de una actividad gravada en la jurisdicción de Bogotá. En esa medida, es erróneo la afirmación de la actora según la cual los dividendos no son gravados al no realizarse la actividad comercial descrita en el art. 34 del Decreto 352/02. Así mismo, señala que no es cierta la tesis de la compañía cuando dice que todas las acciones son para mantenerlas en el activo fijo, ya que de su misma contabilidad se deduce que las inversiones no permanecen estáticas en el tiempo, si no que por el contrario, se dedica a comprar y vender cuando las condiciones del mercado son favorables. Igualmente aclara, que no ha considerado la percepción de dividendos como una actividad industrial, comercial o de servicios, si no que la actividad de inversión o de participación en sociedades es una típica actividad comercial generadora de ingresos gravados. La entidad señala que si la actividad de la Sociedad es calificada como mercantil por el Código de comercio, su ejercicio en el Distrito Capital, lo hace sujeto pasivo del tributo, y se en esa medida se encuentran gravados los dividendos percibidos de manera habitual o esporádica cuando quien realiza la actividad de inversión es una sociedad comercial, que contempla dichas actividades dentro de su objeto social.

Considera que la sanción por inexactitud es procedente, en la medida en que la actora efectuó una errada deducción de ingresos obtenidos por concepto de dividendos que consideró como activos fijos, y que la diferencia de criterios reclamada, debería versar sobre la interpretación del derecho aplicable, y no sobre el desconocimiento del mismo. 1.3. Sentencia de Primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2020 (Dr. Luis Antonio Rodríguez Montaño), declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 836DDI053396 del 7 de octubre de 2015, mediante

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MAAM la cual se profirió Liquidación Oficial a las declaraciones del Impuesto de industria y Comercio presentadas por Construcción y Desarrollo Bolívar S.A.S. por los bimestres 2º, 3º, 4º y 5º de la vigencia 2013 y se impuso sanción por inexactitud, y de la Resolución No. DDI064767 del 8 de noviembre de 2016, que resolvió el Recurso de Reconsideración, modificando la Liquidación Oficial. A titulo de restablecimiento del derecho, se dispuso tenerse como valor pagado por concepto de dicho impuesto por los bimestres 2º y 3º del año 2013, los valores determinados en la liquidación efectuada por el Tribunal.

---(i) (i) Supuesta falsa motivación de los actos administrativos demandados y violación de las normas en que debían fundarse, desconociendo los arts. 32 y 35 – Ley 14/93, arts. 32, 34, 41 y 42 – Decreto 352/02, art. 195 – Decreto 1333/86, art. 1 Acuerdo 21/83, y art. 20 Código de Comercio. (ii) Supuesta falsa y falta de motivación en relación con el material probatorio allegado en sede administrativa para la acreditación de actividades no sujetas al impuesto en discusión por indebida interpretación e inaplicación de los arts. 113 y 117 – Decreto 807/93, art. 742 E.T., art. 42 CPACA, art. 167 CGP, y art 29 C.P.; y (iii) Falta de aplicación de los arts. 2Decreto 807/93, art. 59Ley 788/02, art. 683 E.T., art. 95 num.9 C.P, constituyéndose mayores cargas a las determinadas en la ley en relación con la determinación y pago del impuesto territorial, y art. 363 CP, por imponerle a la actora una doble tributación. Según los arts. 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41 del Decreto 352/02, que regula los elementos del hecho generador del impuesto de industria y comercio en el Distrito de Bogotá, este esta determinado por la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, ya sea que se cumpla de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con o sin establecimiento de comercio, siendo sujeto pasivo la persona natural o jurídica que realice el hecho

generador de la obligación tributaria. De su art. 34 igualmente se lee que, debe entenderse como actividad comercial gravada, la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás actividades definidas como tales en el Código de Comercio, siempre que no se consideren actividades industriales o de servicios. Al tenor del art. 42 del mismo Decreto, la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio esta constituida por los ingresos netos obtenidos en el periodo, ordinarios como extraordinarios, excepto aquellos productos de actividades exentas y no sujetas, las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos. Una vez se tienen los ingresos netos, esta será la base gravable sobre la cual se aplicará la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio. Frente a la situación objeto de estudio, el H. Consejo de Estado (sentencia de 26 de julio de 2018, rad. 21162) ha afirmado que cuando se ejecutan los actos de comercio previstos en el num.5 art. 20 C.Co., como lo es la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, o la negociación a titulo oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones de forma ocasional, dicho acto de comercio no se puede catalogar como una actividad mercantil

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MAAM gravada. Sin embargo, cuando se realiza de manera habitual y profesional, si es gravada y la base gravable lo constituirán los ingresos que se perciben por concepto de dividendos, pues es la forma en que se materializa la ganancia. La misma corporación ha establecido los criterios que deben analizarse para determinar cuando el acto de comercio arriba descrito se realiza de forma habitual y profesional (sentencia de 18 de julio de 2018, rad. 23009). Según estableció, para saber si los dividendos derivados de las negociaciones de acciones hacen o no parte de la base gravable, se debe acudir al criterio de acto de comercio asociado al giro ordinario de los negocios, es decir, si se realiza de manera habitual u ordinaria, lo que presupone que pueda ejecutarla en consideración a su objeto social. Igualmente estableció que (sentencia del 20 de noviembre de 2014, rad. 18750), cuando la intervención como asociado en la constitución de sociedades se ejecuta de manera habitual y profesional, las acciones suelen hacer parte del activo movible, pero ello no obsta para que las acciones formen parte del activo fijo, siendo lo realmente fundamental determinar aquellas dos características, es decir, que se realice como parte del giro ordinario de los negocios. Según el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad, se constituyó con el fin de desarrollar como objeto social, entre otros, la intervención o participación en la constitución de sociedades; por lo cual, dicha actividad hace parte del giro ordinario de sus negocios, sea que las acciones o participaciones que se deriven tengan vocación de permanencia, como activo fijo de la empresa, o se vendan posteriormente. En esa medida, no es cierto lo

afirmado por la actora según lo cual la administración con las Resoluciones violó las normas en que deberían fundarse, al desconocer la existencia de dos tipos de acciones; en ambos casos, los dividendos son el producto de una actividad comercial realizada de forma habitual y profesional, ya que, como se vio, la sociedad fue constituida para realizar ese tipo de inversiones. Contrariamente a como lo hace ver la actora, no significa que el objeto social de la Compañía concretice el hecho generador del Impuesto, sino que a partir del objeto social se delimitan los actos de comercio que realiza la empresa como parte del giro ordinario de sus negocios, y se determina si son actos comerciales en los términos del art. 20 C.Co. Así, si la intervención en la constitución de sociedades es una actividad comercial para efectos del Impuestos de Industria y Comercio, cuando se realiza de forma habitual y profesional, los dividendos obtenidos serán gravados, como correctamente lo hizo la entidad. En esa medida, no considera que se haya vulnerado el espíritu de justicia del art. 683 E.T., y tampoco que se haya impuesto una doble tributación, ya que uno es el impuesto que se causa en cabeza de las sociedades que distribuyen los dividendos si la actividad que realizan esta gravada, y otro aquel a cargo de la sociedad actora por la percepción de ingresos de sus inversiones. Por último, tampoco considera que se haya dado una falsa y falta de motivación, pues, aunque de las pruebas se extrae que las inversiones forman parte del activo fijo, ese hecho por si sólo no impide

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MAAM considerar que los dividendos obtenidos de esas inversiones están gravados por dicho impuesto, siendo primordial determinar si son producto de una actividad comercial. ---(ii). Presunta vulneración de la confianza legítima y el art. 83 C.P, y (iii) desconocimiento de los arts. 4Ley 169/86 y 7 CGP, al pretermitir la doctrina probable frente al caso. La Sala no considera que se haya desconocido la confianza legítima y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, ya que, según tesis reiterada por dicha corporación, la determinación del tratamiento de los dividendos en materia del Impuesto de Industria y Comercio no depende de la connotación que se les haya dado en el contrato social, sino de la realidad de su actividad económica. Se reitera lo dicho frente a los cargos anteriores. ---(iii). Falta de motivación al fundamentar la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, en hechos ajenos a los discutidos. No se violó el principio de correspondencia, ya que la Resolución que resolvió el recurso si fue coherente con lo establecido en los actos administrativos anteriores, por lo que tampoco se atenta contra el derecho al debido proceso y de defensa. ---(iv). Violación del debido proceso por indebida aplicación del art. 96 CPACA. La citación del art. 96 CPACA en la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se trató de una equivocación de la administración, lo cual no tiene la entidad para producir la nulidad de esta. Los argumentos expuestos por

la actora fueron analizados por la entidad, lo que produjo la modificación de la Liquidación Oficial, y luego pudo acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa, sin que se haya dado el trámite de revocatoria directa. ---(v). Improcedencia de la sanción por inexactitud. Si bien la actora incurrió en una de las conductas tipificadas como sancionables por inexactitud, al incluir en sus declaraciones deducciones improcedentes o inexactas lo que produjo la determinación de un menor impuesto, sin embargo, la Sala reconoce que la actuación de la actora se sustentó en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, entre otros, en la sentencia del 19 de mayo de 2011, rad. 18263, donde se afirmó la tesis defendida por la actora, pero que sería aclarada posteriormente a la presentación de las declaraciones, en sentencia de 20 de noviembre de 2014, rad. 18750, y reiterada en sentencia de 31 de mayo de 2018, rad. 21776. Así, se considera que la inexactitud en que incurrió en las declaraciones se dio por una diferencia de criterios frente a la interpretación de las normas aplicables, lo que en su momento estuvo respaldado por el Consejo de Estado. En suma, se levanta la sanción por inexactitud, y de declara la nulidad parcial de los actos cuestionados. 1.4. Apelaciones 1.4.a. Apelación Distrito CapitalSecretaría Distrital de Hacienda

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