PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Distrito de barranquilla solicita anulación

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Distrito de Barranquilla solicita anulación de liquidación de intereses por pago extemporáneo de transferencia ambiental a Corporación Autónoma Regional del Atlántico PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVAMENES A PROPIEDAD INMUEBLE-Para entidades encargadas de la conservación del ambiente SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA-Para la puesta en marcha de los principios generales ambientales RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Marco jurídico TRANSFERENCIA DEL PORCENTAJE AMBIENTAL A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-No hacerlo oportunamente causa intereses moratorios establecidos en el Código Civil TRANSFERENCIA DEL PORCENTAJE AMBIENTAL A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-El no giro oportuno da lugar a sanción de pago por interés moratorio del Art 5 del Decreto 1339/99 según Consejo de Estado CONCEPTO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-Respecto del porcentaje ambiental sobre la propiedad inmueble INTERESES POR MORA EN TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE AMBIENTAL-Pauta jurisprudencial del Consejo de Estado/INTERESES POR MORA EN TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE AMBIENTAL-No hacen parte de la transferencia o porcentaje ambiental ya cubierto INTERESES DE MORA-Son independientes a los ingresos tributarios según concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público INTERESES DE MORA-La Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA emitió liquidación conforme al marco jurídico La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, lo que hizo fue hacer efectiva

una disposición normativa que le permitía liquidar intereses en su favor por la transferencia extemporánea de la sobretasa o porcentaje ambiental por parte del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no se advierten eventos o

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 causales que puedan viciar el acto administrativo que hizo dicha declaración ni el que lo confirmó y, en dicho sentido, el Ministerio Público emite su respaldo frente a la decisión de primera instancia y la actuación de la entidad demandada Como la parte actora no logró desvirtuar los elementos facticos y jurídicos que tuvo Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, para emitir los actos administrativos demandados, al no derrumbarse la presunción de legalidad que los amparaba, las pretensiones anulatorias que son objeto de estudio están llamadas al fracaso y no podrán ser atendidas, pues no se demostró que se hubiesen emitido con incursión en alguna de las causales que permitieran declarar su nulidad FALLO-No existen elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos administrativos que fueron objeto de demanda 2 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C, 19 de octubre de 2020 Doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 20 - 157

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 080012333000201701047 01

Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de

Barranquilla

Demandado: Corporación Autónoma Regional del

Atlántico - CRA Honorable Señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con base en las razones que se exponen a continuación: ANTECEDENTES  La demanda Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Distrito de Barranquilla presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, con el objetivo de que se declarara la nulidad de la resolución 925 del 22 de diciembre de 2016, por medio de la cual 3 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 se liquidaron intereses por pago extemporáneo del porcentaje ambiental del primer trimestre de 2016 a cargo de la entidad demandante, al igual que de la resolución No. 184 de 2017, con la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución.  Contestación La Corporación Autónoma Regional del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyó que los actos se expidieron

con plena observancia de las formalidades legales, dentro del ámbito de sus competencias y sin desviación de poder, que los cargos formulados por la parte actora eran infundados y que tampoco lograban desvirtuar la presunción de legalidad que amparaba a las resoluciones demandadas. En su defensa propuso las excepciones de “ineptitud de la demanda por falta de cumplimiento y/o incumplimiento de requisitos formales, específicamente el concepto de violación respecto de los actos administrativos objeto de la acción”, “denegación de la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho, legalidad del acto administrativo y de la actuación administrativa respecto de los derechos fundamentales”, “validez de los actos administrativos demandados”, y “excepción genérica de declaración oficiosa, excepción de fondo que tenga como probadas el despacho”.  Sentencia de primera instancia Con decisión del 13 de septiembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Atlántico – Sección A negó las pretensiones del Distrito de Barranquilla por estimar que dicha entidad no demostró que hubiese cumplido con la transferencia del porcentaje ambiental dentro del plazo previsto en la ley, que tampoco desvirtuó la presunción de legalidad que amparaba a los actos demandados, y que el cobro de intereses 4 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 moratorios por haberse trasladado extemporáneamente el porcentaje ambiental encontraba su sustento en el artículo 5 del Decreto Reglamentario No. 1339 de 1994.  Recurso de Apelación El apoderado de la parte actora solicitó la revocatoria de la decisión de

primera instancia por considerar que estaba demostrado que los actos demandados vulneraron normas superiores, pues no era viable que se iniciase un proceso de cobro coactivo para el pago de intereses por existir mora en realizar transferencias ambientales a las corporaciones autónomas regionales. Agregó que, si no era posible que por vía administrativa se obtuviera el pago de la tasa ambiental (obligación principal), tampoco podría hacerse respecto de los intereses que se generaran por omitir su pago oportuno, pues lo accesorio seguía la suerte de lo principal, y que tampoco era cierto que fueran obligaciones independientes. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico La controversia bajo estudio nos plantea el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentran acreditados los presupuestos en los que se soportó la solicitud de nulidad de la resolución 925 del 22 de diciembre de 2016, por medio de la cual se liquidaron intereses por pago extemporáneo del porcentaje ambiental del primer trimestre de 2016 a cargo de Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al igual que respecto de la resolución 184 de 2017, con la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución? Análisis Jurídico 5 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

Conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o

presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, la cual procederá según el artículo 137 del mismo código, “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. Caso concreto En el presente asunto se encuentra acreditado que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico mediante resolución 925 del 22 de diciembre de 2016, liquidó intereses por pago extemporáneo del porcentaje ambiental del primer trimestre de 2016 que estaba a cargo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla, por un valor $345.681.604. Con escrito radicado el 30 de enero 2017, el apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla interpuso recurso de reposición frente al contenido del anterior acto administrativo, impugnación que fue resuelta mediante resolución 184 del 13 de marzo de 2017, con la cual la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, confirmó en todas sus partes la Resolución 925 del 22 de diciembre de 2016. Dentro de las razones que esgrimió la CRA para desestimar la impugnación presentada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla, se mencionó que la liquidación de intereses en contra de la entidad territorial obedeció a la cancelación tardía de las transferencias ambientales del primer trimestre del año 2016, que las mismas debían considerarse como ingresos tributarios, y que las

6 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 sanciones o intereses correspondían a ingresos no tributarios que podían ser cobrados de manera coercitiva a dicha entidad territorial. La controversia bajo estudio puede ser abordada dentro del marco constitucional, legal y reglamentario que pasa a describirse: El artículo 317 de la Constitución Política Colombiana reza en los siguientes términos: “ARTICULO 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.” (subrayado fuera de texto). Conforme al artículo 4 de la ley 99 de 1993, el Sistema Nacional Ambiental SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en dicha ley, el cual está integrado por varios componentes, entre ellos, por las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente, correspondiéndole al gobierno nacional la facultad de reglamentar su organización y funcionamiento, y previendo una jerarquía que seguiría el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos

y Distritos o municipios. Frente a las rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales, el artículo 44 de la ley 99 de 1993 reguló el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble en los siguientes términos: “ARTÍCULO 44. PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 7 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas

por la presente ley. Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación. Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece. PARÁGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 1.991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991; PARÁGRAFO 2. <Ver Notas del Editor> <Parágrafo modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo

del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la 8 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 población respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un millón de habitantes, exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión.” Las anteriores disposiciones legales fueron reglamentadas por el Decreto 1339 de 1994, el cual frente a las disposiciones aplicables al presente asunto estableció: “Artículo 3º Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el respectivo concejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán destinar entre el 15% y el 25.9% de éste para la Corporaciones con jurisdicción en su territorio. En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o del funcionario que haga sus veces deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el porcentaje establecido a la Corporación respectiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. Parágrafo. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio Ambiente y teniendo en cuenta condiciones especiales de los municipios, calificados por el Conpes, los municipios podrán realizar

los giros a las Corporaciones, del porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente a la respectiva vigilancia fiscal. (…) Artículo 5º Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente Decreto, la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Código Civil.” En el presente asunto, es un hecho admitido y no discutido que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla transfirió de manera tardía la sobretasa o porcentaje ambiental correspondiente al primer trimestre del año 2016, no obstante, la entidad territorial considera que la CRA no estaba habilitada para iniciar el cobro forzoso de intereses por dicha demora, pues al haber cancelado la obligación principal los intereses se habrían extinguido por ser accesorios a la deuda que había dejado de existir. 9 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

Aunque la parte actora ha argüido que a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, le estaba vedado el cobro coactivo de los intereses causados por la tardía transferencia de la sobretasa o porcentaje ambiental correspondiente al primer trimestre del año 2016, y que lo apropiado era que se hubiese iniciado una acción de reparación directa para que dicho dieron fuera pagado a título de perjuicios

causados a la citada corporación autónoma regional, sobre el particular el Consejo de Estado1 tuvo la oportunidad de pronunciarse, en un caso similar, en los siguientes términos: “(…) Aquí la Sala se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuáles son esas consecuencias desfavorables que se radicaban en cabeza del Distrito Capital, como consecuencia de la negativa de proceder oportunamente a la transferencia del porcentaje ambiental a la CAR? (…) Pero la respuesta al interrogante planteado, nos la da la misma ley. Es de una claridad meridiana que, el Distrito Capital debía asumir las consecuencias desfavorables que se siguen de tal omisión y, más aún cuando la ley 99 de 1993, en su artículo 44 y en el inciso 2 del artículo 3° del decreto reglamentario 1339 de 1994, disponen con perentoriedad, la obligación legal de proceder al pago trimestral del porcentaje ambiental que le correspondía a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y, cuyo deudor lo era el Distrito Capital. Y, también se sabe que, el artículo 5° de dicho Decreto establece el interés moratorio del código civil ante la eventualidad de “no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualquiera de sus modalidades”, se ordenará el reconocimiento de intereses a la tasa del 6% anual, contado a partir del vencimiento de los 10 días hábiles de cada trimestre. (…) Como se anotó el sólo incumplimiento por parte del Distrito Capital del no giro oportuno de los dineros, darían lugar a la sanción que

establece el artículo 5º del decreto 1339 de 1999 (pago del interés moratorio); … (…)” 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERASUBSECCION C - Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ - Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012) - Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00875-01(21972). 10 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Concepto 016 del 3 de noviembre de 2003, por medio del cual aclaró o dio orientaciones respecto del “porcentaje ambiental sobre la propiedad inmueble. Intereses de mora”, documento del que podemos citar las siguientes conclusiones: “(…) El Decreto Reglamentario 1339 de 1994, establece dos tipos de intereses de mora, uno contenido en el inciso tercero del artículo 2 del mencionado decreto 1339 de 1994, que establece: Artículo 2 Sobretasa. (…) … Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente. Y otro establecido por el artículo 5 ídem, así: Artículo 5 Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente Decreto, la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje

ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Código Civil. En el primero de los casos, si el municipio opta por la llamada sobretasa ambiental, es claro que los intereses de mora pagados por el sujeto pasivo del impuesto predial unificado, por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar el monto correspondiente a dicho concepto (sobretasa), deberán ser transferidos a la Corporación Autónoma regional, además del valor correspondiente a la sobretasa ambiental. En el segundo caso, existirá la obligación por parte de la entidad territorial, de reconocer el pago de los intereses moratorios que se causen por el retardo en la transferencia de la sobretasa o del porcentaje del recaudo del impuesto según se halla establecido, a la tasa de interés contenida en el Código Civil. Diferente es el evento en el cual el municipio ha escogido la opción del porcentaje del impuesto predial unificado, caso en el cual consideramos que tanto la disposición constitucional, como el desarrollo legal de la misma, han sido claros al disponer que la destinación a las entidades encargadas del manejo y la conservación del ambiente y de los recursos naturales, se hará sobre un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial unificado, y en consecuencia habrá lugar a transferir a la entidad ambiental solamente el porcentaje sobre el valor correspondiente a dicho rubro. 11 080012333000201701047 01

5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

A este respecto es preciso tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 111 de 1996: Art. 27.- Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas. Así mismo, es pertinente citar apartes de la obra “Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano” publicada por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en la página 31 señala: 1.1.1.1. Ingresos Tributarios Conformados por pagos obligatorios al Gobierno, sin contraprestación, fijados en virtud de norma legal, provenientes de impuestos directos o indirectos. … 1.1.1.2. Ingresos no Tributarios Esta categoría incluye los ingresos del gobierno nacional que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del Estado. Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas que son obligatorias pero que por su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se encuentran reguladas por el Gobierno Nacional, provenientes de pagos efectuados por concepto de sanciones pecuniarias impuestas por el Estado a personas naturales o jurídicas que incumplen algún mandato legal y aquellos otros que constituyendo un ingreso corriente, no puede clasificarse en los ítems

anteriores. En consecuencia, de acuerdo con estas definiciones, dado que la referencia legal está hecha en relación con el impuesto predial unificado, la base para la transferencia a la CAR será sobre los ingresos tributarios exclusivamente. Los intereses de mora, por definición hacen parte de los ingresos no tributarios. (subrayado fuera de texto) En estos términos se modifican las posiciones asumidas anteriormente por esta Dirección.” Conforme al marco normativo descrito en precedencia, la pauta jurisprudencial que emitió el Consejo de Estado frente a los intereses que se generan por la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualquiera de sus modalidades, y con la aclaración u orientación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de estimar que dichos intereses deben considerarse ingresos no tributarios, se considera que los actos administrativos demandados fueron emitidos conforme a la ley, tal como pasa a indicarse: 12 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

Se encuentra acreditado el pago de la obligación principal, esto es, la transferencia de la sobretasa o porcentaje ambiental del primer trimestre del año 2016 por parte del Distrito de Barranquilla a la CRA, pero también que la misma fue realizada de manera extemporánea y que, por dicha razón, la corporación autónoma regional emitió la Resolución 925 de 2016, por medio de la cual liquidó los intereses generados por dicha demora. Es claro que ante el cumplimiento tardío de la citada obligación existe disposición normativa vigente que previó la generación de intereses

moratorios en favor de las corporaciones autónomas regionales y a cargar de los municipios o distritos morosos, siendo ese el proceder censurado por la entidad accionante, por estimar que por haber pagado la obligación principal (transferencia o porcentaje ambiental), de manera automática, también se extinguían los intereses causados. La anterior conclusión no encuentra sustento en ninguna disposición normativa o pronunciamiento jurisprudencial que lo respalde y, por el contrario, existe orientación ministerial y pronunciamiento judicial que permiten concluir que los intereses reclamados no hacen parte de la transferencia o porcentaje ambiental ya cubierto, siendo entonces viable que se haya exigido y liquidado administrativamente su pago por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA. En respaldo de la actuación de la CRA existe también pronunciamiento del Consejo de Estado2 en el que se reitera que en el caso del “porcentaje del total de recaudo del impuesto predial”, se reitera que se calcula a la tarifa prevista en el respectivo acuerdo municipal sobre el total recaudado por concepto de impuesto predial, que debe entenderse que ese recaudo no incluye los intereses de mora ni a las sanciones por cuanto estos rubros no corresponden al concepto de ingresos tributarios, tal como lo precisó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el concepto 016 de noviembre 3 de 2003, al aclarar, con 2 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION CUARTA - Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS - Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince

(2015) - Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00456-01(20345). 13 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms IUS-E-2020-541642 fundamento en el artículo 27 del Decreto 111 de 19963, que los intereses de mora, por definición hacen parte de los ingresos no tributarios. Conforme a lo anterior, el encontrar que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, lo que hizo fue hacer efectiva una disposición normativa que le permitía liquidar intereses en su favor por la transferencia extemporánea de la sobretasa o porcentaje ambiental por parte del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no se advierten eventos o causales que puedan viciar el acto administrativo que hizo dicha declaración ni el que lo confirmó y, en dicho sentido, el Ministerio Público emite su respaldo frente a la decisión de primera instancia y la actuación de la entidad demandada. El Consejo de Estado4 ha indicado que “el acto administrativo entendido como manifestación de la voluntad de la administración con miras a producir efectos jurídicos, goza de presunción de legalidad y conformidad con el ordenamiento jurídico en todos sus aspectos, lo que se traduce en entender que fue expedido en el ejercicio de competencias previamente conferidas, sujeto a las normas constitucionales y legales que rigen la materia, fundado en el cumplimiento de las funciones previstas en la ley y conforme con la realización de los fines institucionales de que se trata”. Así las cosas, como la parte actora no logró desvirtuar los elementos facticos y jurídicos que tuvo Corporación Autónoma Regional del

Atlántico – CRA, para emitir los actos administrativos demandados, al no derrumbarse la presunción de legalidad que los amparaba, las pretensiones anulatorias que son objeto de estudio están llamadas al fracaso y no podrán ser atendidas, pues no se demostró que se hubiesen emitido con incursión en alguna de las causales que permitieran declarar su nulidad. 3 Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional 4 Sentencia de 8 de septiembre de 2005; Exp. 3644. 14 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642

CONCLUSIÓN De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no existen elementos de juicio para declarar la nulidad de los actos administrativos que fueron objeto de demanda. Por lo tanto, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, presenta su concepto SOLICITANDO LA CONFIRMACIÓN DE LA

SENTENCIA IMPUGNADA.

Del señor Consejero, atentamente,

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 15 080012333000201701047 01 5aCdeE/AMV/Llms

IUS-E-2020-541642