PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Inhibición por ineptitud sustancial de la d
Detalles
- Título
- PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Inhibición por ineptitud sustancial de la d
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra comunicación proferida por el Consorcio Fidufosyga ACTO ADMINISTRATIVO-Concepto Inicialmente, señalaremos que la doctrina, al estudiar el concepto de acto administrativo, entendido como “[…] toda declaración provenientes de un órganos estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio y típico del Decreto Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto […]” o como “[…] toda manifestación unilateral, por regla de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos […]”, coincide en atribuirle, como nota característica, una naturaleza decisoria. Así pues se ha indicado por la doctrina que: “[…] A diferencia de lo que ocurre con los llamados actos interorgánicos o internos de la Administración, los actos administrativos producen efectos en el plano externo, es decir frente a los administrados […]”“[…] El quinto caracteriza al acto administrativo por su naturaleza decisoria, esto es, por poseer la fuerza suficiente para crear situaciones jurídicas a partir de su contenido. En consecuencia, si la manifestación de voluntad no decide ni crea situación jurídica, no es un acto administrativo. […]”. ACTO ADMINISTRATIVO-Concepto jurisprudencial ACTO ADMINISTRATIVO-Diferencia con la comunicación La decisión de la autoridad administrativa en virtud de la cual se producen efectos jurídicos en relación con SALUD TOTAL EPS, consistentes en descontar la suma de la suma de $3.371.401.495, emana directamente del Acuerdo N° 352 de 2007 y no de la
Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007. El oficio mencionado, precisamente «comunica» que está dando aplicación al mencionado acuerdo, estableciendo la metodología que empleó el Consorcio FIDUFOSYGA para dar cumplimiento al mismo, pero en modo alguno crea, modifica o extingue una situación jurídica. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Inhibición por inepptitud sustancial de la demanda Lo anterior hace que se configure una ineptitud sustancial de la demanda, por lo que acertó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al declarar probada las excepciones propuestas por la Nación – Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 e inhibirse de pronunciarse de fondo en relación con la controversia, puesto que, conforme al artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, y en este asunto claramente no se presenta dicho supuesto.(…). Las reflexiones expuestas anteriormente evidencian que en el presente caso la demanda contencioso administrativa estudiada carece de objeto susceptible de enjuiciamiento, esto es, de actos administrativos. Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
Bogotá D.C., 18 de febrero de 2014 Concepto No. 13
HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO
Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo
Consejera Ponente: María Elizabeth García González
Ref.: Expediente No. 25000-23-24-000-200800097-01
Actor: Salud Total EPS Demandado: Nación – Ministerio de la Protección
Social – Consorcio Fidufosyga 2005
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.
ANTECEDENTES 1.- La sentencia apelada Mediante decisión del 20 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección C, en descongestión –, decidió declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la Nación – Ministerio de la Protección Social y, en consecuencia, se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre las demás excepciones y cargo propuestos, conforme los siguientes argumentos: 1.1.- […] 2. EXCEPCIONES PROPUESTAS […] Las entidades demandadas Nación – Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, consideran que la comunicación 5953.07 CD de 19 de septiembre de 2007, no tiene la connotación de acto administrativo, puesto que se trató de un escrito que se limitó a informar la aplicación material de un hecho que jurídicamente había ocurrido con anterioridad a la expedición del Acuerdo No. 352 de 2007 por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud […] En este contexto normativo, se advierte que únicamente las decisiones de la administración, producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que impiden
proseguirla, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de la aludida medida […] 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García 1.2.- […] Se deduce del comunicado transcrito, que el mismo se remitió por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 a SALUD TOTAL EPS, en cumplimiento de lo dispuesto por [el] Acuerdo No. 352 de 2007 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con el que se determinó los valores a descontar a las Entidades Promotoras de Salud, con ocacasión (sic) a los coeficientes de alto costo de insuficiencia renal crónica en el año 2006, de manera que el monto previsto en el precitado escrito TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($3.371.401.494.00), no es otro que el ya calculado en tal normativa, como pasa a verificarse […] Así las cosas, encuentra esta colegiatura que el valor correspondiente a los descuentos por coeficientes IRC aplicados a la
libelista para los períodos de compensación del año 2006, tuvieron su origen en el Acuerdo No. 352 de 2007, puesto que es allí en donde se determinó dicho monto y no como erróneamente lo sostiene la actora, que aduce producirse con el comunicado emitido por FIDUFOSYGA 2005, ya que este último se dirigió a informar una decisión que sí tiene el carácter de acto administrativo, que creó obligaciones desde el momento mismo en que se produjo, al crear unos efectos jurídicos hacia sus destinatarias: las EPS; en ese entendido se ha pronunciado el máximo órgano constitucional, véase: […] 1.3.- […] En este orden de ideas, se observa que la comunicación 5953.07 CD de 19 de septiembre de 2007 al no crear, modificar o extinguir una situación jurídica, se trató de un acto de mera comunicación en los precisos términos de los artículos 50 y 135 del C.C.A., dado que no hace imposible continuar la actuación administrativa, ni decide el fondo del asunto, como sí lo hace el Acuerdo emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del que, como se vio, FIDUFOSYGA se limitó a informarlo y ejecutarlo. […] Ahora que, independientemente que la pluricitada comunicación demandada fuera expedida o no por quien tuviera la capacidad de proferir actos administrativos, en este caso el Consorcio, como lo aseguró la actora, lo cierto es que de ningún modo puede revestir esa naturaleza, ya que como se reitera, se trató de un acto de trámite que se ciño a la orden impartida por su mandatario en un verdadero acto administrativo
de carácter general. […] De lo precedente, fuerza concluir que al no constituir la comunicación atacada un acto administrativo susceptible de demandarse en esta vía de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deberá declararse probada la excepción de inepta demanda propuesta por Nación – Ministerio de la Protección Social en ese orden debe abstenerse esta Colegiatura de hacer un pronunciamiento de fondo frente a las demás excepciones promovidas y los cargos impetrados sobre las que se inhibirá […]. 2.- El recurso de apelación propuesto por la parte demandante En la oportunidad procesal correspondiente, el demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por el Tribunal, el cual se sustenta en los siguientes argumentos: 2.1-. […] Sea lo primero indicar que la acción de la referencia busca declarar la nulidad del acto ADMINISTRATIVO CMP – 5953 – 07CD de fecha 19 de septiembre de 2007, mediante el cual el Consorcio Fidufosyga 2005 a título particular le aplica a Salud Total el descuento por coeficientes de alto costo de Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García insuficiencia renal crónica para los períodos compensados en el año 2006, y por ende al ser nulo el acto administrativo se debe proceder al reintegro de los valores descontados ilegalmente por concepto de coeficiente de alto costo por los períodos compensados del 2006, y por ende al ser nulo el acto administrativo se debe proceder al reintegro de los valores descontados ilegalmente por concepto de Coeficiente de alto costo por los períodos compensados del 2006, toda vez que
ya existía una transacción posterior sobre estos períodos compensados a partir de la fecha de aceptación, la cual se dio el 10 de septiembre de 2010 […] Es claro que el acto administrativo del cual se busca se declare la nulidad, esto es el acto CMP-5953-07CD “NUNCA FUE NOTIFICADO EN DEBIDA FORMA, NI CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA TENER EFICACIA”, tal como son la notificación personal, los términos y recursos que puedan aplicarse, el derecho a la defensa y en su lugar si se impusieron las obligaciones contenidas en el mismo acto administrativo, como lo fue la aplicación del descuento del coeficiente de insuficiencia renal crónica […] 2.2.- […] LA COMUNICACIÓN No CMP – 5953-07 CD es un acto administrativo, pues tal como se demostró en el desarrollo de la demanda y del proceso este cumple con los requisitos para ser tenido como un acto administrativo, por ello me permito traer a discusión lo señalado por la Honorable Corte Constitucional en la SENTENCIA C-069 DE 1995 que sobre la existencia de los actos administrativos indicó: (se cita la decisión judicial) […] Por lo anterior no le asiste razón a las demandadas ni al despacho cuando afirman que no consideran que la comunicación No CMP-5953-07 CD no sea un acto administrativo, pues es claro que dicha comunicación fue proferida por una entidad que maneja dineros públicos, envestida de funciones públicas y que el mismo acto genera obligaciones sobre los administrados y sobre los mismos recursos públicos. […] Aunado a lo anterior encontramos que el acto administrativo demandado, constituye un
pronunciamiento general de la administración (Ministerio de la Protección Social) de realizar unos descuentos por coeficiente de alto costo IRC y un acto administrativo de carácter particular, mediante el cual el Consorcio realiza un descuento a la EPS el cual el Consorcio no reconoce como acto administrativo, pues se desprende de una decisión de la administración (Nación) que tiene efectos hacia un tercero (Salud Total EPS) sobre unos recursos públicos (UPC reconocida a la EPS para la prestación de los servicios de salud). […] 2.3.- [...] Por lo anterior no le asiste razón al ad quo (sic) cuando afirma que no considera que la comunicación No CMP-5953-07 CD no sea un acto administrativo, pues es claro que dicha comunicación fue proferida por una entidad que maneja dineros públicos, envestida de funciones públicas y que el mismo acto genera obligaciones sobre los administrados y sobre los mismos recursos públicos, y por que (sic) acorde a lo manifestado por el Honorable Consejo de Estado cualquier manifestación de voluntad de la autoridad pública o particular que ejercer función pública, generadora por sí misma de efectos jurídicos, constituye acto administrativo, pasible de control jurisdiccional […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- Problema jurídico que plantea el presente asunto Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García Considera esta Delegada que el problema jurídico que plantea el presente proceso judicial se contrae a determinar si la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección C, en
descongestión – debe revocarse y, en su lugar: i.- Declarar que la comunicación CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007, expedida por el Consorcio FIDUFOSYGA, es un acto administrativo, cuya validez puede ser discutida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii.- Declarar la nulidad de la comunicación CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007, expedida por el Consorcio FIDUFOSYGA, toda vez que, en concepto del actor, se violaron los artículos 13, 29 y 209 de la Carta Política; el Decreto 3260 de 2007; y el artículo 44 del Decreto 1 de 1984 2.- La comunicación CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007, expedida por el Consorcio FIDUFOSYGA, es un acto administrativo, cuya validez puede ser discutida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo Plantea el apelante que la Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007, expedida por el Consorcio FIDUFOSYGA constituye un verdadero acto administrativo, puesto que dicha comunicación fue proferida por una entidad que maneja dineros públicos, envestida de funciones públicas y genera obligaciones sobre los administrados y sobre los mismos recursos públicos. Inicialmente, señalaremos que la doctrina, al estudiar el concepto de acto administrativo, entendido como “[…] toda declaración provenientes de un órganos estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio y típico del Decreto Público,
que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto2 […]” o como “[…] toda manifestación unilateral, por regla de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos3 […]”, coincide en atribuirle, como nota característica, una naturaleza decisoria. Así pues se ha indicado por la doctrina que: “[…] A diferencia de lo que ocurre con los llamados actos interorgánicos o internos de la Administración, los actos administrativos producen efectos en el plano externo, es decir frente a los administrados4 […]” “[…] El quinto caracteriza al acto administrativo por su naturaleza decisoria, esto es, por poseer la fuerza suficiente para crear situaciones jurídicas a partir de su contenido. En consecuencia, si la manifestación de voluntad no decide ni crea situación jurídica, no es un acto administrativo.5 […]” 2 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot, Octava Edición, Reimpresión 2008. Página 107. 3 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Universidad Externado de Colombia, Cuarta Edición. Página 131. 4 CASSAGNE, Juan Carlos, Ob. Cit., página 114. 5 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Ob. Cit., página 135. Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García La jurisprudencia del Consejo del Consejo de Estado, ha coincido con la posición expuesta por la doctrina al señalar: “[…] Para el efecto resulta útil e ilustrativo partir del concepto de acto
administrativo, el cual ha sido desarrollado tanto por la doctrina como la jurisprudencia del Consejo de Estado. Así se ha entendido como acto administrativo “toda manifestación unilateral de voluntad por parte de quienes ejercen funciones administrativas, sean órganos públicos del Estado o simples particulares tendiente a la producción de efectos jurídicos. Es decir, con la capacidad suficiente para alterar el mundo jurídico. Si la manifestación de voluntad no decide, no es un acto administrativo”6 También se ha sostenido que “…El acto en la doctrina general, en forma simple, es una manifestación de voluntad de un ente de derecho. Es una decisión que produce efectos jurídicos. La noción de decisión es entonces un concepto central dentro de esta materia y se infiere que para que la jurisdicción intervenga a modo de control se requiere que el objeto sobre el cual actúa, constituya en materia de manifestación intencional, la voluntad de una decisión…Así, el acto administrativo, a la luz de la ley colombiana es un manifestación de voluntad, mejor se diría de la intención,… en virtud de la cual se dispone, se decide, se resuelve una situación o una cuestión jurídica, para como consecuencia, crear, modificar o extinguir una relación de derecho”7 […]”8 Ahora bien, descendiendo al presente caso, y sin perder de vista que conforme al artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, es necesario analizar si la Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007, expedida por el Consorcio FIDUFOSYGA, constituye un acto administrativo sobre el cual
pueda ejercerse control jurisdiccional. El contenido de la Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de 2007 es el siguiente: […] Asunto: Descuentos a aplicar Acuerdo 352/2007 Coeficiente Insuficiencia Renal Crónica.
Apreciado Doctor: En consideración al asunto señalado me permito comunicar la aplicación del Acuerdo 352/2007 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud por medio del cual se determinar el valor K y se establecen los Coeficientes de Alto Costo de Insuficiencia Renal Crónica para cada una de las EPS en el año 2006. 6 SANTOFIMIO, Jaime Orlando, El acto administrativo, Universidad Externado de Colombia, 1994, pág. 59 7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 22 de enero de 1987; M.P. Hernán Guillermo
Aldana Duque, Exp. 549.
8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá D.C., Sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008), Radicación número: 11001-03-26-000-2001-0006201(21845). Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García El valor de descuento a generar será aplicado en el primer y segundo proceso de compensación de los meses de septiembre y octubre de 2007.
Los valores de descuento fueron generados en consideración a la aplicación del coeficiente definido en el Acuerdo en mención.
Fueron consultados la totalidad de los procesos de compensación presentados desde enero al mes de agosto de 2007, en los cuales incluyeron registros que compensaran períodos entre enero y diciembre de 2006 y hayan sido aprobados y por los cuales hubo reconocimiento de valores de UPC. Se consideraron registros normales (presentado y aprobados en la primera presentación), legalización de registros glosados, y legalización de saldos no compensados. Es preciso aclarar que se consideraron cotizantes, beneficiarios y adicionales reportados. A los valores obtenidos le fue aplicado el coeficiente definido para su entidad en el Acuerdo 352/2007. Por lo anterior le comunico que serán descontados en el formato 3.1 de los procesos señalados los siguientes valores: 7.10b Valor 9.1.4b Valor 9.1.5b Valor destinado a destinado a destinado a cubrir los gastos cubrir los cubrir los de alto costo gastos de alto gastos de alto patología IRC costo costo TOTAL (normal) patología IRC patología IRC sobre giro de sobre giro de registros saldos no glosados compensados Primer 1.216.692.195.oo 4.934.239.oo 10.806.941.oo 1.232.633.375.oo Proceso Septiembre 2007 Segundo 702.338.842.oo 8.335.300.oo 13.696.720.oo 724.370.862.oo Proceso Septiembre 2007 Primer Proceso 1.091.186.359.oo 5.971.178.oo 13955.465.oo 1.111.113.002.oo
Octubre 2007 Segundo 299.480.966.00 1.455.448.00 2.347.841.oo 303.284.255.oo Proceso Octubre 2007 TOTAL 3.309.898.362.oo 20.696.165.00 40.806.967.oo 3.371.401.494.oo
DESCUENTOS
Cordialmente
IVONNE RODRÍGUEZ NIETO
Directora Subcuentas Compensación y Promoción Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García El Acuerdo 352 de 2007, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, al que se refiere la Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de
septiembre de 2007, indica:
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
ACUERDO NÚMERO 352 DE 2007
Por medio del cual se determina el valor del K y se establecen los Coeficientes de Alto Costo de Insuficiencia Renal Crónica para cada una de las EPS en el año 2006. EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, en ejercicio de las facultades legales, conferidas en los numerales 3, 4 y 12 del artículo 172, el artículo 182 y el artículo 222 de la Ley 100 de 1993, CONSIDERANDO: Que el CNSSS aprobó la metodología para calcular el Coeficiente que determinará los recursos que se deben reconocer o descontar a cada EPS durante el proceso de compensación para equilibrar las desviaciones que se presentan entre las distintas EPS en función del número de pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica, IRC. Que el Ministerio de la Protección Social solicitó a las EPS vigentes el reporte de datos relacionados con la información de pacientes diagnosticados con la patología de Insuficiencia Renal Crónica, IRC, por edades, atendidos por la EPS durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2005. Que con base en la información recibida por parte de las EPS cuya veracidad fue certificada por sus representantes legales, el Ministerio de la Protección Social procedió a calcular cada uno de los elementos de la fórmula definida, estableciendo los Coeficientes para cada una de las EPS y su techo anual, cuadro que se anexa al presente Acuerdo. Que la aplicación de esta metodología se encuentra detallada en el documento técnico elaborado por el Ministerio de la Protección Social que hace parte integrante del Acta de la sesión en que fue aprobado el presente Acuerdo. Que cualquier inexactitud en los Coeficientes como consecuencia de inconsistencias en la información reportada por alguna de las EPS, será responsabilidad de esta(s). Que el Acuerdo 327 en el Artículo Primero determinó: “El coeficiente que se debe aplicar a la UPC para el año 2006 para equilibrar las desviaciones que se presentan entre las EPS en función del número de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica – IRC, así como el valor techo anual del mismo, que se calculan por el Ministerio de la Protección de conformidad con la Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García metodología fijada en el Acuerdo 295 del CNSSS, una vez sea adoptado
por el CNSSS, se aplicará a los periodos de compensación del año 2006 y su imputación se realizará de manera proporcional durante los períodos de compensación posteriores al mes en que sean adoptados por el CNSSS, sin exceder el valor tope que sea establecido para cada EPS”. Que el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, Acuerdo 31 del CNSSS, cuenta con concepto previo favorable de la Oficina Jurídica del Ministerio de la Protección Social por considerarlo ajustado a las normas vigentes, el cual se anexa al acta correspondiente. ACUERDA ARTÍCULO 1º. El valor del K para IRC, porcentaje estimado de la UPC destinado a cubrir los gastos de alto costo de la patología IRC en cada uno de los grupos de edad, en el período 1 de julio de 2004 y 30 de junio de 2005, es: […] ARTICULO 2°. El Coeficiente CIRi para cada EPS, derivado de la aplicación de la fórmula aprobada por el CNSSS, con los datos correspondientes al período 1 de julio de 2004 y 30 de junio de 2005, son: […] ARTÍCULO 3º. Los coeficientes definidos en el presente Acuerdo, se aplicarán a partir de la compensación correspondiente al mes de marzo del presente año 2006. ARTÍCULO 4º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
ANEXO ACUERDO 352 DE 2007
Techo anual de la diferencia entre la compensación con el Coeficiente CIRC con relación a la compensación normal según EPS:
CÓDIGO EPS NOMBRE DE LA EPS TECHO
EPS002 SALUD TOTAL EPS -3.371.401.495
Como puede evidenciarse el Acuerdo N° 352 de 2007, es el que determina el coeficiente con respecto al cual se calculan los recursos que se deben, en el presente caso, descontar a la EPS durante el proceso de compensación del año 2006, fijando dicho descuento en la suma de $3.371.401.495 para la EPS SALUD
TOTAL EPS.
La decisión de la autoridad administrativa en virtud de la cual se producen efectos jurídicos en relación con SALUD TOTAL EPS, consistentes en descontar la suma de la suma de $3.371.401.495, emana directamente del Acuerdo N° 352 Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García de 2007 y no de la Comunicación No. CMP-5953-07 CD de 19 de septiembre de
2007. El oficio mencionado, precisamente «comunica» que está dando aplicación al mencionado acuerdo, estableciendo la metodología que empleó el Consorcio FIDUFOSYGA para dar cumplimiento al mismo, pero en modo alguno crea, modifica o extingue una situación jurídica.
Lo anterior hace que se configure una ineptitud sustancial de la demanda, por lo que acertó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al declarar probada las excepciones propuestas por la Nación – Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 e inhibirse de pronunciarse de fondo en relación con la controversia, puesto que, conforme al artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, y en este asunto claramente no se presenta dicho supuesto.
4.- Conclusiones Las reflexiones expuestas anteriormente evidencian que en el presente caso la demanda contencioso administrativa estudiada carece de objeto susceptible de enjuiciamiento, esto es, de actos administrativos, y se impone, en consecuencia, la confirmación de la decisión de primera instancia. De los Honorables Consejeros,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa JCardoso Expediente No. 25000-23-24-000-2008-00097-01
Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García