PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Negar el reconocimiento y pago de pensión g

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Negar el reconocimiento y pago de pensión gracia PENSIÓN GRACIA-Normatividad/PENSIÓN GRACIA-Definición Para ilustrar el asunto, tenemos que de conformidad con la Ley 114 de 1913 los maestros de escuelas primarias oficiales-en principiotienen derecho a devengar una pensión vitalicia por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, pagada por la Nación, previo el cumplimiento de determinadas condiciones; esta pensión se ha denominado “pensión de gracia” debido a que el beneficio se adquiere sin prestar servicios a la Nación. Según el Artículo 1º de esta ley la cuantía de la prestación será la mitad del sueldo que hubiere devengado el empleado en los dos últimos años de servicio; luego, con la expedición las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden. Dicha pensión, fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial, que percibían una baja remuneración y por consiguiente un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la Nación. PENSIÓN GRACIA-Requisitos para acceder a este beneficio Los requisitos para acceder a la precitada pensión, están contenidos, en todos los casos, en la ley 114 de 1913, la cual establece: … Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la

educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los Departamentos y Municipios. Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera progresiva entre el 1° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. El proceso de nacionalización implicó que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la Nación, lo que elevaría a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los docentes nacionales, es decir, que mediante un esfuerzo legislativo, el Congreso Nacional en virtud del principio de igualdad, eliminó la diferencia salarial que ostentaban los docentes del orden territorial en comparación a los docentes nacionales, quienes gozaban mejores condiciones salariales y prestacionales por el hecho de que sus obligaciones eran asumidas por la Nación; sin embargo, más adelante se expide la ley 91 de 1989, la cual establece en lo pertinente: PENSIÓN GRACIA-Alcance ---, la pensión gracia se constituye como un beneficio a favor de los docentes con cargo a la Nación, encaminado a aminorar la desigualdad existente entre los docentes territoriales, cuya remuneración tenía un bajo poder adquisitivo, frente a los educadores con nombramiento del Ministerio de Educación Nacional, que devengaban salarios superiores. De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia se constituye como una compensación a los maestros de escuelas primarias oficiales, empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la

2 vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional y la misma se haya efectuado hasta el 31 de diciembre de 1980. PENSION GRACIA-El actor no tiene derecho a este beneficio En concepto de la Delegada el actor no tiene derecho a la pensión gracia porque la segunda vinculación fue del orden nacional y no es posible acumular tiempos del orden nacional para cumplir el requisito de los 20 años, por lo que se considera que debe revocarse la sentencia de primera instancia. 3

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto No. 350-2016 IUS 328106-2016 Bogotá D. C., 5 de septiembre de 2016 Doctor

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

Referencia: 230012333000201200104 01

No. Interno: 4447-2013

Actor: Jorge Daniel Ochoa Díaz Demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación y La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Apelación Sentencia ________________________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1.1. PRETENSIONES

El ciudadano Jorge Daniel Ochoa Díaz, mediante apoderado, interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que el juez declare la nulidad de la Resolución No. UGM 010930 del 29 de septiembre de 2011 proferida por el Gerente Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL en Liquidación-, que le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación y/o Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales a que reconozca y pague a favor del actor una pensión mensual vitalicia de gracia, 4 retroactivamente desde que cumplió su estatus pensional (50 años de esda y 20 de servicio). Condenar a la entidad demandada a que reconozca y pague a favor del actor los reajustes por concepto de ley 71 de 1988. Condenar a la entidad demandada a que pague todas las sumas resultantes de las condenas dinerarias indexadas de acuerdo al artículo 178 del CCA y los respectivos intereses moratorios. Ordenar a la entidad demandada a que dé cumplimiento a la sentencia dentro del término establecido en los artículos 176, 177, 178 y 179 del C.C.A. Por último, pidió que se condenara a la entidad demandada al pago de las costas procesales. 1.2 HECHOS Refiere el escrito de demanda los siguientes supuestos fácticos: 1.2.1°-. Que la accionante nació el 25 de diciembre de 1949 por lo que a la fecha

de solicitud de la pensión gracia contaba con más de 50 años de edad. 1.2.2°-. Prestó sus servicios docentes al Departamento de Córdoba como docente desde el 24 de marzo de 1969 hasta el 12 de marzo de 1976 y del 10 de marzo de 1994 a la fecha. 1.2.3°-. Los servicios anteriores los prestó en la Escuela Urbana de Varones Barrio Santa Teresa del Municipio de Careté y en Centro Docente Rural Mixto Los Venados. 1.2.4°-. El actor causó su derecho a la pensión gracia el 20 de mayo de 2007 fecha en que cumplió 20 años de servicio y tenía 50 años de edad. 1.2.5°- El actor solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada mediante la Resolución No. UGM 010930 del 29 de septiembre de 2011. 1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN El apoderado del demandante señaló que el acto acusado es violatorio del preámbulo, los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 91 de 1989, 115 de 1994, 116 de 1928, 33 de 1933; Decreto ley 224 de 1972. 5 Manifiesta que la Ley 114 de 1913 en su artículo 3° creó a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales una pensión especial por servicios prestados a los departamentos o municipios y posteriormente se extendió tal beneficio a los docentes de secundaria, normales e inspectores de instrucción pública, a través de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, y es claro que sólo se puede reconocer a

los profesores con vinculación territorial. Refiere que la demandada desconoció que al actor le asiste el derecho a que se le reconozca la pensión gracia, toda vez que cumple con los requisitos para ser beneficiario de dicha prestación. Agrega que los tiempos laborados por el demandante como docente en el Departamento de Córdoba son del orden territorial, prestó sus servicios con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta y actualmente no recibe otra pensión o recompensa de la nación, lo que le permite acceder a la pensión gracia. En casos similares al del actor en los cuales el docente ha prestado sus servicios antes del 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad a esa fecha, el Consejo de Estado ha expresado que la falta de continuidad en la vinculación no es óbice para reconocer la pensión gracia, porque lo que interesa es que el docente haya tenido una experiencia laboral territorial anterior, sin importar que en ese precio momento no estuviera trabajando. En cuanto a la calificación como nacional de la vinculación del actor, se desconoce el alcance del artículo 1º de la Ley 91 de 1989 donde claramente, el legislador, que es el competente para hacerlo, define cuales vinculaciones son nacionales, nacionalizadas o territoriales. En este caso resulta más, gravosa la desatención normativa de la demanda, cuando hay una certificación de tiempo de servicios que indica que la vinculación del demandante es nacionalizada. De ahí en adelante se desatiende el contenido de las normas citadas, las cuales consagran el derecho a la gracia de una pensión cuando se cumpla el requisito de edad, tiempo de servicio y que la vinculación, no siendo nacional, se produjera

antes del 31 de diciembre de 1980, o que, habiendo sido vinculado con posterioridad a dicha fecha –no de carácter nacionalhaya laborado antes de la fecha indicada.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1 El apoderado de CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, se opuso a las pretensiones de la demanda porque el actor no reúne los requisitos legales para tener derecho a la pensión gracia, esto por cuanto que sus 20 años de servicio no son del orden territorial sino que unos corresponden al nivel nacionalizado y otros al nivel nacional.

6 El actor se vinculó con el Departamento de Córdoba como docente de primaria nacionalizado desde el 30 de mayo de 1969 hasta el 16 de febrero de 1976 y nuevamente el 10 de marzo de 1994 hasta el 30 de diciembre de 2007 como nacional. Los docentes que antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989 hubieran completado todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de gracia, tienen derecho a que se les reconozca la misma, toda vez que gozan de un derecho adquirido; pero esto no ocurre con aquellos que, al 29 de diciembre de 1989, aún no habían cumplido los requisitos para gozar de tal pensión, pues frente a ellos simplemente existía una mera expectativa o probabilidad de obtener algún día ese beneficio. 2.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, a través de apoderado, contestó la demanda señalando que se opone a las pretensiones de la demanda. Revisado el cuaderno administrativo, se constató que el 12 de marzo de 1978 el

actor se retiró del servicio y se vinculó posteriormente el 10 de marzo de 1994, por lo tanto no es posible tener en cuenta el periodo comprendido entre esta última fecha y el 30 de diciembre de 2007 para efectos del reconocimiento de la pensión gracia por ser esta vinculación del orden nacional. Propone como excepción la prescripción.

3. LA AUDIENCIA INICIAL.

Se realizó el 29 de mayo de 2013 con la asistencia de los apoderados de las partes y del Ministerio Público, se saneó el proceso, se resolvieron las excepciones previas; fijó el litigio en “si la pretensión del señor Jorge Daniel Ochoa Díaz de reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de gracia se ajusta o no a derecho; teniendo en cuenta el cómputo de su edad y tiempo de servicio como docente del Departamento de Córdoba (una vez acreditados los requisitos expresamente señalados en el art. 4 de la Ley 114 de 1913) y su vinculación en el año 1969 hasta el año 1976 (fecha en la cual renunció) y nuevamente fue vinculado en el año 1994 hasta el año 2007”. Se decretaron pruebas, las que se practicaron y verificaron en la audiencia del 30 de julio de 2013. Vencido el término probatorio, se prescindió de la audiencia de alegaciones, por lo que se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto.

4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Córdoba concedió las pretensiones de la demanda al

encontrar probado que el actor se vinculó con el Departamento de Córdoba como docente de primaria nacionalizado desde el 30 de mayo de 1969 hasta el 16 de 7 febrero de 1976 y nuevamente el 10 de marzo de 1994 hasta el 30 de diciembre de 2007. Esta última se dio con el Decreto municipal 026 de 1º de marzo de 1994, nombramiento que debe tomarse como territorial por haber sido proferido por el alcalde municipal de Cereté y por el Secretario de Educación Municipal, sin que en él se observe que medió ninguna autoridad del orden nacional o que se actuara por delegación del Gobierno Nacional. Al sumar las dos vinculaciones se tiene que el actor prestó sus servicios a una entidad territorial por un lapso de 24 años, 9 meses y 17 días, por ello tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia. De igual forma la jurisprudencia ha indicado que la interrupción en los tiempos de servicio que se presentaron con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 y luego posteriormente a esa fecha, no influye para efectos de sumar los tiempos de servicio de la pensión gracia, como sucede en el caso bajo estudio. Así mismo, el actor cumplió 50 años de edad el 25 de diciembre de 1999 por lo que también cumple con el requisito de edad para hacerse merecedor a la pensión gracia. Finalmente, sobre el requisito referente a que el docente no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional; el literal A numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, dejó por sentado que en el caso de los docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la

educación, la pensión gracia es incompatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar a cargo total o parcialmente de la nación. Y por último condenó en costas a la Unidad Administrativa Especial de gestión pensional y de contribuciones parafiscales de la protección social –UGPP, en representación de la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.

5. RECURSOS DE APELACIÓN El apoderado de la entidad accionada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior señalando lo siguiente: Los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cuya vinculación fuera del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado, y que cumplieran con todos los requisitos establecidos en la ley, podían acceder a una pensión gracia equivalente a la mitad del salario devengado durante los dos últimos años y sin perjuicio de poder acceder a otro tipo de pensión.

En conclusión del material acopiado en el plenario, se colige, que el demandante solicitó el reconocimiento de una pensión gracia a su favor, aportando la documentación que, consideró, acreditaba el lleno de todos los requisitos. Sin 8 embargo, la entidad negó tal derecho porque comprobó que el demandante no se encontraba vinculado al servicio oficial en calidad de docente de orden distrital, departamental, municipal o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Por otra parte, se constató que el 12 de marzo de 1978 el actor se retiró del servicio y se vinculó posteriormente el 10 de marzo de 1994 hasta el 30 de diciembre de 2007, periodo este que no es posible tener en cuenta para efectos

del reconocimiento de la pensión gracia por ser esta vinculación del orden nacional. Por último, alega que la condena en costas no tiene fundamento jurídico, el asunto bajo examen no es un tema que pudiera resolverse sin la decisión judicial, es un caso complejo y la interpretación que hizo la entidad es válida.

6. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico en el sub lite se circunscribe a determinar: si el actor tiene derecho a que CAJANAL o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Especial y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, le reconozca, liquide y pague una Pensión Gracia, en aplicación del régimen especial consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

Para el Tribunal el actor tiene derecho a la pensión gracia porque cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicio que señala la citada norma y además porque su última vinculación la hizo con una autoridad del orden territorial lo cual es suficiente para determinar que sus servicios son del orden municipal. Por el contrario la entidad apelante sostiene que la última vinculación del actor fue del orden nacional, tiempo de servicio que no puede ser tenido en cuenta para otorgar la pensión gracia. Para resolver lo anterior, la Delegada expondrá la normatividad que regula la pensión gracia; luego verificara si el demandante reune los requisitos; y por último resolvera el caso concreto. 6.1 Normatividad. Para ilustrar el asunto, tenemos que de conformidad con la Ley 114 de 1913 los maestros de escuelas primarias oficiales-en principiotienen derecho a devengar

una pensión vitalicia por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, pagada por la Nación, previo el cumplimiento de determinadas condiciones; esta pensión se ha denominado “pensión de gracia” debido a que el beneficio se adquiere sin prestar servicios a la Nación. Según el Artículo 1º de esta ley la cuantía de la prestación será la mitad del sueldo que hubiere 9 devengado el empleado en los dos últimos años de servicio; luego, con la expedición las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden. Dicha pensión, fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial, que percibían una baja remuneración y por consiguiente un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la Nación. Los requisitos para acceder a la precitada pensión, están contenidos, en todos los casos, en la ley 114 de 1913, la cual establece: “Artículo 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley. Artículo 3º.- Los veinte años de servicios a que se refiere el artículo 1 podrán contarse computando servicios prestados en diversas épocas, y se tendrá en

cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la presente Ley. Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1913).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento

4. Que observe buena conducta.” Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los Departamentos y Municipios. Dicho proceso de nacionalización se llevó a cabo de manera progresiva entre el 1° de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. El proceso de nacionalización implicó que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la Nación, lo que elevaría a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los docentes nacionales, es decir, que mediante un esfuerzo legislativo, el Congreso Nacional en virtud del principio de igualdad, eliminó la diferencia salarial que ostentaban los docentes del orden territorial en comparación a los docentes nacionales, quienes gozaban mejores condiciones salariales y prestacionales por el hecho de que sus obligaciones eran asumidas por la Nación; sin embargo, más adelante se expide

la ley 91 de 1989, la cual establece en lo pertinente: 10 “Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. 2.- Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la

Nación.” La disposición señalada fue demandada ante la Corte Constitucional, y fue declarada exequible mediante sentencia C -489 de 2000, bajo los siguientes argumentos: Como puede apreciarse, conforme a la regla primera, numeral 2º literal A del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, "los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos", pensión ésta que "será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.. De esta suerte, resulta claro, entonces, que por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes "vinculados hasta 31 de diciembre de 1980" que "tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos". Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, "nacionales y nacionalizados", tendrán derecho "sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Siendo ello así, es forzoso concluir que en relación con la pensión gracia que creó la Ley 114 de 1913, pueden presentarse, en la actualidad tres situaciones: la primera, la de quienes obtuvieron el reconocimiento de la misma antes de la expedición de la Ley 91 de 1989 y la continúan disfrutando; la segunda, la de quienes reunieron los requisitos para su reconocimiento pensional bajo el 11 imperio de esa ley, y no la han reclamado todavía, pero pueden solicitarla; y la tercera, la de quienes la solicitaron y no han obtenido a la fecha su reconocimiento, pero éste se encuentra en trámite. Queda claro, entonces, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 15, numeral 2º, literal b), de la Ley 91 de 1989, la pensión de gracia a que se ha hecho mención, sólo subsiste para los docentes que se vincularon al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, puesto que "para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquéllos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año", pensionados que "gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. La precitada ley además buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos docentes que siendo territoriales en un principio,

quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización de la ley 43 de 1975, la cual culmino el 31 de diciembre de 1980, y que por consiguiente, pasaron a ser docentes nacionales, consagrando un régimen de transición para éstos que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho, protegiendo dicha expectativa frente al cambio que implicaba el no reconocimiento del derecho a la pensión gracia, y precisando además, que para los demás docentes, es decir los vinculados con posterioridad a tal fecha, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación. Dicho lo anterior, es válido afirmar que los docentes nacionales no tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, toda vez que la ley previó este emolumento para igualar la diferencia salarial que en detrimento percibían los Docentes territoriales; ahora, diferente es la situación de los docentes nacionalizados, quien en principio eran docentes territoriales y por ende tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pero que en consecuencia de los procesos de nacionalización de docentes pasaron a ser docentes nacionales, siempre y cuando se hayan vinculado con anterioridad al 30 de diciembre de 1980. En conclusión, la pensión gracia se constituye como un beneficio a favor de los docentes con cargo a la Nación, encaminado a aminorar la desigualdad existente entre los docentes territoriales, cuya remuneración tenía un bajo poder adquisitivo, frente a los educadores con nombramiento del Ministerio de Educación Nacional, que devengaban salarios superiores. De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia se constituye como una compensación a los

maestros de escuelas primarias oficiales, empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional y la misma se haya efectuado hasta el 31 de diciembre de 1980. 12 6.2 Caso Concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a analizar los supuestos fácticos y jurídicos que gobiernan la presente controversia; la primera instancia concedió las pretensiones del actor con fundamento en la certificación expedida por la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Educación visible a folios 16 a 17, que textualmente reza lo siguiente «Que el docente Jorge Daniel Ochoa Díaz identificado con la cedula de ciudadanía No 6.860.479 de Montería (…) según Resolución No. 00395 de mayo 4 de 2006, vinculación Nacionalizada presta sus servicios al Departamento de Córdoba con la siguiente historia laboral: Nombrado en propiedad mediante Decreto Dptal No. 000209 de marzo 21 de 1969 y posesionado el 30 de mayo del mismo mes y año, con efectos fiscales al 24 de marzo de 1969, como seccional de la Escuela Urbana de Varones Barrio Santa Teresa, que funciona en el municipio de Cereté, cargo del cual se acepta la renuncia mediante Decreto No. 000211 de marzo 12 de 1976. Nombrado en propiedad mediante Decreto Mpal No. 026 de marzo 1 de 1994, y posesionado el 10 de marzo del mismo año, como profesor de tiempo completo en el Centro

Docente Rural Mixto Los Venados, hoy en día Institución Educativa Cristóbal Colón Campanito, que funciona en el municipio de Cereté, donde labora en la actualidad sin interrupción alguna. La fuente de los recursos con que son financiados los salarios percibidos por el docente provienen del Sistema General de Participación (SGP)”. Lo cual muestra que en principio los servicios que el actor prestó fueron de orden territorial, por un lapso de 24 años 9 meses y 17 días. No obstante, el apoderado de la parte demandada alega que la última vinculación del docente fue de orden Nacional para el período del 10 de marzo de 1994 al 30 de diciembre de 2007 por lo que dicho tiempo, no pueden ser tenido en cuenta para que lo cobije el régimen de la pensión gracia. Para el Tribunal el solo hecho de que nombramiento haya sido por parte del Alcalde del Municipio de Cereté hace que la vinculación del actor sea de orden territorial. Para dirimir lo anterior, es pertinente diferenciar las calidades de docentes, teniéndose que los docentes Nacionales no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia: “Para dar claridad y precisión a los términos utilizados, la Ley 43 de 1975, dispone: “Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de Enero de 1.976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1.975. Personal territorial. Son

los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de Enero de 1.976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de 13 la Ley 43 de 1.975. Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.”1 Si se tiene en cuenta solo la certificación que reposa a folio 16 del cuaderno principal, efectivamente la secretaria de educación de la Gobernación de Córdoba hace constar que el actor durante todo el tiempo de servicio ha tenido una vi