PGN - OBEDIENCIA DEBIDA - Legalidad

Bogotá DC, 16 de mayo de 2003.

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para Vigilancia Administrativa Radicación Nº: 065-01024 de 2000 (a #143 cvv)

Disciplinado: Jesús Jiménez Durán.(Apelante)

OTROS Leonardo Vesga Suárez. Presidente ASEINPEC Óscar Montagout Arias Cargo y Entidad: Dragoneante y guardián de la cárcel del círculo judicial de Arauca, Arauca /otros.

Quejoso: De oficio.- Ciro Alfonso Ruiz Palacios.- Fiscal Único Seccional

Delegado de Tame.- Arauca.

Fecha queja: 4-1-2000

Fecha hechos: 30-12-99

Asunto: Auto que confirma decisión que niega las pruebas de descargos aportadas (artículo 115 de la Ley 734 de 2002).

I. ANTECEDENTES En el sistema GEDIS en este asunto figuran las siguientes actuaciones procesales: Queja: 2000/ 01/ 11

Indagación Preliminar: 2000/ 03/ 01

Investigación Disciplinaria: 2000/ 07/ 19

Formulación De Cargos: 2002/ 08/ 15

Notificación De Cargos: 2000/ 09 /07 Personal Descargos: 2000/ 09/ 21

Auto De Pruebas 2002 / 11/ 13 Notificación Auto Que Niega Pr 2003 / 01 /17 Estado Recurso Contra Auto Niega Pr 2003/ 01/ 20 Recibe Apelación Pruebas 2003/ 02/ 21 Prc 1ª Del. V.A.

1. Los hechos.

Surge del cargo y de los alegatos efectuados, en el sentido que el presunto responsable, JESÚS JIMÉNEZ DURÁN, uno de los tres implicados de autos, y apelante de la negativa de pruebas de descargos, como uno los miembros del sindicato del INPEC que laboraban en Arauca, en la cárcel de distrito judicial, omitieron su deber legal, cuando debiendo atender sus funciones de seguridad y de control de personal de retenidos en la calidad de Dragoneante de la entidad y encargado de los retenidos en dicha institución carcelaria, máxime que se desempeñaba como comandante de guardia el día de los hechos; no tuvieron la diligencia y cuidado esperado de ellos y de él en particular, al no cumplir con la responsabilidad debida frente a los cometidos oficiales y funciones asignadas, obstaculizando de manera indebida y fehaciente una orden de autoridad competente emitida con las formalidades legales, impartida por el doctor CIRO ALFONSO RUIZ PALACIO, Fiscal de Tame quien se presentó con los procesados en Arauca, al no 2 recibirles el día 30 de diciembre de 1999, a la 1:00 p.m., en ese centro penitenciario, so pretexto de estar obedeciendo instructivos de tipo sindical en un paro nacional decretado para esa fecha, dictada por la Junta Nacional de ASEINPEC con fecha 24 de Agosto de 1999, según Resolución 03, (fl. 18), anteponiendo sus compromisos sindicales destinados a boicotear el ingreso de nuevos retenidos y otras acciones de presión para la consecución de sus pretensiones de asociación o agremiación sindical (fl. 18), a los deberes oficiales, defiriendo la entrada hasta el día cinco (5) de

enero de 2000, alegando además otras motivaciones que no fueron de recibo ni se encontraron justificadas para el momento de cargos, toda vez que tuvieron que ser internados provisionalmente en otra dependencia oficial sin las seguridades necesarias, y en sitio no ordenado por el fiscal en la Estación de Policía de Arauca, inadecuada al efecto, sin tomar tampoco en cuenta la importancia del asunto penal que los vinculaba, ni el rango de funcionario oficial de la rama judicial del poder público, o distancia a TAME, sitio desde la cual venían remitidos por quien atendía la investigación contra dos sindicados de delito de rebelión ante la fiscalía única seccional de Tame (Arauca) y a quienes había ordenado recibir expresamente en ese centro penitenciario, de nombres ROBERTO RINCÓN RINCÓN, y JOSÉ REINEL CAMACHO CORTÉS, desatendiendo las boletas de encarcelación números 026 y 027 provenientes de dicha autoridad judicial. 2.- Precisiones de la apertura de investigación A folio 3 y ss, obra el resumen del asunto y se indica que son juzgados junto con el presunto inculpado y recurrente, otros dos funcionarios. Consta que el apelante junto con otros, incluido el Presidente de ASEINPEC en Arauca, “a pesar de recibir la orden del Director de la Cárcel” en ella no se permitió el ingreso de los procesados, alegando que cumplían instrucciones del comando del paro. (fl. 4) Se tiene igualmente noticia, sobre que el propósito de dicho desplazamiento y la medida oficial, tenía como finalidad la toma de indagatoria a los dos retenidos por

rebelión (fls 17 al 18 ) y fl. 5. 3.- ALEGACIONES DE DESCARGOS DE JESÚS JIMÉNEZ DURÁN Presentó descargos, ante la Procuraduría Departamental de Arauca (fl. 17 al 24) En ellos uno de los tres presuntos responsables, planteó en forma personal y sin mediación de apoderado su defensa, en los que confirma que es cierto que tenía tal cargo y ubicación como Dragoneante y Comandante de Guardia del INPEC, en Arauca ese día (fl. 17) Reafirma que en efecto, a esas instalaciones y proveniente de Tame, se presentó en la Cárcel de Distrito Judicial de Arauca, el mencionado quejoso, Doctor CIRO ALFONSO RUIZ PALACIO en compañía de los procesados y que a ellos se contraen las dos órdenes o boletas de encarcelación. 3 Argumenta que es menester tener en cuenta la “política señalada” por la junta Directiva a nivel nacional del sindicato del INPEC.- ASEINPEC; que había convocado la realización de un paro general proyectado y que tendría iniciación desde el 31 de agosto/99 cinco meses antes y que contemplaba entre sus objetivos los siguientes aspectos: 3.1.- NO RECIBIR DESDE ESA FECHA NUEVOS RETENIDOS. 3.2.- realizar asambleas informativas con todos los funcionarios de esos establecimientos carcelarios en el país. 3.3.- No permitir el ingreso de notificadores, abogados, entrevistas, a excepción de las libertades, habeas corpus, tutelas y emergencias de sanidad. (fl. 18)

Precisando que el sindicato al proyectar el paro tenía como finalidades: 3.3.1.- Evitar el hacinamiento en cárceles del país, lo que constituía un hecho notorio, ya que el entonces Ministerio de Justicia y del Derecho no había desarrollado ningún programa tendiente a dicha descongestión. La jornada de protesta fue decretada a nivel nacional y de contera le fue comunicada al señor Director de la Cárcel de ARAUCA el 3-11-1999. Esgrimiendo que en esa localidad Araucana existía un sobrecupo superior al cincuenta por ciento de la población carcelaria establecida para un tope de ochenta personas y para el día 30-12-99, había ciento veintidós, habiéndose recibido antes del medio día dos internos, horas antes de que llegara el Fiscal. (fl. 19) Dice que se requirió de un previo acuerdo pactado con el director, por el cual comprendía que se recibirían internos sólo en la media en que los diversos despachos impartieran órdenes de salida de detenidos, si salía uno entraba uno. (fl 19) El 3-11-99, dos meses antes de la fecha de los hechos, la Junta Directiva de ASEINPEC acató la jornada de seguridad y desobediencia civil, la que tuvo amplia difusión por medios de comunicación social (fl. 18). Indica que a pesar de tener el cargo de Comandante de Guardia, su labor se limitó a una especie de vocería entre el Señor Fiscal y las autoridades carcelarias (fl. 20). En sus propios términos, expresa que “... como podemos apreciar, de manera

palmaria, el suscrito JESÚS JIMÉNEZ DURÁN no tenía la libre disposición de recibir o rechazar a ninguna persona...” (fl. 20) 4 Agregó que si bien no los dejaron entrar como estaba contemplado en la orden legalmente impartida y de obligatorio acatamiento, también es cierto que a los mismos se les suministraba la alimentación por fuera, a cargo del INPEC (fl. 19). 4.- LA APELACIÓN El recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la providencia de fecha 13 de noviembre de 2002, obra a folios 25 y siguientes, y es presentado por JESÚS JIMÉNEZ sin que hayan repuesto o manifestado inconformidad los otros, en la que argumentó así en contra de la decisión que decretó las pruebas de descargo: 4.1.- Pide la terminación de procedimiento, afirmando la ausencia de responsabilidad de su parte. 4.2.- Defiere a otros la responsabilidad individual que pudiera caberle, al indicar que deben únicamente ser señalados como directos responsables, el Director del penal y el Presidente de ASEINPEC, que eran “quienes daban la última palabra” 4.3.- Para sustentar el recurso, precisa algunas que él considera inconsistencias en la providencia recurrida, en la que manifiesta que en sede de la Procuraduría general de la nación, se avocó y se conoce por competencia y poder preferente investigaciones producto del paro nacional, en la que se investigan más de 150 funcionarios de todo el país, y donde se han arrimado piezas procesales que estima de importancia sobre la problemática del hacinamiento, fallos de la Corte

Constitucional por violación a derechos humanos en cárceles, tasas de mortalidad y morbilidad carcelaria, y recomendaciones de otras autoridades como la Defensoría del Pueblo, de modo que no desea que siga siendo juzgado en forma independiente y paralela, con ruptura del principio de igualdad, lo que considera un trato discriminatorio e inconstitucional (fl. 26). 4.4.- Afirma que otros que laboraban con él en Arauca como el Señor LEONARDO VESGA SUÁREZ, quien era Presidente de ASEINPEC por la fecha, contaba con seccionales en esa parte del país, y a ellos debían obediencia y cumplimiento de estatutos y directrices nacionales, argumentando que quien adelantaba la jornada era el Sindicato liderado por su presidente allí representado, lo que demuestra claramente su inocencia (fl. 26) / 5.- ARGUMENTOS CONTRA LAS PRUEBAS RECURRIDAS 5.1.- Sobre la copia auténtica de la orden de paro impartida por ASEINPEC, para demostrar que fue el sindicato y no JESÚS JIMÉNEZ DURÁN quien declaró la jornada adelantada, y por ello es que la Procuraduría General de la Nación asumió preferentemente esas investigaciones. 5.2.- CONFRONTACIÓN DE TODA LA MINUTA DE GUARDIA Y LA DE SERVICIOS 5 Por ello se sostiene en la posición de descargos, por la cual preconiza que por ser él el Comandante de Guardia, reposa allí su ausencia de responsabilidad, afirmando que conoce perfectamente las funciones de tal, y existe una Minuta de Guardia donde se registran las actividades diarias (fl. 27).

Insiste en que el Señor Director del Centro Carcelario y el directivo sindical de ASEINPEC fueron los que tomaron en conjunto la decisión de no ingreso al centro carcelario (fl. 27). Precisando que en estos documentos es que queda registrado el nombramiento hecho a él para ese cargo ese día y el lugar en que debía cumplirlo, porque en un libro sí quedó pero en el otro no, dejando esto ver que el compromiso de no dejarlos entrar estaba en cabeza de otro, expresando que necesita la copia del folio 158 para demostrar que no tenía la libre disposición sobre el punto (fl. 28).

5.3.- SOBRE HACINAMIENTO.- Denegada.

Expresa que la decisión se aparta de la Clasificación hecha de los centros carcelarios hecha por la normatividad nacional e internacional, y que con ello se desconocen las reglas mínimas proferidas por la ONU, y se aparta del Código Penitenciario y Carcelario contenida en la Ley 65 de 1993, y que peca el Ministerio Público unas veces por defecto y otras por exceso, al apartarse de la población reclusa que el INPEC estaba defendiendo, pues no estaba siendo rehabilitado como mínimo, único que se ha dado a la tarea de preservar al ser humano delincuente, ya que el Estado Colombiano ha sido condenado en sentencia T-153 (28-ABRIL-98), (fl. 28) y se le dio un plazo para clasificar los retenidos, y se estableció la capacidad de las cárceles, dados los bárbaros antecedentes y le gustaría mucho que se pidiera al INPEC el dato sobre los miles de millones que se han tenido que pagar por reclusos

muertos (fl. 28) Señala la existencia de la Resolución del INPEC 3291 (29-jul-97) que clasificó los centros carcelarios para el cumplimiento de penas, y la CIRCULAR de 10-marzo-98, de la Procuraduría General de la Nación, y la Directiva Presidencial No. 11 (14-abril98) (fl. 28) Con ello concluye que si bien la Jornada “a pesar de haber obstaculizado en cierta forma el obrar de la Justicia, como fue el hecho de no recibir internos”, (fl. 29), lo considera adecuado porque no se trataba de un “capricho” o de un “interés particular”

5.4.- TESTIMONIO DEL OTRO IMPLICADO EN SU FAVOR.

Pidió y le fue denegada como superflua la declaración del presidente sindical porque estima que ellos dos fueron junto con el Director los que tomaron la decisión (fl. 29)

5.5.- TESTIMONIO DEL GUARDIA APOSTADO EN LA REJA DE ACCESO.-

6 Insiste en que es importante, porque depondrá no ya sobre aspectos generales, sino que al tratarse de la persona ubicada en la reja de entrada llevaría a confirmar y dar fe sobre quienes adelantaban la jornada y quienes fueron los que decidieron no recibirlos (fl. 29) 5.6TESTIMONIO DE LUIS SANABRIA ÁVILA Indica que se abstiene de hacer cualquier comentario al respecto de ello, pero afirma que no se recibieron por éste el 30-12-99, sino que “al parecer ingresaron hasta el día cinco (5) de enero de 2000.- Ya que iban ingresando a medida que iban saliendo como ellos previeron y no antes (fl. 29)

6.- A continuación hace las peticiones respectivas, en que le anuncia a la Procuraduría Regional de Arauca, no obstante que ya había tenido conocimiento que los Asesores en derechos humanos del Despacho superior adelantaban el caso que antes llevaba el INPEC, insiste ahora que por su pedido, lo remita por competencia a Bogotá, y que se avoque el poder preferente (de nuevo y sin que existiera ya proceso interno en el INPEC), para que se acumularan sus peticiones y asunto en el cursante (fl. 30) 7.- Aporta entre otras pruebas la constancia del libro de minuta de guardia en la que no consta el ingreso de los dos sindicados de rebelión que ocupan este asunto, sino en la que el folio 158 precisa la Minuta del Comandante de Guardia, que les permitieron un alta de otros dos internos a las 9:00 a.m., y otra alta se dio a las 13.15 (discusión que alega se dio entre el Director y el Presidente del sindicato)

8.- CONSTANCIA SOBRE DERECHO DE DEFENSA.

Agrega por último que deja constancia sobre que me es casi imposible ejercer el derecho a la defensa, mediante este recurso, pues no se puso a mi disposición el expediente para ser consultado, y controvertir todas y cada una de las pruebas, (…) por lo cual, depongo en este escrito no una defensa técnica probatoria sino una defensa innata, (sic) tal como sucedieron los hechos… (fl. 31)

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Para decidir sobre la aceptación, decreto y práctica de las pruebas aportadas y solicitadas, el Despacho evaluará su eficacia, conducencia y pertinencia, conforme lo

regulaban las normas de la anterior Ley 200 de 1995 en el capítulo de pruebas y como hoy en día lo dispone el artículo 132 de la Ley 734 de 2002: / COMPETENCIA Tiene conforme a las reglas generales de orden público competencia en este asunto, la Procuraduría Regional de Arauca para adelantar la investigación, y la Delegada para Vigilancia Administrativa por reparto, para la apelación, de modo que no le asiste razón al recurrente, en su “sentido intuitivo de la remisión por competencia” 7 que prevé como una orden que deba ser acatada, pues su esquema de regulación se halla previsto en normas de rango constitucional o legales y en particular en el Decreto 262 de 2000, y en las resoluciones reglamentarias 017 y 108 de la Procuraduría General de la Nación. / PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE Para comenzar el estudio requerido a su fundamento y viabilidad, la Delegada a la brevedad de la distancia y reparto, envió un Oficio # 744 (24-3-03), requisitorio a la Oficina de asesores en derechos humanos del Despacho del Señor Procurador General, en atención a quien adelantaba el proceso al que supuestamente debía hacerse la Acumulación de Actuaciones, dirigido al Doctor DAGOBERTO ARDILA, asesor grado 24, encargado de la radicación en comento, indicando que se precisaba establecer si era viable su pedido, para ser atendido en la forma y términos planteados en el recurso en estudio, al incurrir en una conducta de acción por omisión, al no permitir el cumplimiento de orden impartida por autoridad

competente con el lleno de los formalismos legales, entorpeciendo la debida colaboración a la justicia (fl. 41) Se le solicitó por lo mismo, indicar si en los listados de los implicados que tenía a cargo en su investigación figuraban los ya indicados funcionarios de Arauca; y específicamente, si había mérito para la acumulación solicitada a su proceso en curso, aportando algunas probanzas o soportes de ser necesario. (fl. 41) Se adjuntó copia de la Resolución 346 de 3-10-2002, sobre el poder preferente, en el cual no se establece el rompimiento de su unidad, ni se regula la remisión automática a conocimiento, sino todo lo contrario, que tal facultad no surge por el mero pedido de parte y sólo puede concederla el Señor Viceprocurador y como bien argumentaba el asesor DAGOBERTO ARDILA, no se puede asumir el poder preferente para desplazar a otro despacho competente de la propia Procuraduría General de la Nación. Agregó la improcedencia de acumulación solicitada. A lo que agrega la Delegada que conforme a las nuevas reglas de procedimiento contenidas en la Ley 734 de 2002, no se prevé la figura de la acumulación de actuaciones como antes figuraba en la Ley 200 de 1995, lo que habría eventualmente podido ser un referente, pero en razón a que el estado procesal de una actuación y la que se gestiona en el despacho de asesores que se halla mas atrasada, no es dado retrotraer la presente para incluirla, máxime que no se observan causales de anulación o de otro orden como los criterios referidos en la Resolución 346 /2002, de modo que no es procedente su pedido, por lo que se rindió

informe negativo para asumirla en la forma solicitada. / EL PRESUNTO ACUERDO PACTADO CON EL DIRECTOR Observa la Delegada una contradicción patente entre las declaraciones del Fiscal quejoso, y la óptica del implicado, toda vez que estima adecuado que el Director deba ceder a las presiones impuestas unilateralmente por los sindicalizados, y su rol 8 de directivo y responsable último de la seguridad del establecimiento por el cual necesariamente debía tomar una vocería para oponerse a la medida, y en la quieren hacerle aparecer como “accediendo” en buena lid, a las medidas y a presuponer que estaba haciendo un pacto libre de presiones, y un acuerdo para acomodarse a lo que se le estaba obligando, para dejar entrar como con cuenta gotas, uno a uno los que debían entrar o dejar la cárcel. Discrepa diametralmente la Delegada de su supuesto acuerdo para negociar posiciones, cuando es claro que según el Fiscal Seccional Delegado, estaba de su parte, pero no se pudo ni siquiera entre ellos dos convencerlos de que debían actuar de conformidad con sus deberes constitucionales y legales, imponiendo no solo una coacción indebida, sino una restricción impropia al marco de obligaciones so pretexto de la primacía de la política fijada por sus directivos gremiales, ponderando con un grado de valor superior ésta a su deber sustancial. La bondad de las finalidades propuestas y la búsqueda de metas comunes, no podía ser el paramento a la vulneración de la voluntad del Director y sus peticiones en contrario como si se hubieran producido libres de fuerza indebida para el supuesto acuerdo de voluntades.

El que una jornada mal llamada de seguridad y desobediencia civil, que no se cumpliría en un solo día, por lo mismo no era una jornada, no podía ser el contrasentido de propender por la seguridad cuando precisamente con el actuar desarrollado se estaba poniendo a todas luces en riesgo y vulnerabilidad la función de protección debida a los sindicados, que como resultado debieron ser internados en un sitio impropio así se halla adecuado a dicho propósito en forma eminentemente transitoria en una estación de policía sitio de donde precisamente deben salir remitidos a ser puestos a disposición de autoridad competente pues se trata de una medida administrativa regulada como extrema, y así delineada en sentencias constitucionales como la c-620/98 que la analizó y le previó unos límites cuando es empleada por la autoridad policiva para la detención de personas, de modo que mal podría pensarse que por el hecho de haberse pagado su alimentación allí por cuenta de la entidad, se estaba adecuando correctamente la conducta. Tampoco se trata de una “desobediencia civil” propiamente, pues el cuerpo de seguridad de un penal para nada es un civil en rebeldía con el statu quo. Es un funcionario que ha jurado cumplir con la constitución y la ley y ha previsto que los demás también la cumplan como se le indicó en el cargo. El hecho de que hubiera tenido la difusión por medios de comunicación, no obsta para que se tenga el discernimiento para entender cuando una protesta es legal y cuando raya los límites de la ilegalidad. / CONOCIMIENTO, INTENCIÓN Y VOLUNTAD Son los tres elementos subjetivos fundamento de responsabilidad individual, sea por culpa o por dolo en sus distintas graduaciones.

9 Argumentar que era un simple “mediador”, que no obstante “conocía muy bien las funciones del cargo”, es tanto como decir que el manual de funciones de comandante de guardia que es la regla de conducta que se le imponía, norma frente a la cual discurre la ilicitud sustancial de la conducta; para concluir que “no tenía la libre disposición de recibir o rechazar a ninguna persona detenida”, es tanto como afirmar que se trataba de un inimputable, a quien no puede serle exigido el ordenamiento ni sus preceptivas, por lo mismo, el hecho de que su actuar estuviera dirigido al impedimento de entrada de retenidos, se suma a la de sus compañeros de infracción, a quienes también se les reprocha la conducta desviada, y si el cargo de presidente a uno le daba mayor representatividad y vocería, ello no obsta para reclamarle al recurrente la suya propia. La “última palabra” a que hace referencia, no la tenía el Presidente sindical, ni otro distinto al que obedece ciegamente una regla, o una orden, por ello se habla de la no pertinencia de la llamada obediencia debida, cuando ello va en contravía de los preceptos legales, el que la desobedece es quien tiene la razón, y la jurisprudencia se ha encargado de precisar su alcance, el que se opone así sea en forma pasiva si no lo hace en forma activa, es quien termina actuando correctamente, y teniendo la posibilidad de intervenir frente al acto incorrecto y no lo hace infringe tal como el que da la orden la regulación prevista como sana, así no sea la escogida al menos debió

dejar constancia de su oposición a ella y nunca lo hizo en ningún libro o minuta, se limita a deferir a otro su propia culpa y ello es adicionalmente un agravante, en cuanto no reconoce al menos su autoría así sea mediata, y con ello da mal ejemplo a sus subalternos de la comandancia entregada en funciones. Cumplir a ciegas unas directrices nacionales antes que la tarea fundamental que se le ha asignado, no puede amparar su actitud y su conducta, de modo que de nada sirve agregarle al expediente la copia auténtica o autenticada de la orden de paro, pues con ello no demuestra como pretende que no tiene responsabilidad alguna que centra en las directivas oficiales o en las sindicales por lo ya expresado. Es persona libre, y su voluntad se sabe de qué parte estaba, que no era la del adecuado cumplimiento del deber en el lugar de facción encomendado ese día. / LAS ANOTACIONES EN LIBROS / LAS ESTADÍSTICAS Hay declaraciones, confesiones de parte y demás medios de prueba de los que se infiere con plena certeza que el hecho se dio, que no dejaron entrar a los dos mencionados, que se opusieron y que fueron conflictivos frente a la entrada y salida de otros ese mismo día de modo que vista la prueba en conjunto hay la certeza jurídica para proceder. De la materialidad de una anotación no se infiere necesariamente la intencionalidad que la misma refleja, y por lo mismo, la comparación entre la minuta de servicios y la de guardia, serían el motivo para agregar otra infracción conexa, la de no haber hecho las anotaciones completas, reales y fidedignas con el detalle requerido para

10 expresar la realidad fáctica del reporte oficial, y se halla más que probado que sí se hallaba en el control general de la situación como Comandante al que no se le podían ocultar reportes de actuación y con potestad mayor que la de cualquiera en turno para controlar desmanes y problemas en los turnos asignados. Las estadísticas sirven al Estado para proyectar sea por conducto del INPEC, del Congreso, o de otra autoridad como el Ministerio respectivo, las proyecciones y políticas a adelantar, pero no son la prueba que requiere el inculpado para constatar lo adecuado de su conducta, ni para comprobar que se habría solucionado así el problema de hacinamiento en el país, ni para revivir a los prisioneros encarcelados, o para demostrar que “no se ha hecho nada” por solucionarlo, precisamente cita las normas que conoce desde 1998 que reflejan el interés en la problemática y las necesidades de reforma de infraestructura endémicas pero que sí se han afrontado por solucionarlo a pesar de que sobrepasa las proyecciones y expectativas, es desconocer lo mucho que se ha hecho, para respaldar una visión negativista pura y miope para lo que no sea su propia apreciación, anteponiendo esto sí, el esquema grupal, al de ley, argumentando que no se trata de una apreciación personalista. / TESTIMONIOS NEGADOS Refieren a personas a las que la norma procesal probatoria llama “testigos parcializados o sospechosos” porque se hallan cargados hacia una inclinación específica a favor de la parte por alguna circunstancia en particular, y los menciona

por ejemplo, el que tiene un conflicto de intereses al estar cuestionado en el caso, como sería el del Presidente sindical, y nada agrega a la seguridad de su participación real en los hechos, tampoco el del puesto de facción en el ingreso, al que no se le puede pedir más que la comprobación de quienes discutían la entrada, no para exponer sobre las intencionalidades propias del inculpado, o la del que recibe finalmente a los retenidos en enero, se sabe ya que no entraron de inmediato y que la conducta se prorrogó en el tiempo, nada agregan. Se hallan pues, todas y cada una, bien denegadas. / PEDIDO DE TERMINACIÓN EN LA APELACIÓN No es procedente, pues si bien es una medida que se puede tomar en cualquier etapa procesal, en el presente caso no hay plena prueba que demuestre causal alguna de ocurrencia, sino todo lo contrario, pruebas respaldo de cargo sobre la ocurrencia del hecho disciplinable, y de la presunta responsabilidad. / ÚLTIMA CONSTANCIA Su alegada vulneración al derecho de defensa y contradicción no tiene sustento fáctico, ni legal. A la fecha, dentro del plazo previsto alegó todo lo que tenía para decir, incluso hasta para reiterar sus pretensiones, y la reafirmación de lo expresado en cargos, de forma que la vía gubernativa en su caso ha tenido todos los recursos e instancias de ley 11 que se han adelantado conforme al principio de legalidad y con la ritualidad propia del proceso disciplinario. El que no se le ponga a disposición todo el expediente, obedece y mas hoy en día luego de las regulaciones del sistema de gestión disciplinario y sus parámetros que

buscan acortar diligencias sin enviar “de turismo por Colombia” el expediente para notificaciones y otros trámites, el que la regla prevista por disposiciones internas de la procuraduría general de la nación, es que no se enviará el expediente, sino el auto respectivo El que no haya designado apoderado es potestativo, y es el abogado el que ejerce la llamada “defensa técnica” con base en las pruebas existentes, y el que deje una constancia de que se trata de “… una defensa innata, (sic) tal como sucedieron los hechos…” (fl. 31), es simple y llanamente, su memoria actual sobre los hechos acaecidos, plasmados por escrito para su defensa personal por la que ha optado, para la cual en efecto demuestra tener disposiciones innatas, y que son el camino elegido para su ejercicio, que la Delegada estima suficiente, así no haya sido el adecuado a sus pretensiones, pareciendo en todo caso en algunos puntos como apoyado o auspiciado por algún galeno amigo, sin que ello demerite el debido ejercicio de su defensa, ni lo haga imperativo, observando que ha sido el objeto de análisis ponderado a todos y cada uno de los planteamientos hechos sin dejar de lado aspecto alguno por evaluar o evacuar. En conclusión, la Delegada estima que han sido correctamente denegadas las pruebas de descargo, y por lo tanto, no le asiste razón al apelante coincide la delegada remitida que se trata de pruebas improcedentes e inconducentes, y que el acervo probatorio puede ser valorado en conjunto como lo ordena la normatividad disciplinaria, y respecto de las cuales debe confirmarse la negativa efectuada, el 1311-2002. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la decisión calendada el 13 de noviembre de 2002, mediante la cual la Procuraduría Regional de Arauca, se pronunció denegando las pruebas solicitadas por JESÚS JIMÉNEZ DURÁN, en nombre propio, en calidad de Dragoneante y Comandante de Guardia para la fecha de los hechos en el departamento de Arauca en la Cárcel de Distrito Judicial de esa localidad negadas en el auto de pruebas de descargos en la presente investigación, con fundamento en las razones enlistadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar improcedente el ejercicio del poder preferente solicitado o la acumulación de diligencias pedidas, por carecer de objeto la petición al no poderse relevar a la Procuraduría Regional de Arauca de su competencia legal conforme a 12 los factores que la determinan, por no ser ajustado al estado procesal, como tampoco a las regulaciones de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Comuníquese la presente decisión interlocutoria a la implicada y/o a su apoderado, por parte de la Secretaría del Despacho de origen confor