PGN - NULIDADES - En el proceso contencioso administrativo

NULIDADES-En el proceso contencioso administrativo Por remisión expresa del artículo 165 del C.C.A. en lo atinente a las causales de nulidad de todos los procesos éstas serán las señaladas en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil y se propondrán y decidirán como lo previene dicho estatuto. Ha de precisarse, que las normas a que se hace referencia corresponden a los artículos 140 (Nulidades en todos los procesos) y 141(Nulidades en procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes) del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con las reformas introducidas por el Decreto 2282 de 1989. El artículo 140 del C.P.C. (Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. num. 80) señala de manera taxativa las causales de nulidad incluyendo en su numeral 9 la falta de la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, NULIDADES-Requisitos para su procedencia A su vez, según lo preceptuado en el artículo 143 del C. P.C. Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num.83 La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés en proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta… La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, solo podrá alegarse por la persona afectada. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD-Es imprescindible como elemento de la nulidad

procesal/PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado Sólo podrán interponerse nulidades por las causales expresamente señaladas en la ley (artículos 140 y 141 C .P.C.) sin que ningún otro motivo pueda ser alegado como causa de invalidación, caso contrario, el juez deberá rechazar de plano cualquier solicitud. PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN-Es imprescindible como elemento de la nulidad procesal/PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado Se aplica en el entendido que si la nulidad no es interpuesta en la oportunidad establecida, se entiende que la misma ha sido “reparada” por el asentimiento expreso o tácito de la parte que se había visto afectada con la misma. En el presente caso, este despacho ve a todas luces, que las propuestas no se erigen como causales de nulidad, pues no cumplen con los principios ya señalados. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 ext. 12076-12080 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 18 de enero de 2011

Doctora

OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “C”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-02.-

Acción de Reparación Directa Radicado.760012331000-2004-00113-02 (39312)

Actor: CLAUDIA ALEXANDRA VARELA CASTRO

Y OTROS

Demandados: MUNICIPIO DE BUGA Y AGUAS

DE BUGA S.A. E.S.P.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada y condenada – Aguas de Buga S.A. E.S.P. – contra la sentencia de 21 de mayo de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa de dicha entidad, como consecuencia de falla en la prestación del servicio originada en la ausencia de señalización en una de las vías urbanas del municipio de Buga, en la que perdió la vida el señor José Robinson Mesa Torres, impugnándola con la solicitud de que se decrete la nulidad de todo lo actuado, o la declaratoria de una “responsabilidad compartida” con base en los argumentos que se expondrán. 2 760012331000-2004-00113-02 (39312)

5aCdeE/DASV IUS 2011-6816

ANTECEDENTES

1. Hechos El día 1° de enero de 2004 el señor José Robinson Mesa Torres conducía una motocicleta por una de las vías del municipio de Buga en la que se estaban desarrollando obras públicas por parte de la firma Aguas de Buga S.A. E.S.P.

El señor Mesa Torres, chocó contra unos cerros de tierra que fueron dejados en la vía de manera imprudente, lo cual aunado a la ausencia de señalización en las

obras, dio lugar a que éste sufriera serias lesiones que comprometieron su cráneo, las que finalmente produjeron su deceso.

2. Demanda La señora Claudia Alexandra Varela Castro y otros, presentaron a través de apoderado judicial demanda de Reparación Directa contra el Municipio de Buga

(Valle del Cauca) y la firma Aguas de Buga S.A. E.S.P., el día 12 de abril de 2004 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, solicitando se declarara a las demandadas administrativamente responsables por la muerte del señor José Robinson Mesa Torres, ocurrida el 1° de enero de 2004 por falla en el servicio de la administración. Y que como consecuencia de lo anterior, se condenara a reparar y pagar a los actores los perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, siendo actualizada la suma de conformidad con lo previsto en el C.C.A., junto con los respectivos intereses legales liquidados con las variaciones del IPC, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta que se diera cabal cumplimiento a la sentencia que pusiera fin al proceso.

3. Contestación de la Demanda 3 760012331000-2004-00113-02 (39312)

5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 Dentro del término legal correspondiente la demandada Municipio de Guadalajara de Buga por medio de apoderado presentó contestación de la demanda aceptando la veracidad de ciertos hechos, no constarle algunos y negando otros. En tanto, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, planteando las

excepciones de Inexistencia de la Obligación del municipio a reconocer y pagar los perjuicios solicitados, así como Improcedencia de Responsabilidad Atribuida. La empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P., contestó la demanda igualmente dentro del término legal correspondiente a través de su apoderado judicial, manifestando constarle ciertos hechos, otros no y negando algunos. Respecto de las pretensiones, se opuso a todas y cada una de ellas, formulando la excepción de Inexistencia de la obligación de la empresa a reconocer y pagar los perjuicios incoados; solicitando además, se denunciara el pleito al señor Ingeniero FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO, en su calidad de contratista de la obra en la cual ocurrieron los hechos.

4. Sentencia de Primera Instancia En sentencia calendada 21 de mayo de 2010 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó a la Sociedad Aguas de Buga S.A. E.S.P. por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes y excluyó de responsabilidad administrativa al Municipio de Buga, en tanto, la obra pública - causa eficiente del daño - era responsabilidad exclusiva de la Sociedad Aguas de Buga.

La Sala de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desestimó las excepciones propuestas por las partes demandadas, al considerar que éstas se confundían con el fondo del asunto. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; consignó que: “(…) 4 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 El H. Consejo de Estado ha sostenido que en los casos de daños

producidos en accidentes de tránsito por falta de señalización, el título de imputación no es otro que el de la falla en el servicio, por lo que se debe acreditar que el Municipio de Buga y la Sociedad Aguas de Buga S.A. –E.S.P.- no cumplió (sic) con la normatividad relativa a la señalización de obras de construcción en la vía pública. (…) Con el objeto de acreditar la omisión de las demandadas, frente a su obligación de señalizar la obra, la parte demandante aportó ocho (8) fotografías obrantes a folios 12 a 19 del cuaderno principal, en las que se muestra varios huecos con escombros alrededor, ubicados en la calle 14 con carrera 18, los cuales están cercados por cintas amarillas y listones ubicados en cada esquina, sostenidos sobre cuadros de concreto. Frente a dicha evidencia, dentro del plenario se recepcionó el testimonio del señor FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO, contratista encargado de la obra (…). Así las cosas, resulta palmario que el ejecutor de la obra, contratado por la Sociedad Aguas de Buga S.A ESP, no cumplió con los requerimientos que la ley prevé para la señalización de obras públicas en carretera, como quiera que las únicas medidas adoptadas por el ingeniero encargado de la obra, fueron cercar con palos y cinta reflectiva los huecos que se abrieron en la calle, en desarrollo de la reposición de la red acueductos en el Municipio de Buga, señales que, en horas de la madrugada, momento en que tuvo lugar el accidente, son precarias e ineficaces para advertir de los huecos existentes en la vía.

No obstante lo anterior, los demandados argumentaron en su defensa, exceso de velocidad y ebriedad por parte del conductor, afirmaciones que no fueron probadas dentro del proceso, antes por el contrario, respecto del estado de alicoramiento del señor Mesa Torres, el examen realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal señala que la prueba de alcoholemia arrojó resultados negativos. (Folios 250 a 253 del cuaderno 2 de pruebas) 5 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 En este orden, como quiera que el demandante dirige sus pretensiones resarcitorias contra el municipio de Buga y la Sociedad Aguas de Buga S.A ESP, Entidad que suscribió el contrato de obra No. G-062-2003 con el Ingeniero FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO. En razón a dicha circunstancia, la empresa Aguas de Buga le denunció el pleito al contratista Arango, relación jurídico procesal que se trabó el día ocho (08) de mayo de 2010, mediante notificación personal al señor Arango, no obstante, éste no se pronunció dentro del proceso. (Folios 222 del cuaderno principal) Así las cosas, la Sala advierte que aún cuando la Sociedad Aguas de Buga denunció el pleito al contratista, una vez analizado el contrato, en su contenido no se encuentra cláusula alguna que comprometa al contratista con la labor de señalización de la obra, es más si en gracia de discusión se aceptará que era una obligación de ejercer control de la obra, la Sociedad contratante tiene la obligación de ejercer control y

vigilancia sobre la correcta ejecución de la obra y para el efecto, debió designar un interventor que cumpla (sic) con dicha labor. En el presente asunto la interventoría estuvo a cargo del Ingeniero Germán Antonio Duque, funcionario de Aguas de Buga, encargado de garantizar el correcto desarrollo de las obras y vigilar que se cumpliera con las acciones preventivas de señalización. Sin embargo, tal y como quedo (sic) evidenciado en precedencia, no se cumplió a cabalidad con dicha función, en tanto que frente a las precarias señales utilizadas por el contratista, el interventor asintió conforme, sin tomar ningún tipo de medida tendiente a subsanar dicho error, circunstancia que indefectiblemente compromete la responsabilidad del Estado, toda vez que la Sociedad Aguas de Buga es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. No ocurre lo mismo con el Municipio de Buga, en tanto que la obra pública que no fue debidamente señalizada, causa eficiente del deceso del señor MESA TORRES, era responsabilidad exclusiva de la sociedad, por lo que habrá de exonerarse de responsabilidad.(…) ”

5. Recurso de Apelación 6 760012331000-2004-00113-02 (39312)

5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 La parte condenada - Aguas de Buga S.A. E.S.P. - actuando dentro del término legal interpuso mediante apoderado, recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, solicitando al H. Consejo de Estado decretar la nulidad de todo lo actuado, o la declaratoria de una

“responsabilidad compartida” con la fundamentación que a continuación se sintetiza. Manifestó su inconformidad al considerar se configuró una causal de impedimento respecto de la Magistrada ponente – Dra. Bertha Lucia González Zuñiga – al existir un interés propio en el asunto, en tanto su secretaria señora Gladys Loaiza Montoya, tenía un vínculo de consanguinidad con la apoderada de la demandada municipio de Buga, razón ésta que daba lugar a que la Magistrada en mención no pudiera conocer del asunto. Señaló su inconformidad, con relación a la denuncia del pleito efectuada por la empresa que apodera, que por demás, no fue de recibo del despacho, pues en su sentir el argumento esbozado por el Tribunal Administrativo del Valle de que no se había estipulado dentro del contrato cláusula que ordenara la ubicación de elementos necesarios para la seguridad ciudadana por parte del contratista, resultaba ser simple y muy escueto, teniendo en cuenta que es deber de todo ejecutor de una obra asegurarla y disponer de todos los elementos necesarios que le permitan garantizar una correcta prestación del servicio, sin correr riesgos para la comunidad. Expuso que la vinculación de otros actores como el ingeniero contratista señor Fabio Humberto Arango, fue incorrectamente realizada, toda vez que, se efectuó mediante una declaración y no como debió haber sido, a pesar de conformarse un litisconsorcio necesario. Sobre el particular expresó: “(…) como quiera que esta citación no se dio y es de estricto cumplimiento debido a la importancia de esto (sic) actores dentro del contrato, no queda mas que decir que esta falencia origina una nulidad a partir del auto admisorio de la demanda.1”

Finalmente indicó que no se valoró una prueba fundamental tratándose de un accidente de tránsito, cual es el informe correspondiente en el cual se elabora un 1 Folio 353 Co. 1. 7 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 croquis del accidente, en el que se reseñó exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo, razón por la cual debe cobrar fuerza la excepción propuesta de una responsabilidad compartida. PROBLEMA JURÍDICO En el caso bajo examen la parte demandada Aguas de Buga S.A. E.S.P., solicita se declare la nulidad(es) de todo lo actuado en primera instancia, o en su defecto se declare probada la excepción de “responsabilidad compartida”. Por ende, esta Agencia del Ministerio Público efectuará algunas precisiones alrededor de las nulidades procesales para pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por la recurrente. Luego, centrará su concepto en si hay lugar o no, a la configuración de la excepción propuesta por la recurrente, denominada “responsabilidad compartida” entre la hoy declarada responsable administrativamente y el fallecido señor José Robinson Mesa Torres. CONCEPTO En primer término, ha de establecerse la normatividad aplicable al tema de nulidades en el proceso contencioso-administrativo. Por remisión expresa del artículo 165 del C.C.A. en lo atinente a las causales de nulidad de todos los procesos éstas serán las señaladas en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil y se propondrán y decidirán como lo previene dicho estatuto. Ha de precisarse, que las

normas a que se hace referencia corresponden a los artículos 140 (Nulidades en todos los procesos) y 141(Nulidades en procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes) del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con las reformas introducidas por el Decreto 2282 de 1989. 8 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 El artículo 140 del C.P.C. (Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. num. 80) señala como causales de nulidad en todos los procesos las siguientes: “(…)

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. PARAGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece.” (Subrayado fuera de texto) A su vez, han de consignarse apartes de lo preceptuado en el artículo 143 del C. P.C. Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num.83 en lo relacionado con los requisitos para alegar la nulidad así: (…)La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés en proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta… La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, solo podrá alegarse por la persona afectada. El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u

ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada(…) Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5 a 9 del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla (…) (Subrayado fuera de texto) 9 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 Ahora bien, establecida la legislación aplicable, se entra por parte del Ministerio Público en el campo de los principios de las nulidades procesales y en especial, en los de taxatividad y convalidación, en tanto el primero, desarrolla el planteamiento relativo a que sólo podrán interponerse nulidades por las causales expresamente señaladas en la ley (artículos 140 y 141 C .P.C.) sin que ningún otro motivo pueda ser alegado como causa de invalidación, caso contrario, el juez deberá rechazar de plano cualquier solicitud. Y el segundo, en el entendido que si la nulidad no es interpuesta en la oportunidad establecida, se entiende que la misma ha sido “reparada” por el asentimiento expreso o tácito de la parte que se había visto afectada con la misma. Sobre este tema, ha señalado el H. Consejo de Estado: “A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, importa destacar que el mismo se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que

no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador –única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad-, y, por razón del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento. (…) De ello se desprende, de manera diáfana, que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento –al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal-, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa 10 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente.2” (Negrilla fuera de texto) Frente a los principios en análisis se han dado diferentes pronunciamientos jurisprudenciales del máximo tribunal de lo contencioso administrativo3. Partiendo de lo expuesto, se analizará el escrito de sustentación del recurso interpuesto por la apoderada de la Empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P. (folios 350357 Co. 1) en lo relacionado con las nulidades planteadas.

 ANÁLISIS FÁCTICOJURÍDICO DE LAS NULIDADES PROCESALES

PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.

Con relación a las causas que a continuación se enuncian y que fueran planteadas por la demandada, en un primer momento, llamándolas inconformidades y motivo de discusión, para luego, dar a entender que se trata entre otras, de las causas por las cuales solicita la declaratoria de nulidad:  Ausencia de transparencia en el trámite de la demanda, ya que el despacho debió declararse impedido para conocer del negocio al haber tenido interés propio en el asunto, habida consideración, que la apoderada del municipio de Buga tenía grado de consanguinidad con la secretaria de la Magistrada Ponente. 2 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá D. C., febrero diecinueve (19) de dos mil ocho (2008). Radicación numero: 11001-03-15-0002006-00594-00(C) 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Dr. Álvaro González Murcia, Providencia: Febrero 25 de 2003, Referencia: Expedientes 2487 y 2495. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Dr. Álvaro González Murcia, Providencia: Marzo 20 de 2003, Referencia: Expediente 2984. 11 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV

IUS 2011-6816  No estar de acuerdo con lo decidido por el despacho frente a la denuncia de pleito por parte de la empresa que apodera, al no encontrarse conforme con los argumentos que aquel esgrimió para que no fuera de su recibo. Este despacho ve a todas luces, que éstas no se erigen como causales de nulidad, requisito necesario para alegar las nulidades al tenor del artículo 143 del C.P.C, ya que basta retrotraernos a lo ya expuesto, en cuanto a la normatividad aplicable (artículo 140 C.P.C.), para colegirlo, sin el menor asombro de duda. Al punto, ha de darse aplicación de un lado, al principio de taxatividad anteriormente tratado, según el cual: " (…) no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador –única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad- (…)4, y de otro, a lo dispuesto en la ley, para el evento en que se propongan causales no establecidas en la norma, esto es, el rechazo de plano de dicha solicitud. ( artículo 143 del C.P.C.) Con relación a la siguiente causal propuesta:  No haberse vinculado al contratista aún habiéndolo llamado en garantía o denuncia del pleito, siendo este un litis consorte necesario, la que origina según la recurrente nulidad a partir del auto admisorio de la demanda. Ha de recordarse a la peticionaria que en las nulidades procesales existe el llamado principio de convalidación, previamente citado, el cual se erige como una expresión

de los principios de buena fe y lealtad procesal, pues no es de recibo que las partes guarden silencio, hasta cuando la actuación haya avanzado o terminado, en la medida en que tienen que reclamar oportunamente sus derechos en relación con las cargas y deberes procesales que les asisten. 4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia Marzo 3 de 2010. Radicado No. 440012331000-2009-00182-01 (38110) 12 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 A la luz de los presupuestos anteriores en materia de nulidades, encuentra el Ministerio Público que omite la recurrente que el trámite correspondiente en primera instancia trascurrió sin que se hiciera manifestación alguna al respecto, sino hasta después de proferido el fallo que la declaró responsable administrativamente, de modo que así se hubiese presentado tal anormalidad en el proceso, la actuación se constituye en una convalidación de su parte, por su aquiescencia en ponerla de manifiesto y haber continuado con el trámite sin interponer argumento alguno al respecto. En todo caso, huelga advertir que no le asiste razón a la recurrente, pues el señor FABIO HUMBERTO ARANGO – contratista de la obra pública en cita – fue debidamente notificado en forma personal el día ocho (8) de mayo de 2006, por medio de Despacho Comisorio No. BG 268 al Juzgado 3° Civil Municipal de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, visible a folios 218 a 223 del Co.4.

 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Se estudiará la excepción de “responsabilidad compartida” propuesta por la recurrente, con fundamento en alguna (s) deducción (es) propia(s), que la llevan a colegir un exceso de velocidad del fallecido señor José Robinson Mesa Torres, hecho que en su sentir, contribuye en la producción del daño. Sobre este punto, al revisar las pruebas que obran en el investigativo y en especial al entrar a establecer por medio del croquis del accidente de tránsito, prueba sobre un posible exceso de velocidad por parte del señor Mesa Torres (q.e.p.d), se observa la inexistencia de aquel; por consiguiente; se puede afirmar que no se encuentra acervo probatorio que pueda dar certeza al fallador del hecho en comento, y por lo mismo, no podrá tenerse por probada la excepción de una “responsabilidad compartida”. En virtud de lo anterior y toda vez que, las nulidades planteadas no están llamadas a prosperar, como tampoco la existencia de una responsabilidad compartida entre la 13 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816 Empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P., y el señor José Robinson Mesa Torres, considera el Ministerio Público debe CONFIRMARSE la sentencia de primera instancia. Atentamente, MARÍA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado 14 760012331000-2004-00113-02 (39312) 5aCdeE/DASV IUS 2011-6816