PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra oficios que informan a movimiento si

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra oficios que informan a Movimiento sin personería jurídica que postulación de candidato es a través de grupo significativo de ciudadanos INSCRIPCION DE CANDIDATOS-Movimiento sin personería jurídica debe acreditar respaldo popular Al tratarse el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” de un grupo de ciudadanos que no cuenta con personería jurídica, necesariamente deben acreditar el respaldo popular mediante la recolección de firmas de apoyo a la candidatura presidencial, convirtiéndose en un Grupo Significativo de Ciudadanos y así poder ejercer los derechos de postulación, que se concretan en la inscripción de candidatos/as, como claramente lo disponen las normas constitucionales y legales para tal efecto Sobre el particular, es preciso indicar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, al darle respuesta al demandante en el mismo sentido antes señalado, es decir, al no dar trámite a la inscripción de un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la Vicepresidencia por el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, lo hizo con total apego a las normas que regulan la inscripción de candidatos a elecciones, razón por la cual evidentemente no incurrió en la causal de nulidad de infracción de normas en que debía fundarse y, por ende, mucho menos, en la causal de expedición irregular, por lo tanto, no se presentó violación al debido proceso en el caso bajo estudio Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 1 Bogotá D.C., 17 de enero de 2022 Concepto No. 2022-01-NRD-006 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-28-000-2020-00093-00

DEMANDANTE: DIEGO FELIPE URREA VANEGAS ASUNTO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LAS RESPUESTAS RDE – 0638 y RDE – 751 del 7 de abril de 2020 expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El señor DIEGO FELIPE URREA VANEGAS le solicitó al Consejo Nacional Electoral la inscripción de un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la vicepresidencia en representación de la colectividad llamada “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”. 1.1.2. La Subsecretaria del Consejo Nacional Electoral dio traslado de la anterior petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que expidió el oficio

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RDE – DGE – 0638 por medio de cual le informó al señor URREA VANEGAS que el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” no cuenta con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, podría postular candidatos a través de un Grupo Significativo de Ciudadanos de conformidad con las reglas establecidas para tal efecto. 1.1.3. El señor DIEGO FELIPE URREA VANEGAS interpuso recurso de apelación contra oficio RDE – DGE – 0638, el cual fue resuelto por oficio RDE – 751 del 7 de abril de 2020, en el sentido de confirmar la negativa del acto recurrido. 1.1.4. El ciudadano DIEGO FELIPE URREA VANEGAS, quien actuó a nombre propio y en calidad de Presidente del “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, demandó, en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, los oficios (i)RDE – DGE – 0638 por medio del cual se le informó al señor URREA VANEGAS que el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” no cuenta con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto podrá postular candidatos a través de un grupo significativo de ciudadanos de conformidad con las reglas establecidas para tal efecto, y,(ii) RDE – 751 del 7 de abril de 2020, por medio del cual se confirmar el acto recurrido. 1.2. Argumentos de la demanda El señor URREA VANEGAS presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra los oficios RDE – DGE – 0638 y RDE – 751 de 2020, con los

siguientes argumentos: Para el demandante, el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” tiene derecho a que, de forma oficiosa y automática, el Estado, mediante la RNEC, le permita inscribir un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la Vicepresidencia, en representación de dicha colectividad, en atención a los derechos fundamentales y humanos de la minorías étnicas y políticas que la conforman. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 3 La parte actora adujo que se incurrió en las causales de nulidad de “expedición irregular” e “infracción a las normas en que debería fundarse”, en tanto, con la expedición de los actos acusados, la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el Acto Legislativo 01 de 2016, los artículos 2º – haciendo énfasis en el principio de autodeterminación, participación y soberanía del pueblo, 13 y 40, numeral 3º de la Constitución Política. Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 6º); el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo (artículo 7.1). Comenzó por recordar que la garantía de una amplia y efectiva participación democrática de las organizaciones políticas que hicieron parte del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” debe ser una prioridad en el marco de las próximas elecciones presidenciales, por lo que se debe contar con la intervención de sus integrantes a fin de promover la continuidad del mentado Acuerdo de Paz. De manera que no se pueden desconocer los derechos adquiridos con la suscripción del mismo, particularmente frente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás colectividades rurales pertenecientes a la organización política “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”. Precisó que, antes de suscribirse el Acuerdo de Paz, la inscripción de un candidato estaba supeditada a obtener previamente el reconocimiento de la personería jurídica para un partido o movimiento político; sin embargo, esta regla electoral resulta de imposible cumplimiento frente a las víctimas, minorías étnicas y políticas, pues se trata de normas electorales dirigidas a las organizaciones políticas tradicionales, dificultándose así a los nuevos actores, cumplir con dicha exigencia. Esto por cuanto dichas colectividades no cuentan con los recursos económicos ni físicos para poder obtener tal reconocimiento, discriminándose así a su organización política y, de contera, impidiendo el ejercicio del derecho a la participación política. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 4 En este sentido, el demandante advirtió que lo que se pretende mediante la presente demanda es que se protejan y amparen los derechos políticos y democráticos de las minorías étnicas y políticas con la finalidad de que se cumpla con la obligación que contrajo el Estado colombiano en el numeral 2.3.1.1 del Acuerdo de Paz, en el cual, en punto a las medidas para promover el acceso al sistema político, se dispuso: “El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido”. Resaltó que pese haberse dispuesto expresamente la citada garantía, su implementación no ha sido posible debido a la omisión del Congreso de la República en reglamentar el régimen de transición a que hace referencia el numeral 2.3.1.1 anteriormente transcrito. Al respecto, advierte que tal desatención, por parte del legislativo, pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos de las minorías étnicas y políticas que requieren de un reconocimiento legal para gozar de las prerrogativas consignadas en el Acuerdo de Paz. Conforme a lo anterior, la parte actora insiste en que es necesario garantizar plenamente la participación de la organización política “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” con la inscripción de un candidato presidencial para el periodo 2022-2026, por cuanto “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática

debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales” (El demandante extrae la cita de la Sentencia del 26 de mayo de 2010, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 5 Insistió en que los derechos políticos no pueden ser restringidos a los movimientos políticos que nacieron con el Acuerdo de Paz, toda vez que, según el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitido el 18 de Abril de 2013, MP Luis Fernando Álvarez Jaramillo: “Las restricciones a los derechos políticos deben estar expresamente previstas en la ley, no ser discriminatorias y basarse en criterios razonables, de tal manera que atiendan un propósito necesario, idóneo y útil para satisfacer un fin constitucionalmente imperativo”. 1.3. Fijación del litigio En auto del 24 de noviembre de 2021, se fijó el litigio en los siguientes términos: “Considera el despacho que el litigio se contrae a determinar, a partir de las

censuras referenciadas en los antecedentes de esta providencia, si los actos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentran incursos en los vicios de nulidad por “expedición irregular” e “infracción a las normas en que debería fundarse”, por no dar trámite a la inscripción de un (1) candidato a la presidencia de la República de Colombia y uno (1) a la vicepresidencia en representación de la colectividad llamada “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, con el fin de participar en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 29 de mayo de 2022.”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde determinar si la Registraduría Nacional del Estado Civil Nacional Electoral incurrió las causales de “expedición irregular” e “infracción a las normas en que debería fundarse”, al no dar trámite a la inscripción de un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la Vicepresidencia por el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, para los comicios que se realizarán el próximo 29 de mayo de 2022. 2.2. Análisis del caso concreto Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 6 Metodológicamente se abordará la respuesta al problema jurídico y, por lo tanto, la

resolución del caso concreto, a partir del desarrollo de la hipótesis considerada por el demandante como violatoria del derecho que le asiste a que se le permita inscribir un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la Vicepresidencia, en representación del “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia” por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La inscripción de candidatos a elecciones y el reconocimiento de la personería jurídica a los Partidos, Movimientos políticos y Grupos Significativos de Ciudadanos, se encuentra regulado primigeniamente en el artículo 108 constitucional, bajo el ropaje de dos reformas constitucionales, mediante Actos Legislativos de 2003 y de 2009. El artículo 108 de la Constitución Política señala en sus incisos tercero y cuarto que “los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”. En este sentido, el artículo 9 de la Ley 130 de 1994, dispone que: “ARTICULO 9o. DESIGNACION Y POSTULACION DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General

resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 7 Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.” (Subrayado fuera de texto) Luego, con la expedición de la Ley 1475 de 2011, se señaló en relación con la inscripción de candidatos lo siguiente: “ARTICULO 28. INSCRIPCION DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a

cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultadodeberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas. Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les

reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral.” (Subrayas fuera de texto). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 8 La Ley 1475 de 2011 fue objeto de control constitucional previo1, y respecto del artículo 28 antes transcrito, se consideró lo siguiente: “90. Observa la Corte que, de manera general, el artículo 28 del Proyecto tiene como propósito desarrollar el derecho de postulación de los partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos. Para el efecto, establece una diferencia entre los requisitos de inscripción para los candidatos de los partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica, y aquellos postulados por grupos significativos de ciudadanos. Respecto de los primeros exige como presupuesto previo a la inscripción, la verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. En tanto que en relación con la inscripción de candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos contempla, ya no requisitos sustanciales, sino un procedimiento para la inscripción. Introduce asimismo esta norma un porcentaje mínimo del 30%, “de uno de los géneros”, en la conformación de

listas de las cuales se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular. Y contempla la inscripción ante la autoridad electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como de los comités independientes organizados para promover el voto en blanco, extendiendo a sus promotores los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales. Esta manera de regular la inscripción y elaboración de listas y candidatos suscita varias observaciones. En primer lugar, la regulación disímil, para partidos y movimientos políticos con personería jurídica (inciso primero) por un lado, y para grupos significativos de ciudadanos (inciso cuarto) por el otro, se refiere a ámbitos distintos. Mientras que respecto de los primeros se reiteran exigencias sustanciales relativas a la necesidad de verificar las calidades, los requisitos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos; en relación con los segundos se diseña un procedimiento orientado a establecer una cierta vocería de la organización ciudadana a través de un comité inscriptor. En segundo lugar, observa la Corte que la regulación resulta parcial, en la medida que no incluye requisitos para la inscripción de candidatos y listas de todas las agrupaciones a quienes la Constitución reconoce el derecho de postulación. ….. (…) … la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos negativos para acceder a la función pública, debe ser efectuada en relación con todos aquellos ciudadanos que aspiren a cargos uninominales, o a corporaciones públicas de elección popular, independientemente de que su postulación esté respaldada por un partido o movimiento político, con o sin

personería jurídica, un grupo social o un grupo significativo de ciudadanos. La verificación de requisitos de elegibilidad, de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el acceso a la función pública, promueve el cumplimiento de valiosos principios y valores constitucionales como son los de rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, creando un escenario propicio para que las decisiones públicas sean objetivas, se 1Corte Constitucional, sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 orienten al adecuado cumplimiento de los fines del Estado, aseguren la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, y la realización del interés general,2 al margen de intereses personales o particulares. (…) La referencia explícita que el artículo 108 C.P. hace a los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida, como depositarios del derecho de postulación, no excluye a los partidos y movimientos políticos que no cuenten con tal reconocimiento, toda vez que, como ya lo sostuvo la Corte en aparte anterior de esta sentencia a propósito del análisis de la prohibición de doble militancia (fundamento jurídico 22.1), tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas

para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. La mención expresa que hace el inciso tercero del precepto constitucional (Art. 108) a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, tiene el propósito de subrayar que en su caso, la inscripción de candidatos a elecciones requiere el aval del respectivo representante legal o su delegado. (…) Para el análisis de esta norma, es preciso recordar que la Constitución consagró el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a inscribir candidatos para las elecciones, sin requisito adicional distinto al aval del representante legal de esa colectividad, o de su delegado (Art. 108, inc. 3º). Y estableció así mismo, que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos (Art. 108, inc. 4º C.P), sin que respecto de estos la Norma Superior hubiese previsto requisitos para la inscripción, de modo que corresponde al legislador proveer a su regulación. De manera que la propia Constitución demarcó un régimen diferencial para el ejercicio del derecho de postulación por parte de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, frente a otras agrupaciones como los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos. Los primeros pueden presentar sus candidatos contando con el aval del representante legal de la agrupación o su delegado, en tanto que en relación con los movimientos sociales o los grupos significativos de ciudadanos, la ley puede establecer requisitos orientados a garantizar la seriedad de las inscripciones, siempre y cuando se trate de exigencias que sean “razonables, de acuerdo a los

mínimos históricamente sostenibles en un momento dado, y que no obstaculicen el libre ejercicio de los derechos políticos” 3 , de tal manera que no vulneren el principio de igualdad. En esta dirección el inciso cuarto del precepto examinado prevé que para la inscripción de los candidatos postulados por los grupos significativos de ciudadanos, además del respaldo popular que deben acreditar mediante la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista, es preciso seguir un procedimiento consistente en que : (i) la inscripción debe efectuarse por un comité conformado por tres ciudadanos, el cual debe registrarse ante la 2 Corte Constitucional, sentencia C-348 de 2004. A su vez, los criterios expuestos en dicho fallo se apoyan en las Sentencias C-380 de 1997, C-200 de 2001 y C-1212 de 2001, entre otras. 3 Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 autoridad electoral correspondiente ; (ii) este registro debe efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la fecha prevista para el cierre de la inscripción respectiva, y en todo caso, antes del proceso de recolección de firmas; y (iii) los formularios de recolección de firmas deben contener tanto las fotos de los integrantes del comité, como las de los candidatos a inscribir.

(…) Como se indicó, para el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la propia Constitución dispone que su inscripción se efectuará con el aval de su representante legal, o del delegado de éste (Art. 108, inciso 4º C.P.). En tanto que para los grupos significativos de ciudadanos que no cuente con personería jurídica , el legislador estatutario previó e l procedimiento descrito en el inciso cuarto analizado.” Por otra parte, a través de la Ley 996 de 2005, se reglamentó la elección de Presidente de la República y, en sus artículos 7 y 8 se señaló en relación con la inscripción de candidaturas lo siguiente: “ARTÍCULO 7o. DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán inscribir, individualmente o en alianzas, candidato a la Presidencia de la República. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos, por el respectivo representante legal del partido o movimiento. Los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho a inscribir candidato a la Presidencia de la República. Para estos efectos, dichos movimientos y grupos acreditarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, un número de firmas equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República . Estas firmas deberán acreditarse ante la Registraduría General del Estado Civil por lo menos treinta (30) días antes de iniciar el período de inscripción

de candidatos a la Presidencia de la República. Esta entidad deberá certificar el número de firmas requerido ocho (8) días antes de iniciarse el citado período de inscripción de candidatos. ARTÍCULO 8o. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial y, se podrá adelantar durante los treinta (30) días siguientes. Las inscripciones podrán modificarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la inscripción. PARÁGRAFO. La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentará la materia.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 11 De lo expuesto hasta el momento se concluye que: - El requisito formal que desde la Constitución Política (artículo 108) y la Ley Estatutaria 996 de 2005 (artículo 7) se impone para la inscripción de candidatos por partidos o movimientos políticos con personería jurídica es el aval, el cual debe ir suscrito por el respectivo Representante Legal del Partido o Movimiento político. - El requisito formal que desde las Leyes Estatutarias 996 de 2005 (artículo

1. y 1475 de 2011 (artículo 28) se impone para la inscripción de candidatos para los Grupos significativos de Ciudadanos que no cuenten con personería jurídica es la recolección de firmas equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República.

Así las cosas, en relación con la solicitud de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República para el “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, se presentan dos situaciones: i). No es un partido o movimiento político al que se le haya reconocido personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral; por ende, al no contar dicha personería, no es posible de conformidad con las normas constitucionales y legales que pueda inscribir candidato/a para la Presidencia de la República en los próximos comicios que se celebrarán el 29 de mayo de 2022. ii). La inscripción de candidatos para elecciones por parte de grupos significativos de ciudadanos tiene regulación expresa en los artículos 108 de la Constitución Política, 9 de la Ley 130 de 1994, 8 de la ley 996 de 2005 y en el 28 de la Ley 1475 de 2011. Bajo dichos lineamientos, no resulta plausible, como lo pretende el demandante, que se le permita inscribir un candidato a la Presidencia de la República de Colombia y uno a la Vicepresidencia, en representación de la colectividad antes Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 citada, como acertadamente lo señaló en los oficios demandados la Registraduría

Nacional del Estado Civil. Lo anterior, por la simple razón de que la organización política “Movimiento Ciudadano Indignados Colombia”, como su nombre lo indica, es un movimiento o Grupo de Ciudadanos y no minorías étnicas o políticas -co