PGN - OBJECIONES PRESIDENCIALES - Infundadas - reiteración

Bogotá, D.C., abril 29 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley No. 129 de 2002 Cámara, 249 de 2003 Senado, "Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del Municipio de Nocaima en el Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

Concepto No.3806 De conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, procedo a rendir concepto en el asunto de la referencia.

1. Antecedentes Con oficio del 19 de abril de 2004 (sic), el Presidente del Honorable Senado de la República remitió al Procurador General de la Nación, copia del Proyecto de Ley No. 249/03 Senado - 129/02 Cámara, el cual fue objetado por el Presidente de la República, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

La copia del expediente legislativo se recibió en la sección de correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 21 de abril de 2005.

2. Fundamento de las objeciones presentadas por el Presidente de la República Teniendo en cuenta que las cámaras legislativas no se allanaron a las objeciones que por inconstitucionalidad formulara el Presidente de la República, este Despacho procederá al estudio de la totalidad de éstas.

Los argumentos que expuso el Presidente de la República para sustentar

las objeciones, se pueden resumir así: 2.1. Vulneración del artículo 151 de la Constitución por desconocimiento del artículo 76 y siguientes de la Ley 715 de 2001 2.1.1. El Presidente de la República afirma que el artículo 2 objetado, desconoce las competencias concurrentes señaladas en los artículos 346, 356 y 357 de la Carta, en materia de gasto público, pues se está autorizando al Gobierno para asignar sumas necesarias para ejecutar obras de infraestructura y de interés cultural que, en aplicación de la Ley 715 de 2001 sólo son de competencia del municipio de Noacaima, tales como mantenimiento, adecuación, construcción de escenarios deportivos (artículos 76.7.2), construcción y conservación de la infraestructura municipal de transporte (76.4.1), construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos (76.1); construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural (76.8.3), etc. 2.1.2. Igualmente, se afirma que las mencionadas obras no entran en la excepción del artículo 102 de la Ley 715 de 2001, sin embargo no se argumenta tal aserto. 2.2. Violación del artículo 7º de la Ley 819 de 2003 En el trámite del proyecto de ley objetado no se observó la exigencia de la Ley Orgánica del Presupuesto modificada por la Ley 819 de 2003, que en su artículo 7 exige que en la exposición de motivos y en las ponencias de los proyectos de ley que impliquen gastos, erogaciones, etc, se debe establecerse claramente el costo fiscal y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho

costo (artículo 7º de la Ley 819 de 2003). En el caso concreto, se afirma que no está demostrado ninguno de los dos eventos a fin de asumir el financiamiento de las obras que se ordenan ejecutar en el proyecto de ley. Concluye el Presidente de la República afirmando que "frente a las restricciones fiscales que afronta la Nación no es procedente crear mayores presiones de gasto 2 a través de leyes comúnmente denominada de honores, como las que son objeto de estudio".

3. Insistencia del Congreso de la República 3.1. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, el Congreso de la República nombró una comisión para estudiar las objeciones y presentar un informe sobre las mismas, informe que se sometería a la discusión y aprobación de cada una de las plenarias.

La mencionada comisión integrada por un miembro del Senado de la República y dos de la Cámara de Representantes, presentó un informe en forma conjunta a consideración de las plenarias, en el que se solicitó declarar infundadas las objeciones presidenciales contra el proyecto de ley 249/03 Senado - 129/02 Cámara. El mencionado informe fue aprobado por las respectivas Plenarias de las Cámaras Legislativas, así: por la plenaria del Senado de la República el 6 de diciembre de 2004, y por la plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de diciembre de 2004, según las certificaciones secretariales que obran en las copias del expediente legislativo remitido al despacho del señor Procurador General de la Nación.

3.2. El informe aprobado, parte de analizar una objeción que el Presidente de la República no efectuó, en relación con la violación de la iniciativa gubernamental. En donde los Congresistas apoyados en la basta jurisprudencia constitucional, reivindican su competencia en relación con el gasto público. 3.3. Frente a la objeción relacionada con la imposibilidad de apoyar con recursos del presupuesto nacional, obras y servicios que por disposición de la Ley 715 de 2001 están a cargo exclusivamente de los entes territoriales, el informe del Congreso la rechaza, argumentando que la Corte Constitucional en un sin número de fallos ha reconocido que si bien la primera parte del artículo 102 de la Ley 715 de 2001 prohíbe financiar con partidas del presupuestos nacional servicios, obras etc, que por disposición de la Ley 715 están a cargo de los entes territoriales, 3 existe una excepción en el sentido de que se pueden incluir dichas partidas cuando se trate de cofinanciar su ejecución, tal como sucede en el caso del proyecto objetado. Para fundamentar lo anterior, el informe se remite a varios fallos de la Corte Constitucional, especialmente a la sentencia C-399 de 2003. Igualmente, el informe recalca que ha sido la propia Corte Constitucional la que ha avalado que la autorización de gasto se haga con partidas de carácter específico, tal como se expuso en la sentencia C-486 de 2002. 3.3. En cuanto a la vulneración del artículo 7º de la Ley 819, el informe de los Congresistas no se pronuncia.

4. Análisis de las objeciones por el Procurador General de la Nación

Sobre las objeciones presidenciales y la insistencia del Congreso de la República, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente teniendo en cuenta que el análisis constitucional de un proyecto como el objetado, debe respetar unas reglas y subreglas que la Constitución y la jurisprudencia constitucional han trazado para su aprobación. Veamos: 4.1. Análisis de las inversiones autorizadas por los preceptos objetados en relación con la iniciativa del gasto, el Plan Nacional de Inversiones, Ley 812 de 2003; la Ley Orgánica de Distribución de Competencias, Ley 715 de 2001; el sistema de cofinanciación y la Ley Orgánica 819 de 2003 Lo primero que ha de advertirse, es que en este caso, la razón de ser de las objeciones presidenciales se fundamentan en interpretaciones que tiene el Gobierno Nacional sobre el alcance de unas normas que la Corte Constitucional ya ha tenido la oportunidad de analizar, creándose una doctrina constitucional consolidada y que como tal, resultan obligatorias para el Gobierno. Por tanto, al tratarse de objeciones por constitucionalidad, el Gobierno se debería abstener de objetar proyectos como el de la referencia, cuando el fundamento de la objeción ya ha sido analizado y desechado por el máximo órgano de interpretación 4 constitucional, por cuanto en esos casos, la competencia del Gobierno ha quedado subsumida en el fallo de constitucionalidad proferido por la Corte Constitucionalidad. Si el máximo órgano de la justicia constitucional ha analizado las razones de una objeción y las ha encontrado infundadas, el Gobierno Nacional no puede seguir

ejerciendo su facultad de objetar los proyectos con base en los mismos argumentos que analizados por la Corte, se han considerados ajustados a la Carta Política, por cuanto en este caso hay un pronunciamiento que como tal obliga a todos los poderes públicos. En casos como el de la referencia, ya no existe cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la iniciativa del legislador frente al gasto público y sobre la figura de la confinanciación para que la Nación pueda, en asocio con los entes territoriales desarrollar obras y prestar servicios que por disposición legal sólo están en cabeza de éstos. En este orden y con el respeto que nos merecen los miembros de esa Corporación, utilizaremos nuestro modelo de análisis para estos casos. Así: 4.1.1. De la iniciativa del gasto público La Constitución Política de 1991, establece como regla general para el Congreso, la de la libre iniciativa legislativa en materia presupuestal y en particular, en lo relativo a la iniciativa del gasto. Sobre este punto se manifestó el Constituyente en los siguientes términos: "Pensamos que es necesario devolver al Congreso la iniciativa en materia de gastos, que no puede confundirse con la iniciativa o capacidad de modificar las partidas propuestas por el Gobierno en el proyecto de presupuesto. Son dos figuras radicalmente distintas". (Cfr. Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional No. 67, mayo 4 de 1991, página 5). 5 Esta competencia parlamentaria desarrolla el principio superior de legalidad del gasto público, según el cual corresponde al Congreso, en su condición de órgano de representación popular, ordenar las erogaciones necesarias para ejecutar los

compromisos inherentes al Estado Social de Derecho (artículos 150 y 347 Constitución Política). Sin embargo, el Constituyente por vía de excepción, reservó para el Ejecutivo la iniciativa legislativa en relación con algunos aspectos de éste (artículo 154 Constitución Política). Las leyes que crean gasto público son simplemente títulos jurídicos que servirán de base para que en un momento ulterior el Gobierno, si lo juzga conveniente, incorpore en el Presupuesto General de la Nación los rubros necesarios para satisfacer las obligaciones decretadas previamente por el Congreso. Sobre el particular, esa Corporación ha dicho: "(...) la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten gasto público, no conlleva la modificación o adición del presupuesto general de la Nación. Simplemente esas leyes servirán de título para que posteriormente, a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas necesarias para atender esos gastos (...)". (Cfr. sentencia C-343 de 1995). En este sentido, las leyes que autorizan gasto público no tienen per se la aptitud jurídica para modificar directamente la ley de apropiaciones o el Plan Nacional de Desarrollo, ni pueden ordenarle perentoriamente al Gobierno que realice los traslados presupuestales pertinentes con arreglo a los cuales se pretende obtener los recursos para sufragar los costos que su aplicación demanda. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, cuando afirmó: "(...) No obstante, la Corte subraya que las leyes que decreten gasto público, no pueden por sí mismas ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos. Tampoco en

concepto de esta Corte, sin que se hubiere incorporado la partida necesaria en la Ley de Presupuesto, se podría pretender, en desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política, exigir el cumplimiento material de la ley aprobada por el Congreso que comporte gasto público. (Cfr. sentencia C-490 de 1994). 6 Esto significa que en materia de gasto público, la Carta Política efectuó un reparto de competencias entre el Congreso y el Gobierno Nacional, de tal manera que ambos tienen iniciativa del gasto de conformidad con los preceptos constitucionales, y deben actuar coordinadamente dentro de sus competencias. Así, el Gobierno requiere de la aprobación de sus proyectos por parte del Congreso y el Congreso requiere de la anuencia del Gobierno, quien determinará la incorporación de los gastos decretados por el Congreso, siempre y cuando sean consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, tal como lo estipula el artículo 346 de la Carta. Sobre el particular se dijo en las discusiones de la Asamblea Constituyente: "(...) respecto a la realización o desembolso de las inversiones existen dos actos-condiciones: el primero, su incorporación a los planes y programas de desarrollo económico y social, el segundo su incorporación en los rubros de gastos presupuestales; dos instancias capaces de refrenar la demagogia y manirrotismo parlamentarios". (Cfr. Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional No. 67, mayo 4 de 1991, página 5). En consecuencia, el Ejecutivo es el órgano constitucionalmente habilitado para formular el presupuesto de gastos, consultando las necesidades sociales

inaplazables, la existencia de recursos para su financiación y los programas y proyectos contenidos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, sin que el Congreso tenga competencia para imponerle la inclusión de partidas que garanticen la ejecución de erogaciones decretadas mediante una ley anterior, lo que tampoco significa que el legislador carezca de iniciativa en materia de gasto público. Así, podemos concluir, de conformidad con el texto constitucional y los planteamientos de la Corte Constitucional, que las leyes mediante las cuales el Congreso decreta gasto público, se ajustan al ordenamiento constitucional siempre y cuando ellas se limiten a habilitar al Gobierno para incluir estos gastos en el proyecto de presupuesto. Por el contrario, son inconstitucionales, si mediante dichas leyes se pretende obligar al Gobierno a ejecutar un determinado gasto. 4.1.2. La ley que decreta el gasto público no puede ser de carácter imperativo 7 Establece la jurisprudencia constitucional que si una ley que decreta un gasto público consagra un mandato imperativo dirigido al Ejecutivo, la misma es inexequible, si por el contrario, se trata de una ley que se limita a decretar un gasto público y como tal, sólo es un título jurídico suficiente para la eventual inclusión de la partida correspondiente en la ley de presupuesto, la misma resultará acorde con los mandatos superiores, análisis éste que tiene como fundamento la estructura gramatical empleada por el legislador. Así, en concepto del Ministerio Público, la estructura gramatical que emplea el legislador en el texto del artículo 2, al señalar que el “Gobierno Nacional podrá incluir dentro del presupuesto General de la Nación, las partidas

presupuestales…” no es de aquellas que pudieran entenderse como una orden imperativa, sino que permite colegir claramente que se trata únicamente de una autorización de un gasto para que el Gobierno incluya las partidas correspondientes. Por este aspecto, el Despacho encuentra el proyecto objetado se ajusta a la Carta Política. 4.1.3. La ley que decreta el gasto público no puede ser contraria a la ley del Plan Nacional de Desarrollo, debe ser complementaria a ésta 4.1.3.1. Por este aspecto, ha de establecerse si las inversiones señaladas en el proyecto de ley objetado, desconocen el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión, ya que de ser así se estaría vulnerando lo prescrito en el artículo 341 de la Constitución Política. Si bien es cierto que el artículo 341 de la Carta Política señala con claridad la prevalencia de la ley del plan sobre las otras leyes, también es cierto que el Congreso puede decretar una inversión que no se encuentre en éste, pero esa inversión, conforme a la jurisprudencia constitucional, intérprete auténtica de la Carta, debe ser compatible con el Plan, lo cual tiene una dimensión cualitativa y cuantitativa. Lo anterior significa que la inversión decretada por el Congreso que no se encuentre en el plan de desarrollo, no sólo no puede contradecir sus 8 orientaciones sino que debe encontrar algún sustento en las opciones políticas planteadas en él. Además, la nueva inversión no puede ser de tal magnitud que modifique las prioridades definidas en el plan (sentencia C-324 de 1997). 4.1.3.2. En el caso de las objeciones en estudio, el Gobierno Nacional no adujo

argumento alguno por vulneración de la Ley 812 de 2003, en la cual está contenido el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República para el cuatrienio 2003-2006. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como la Corte Constitucional carecen de competencia para elaborar un análisis de constitucionalidad que desborde el fundamento de las objeciones planteadas por el Gobierno Nacional. 4.2. De la ley orgánica sobre distribución de competencias y recursos entre la Nación y los entes territoriales 4.2.1. La Ley 715 de 2001, ley orgánica que distribuye las competencias entre la Nación y las entidades territoriales de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política, asigna los recursos de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y señala los servicios que en materia de salud, educación y otros sectores le corresponde cumplir a los municipios, a los distritos, a los departamentos y a la Nación. Las disposiciones de esta ley, son el referente normativo que ha de tenerse en cuenta para verificar si las inversiones señaladas en el artículo 2 del proyecto objetado, resultan contrarias a la Constitución, por desconocimiento de la ley orgánica. 4.2.2. En primer lugar, debe advertir el Despacho que los proyectos de ley que autoricen gastos, deben hacer referencia expresa de las obras que se pretenden ejecutar con la inclusión en el Presupuesto General de las partidas correspondientes, pues lo contrario sería abrir paso a interpretaciones que pueden erosionar y finalmente vulnerar los precisos mandatos constitucionales y legales en esta materia, sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley 715 de 2001

distribuye competencias entre la Nación y las entidades territoriales de forma expresa, en donde la vaguedad de una ley que autorice gastos con cargo al 9 presupuesto puede en su ejecución romper con los principios de asignación en ella contemplados. El proyecto de ley en cuestión hace referencia puntual a las siguientes obras: i) Construcción Coliseo Cubierto Municipal; ii) Ampliación y dotación de a Normal Nacional del municipio; iii) Terminación del Colegio Agropecuario de Las Mercedes; iv) Ampliación y dotación de la Casa Cultural Mariano Ospina Pérez; v) Construcción de la variante de Nocaima; vi) Telefonía social en las zonas rurales del municipio; vii) Mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del municipio; viii) Construcción, ampliación y mejoramiento del alcantarillado; ix) Construcción de la biblioteca pública; x) Centro de acopio; xi) Mejoramiento de la Tecnificación panelera mediante la adecuación y dotación de ramada comunitarias; xii) Parque comercial y cultural del Trapiche; xiii) Construcción vía alterna hacia los municipios de Nimaima, La Peña y Vergara y xiv) Pavimentación de la carretera CascajalNocaima. Es decir, el proyecto objetado establece de forma clara cuáles son las inversiones que requiere el Municipio de Nocaima (Cundinamarca) y en ese orden la autorización legislativa en análisis no da lugar a interpretaciones ambivalentes ni dudosas en cuanto el destino de las apropiaciones respectivas. 4.2.3. Son varias las normas de la Ley 715 que hacen referencia expresa a obras de infraestructura y a proyectos culturales, cuya ejecución es de competencia

exclusiva de los municipios, sin descartar que todos y cada uno de los ítems de la referida legislación comportan un interés social y que como tal también pueden coincidir con las obras a las que hace referencia el artículo 2 en análisis, las que, entonces, en principio, deberían ser financiadas con los recursos de las transferencias. Entre los artículos mencionados están los siguientes: El artículo 7º en el numeral 7.5, la materia a que hace mención el proyecto de que trata el artículo 2º objetado, se consagra en educación, así: "Artículo 7º. Competencias de los distritos y los municipios certificados. 10 (...) "7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo del Sistema General de Participaciones". Ahora bien, la Ley 715 discrimina las competencias de los municipios de la siguiente forma: "Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar, o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: "76.7. En deporte y recreación "76.7.2. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. "76.8. En cultura "76.8.3. Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la

infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana. "76.9. En prevención y atención de desastres "Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán: "76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos." Por otra parte, el artículo 102 de esta ley orgánica, establece, que "En el Presupuesto General de la Nación no podrán incluirse apropiaciones para los mismos fines de que trata esta ley, para ser transferidas a las entidades territoriales, diferentes de las participaciones reglamentadas en ella, sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales para la ejecución de funciones a cargo de la 11 Nación con participación de las entidades territoriales, del principio de concurrencia y de las partidas de cofinanciación para programas de desarrollo de funciones de competencia exclusiva de las entidades territoriales". (negrilla fuera de texto). 4.2.4. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a primera vista podría decirse, como lo hace el Gobierno Nacional en el escrito de objeciones, que el proyecto relacionado con las obras de infraestructura, de fomento al deporte, de recuperación del patrimonio histórico y, culturales referidas en los artículos anteriores, no se pueden efectuar con partidas del presupuesto nacional como lo estipula el artículo 2, pues desconoce la prohibición expresa que sobre el particular contiene el artículo 102 de la Ley 715 de 2001 y que dentro de ese

contexto, no es posible financiar con cargo al Presupuesto General de la Nación las inversiones enunciadas, las cuales le corresponde ejecutar al municipio de Nocaima, con los recursos que recibe del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, como el artículo 2 señala que la inclusión de las partidas que podrán ser incluidas en el Presupuestos Nacional lo será para concurrir a la ejecución de las obras en él señaladas, lo que significa que en él se está consagrando la opción a la Nación de realizar las obras autorizadas a través del sistema de cofinanciación a que hace referencia el mismo artículo 102 de la Ley 715, como excepción a la restricción presupuestaria de que la Nación asuma obligaciones que las entidades territoriales deben asumir con los recursos de las transferencias, el Despacho procederá a analizar si a la luz de la Carta Política es procedente que la Nación acompañe económicamente al municipio de Nocaima, suscribiendo convenios interadministrativos que permitan la realización de las obras autorizadas en el artículo 2 del proyecto objetado. 4.3. De la cofinanciación 4.3.1. Mediante sentencia C-399 de 2003, la Corte Constitucional elaboró una línea jurisprudencial respecto de la cofinanciación que ha sido reiterada en varios 12 fallos, el último de ellos en la sentencia C-1113 de 2004, que permite llegar a las siguientes conclusiones: 4.3.1.1. El aludido sistema es un instrumento que encuentra sustento constitucional en los artículos 1º y 288 de la Constitución y que permite que la Nación pueda concurrir con las demás entidades territoriales en la realización de

obras que en principio no le competen. 4.3.1.2. Dependiendo del tipo de autorización que consagre una ley o un proyecto para la celebración de contratos dependerá que sea necesaria o no la iniciativa del Gobierno. En ese orden, si la autorización está dada con fundamento en el inciso final del artículo 150 de la Carta, es decir, que es una autorización de carácter amplio y referida al estatuto general de la contratación, no se requerirá aval del Gobierno para su trámite, mientras que si se trata de autorizaciones concretas para celebrar ciertos contratos específicos, a las cuales hacen referencia los artículos 150, numeral 9 y 154 de la Constitución, se requiere de la iniciativa o del aval del Gobierno para su validez. 4.3.1.3. En virtud del apoyo económico que ofrece la Nación mediante el sistema de cofinanciación es posible que el Congreso decrete gastos y autorice al Gobierno suscribir convenios, sin perjuicio de la facultad que este último conserva para decidir si incluye o no las apropiaciones respectivas y solicite la autorización para celebrar los contratos específicos a que hubiere lugar. 4.3.2. De lo anteriormente expuesto se colige que la objeción al artículo 2 Proyecto de Ley No. 249/03 Senado - 129/02 Cámara, no está llamada a prosperar pues la facultad conferida por el Congreso solamente concreta las competencias a cargo de la Nación para el ejercicio de sus competencias de acuerdo con los principios de concurrencia y subsidiariedad (artículo 288 de la Constitución), en especial para desarrollar programas de cofinanciación. Así

mismo, porque la autorización genérica hecha por el Congreso no corresponde a aquellas previstas en el artículo 150, numeral 9 de la Constitución Política. 13

5. De la exigencia contenida en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003

La última objeción contra el proyecto de ley Proyecto de Ley No. 249/03 Senado129/02 Cámara, se fundamenta en la violación del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que por su carácter orgánica ha debido ser observada por el Congreso de la República. Frente a esta objeción el informe de la comisión no se pronunció, lo que no significa que el Congreso se hubiera allanado a ella, por cuanto si ello hubiere sucedido así, el proyecto no estaría en estudio en la Corte Constitucional. Sobre el desconocimiento del requisito contemplado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el Procurador General de la Nación ( e ) considera: 5.1. El artículo 7º de la Ley 819 señala: “ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. "Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. "El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá

rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. "Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 14 "En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces." Y el artículo 1º de la misma ley, dispone: “. Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto. "Este Marco contendrá, como mínimo: "a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 del artículo 551 de la Ley 179 de 1994; "b) Un programa macroeconómico plurianual; "c) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 22o de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad; "d) Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de

incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; "e) Una evaluación de las principales actividades cuasifiscales realizadas por el sector público; "f) Una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes; g) El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior; h) Una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la Nación; i) En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión 15 presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto." 5.2. Según el Gobierno, el proyecto de ley objetado debió cumplir los presupuestos exigidos por el artículo 7º. En ese orden, habrá de establecer el Despacho a qué tipo de leyes "que ordenen gasto" se refie