PGN - OBJETO CONTRACTUAL - La liquidación del contrato no era posible ni jurídica ni finan

CONTRATO ESTATAL-Irregularidades cometidas por Alcalde y Secretario Municipal por contrato de obra que se pagó y no se ejecutó FALTA DISCIPLINARIA-Violación al régimen de contratación ACTA DE VISITA-Se constata que la obra no ha sido realizada/ACTA DE VISITAPago ilegal La Secretaría de Planeación Municipal y de Obras Públicas del Municipio de Rovira, realizó una visita al lugar de la obra, del primero de marzo del 2012, que tiene registro fotográfico, en la cual se da cuenta de que la obra no ha sido realizada En conclusión, para esta Delegada el resultado del presente análisis no puede ser otro que entender que los investigados permitieron y autorizaron que se hiciera un pago a un contratista por el valor total del contrato, sin que éste último hubiera realizado trabajo alguno, y quienes, una vez se empezaron a presentar denuncias por parte de la comunidad, intentaron corregir tamaña irregularidad, entregando materiales y solicitando al contratista que ejecutara lo pactado, con el fin de darle un manto de aparente legalidad a dicho pago. OBJETO CONTRACTUAL-La liquidación del contrato no era posible ni jurídica ni financieramente/CONTRATO ESTATAL-En la suscripción de documentos contractuales se incurrió en falsedad Estima el Despacho lo siguiente: al margen de que el acta mencionada consignara o no la voluntad de la comunidad, no era posible jurídica, ni financieramente liquidar un contrato, ni mucho menos ordenar su pago total, cuando el objeto contractual del mismo ni siquiera se había iniciado. Se insiste, aunque esta instancia le diera crédito a lo afirmado en el acta del 27 de diciembre, lo allí reflejado se tornaba de imposible cumplimiento, con lo cual, a todas

luces en la suscripción de los documentos contractuales que permitieron el pago del contrato, se incurrió en falsedades por parte de los funcionarios públicos que la suscribieron. Las cantidades de obra que se afirmó haber ejecutado y cumplido, ni siquiera se habían empezado a ejecutar. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Gravísima/CALIFICACIÓN DE LA FALTAJurisprudencia de la Corte Constitucional Concuerda esta Despacho con la calificación que de la falta realizó el a quo, toda vez que los investigados incurrieron en la conducta descrita por el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y por tanto, la misma debe ser calificada como GRAVÍSIMA, no siendo posible para el operador disciplinario calificarla de manera diferente. CUPABILIDAD-A título de dolo La conducta desplegada por los investigados se le imputó en el auto de cargos a título de dolo, la cual también comparte este Despacho 1 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado. En este orden de ideas, a juicio de este Despacho se encuentra debidamente probado que

los investigados actuaron de forma dolosa cuando incurrieron en la conducta reprochada, máxime si se tiene en cuenta que de los “hechos indicadores, del cual se desprende el “hecho indicado” muestran sin lugar a duda que los disciplinados de forma absolutamente consciente y voluntariamente dirigieron su conducta a incurrir en lo señalado en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Está probado que existió un contrato que no se ejecutó, está probado que dicho contrato fue pagado y está probado que los documentos que sustentaron el pago contenían aseveraciones alejadas de la realidad; entonces, es dable concluir que los documentos que dan fe de la supuesta ejecución del contrato fueron realizados para sustentar legalmente un pago de un contrato que para esa fecha no se había llevado a cabo y por tanto, dicha conducta evidentemente se realizó con pleno conocimiento y conciencia de los señores disciplinados, razón por la cual la culpabilidad indefectiblemente se tiene a titulo de DOLO. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional Es claro que en el presente caso no se advierte la existencia de alguna causal justificativa de las estipuladas en el artículo 28 ejusdem; tampoco se vislumbra que se haya reprochado sólo el incumplimiento formal de los deberes exigibles, sino la afectación sustancial de los mismos. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Destitución e inhabilidad general La sanción a imponer para las faltas GRAVÍSIMAS realizadas con DOLO corresponde a

DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL

2 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092

Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL

Radicación: IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092

Investigados: ARNOLDO GUZMÁN QUIMBAYO y MIGUEL GIOVANNI GOMEZ T.

Cargo: ALCALDE Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN DE ROVIRA, TOLIMA Quejoso: ROBINSON BARRIOS CASTILLO Fecha Queja: 5 de marzo de 2012

Fecha Hechos: 24 de noviembre del 2011

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMA PARCIALMENTE EN

PROCEDIMIENTO VERBAL

Bogotá D. C., 12 de marzo del 2013 Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por la doctora MARTHA CECILIA RIVERA GARCÍA (folios 1055 al 1064 del cuaderno principal No. 5) apoderada de los señores ARNOLDO GUZMÁN QUIMBAYO y MIGUEL GIOVANNI GÓMEZ TICORA, contra el fallo de primera instancia proferido en audiencia pública 6 de noviembre de 2012, por la Procuraduría Provincial de Ibagué (folios Nos. 1001 al 1054 del cuaderno principal No. 5).

1. ANTECEDENTES La presente actuación tuvo origen en el escrito del 5 de marzo del 2012, suscrito por el señor ROBINSON BARRIOS CASTILLO, en el cual formuló queja contra el Alcalde y secretario de Planeación de la Alcaldía de Rovira, con base en los siguientes hechos:

Indicó que el 16 de diciembre del 2011, el Alcalde ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, suscribió el contrato de obra No. 220 para la construcción a todo costo del encerramiento del parque del barrio Reyes Echandía del Municipio de Rovira Tolima, el cual tuvo un costo de $8242.000,oo y un plazo de ejecución de 15 días, siendo supervisor designado el señor MIGUEL GIOVANNI GOMEZ TICORA, Secretario de Planeación Municipal. Afirmó que este contrato fue liquidado el 28 del citado mes y año, pese a que la obra no se había realizado en esa fecha, ya que sólo hasta el 27 de febrero del 2012, un maestro de nombre LUIS inició trabajados de excavación y adecuación del terreno y función material, para lo cual gastó 10 bultos de cemento y 5 tubos galvanizados. Manifestó que en el contrato se pactó el pago de un anticipo, el cual fue entregado el día 17 de diciembre del 2011 (al día siguiente de la suscripción e inicio del mismo - 16 de Diciembre del 2011), que se adquirió la respectiva póliza y que el día 28 de diciembre del 2011 sin acta de entrega final, sin registro fotográfico y sin certificación de la comunidad, se recibió a satisfacción de la obra, con acta de recibo a entera satisfacción. Así mismo, que se suscribió el acta de liquidación por parte del alcalde, del supervisor y del contratista, y que se le canceló el 50% excedente del valor del contrato, sin que se hubiere ejecutado la misma.

3 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 Agregó que en el desfile de comparsas programado en el año 2010, la comparsa del barrio Alfonso Reyes Echandía de Rovira se ganó un premio de $5000.000,oo que serían invertidos en una obra de prioridad del barrio ganador, y ante la no reclamación del premio por parte de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la época, el quejoso en noviembre 24 del 2011 ofició al Alcalde ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, solicitándole los materiales para la obra, por lo que se le entregó en la bodega de señor FERNEY GUZMAN QUIMBAYO, ubicada en la calle 1 con carrera 3 esquina, los siguientes materiales: 50 bultos de cemento diamante, 18 tubos galvanizados de 2” x 6 Mts, calibre 20 y 4 rollos de malla eslabonada de 2 Mts. ACTUACIÓN PRELIMINAR Con fundamento en lo anterior, el a quo dispuso el adelantamiento de la Indagación Preliminar, según auto del 13 de marzo del 2012 contra los señores ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO y MIGUEL GIOVANNI GOMEZ TICORA, en sus calidades de Alcalde y Secretario de Planeación Municipal del Municipio de Rovira Tolima para el año 2011; ordenándose igualmente la obtención de algunas.

2. DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA DE CARGOS

Mediante proveído del 6 de agosto de 2012, se ordenó adelantar proceso verbal y citar audiencia a los posibles responsables, de la siguiente manera: “(…) Al Sr. ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, identificado con la C.C. Nro. 5.991.052 de Rovira (Tol) se le reprochó: “Como Primer Cargo: Que en calidad de Alcalde del Municipio de Rovira Tolima, y como Ordenador del Gasto: suscribió el 28 de Diciembre del 2011, los documentos públicos denominados: “Acta final del Contrato Nro. 220 del 2011 y, Acta de liquidación del Contrato de Obra Pública Nro. 220 de 2011”, en los cuales consignó al parecer una falsedad al indicar que se certificaba la ejecución del objeto contratado. Cuando el objeto del Contrato Nro. 220 de Diciembre 16 del 2011 consistente en Encerramiento del Parque del Barrio Reyes Echandía del Municipio de Rovira Tolima, se vino a ejecutar en el mes de Marzo del 2012, culminándose el día 7 del citado mes y año como se acredita con los testimonios de residentes del sector, la declaración del mismo contratista y con las actas de visita realizadas al sitio de la obra por diferentes dependencias del orden Municipal y Departamental. Lo que significa, que antes de ejecutarse el objeto del Contrato Nro. 220 de Diciembre 16 del 2011, suscrito con el señor ENESTOR VIVAS, se emitieron o elaboraron estos documentos (Actas), que revisten las peculiaridades propias de un

4 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 documento publico (sic), conforme al Art. 251 del C.P.C: "Documento publico (sic) es el otorgado por un funcionario, en ejerció de su cargo o intervención”; los cuales generaron efectos jurídicos, al servir de prueba o soporte para el pago de ese saldo final de $4 121.000 por parte de la Administración Municipal a favor del contratista (al ser requisito esencia del pago final el acta final y de liquidación), como consecuencia de la supuesta finalización del objeto contratado, causando con ello daño a la fe publica (sic), al contener estas actas aspectos no ciertos. (…) Como Segundo cargo : se le endilga al señor ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, que en calidad de Alcalde del Municipio de Rovira Tolima, y como Ordenador del Gasto: Dispuso u ordenó el pago del 50% adeudado del Contrato Nro. 220 de Diciembre 16 del 2011, por valor de $4.121.000, el día 29 de Diciembre de 2011, a favor del señor ENESTOR VIVAS, como Contratista, con comprobante de Egreso GG4 201101549 (Cheque Nro. 000550 del Banco Agrario), sin que para esa fecha se hubiera ejecutado o realizado las obras de Encerramiento del Parque del Barrio Reyes Echandía del Municipio de Rovira Tolima, objeto del contrato, pues ni siquiera se habían iniciado materialmente como se demuestra con la ratificación de la queja, los

testimonios de residentes del sector, la declaración del mismo contratista y con las actas de visita realizadas al sitio de la obra por diferentes dependencias del orden Municipal y Departamental, en donde se constató físicamente que el 7 de Marzo del 2012, culminaron los trabajos iniciados a finales de febrero, suspendidos y reiniciados los primeros días de Marzo del 2012, e incluso el acta de recibo suscrito por la Comunidad es de Marzo 7 del 2012. Lo que significa que antes de ejecutarse el objeto del Contrato Nro. 220 de Diciembre 16 del 2011 suscrito con el señor ENESTOR VIVAS, se dispuso el reconocimiento y pago del 50% final del aludido contrato a favor del Contratista, que no es nada distinto al pago de lo no ejecutado, ni con antelación a ese pago ni para el día del pago. Por lo que se tiene que en la condición indicada, el investigado participó en la actividad contractual como Supremo director de la misma con desconocimiento del principio Contractual de Responsabilidad: que le imponía el deber de protección de los recursos del ente Estatal que representaba y que le exigían un manejo acorde a las reglas de administración de bienes ajenos, es decir, el cuidado exigente frente a dineros o recursos que por ocasión del cargo tenía bajo su disposición y manejo, sin que fuera moral ni ético de su parte, el desplegar tal accionar (autorizar el pago del 50% final de una obra que ni siquiera se había iniciado para Diciembre 29 del 2011), para lo cual se tuvo como soporte las actas final y de liquidación que se elaboraron o suscribieron por el aquí investigado, el día 28 de Diciembre del 2011, en las

que se indicaba la ejecución del Objeto Contractual, sin ser como se ha dicho ello cierto. (Fls. 62-63). (…) Al señor MIGUEL GIOVANNI GOMEZ TICORA, identificado con la CC Nro. 5.828.898 de Ibagué, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Rovira Tolima, para el año 2011, se le reprocha que en la calidad enunciada y como Supervisor del contrato de obra No 220 del 16 de diciembre de 2011, suscribió documentos como: Certificación de la realización a entera satisfacción de las labores correspondientes por parte del señor ENESTOR VIVAS del contrato de Construcción a 5 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 todo costo del Encerramiento del Parque del Barrio Reyes Echandía de Rovira y autoriza la cancelación del saldo correspondiente a $4121.000Fl. 61 Acta final del Contrato Nro. 220 del 2011 en la cual se reciben las obras y se certifica la ejecución del Objeto Contratado para Diciembre 28 del 2011. Firmada también por el Alcalde ARNOLDO GUZMAN. Fl. 60 Y Acta de Liquidación del Contrato Nro. 220 del 2011, en donde se certifica la ejecución de lo contratado: 22 M2 de excavación, 135 M2 de Suministro e Instalación de Malla Eslabonada con Tubo galvanizado de 2” y 3 M3 de Concreto, para el pago del 50% restante de $4121.000. Firmadas igualmente por el Sr. Alcalde

ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, como se aprecia a folios 58-59 y, 257-258. Documentos cuyo contenido no correspondía a la realidad, pues el objeto del contrato para el día 29 de diciembre del 2011 no solo no se había ejecutado sino que ni siquiera se había iniciado, y sirvieron de soporte para el pago a favor del contratista, correspondientes al valor del saldo restante adeudado equivalente al 50% de ese contrato que al darse conllevaba que para el día 30 de diciembre del 2011, estuviere cancelado en su totalidad ese contrato. Ello por cuanto sólo hasta el 7 de Marzo del 2012 se ejecutaron las aludidas obras contratadas, al hacer entrega a la comunidad este día y a la actual administración el día 13 de marzo del 2012, por parte del contratista, quien además admite en declaración bajo la gravedad del juramento que cuando se suscribieron estos documentos se tenía conocimiento por Usted de la inexistencia de la obra. Y se respalda la inejecución de esos trabajos para diciembre del 2011 con las actas realizadas al sitio de la obra por Planeación Municipal, personería y Contraloría Departamental del Tolima. Comportamiento que se encuentra tipificado como delito en la ley 599 de 2000Art. 286 como falsedad ideológica en documento publico (sic) , entendido este como el emitido por el Servidor Público en ejercicio de su cargo o intervención y que al generar efectos jurídicos hace que su conducta encuadre en la disposición aludida catalogada como falta disciplinaria consagrada en el articulo 48 numeral 1° de la ley 734 de 2008, como gravísima.

(…) El a quo sustentó esta decisión, en el art. 175 de la Ley 734/2002, modificado por el Art. 57 de la Ley 1474 de julio 12 del 2011, que señala lo siguiente sobre la aplicación del procedimiento verbal: “En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.” En la sesión llevada a cabo el 4 de septiembre del 2012, la señora apoderada de los investigados, presentó los descargos correspondientes, según obra en el expediente.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 6 de noviembre de 2012 la Procuraduría Provincial de Ibagué, dentro del proceso verbal adelantado e instalada la sesión correspondiente, profirió fallo de primera instancia, en el cual se impuso a los investigados ARNOLDO GUZMÁN QUIMBAYO, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 5.991.052 de Rovira, en su condición de Alcalde del Municipio de 6 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 Rovira, Tolima, sanción correspondiente de DESTITUCIÓN DEL CARGO e INHABILIDAD GENERAL, para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de QUINCE (15) años, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esa providencia, y al señor MIGUEL GIOVANNI GÓMEZ TICORA, identificado con la cédula de ciudadanía No.

5.828.898 expedida en Ibagué, en su condición de Secretario de Planeación Municipal de Rovira, sanción de DESTITUCIÓN DEL CARGO e INHABILIDAD GENERAL, para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de DOCE (12) años, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esa decisión. En la providencia citada, después de identificar a los investigados y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las que se fundamentó, concluyó lo siguiente (se expresan de manera sucinta ya que obran en el presente expediente): Indicó el a quo que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, en el presente evento los funcionarios investigados, en ejercicio de sus funciones de ordenador del gasto y Alcalde por una parte, y por otra, de supervisor del contrato Nro. 220 del 2011 y Secretario de Planeación de obras del Municipio de Rovira respectivamente, suscribieron el acta final y el acta de liquidación del contrato, las cuales, junto a la certificación emitida por el señor MIGUEL GIOVANNI GOMEZ sirvieron de prueba y se hicieron valer para legalizar el pago del 50% final adeudado al contratista ENESTOR VIVAS, en virtud de ese contrato 022. Afirmó que en los documentos que reposan en el expediente se consignó una falsedad, la cual tuvo la potencialidad de causar daño y afectar el interés jurídico tutelado, ya que al cancelarse la suma de $4121.000,oo al señor ENESTOR VIVAS el 28 de diciembre del 2011, correspondiente al 50% valor del Contrato No. 220 de Diciembre 16 del 2011 y con el

cual se cumplió con el pago del 100% de dicho contrato, se materializó finalmente el daño, pues para dicha fecha, el objeto contractual por el cual se pagó, no se había cumplido, ni ejecutado, ni mucho menos iniciado. Agregó que al recibirse esas obras sólo hasta el 7 de marzo del 2012 en forma real, material y verdadera por miembros de la comunidad del Barrio Reyes Echandía, según acta suscrita por algunos residentes, evidenció que se puso en grave riesgo y peligro los recursos estatales, al cancelarse previamente por trabajos no efectuados, ni recibidos realmente por la administración municipal de Rovira, Tolima. Manifestó que de haberse dado la pérdida de estos recursos en la cuantía aludida o la apropiación de los mismos por los investigados, el reproche hubiere sido en concurso con otros comportamientos, pero al haberse ejecutado la obra con posterioridad al pago, el reproche fue precisamente por consignar hechos contrarios a la realidad en documentos públicos que sirvieron de prueba para el pago de la mencionada suma de dinero a favor del contratista señor ENESTOR VIVAS, pago que se surtió antes de que se realizara, ejecutara Y finalizara dicha obra, la que, se repite, ni siquiera se había iniciado para el momento de dicha cancelación. Indicó que el hecho de haber cancelado una obra antes de iniciarse su ejecución, muestra una concertación previa, alejada de las buenas costumbres y del principio de moralidad que debe regir el actuar del Servidor Público. 7 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092

Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 Precisó que no se aceptaba el argumento relativo a que el contratista ENESTOR VIVAS no había ejecutado el contrato porque la comunidad no había suministrado los aportes a que se había comprometido, ya que el acuerdo de voluntades, establecía “la construcción a todo costo del encerramiento del Parque del Barrio Reyes Echandía del sector urbano del Municipio de Rovira”, por lo que de entrada estaba excluido todo aporte de la comunidad, y porque si se pretendía aumentar el metraje de malla en 5 metros y agregarle ángulos a los 135 metros inicialmente contratados y a los 5 adicionales, y que para ello la comunidad aportaría mano de obra, no se entiende por qué el contratista “entregaba todos los materiales a la comunidad” descargando en su integridad prácticamente toda la mano de obra. Sentenció que era indiscutible el hecho de haberse consignado tanto por el ordenador del gasto, señor ARNOLDO GUZMAN y por el Supervisor del Contrato MIGUEL GIOVANNI GOMEZ, hechos que no corresponden a la realidad, tanto en el Acta final del contrato No. 220/2011 como en el Acta de liquidación del Contrato No. 220 del 2011, y que esto no era una falla o error de ejecución del contrato como lo señala la defensa, sino un craso y enorme actuar consciente, libre y voluntario dirigido a un objetivo que como en el presente evento se cumplió, de girar recursos estatales a favor de un tercero por una obra no ejecutada en ese momento. Consideró que si ello no atentó contra la moralidad pública ni contra las buenas

costumbres o el principio de responsabilidad que debe regir el accionar de los empleados estatales, entonces cuál podría ser la finalidad de la rectitud, la honestidad y correcto manejo de los recursos ajenos que se le asignan a los funcionarios públicos. Estimó que esta plenamente confirmado que el señor ARNOLDO GUZMAN QUIMBAYO, sabía que para ese 29 de diciembre del 2011 no estaba ejecutada la obra y que ni siquiera se habían iniciado los trabajos, tal y como se demuestra con lo confirmado en forma clara po el mismo contratista ENESTOR VIVAS al indicar que “ARNOLDO GUZMAN Y MIGUEL GIOVANNI sabían para el 28 de diciembre del 2011 que se le autorizó el pago del 50% restante que esa obra ni siquiera se había iniciado, haciéndose el acta de liquidación después del acuerdo (con la comunidad, alcalde, Supervisor y contratista), fecha para la cual no se habían culminado los trabajos”; así mismo, que en el “Acta de Compromiso”, de diciembre 27 del 2011, según lo afirmado por la señora LIBIA GONZALEZ RODRIGUEZ: “…esa acta se elaboró con el Dr. ARNOLDO MIGUEL GIOVANNY, mi persona, y la secretaria LILIANA MORALES. PREGUNTADO de acuerdo a su respuesta anterior, indíquele al despacho en qué sitio y si recuerda que día se elaboró la cita acta de compromiso. CONTESTO el día no lo recuerdo, se elaboró en la alcaldía en el despacho del señor

Alcalde ARNOLDO GUZMAN. (…).”.

Y, que pese a ese conocimiento, dirigió su voluntad en forma libre y voluntaria a disponer el

pago del 50% restante del contrato No. 220/2011 adeudado al Contratista ENESTOR VIVAS, lo que se surtió con comprobante de egreso GG4 201101549 de diciembre 29 del 2011, con el fin de pagar con recursos estatales a favor de un tercero, por una obra no ejecutada para e ese momento.

4. DE LA APELACIÓN Habiéndose notificado personalmente del fallo de primera instancia en audiencia pública a la doctora MARTHA CECILIA RIVERA GARCÍA, presentó el recurso de apelación, el cual obra

a folios 1055 al 1064 del cuaderno original No. 5, y que sustentó de la siguiente manera: 8 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 Indicó que con ocasión del premio que le fue otorgado al Barrio Reyes Echandía, a la comunidad se le podía realizar una obra, pero que pasaron los años 2010 y 2011 y la misma no se ponía de acuerdo sobre cuál ejecutar, toda vez que dudaban entre escoger la pavimentación y el encerramiento de una parte del parque del barrio; pero que a finales del año 2011 finalmente escogieron el encerramiento del parque. Señaló que fue por esa razón que el gobierno municipal suscribió el contrato de obra No. 220 del 16 de diciembre del 2011, amparado por recursos en cuantía de $8.200.000,oo, y que consistía en realizar una base de concreto con tubos metálicos, con una malla extendida a lo

largo de la base construida. Afirmó que una vez se realizó el contrato, la comunidad manifestó que lo que se debía hacer, era llevar a cabo el encerramiento en otras condiciones, en cuanto a que la malla no fuera extendida, sino que se hicieran cuadros encerrados en láminas entre tubo y tubo, y que en la parte baja de la malla y sobre el concreto, se instalara un nivel de ladrillo a la vista. Que ante esta situación, los investigados manifestaron que el contrato no contemplaba lo relativo a los cuadros de lámina, ni los ladrillos, y que adicionalmente estas adiciones incrementaban los costos para el contratista; que entonces la comunidad sugirió que ellos estaban en disposición de colaborar en la construcción de la obra, con mano de obra para que se hiciera como ellos la querían, y que la comunidad manifestó que ellos podían comprar el ladrillo. Agregó que con base en lo anterior, se optó por la compra de todo el material, incluidos los ángulos que no estaban dentro del contrato y que como se estaba terminando el año y el período de gobierno, se llamó a comunidad con el fin de concretar la construcción de la obra, ante lo cual afirmaron que en diciembre no alcanzaban a comprar el ladrillo, ni a organizarse para lo de la mano de obra; que en tal virtud, solicitaron liquidar el contrato para que el contratista pudiera pagar todo el material, a efectos de que la obra no quedara en veremos con la nueva administración. Indicó que ante la presión de la gente, se liquidó el contrato, pero que existió la firma de un acta de compromiso entre todos, donde quedó consignado el querer de la comunidad y la obligación del contratista; con esto, consideró que no existió dolo ni intención en incurrir en

un hecho punible. Señaló que sus clientes estuvieron pendientes y presionando a la comunidad para llevar a cabo la obra durante los meses de enero y febrero, pero que ellos no se ponían de acuerdo, por lo que optaron por ir al barrio a motivar a la gente, con el fin de agilizar la construcción de la obra, siendo que finalmente se terminó de construir el 7 de marzo del 2012, incluso con ejecución de mayores obras que las previstas. Interpuesto en término el recurso de apelación, éste fue concedido por el a quo y remitido el expediente disciplinario a la Procuraduría Regional del Tolima; sin embargo, a través de la Resolución No. 376 del 15 de noviembre del 2012, el señor Procurador General de la Nación, designó como funcionario especial para conocer del recurso de alzada, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal (folio 1066 del cuaderno original No. 5). 9 Expediente No. IUS 2012-83864 - IUC D-2012-87-504092 Fallo de Segunda Instancia Confirma Parcialmente en procedimiento verbal AS19-001 Una vez realizado el trámite de asignación correspondiente y en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia C-315 del 2 de mayo de 2012, este Despacho dio traslado para alegar a los sujetos procesales, previo a proferir el fallo de segunda instancia (folio 1071 del cuaderno original No. 5), sin que ninguna de ellas haya procedido de conformidad.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 5.1. De la competencia La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal es competente para

conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los investigados contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional del Vichada, de conformidad con asignación especial que realizó el señor Procurador General de la Nación y sobre la cual ya nos hemos referido. En cuanto a las pruebas que obran en el expediente, que en forma legal y oportuna fueron aportadas al mismo y que no fueron tachadas de falsas y que por tanto permiten su valoración, se encuentra probado que existe lo siguiente: El contrato de Obra Nro. 220 de Diciembre 16 del 2011 (folios 8 al 10 y 48 al 52), en donde se estipula como objeto la Construcción a todo costo del Encerramiento del Parque del Barrio Reyes Echandía del Municipio de Rovira Tolima por $8242.000, y un plazo de 15 días, y en el que se pactó el pago del 50% del mismo como anticipo. Las fotocopias de las actas final y de liquidación del contrato Nro. 220 del 2011, suscritas por los investigados, obrantes a folios 60, 257 y 258. Las fotocopias de los comprobantes de egresos números GG4 201101441 de Diciembre 17 del 2011 correspondiente al reconocimiento y pago del 50% del Valor del Contrato Nro. 220/11, por concepto de anticipo a favor del señor ENESTOR VIVAS con Cheque Nro. 000544 del Banco Agrario. Fl. 186 y 187; GG4 201101549 de Diciembre 29 del 2011, correspondiente al pago del 50% restante del Valor del Contrato 220/2011 a favor del señor

ENESTOR VIVAS con Cheque Nro. 000550 del Banco Agrario. Fls. 186 y 187, 248 y 249. La declaración de residentes en el sector como: MARCO FIDEL VILLAREAL,